La crisis venezolana: implicaciones para América del Norte
El arranque del 2026 ha sorprendido al mundo. La captura de Nicolás Maduro, después de una estratégica operación militar estadounidense que apenas tomó unas cuantas horas, es clara evidencia que la política de poder sigue siendo la guía que orienta las relaciones internacionales en asuntos clave.
Algunas voces condenan esta acción argumentando que viola los principios de solución pacífica y el de la proscripción al uso o amenaza de la fuerza, y consistentemente se señala la violación del artículo dos de la Carta de Naciones Unidas y demandan el irrestricto respeto al derecho internacional. Sin embargo, estas nociones sólo son el reflejo de una visión basada en el deber ser de las relaciones internacionales, en la que prevalece un espíritu institucionalista y normativo. Es claro que, en muchos conflictos mundiales, estas premisas han sido ignoradas, tal es el caso de Palestina, Yemen, Ucrania, por sólo referir algunos.
Las acciones llevadas a cabo por el recién renombrado Departamento de Guerra de la administración de Donald Trump, conocida como “Operación Resolución Absoluta”, nos recuerda esa frase atribuida a Madeleine Albright en la década de los 90, cuando afirmaba que Estados Unidos actuaría multilateralmente siempre que fuese posible o unilateralmente cuando fuese necesario.
Es evidente que la administración Trump tiene un proyecto definido de su misión en el mundo, particularmente en el hemisferio occidental, en el que el continente americano destaca por su importancia geoestratégica. La nueva doctrina Monroe con el corolario Trump ha quedado claramente evidenciada y se alinea a la recientemente publicada Nueva Estrategia de Seguridad Nacional, del pasado 4 de diciembre, la cual guía la política exterior, la defensa y seguridad interna, reorientando su enfoque de lo que por décadas fue la “competencia entre grandes potencias” hacia amenazas percibidas en el hemisferio occidental, entre las que destacan migración, crimen organizado y drogas.
Uno de sus ejes sustantivos es migración y frontera al elevar la migración, incluida parte de la legal, como principal reto de seguridad, por lo que busca el control total de fronteras y de redes de transporte, al tiempo que plantea el posible uso de fuerza militar contra cárteles en la región. En este sentido México es punto focal en esta nueva estrategia.
Hoy Trump está más preocupado por la defensa de la seguridad nacional y la promoción de los intereses nacionales norteamericanos para “hacer América grande nuevamente (MAGA)”, por encima de contar con legitimidad internacional o por su rol en organismos internacionales, ya que estos son aspectos marginales para Washington.
La crisis venezolana reconfigura el tablero geopolítico y económico de América del Norte al tensionar simultáneamente las agendas de migración, seguridad, energía y combate al crimen organizado y bandas delincuenciales que han sido definidas como terroristas. Sin duda la captura de Nicolás Maduro y toda la narrativa de combate al narcoterrorismo conlleva efectos sistémicos en la región, ya que justifica la ampliación de competencias de seguridad extraterritorial, lo que inevitablemente vulnera la tradicional soberanía de México y Canadá.
La crisis de Venezuela debe de ser un llamado urgente para el gobierno de Claudia Sheinbaum, ya que las implicaciones pueden ser sumamente costosas para el país en un año en el que se redefinirán los términos del T-MEC. En un escenario en el que se proyecta un nuevo ciclo de hegemonía norteamericana particularmente en el continente, son claras las asimetrías estructurales entre la gran potencia mundial y sus vecinos, especialmente al sur de su frontera. México no la tiene fácil.
El gobierno canadiense ha sido sumamente cauteloso en sus declaraciones respecto a la crisis venezolana y ha refrendado su posición de no reconocer el gobierno de Maduro, tal y como lo hizo desde el 2019 que llevó al retiro de su embajada en Caracas. Por su parte, el gobierno de la autodenominada 4T se ha pronunciado con una lógica juridicista y normativa; sin embargo, las afinidades ideológicas, los posicionamientos y acciones claramente a favor de los gobiernos de izquierda como el de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Colombia pueden tener altos costos para México con su principal socio comercial. Las declaraciones del recién reaparecido Andrés Manuel López Obrador no hacen sino enturbiar aún más el ambiente político.
Para México y Canadá el manejo de esta crisis es una clara prueba de lealtad y al mismo tiempo de autonomía, pues deberán equilibrar la defensa del derecho internacional y la labor de la ONU, al tiempo que deben proteger su posición de acceso privilegiado al mercado estadounidense.
* Luz Araceli González Uresti (@laguresti) es profesora de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tec de Monterrey (@CSocialesTec).
