¿Derecho, libertad o responsabilidad? Las paradojas de la expresión
Hay personas de la vida pública cuyo único reclamo de relevancia es el ridículo. A veces, esas personas se encuentran y deciden buscar el ridículo en equipo, con la burda esperanza de que alguien les tome en serio. Con esto dejo claro que me interesa hablar de la reciente polémica que enfrenta el Sistema Público de Radiodifusión (SPR) del Estado mexicano por decidir no transmitir una entrevista, realizada por una “figura pública” a un conocido personaje que aspira a ser la cara y el liderazgo de la derecha reaccionaria en nuestro país, en la que repetiría su discurso antiderechos. El problema real no es su patético espectáculo (por lo que no los mencionaré de nuevo), sino la discusión de fondo sobre la decisión tomada por las defensorías de audiencias del SPR y el Canal Once.
Mi postura es clara: la decisión tomada fue correcta y un raro acto político de responsabilidad. Los discursos de odio, antiderechos, que incitan a la violencia contra cualquier persona (homofobia, transfobia, xenofobia, racismo, clasismo, misoginia, por mencionar los más comunes) no tienen ni deben tener lugar en la vida pública. Tampoco deben normalizarse mediante la discusión, el debate o la polémica. Si algo hemos aprendido en la última década es que su principal estrategia de acción es ésa: estirar y poner a prueba los límites de lo aceptado socialmente. Ampliar la “tolerancia” para justificar la violencia y la exclusión.
También hemos aprendido que estos discursos y estrategias cuentan con los espacios, las figuras y los recursos para difundirse de manera virulenta y acelerada. El sesgo denunciado de plataformas como X o Facebook, su presencia en radio y televisión nacional e internacional dentro de programas de entretenimiento o barras de opinión de noticieros, en periódicos y medios digitales, nos demuestran que no les faltan espacios, voces ni representación. ¿Por qué deberían ampliarlos más los medios de comunicación del Estado mexicano? A diferencia de los medios privados (que en nuestro país explotan un bien público como el espectro radioeléctrico), los medios públicos deben reflejar el proyecto de nación y hacer valer los principios constitucionales, así como las reglas y leyes que los materializan.
También sostengo que no es censura ni tutela del Estado sobre la ciudadanía no transmitir esa entrevista. Reitero que ya existen otros espacios y plataformas donde pueden consultarse esos discursos para quien quiera hacerlo, como la entrevistadora hizo al difundir por su cuenta la entrevista. Tanto la censura como la tutela son salidas tramposas para no discutir la relación que existe entre derechos, libertades y responsabilidades políticas. La principal responsabilidad del Estado, en materia de libertad de expresión, es garantizar que no se difundan ideas contrarias a los valores democráticos y republicanos que enarbola la Constitución como pacto fundacional de nuestro país. La libertad de expresión es un derecho que debemos ejercer, sí, y que deben garantizar que lo hagamos sin sanción o proceso judicial por hacerlo, o sin que se ponga en riesgo nuestra vida o nuestra integridad física, cosas que no ocurren por no transmitir una entrevista.
Manuel Buendía defendía que una de las principales responsabilidades del Estado era la comunicación social como parte del ejercicio del poder, una acción concreta que definía cómo traduce un gobierno su programa y lo presenta ante el pueblo, y se conforma de cuatro elementos: información, publicidad, propaganda y relaciones publicas. La aspiración que tuvo el maestro y columnista era que el Estado promoviera una comunicación social democrática, una política que, en sus palabras: “fructifica en un sistema nacional, en un estilo nacional de vida, que convierte al pueblo en protagonista de su propio gobierno.” Lejos estamos de ello, incluso este gobierno que se asume popular lo está, pero esta decisión al menos refleja una política de comunicación social con límites claros.
Los medios públicos son un espacio de ejercicio de derechos administrado por el Estado, y el derecho a la libre expresión no incluye promover o dar lugar a discursos violentos, contrarios a los valores democráticos y republicanos que enarbolamos como una sociedad y un país que se asume como tal. Por ello, este respaldo a la decisión de las defensorías de las audiencias debe acompañarse por la rendición de cuentas: quiénes fueron responsables de que esa entrevista ocurriera en primer lugar, y que sólo esa decisión previno su transmisión. Como un instrumento de la comunicación social del Estado mexicano, dichos medios deben ser plataformas populares, donde el pueblo al que presumen dirigirse no sólo sea espectador, sino también un creador y comunicador de sus problemas, de sus realidades.
