La oportunidad de debatir el proyecto hídrico El Batán Querétaro
En Querétaro, un proyecto para el abastecimiento de agua residual tratada y potabilizada para uso doméstico, que pretende financiarse a través de una asociación público privada (APP), ha provocado un intenso debate social.
Por un lado, la duda sobre la calidad del agua y la garantía de que, tras el tratamiento y potabilización resulte segura para la salud. Por el otro, la duda sobre las implicaciones de la participación privada en la gestión del agua, un modelo que antes ya ha tenido impactos negativos y ha provocado conflictos en el estado. A esto se suma la falta de transparencia y de espacios participativos desde que el proyecto fue anunciado, hace más de un año, hasta que recientemente se hizo público de manera parcial al ser presentado como iniciativa ante el Congreso local para autorizar la participación privada.
La norma sobre la calidad del agua existe, pero no aplica exactamente, no está actualizada ni contempla nuevos contaminantes. Los casos análogos en otros países se citan, pero no son contextos equivalentes. En Singapur se disminuyeron al 4.5 % las fugas, en Querétaro todavía son del 41 %. Allá monitorean 292 parámetros de calidad, aquí 22. El 90 % se destina a industria y enfriamiento, y el 6 % que es destinado a uso doméstico solamente en periodos de sequía pasó por 30 años de pruebas piloto. En Israel no se destina a uso humano sino agrícola y de restauración de ríos. En otros sitios citados se controla la contaminación que llega al agua antes de ser residual. La comparación es entonces si no engañosa, al menos inexacta, en un territorio donde actualmente no se aseguran la prevención, control y sanción de la contaminación de los cuerpos de agua, en un proyecto que no contempla la reducción efectiva de fugas ni pruebas piloto suficientes.
La propuesta de APP no se llama deuda, pero de facto endeuda, pues contempla que un particular contrate hasta 9 mil millones en créditos para completar la inversión inicial y echar a andar la obra. Una deuda pública alojada en manos privadas, sin certeza de obtener las mejores tasas ni las mejores condiciones. A precios de hoy, el esquema a 30 años supera los 41 mil millones: el concesionario facturaría cerca de 4 mil millones por operar la infraestructura y más de 9 mil millones por el agua producida, porque cada gota le genera utilidad. El riesgo técnico y financiero recaería en todo Querétaro; la ganancia, sólo en el privado. Si Querétaro asumiera directamente el financiamiento, la infraestructura y cada litro serían enteramente públicos. ¿Por qué no se presentó nunca un plan alternativo? ¿Por qué todo está calibrado para encajar a la medida de la APP? ¿Por qué no abrir un debate serio sobre modelos distintos para un proyecto de este tamaño? Preguntas legítimas que siguen vivas con transparencia a medias y debates insuficientes.
Se sabe todavía poco, se dice mucho. En tal escenario de incertidumbre nadie tiene la última palabra. Sin embargo, ante la duda razonable, debe prevalecer la precaución que demandan los principios legales por los riesgos potenciales a los derechos al agua, tanto en su calidad como en su asequibilidad económica para las personas, a la salud, y por lo tanto la vida.
Ante la necesidad de debate y en medio de la guerra mediática entre partidos, la ciudadanía pide diálogo directo, serio, formal, incluyente y público. Por eso más de 28 organizaciones, colectivos y redes estamos solicitando la primera audiencia pública en el Estado, uno de los mecanismos de participación que contempla la Ley estatal de Participación Ciudadana, vigente desde febrero de este año, como resultado de cuatro años de impulso de la sociedad civil organizada.