Dos días después de que Maduro fuera capturado en Caracas en una operación militar estadounidense, quien fuera su mano derecha asumió como jefa de Estado interina.
Delcy Rodríguez juramentó este lunes como la nueva presidenta encargada de Venezuela.
Quien fuera la mano derecha de Nicolás Maduro se conviritó así en su sucesora interina, dos días después de que en la madrugada del sábado el entonces mandatario fuera capturado por Estados Unidos.
Maduro fue detenido en Caracas en un amplio y controlado operativo militar de EE.UU. junto a su esposa, Cilia Flores
Ambos fueron trasladados a Nueva York, donde este lunes se declararon no culpables ante un tribunal federal de cargos de conspiración para el narcoterrorismo y otros delitos.
En una retrasada ceremonia ante la Asamblea Nacional, que asumió en esta misma jornada para su nuevo periodo, la otrora vicepresidenta ejecutiva del país asumió el cargo luego de que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordenara su asunción como jefa de Estado ante la “ausencia forzosa” de Maduro.
El diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo de Nicolás Maduro, fue uno de los testigos directos de la juramentación.
Con el nombramiento de Rodríguez como presidenta interina, el tribunal le otorga el poder para liderar “la defensa de la soberanía” y “preservar el orden constitucional”.
La líder cuenta además con el respaldo del ejército venezolano.
La abogada de 56 años ha sido una pieza clave del chavismo. Durante el gobierno de Hugo Chávez llegó por primera vez al gabinete como ministra del despacho de la Presidencia.
Pero fue tras la asunción de Maduro, en 2013, cuando consolidó su poder: fue ministra de Comunicación e Información, ministra de Economía, para luego asumir como canciller y finalmente como ministra de Hidrocarburos y vicepresidenta ejecutiva.
Pocas horas antes de juramentar, Rodríguez había dado un giro drástico en el tono con Estados Unidos.
Tras la operación militar de élite que fue ordenada por el propio Donald Trump en territorio venezolano, fue ella quien la calificó como un “secuestro ilegal e ilegítimo” y una “agresión extranjera”.
“Lo que se le está haciendo a Venezuela es una barbarie”, aseguró en una intervención en cadena nacional.
“Sitiarla, bloquearla, es una barbarie que violenta todo mecanismo del sistema de derechos humanos internacional y configura delitos de lesa humanidad. Que ningún bloqueo pretenda torcer la voluntad de este pueblo”, dijo Rodríguez a la vez que reafirmó que “en Venezuela solo hay un presidente, que se llama Nicolás Maduro Moros”.
La noche del domingo, sin embargo, la nueva presidenta de Venezuela invitó al gobierno de Trump a “trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido, en el marco de la legalidad internacional y fortalezca una convivencia comunitaria duradera”.
“Venezuela reafirma su vocación de paz y de convivencia pacífica. Nuestro país aspira a vivir sin amenazas externas, en un entorno de respeto y cooperación internacional. Creemos que la paz global se construye garantizando primero la paz de cada nación”, agregó en un post de Instagram, recalcando los principios de la “igualdad soberana y la no injerencia”.
Trump había sugerido previamente que Rodríguez estuvo en contacto con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, y que habría manifestado su disposición a acceder a todas las exigencias de Washington. “No tiene alternativa”, afirmó.
Este domingo el mandatario estadounidense fue más allá y le dijo a la revista The Atlantic que si Rodríguez “no hace lo correcto, va a pagar un precio muy alto, probablemente mayor que el de (Nicolás) Maduro”.
Tras la captura de Maduro, Trump había advertido que EE.UU. “gobernará” Venezuela “hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y juiciosa”.
¿Cuánto tiempo podría estar en el cargo?
La Constitución venezolana establece un plazo de 30 días para realizar elecciones en caso de una falta absoluta del presidente.
Las causas incluyen, entre otros supuestos, fallecimiento, renuncia, destitución o abandono.
Sin embargo, por el carácter excepcional del caso, el Tribunal Supremo de Venezuela optó por interpretar la ausencia de Maduro como “temporal”, atribuyendo a la vicepresidenta la función de suplirlo.
Un vicepresidente puede suplir la ausencia presidencial temporal durante hasta 90 días, período que puede extenderse a seis meses con el voto de la Asamblea Nacional.
En su sentencia, de todas formas, el máximo tribunal venezolano no recordó esos plazos, lo que abre dudas sobre la posibilidad de que Rodríguez pueda mantenerse en el poder más allá de ese itinerario.
Lo más probable es que aquello dependa ahora, en gran medida, de cómo la nueva presidenta de Venezuela maneje la relación con Estados Unidos.
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