La política hídrica que hoy opera en la entidad dista mucho de haber sido consultada. La memoria colectiva recuerda una ley para legalizar la concesión del servicio de agua a operadoras privadas en 2022, impuesta pese al amplio rechazo social y una extensa movilización reprimida a las puertas de la Comisión Estatal de Aguas, que levantó alarmas nacionales e internacionales. También las manifestaciones por el acueducto que transporta agua del estado vecino de Hidalgo y otros más que, sin haber sido consultados, se proyectan a futuro, despojando pueblos y ecosistemas. Si bien por fin y por primera vez este año empezaron a habilitarse medios de participación para la elaboración del Programa Estatal Hídrico, el proyecto Batán en específico solo tuvo escasos seis días de “consulta ciudadana” desde el poder ejecutivo y un cuestionado ejercicio en el Congreso del que no quedó registro claro de acuerdos ni cumplió con los principios de un Parlamento Abierto.
Academia y sociedad civil llevan años señalando las consecuencias de un modelo fallido de gestión tecnocrática, sectorial y mercantilista del agua, con visión reducida a la ingeniería hidráulica que representa un curita demasiado limitado, aunque caro, para una crisis cada vez más compleja. La sociedad tiene tiempo planteando alternativas centradas en el respeto y reconocimiento de la sabiduría de la naturaleza: la protección, rehabilitación y restauración de ecosistemas y la conservación de ríos y sus cuencas no solo es naturalmente viable, sino económicamente factible.
La activación proactiva de un verdadero Parlamento Abierto por el legislativo y de una consulta amplia y rigurosa por el ejecutivo no han sido hasta ahora parte del escenario. Es la ciudadanía la que nuevamente impulsa espacios autogestivos, por un lado, para conversar entre los saberes académicos y populares, y espacios formales para dialogar con el gobierno. La controversia alrededor del Sistema El Batán, sin embargo, abre la posibilidad de poner el fondo del problema sobre la mesa y hablar no solo de las incertidumbres de este proyecto sino de las otras acciones necesarias para la recuperación de la soberanía hídrica, sin riesgos para las finanzas públicas, ni para la gobernanza ambiental, ni para la salud.
El frente de organizaciones promotoras de la audiencia pública sobre el proyecto Sistema El Batán es un grupo de más de 28 asociaciones que buscan ampliar la discusión del megaproyecto hídrico más importante en Querétaro en los últimos años (@aguaquecorref @PoliticaColecti @justiciadigna.qro @awita_vida_territorio @pedaleanda @netasciudadania @CRCCuencas @bajotierramu).
Tras un período de incertidumbre, el Instituto Nobel Noruego confirmó que Machado está a salvo y se encuentra camino a la ciudad europea.
María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, no pudo asistir a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz. Sin embargo, llegará a Oslo en las próximas horas, según informaron el Instituto Nobel Noruego y su hija, quien recogió el galardón y pronunció el discurso de agradecimiento en su nombre.
Después de un período de incertidumbre, en el cual los funcionarios del Instituto Nobel habían informado de la ausencia de la galardonada y de desconocer su paradero, se ha confirmado que se encuentra a salvo y camino a la capital Noruega.
“La Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ha hecho todo lo posible para acudir hoy a la ceremonia. Un viaje en una situación de peligro extremo. Aunque no podrá asistir a la ceremonia ni a los eventos de hoy, nos complace profundamente confirmar que está a salvo y que estará con nosotros en Oslo”, expresó el instituto en un comunicado.
Estaba previsto que Machado asistiera a la ceremonia en el ayuntamiento de Oslo, la cual fue encabezada por los reyes Harald y Sonja, y líderes latinoamericanos incluyendo los presidentes de Argentina, Javier Milei, y de Ecuador, Daniel Noboa.
Durante la semana previa hubo especulaciones en torno a la presencia de la galardonada y, temprano este miércoles, se dijo que no estaría en la ceremonia y que se desconocía su paradero.
Aunque Machado no llegó al evento, la ceremonia siguió adelante y su hija, Ana Corina Sosa Machado, recibió el premio y pronunció un discurso en nombre de su madre.
En octubre, el Comité del Premio Nobel decidió entregarle el reconocimiento a la opositora por sus “incansables esfuerzos para promover los derechos y libertades en Venezuela” y por favorecer “una transición justa y pacífica hacia la democracia”.
“María Corina Machado ha dedicado años a trabajar por la libertad del pueblo venezolano”, subrayó la institución, la cual agregó que “el férreo control del poder por parte del gobierno venezolano y su represión contra la población no son fenómenos únicos en el mundo”.
“Dios mío… No tengo palabras”, fue la primera reacción de la opositora al conocer en octubre pasado la noticia de que se convirtió en la primera venezolana en recibir el premio.
“Este es el logro de un movimiento, de una sociedad. Ciertamente no merezco un premio así, pero lo recibo con humildad y agradecimiento en nombre del pueblo de Venezuela”, agregó durante la conversación telefónica que mantuvo con Kristian Berg Harpviken, presidente del Comité Noruego del Premio Nobel de Paz.
La presencia de Machado había sido anunciada semanas atrás por el Instituto Nobel. Y, por ello, se pensaba que lograría viajar hasta la capital noruega.
A la opositora no se le ve en público desde el pasado 9 de enero, cuando encabezó una manifestación en Caracas contra la juramentación de Nicolás Maduro para un tercer mandato consecutivo.
A finales de 2024, Machado anunció que pasaría a la clandestinidad, en medio de la ola de represión con la que las autoridades venezolanas respondieron a las protestas desatadas en el país tras los cuestionados resultados de las elecciones presidenciales, que dejaron más de 2.000 detenidos, entre ellos decenas de dirigentes opositores.
La dirigente se ha convertido en la principal voz de la disidencia frente al gobierno de Maduro, quien asumió el poder en 2013 tras la muerte de Hugo Chávez.
En octubre de 2023 fue elegida como candidata unitaria de la oposición en unas elecciones primarias, pero las autoridades le impidieron participar en las elecciones presidenciales celebradas el 28 de julio de 2024.
Sin embargo, Machado no se quedó de brazos cruzados y respaldó al diplomático Edmundo González Urrutia, quien, de acuerdo con las actas recabadas por la oposición, ganó los comicios con el 66% de los votos, aunque el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó vencedor a Maduro sin mostrar pruebas que sustentaran esa decisión.
La figura de Machado se hizo familiar para los venezolanos a partir de 2003, cuando desde la organización Súmate impulsó el proceso activar un referendo que buscaba revocar el mandato del entonces presidente Chávez.
En 2010, fue elegida diputada y en 2012 mantuvo un tenso intercambio con el desaparecido mandatario, cuya política de nacionalizaciones de empresas cuestionó.
“Expropiar es robar”, le espetó, mientras que Chávez le replicó: “Hasta ladrón me llamó. Me llamó ladrón delante del país”.
“La vamos a extrañar”
El fiscal general venezolano, Tarek William Saab, advirtió hace unas semanas a la opositora que, si abandonaba el país, la consideraría una “fugitiva” y buscaría arrestarla en caso de que intentara regresar.
Desde 2014 pesa sobre Machado una prohibición de salida del país impuesta por un tribunal venezolano en respuesta a su presunta participación en los sucesos violentos en los que derivó una marcha celebrada en Caracas el 12 de febrero de 2014.
Por este caso fue encarcelado el exalcalde y exprecandidato presidencial Leopoldo López.
Pese a que ha transcurrido más de una década desde aquellos hechos y a que Machado jamás fue procesada penalmente, la medida judicial se ha mantenido.
Menos duro se mostró el ministro del Interior, Diosdado Cabello, quien ha pasado los últimos días anunciado la partida de Machado.
“La vamos a extrañar”, dijo en el programa que conduce en la televisión estatal.
“El equipo está instalado desde hace días en Noruega. Y aunque la maquinaria mediática anda con el cuento de que nadie sabe dónde está, la realidad es menos poética. La mujer dejó el pelero (se fue) con la misma elegancia con la que Edmundo González gestionó su salida exprés del país. Nada de desaparición ni drama, pura logística de manual y aviones que viajan en silencio con inmunidad diplomática”, declaró.
*Con información de última hora de la agencia Reuters
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