Y ahí también reside una crítica al gobierno federal. Que las defensorías hicieran su trabajo en esta ocasión no nos hace olvidar que en estos espacios permitieron la cooptación de programas y líneas editoriales por figuras afines al partido en el gobierno. Tampoco se nos olvida, a nivel local, que en un programa de la ciudad de México atacaron a Carla Escoffié por criticar la elección judicial. No es una de cal por las que van de arena, es un llamado de atención para que sea el inicio de una reformulación de su política de comunicación social. Un gobierno que vive preocupado por sus narrativas no puede considerar que sólo cooptando los medios públicos se gana la batalla. Si no abre los espacios al pueblo, y refleja mediante estos medios la diversidad de realidades que conforman nuestra vida nacional, sólo facilitará que esos discursos de odio que hoy previene de presentarse, ocupen los vacíos que genera su desatención de las voces populares que han sido negadas.
* Armando Luna Franco (@alunaf_89) es candidato a doctor en Ciencia Política por El Colegio de México, especializado en política nacional, pensamiento político y análisis de coyuntura.
El incidente ocurrió a plena luz del día. Existen múltiples videos grabados por transeúntes desde diversos lugares. Pero incluso los hechos básicos están siendo cuestionados.
La muerte a disparos de Renee Nicole Good en Mineápolis a manos de un agente de ICE, siglas en inglés del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, está dejando al descubierto las profundas divisiones en la política estadounidense y amenaza con avivar un debate ya conflictivo sobre la política migratoria.
El incidente ocurrió a plena luz del día. Existen múltiples videos grabados por transeúntes desde diversos lugares. Sin embargo, incluso los hechos básicos están siendo cuestionados.
Casi inmediatamente después del incidente comenzaron a formarse dos versiones completamente diferentes. Cualquier ambigüedad en los videos compartidos en línea fue aprovechada: se utilizaron diferentes ángulos y capturas de pantalla para impulsar una narrativa particular.
Y en el escenario público, funcionarios estatales y federales discreparon abiertamente.
Según la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, Renee Good fue la culpable. Al alejarse de los agentes de ICE “utilizó su auto como arma” en un “ataque terrorista doméstico”, dijo Noem.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, culpó a una “agitadora profesional” y a un “movimiento radical de izquierda, violento y de odio” en una publicación en su plataforma en redes Truth Social.
Los demócratas a nivel nacional, así como autoridades estatales y locales de Minnesota, presentaron un panorama completamente diferente.
Jacob Frey, alcalde demócrata de Mineápolis, dijo que un agente federal utilizó fuerza letal en forma “temeraria”. También exigió a los agentes de inmigración que abandonen la ciudad. “ICE, ¡lárgate de una maldita vez!”, afirmó Frey.
El gobernador de Minesota, Tim Walz, calificó el incidente de “totalmente predecible” y “totalmente evitable”, argumentando que fue consecuencia directa del aumento de agentes federales de inmigración en Minneapolis y sus alrededores en los últimos días.
“Llevamos semanas advirtiendo que las peligrosas y sensacionalistas operaciones de la administración Trump son una amenaza para nuestra seguridad pública”, declaró el miércoles.
Esta clara división entre el gobierno federal y los funcionarios locales se ilustró aún más el jueves por la mañana, cuando la Oficina de Aprehensión Criminal de Minesota anunció que el Departamento de Justicia y el FBI ya no cooperarían en la investigación del incidente.
Las agencias federales, informó la Oficina, serán las únicas responsables de la investigación sobre el uso de fuerza letal por parte del agente de ICE.
Que Minesota se haya convertido en el epicentro de un creciente conflicto sobre la aplicación de la ley migratoria en los últimos meses es a la vez previsible e irónico.
Es irónico porque la muerte de Good ocurrió a pocos kilómetros de donde, en 2020, la policía de Mineápolis mató a George Floyd durante un intento de arresto, lo que desencadenó protestas del movimiento Black Lives Matters en todo el país, incluyendo algunas en esta ciudad que se tornaron violentas.
Walz puso en alerta a la Guardia Nacional del estado y advirtió a los cientos de manifestantes que han salido a las calles que no recurran a la violencia.
El papel central de Minesota en este último estallido no sorprende, ya que marca la culminación de un conflicto, una controversia y un escándalo que se venían gestando durante meses.
El reciente aumento en acciones migratorias se produce después de que Trump ridiculizara a la numerosa población inmigrante somalí del estado -la mayoría de los cuales son ciudadanos estadounidenses- tras la condena de miembros de la comunidad por fraude en la distribución de la ayuda federal por la epidemia de COVID-19.
“Cientos de miles de somalíes están estafando a nuestro país y destrozando ese otrora gran estado”, declaró Trump en noviembre. “No vamos a tolerar este tipo de atentados contra la ley y el orden por parte de personas que ni siquiera deberían estar en nuestro país”.
Bajo presión, Walz abandonó su candidatura a la reelección la semana pasada ante el aumento de acusaciones de corrupción en los servicios sociales estatales, como la asistencia infantil y la ayuda alimentaria.
El incremento de acciones migratorias en el estado es solo el ejemplo más reciente del uso de funcionarios federales por parte de la administración Trump para atacar a comunidades sospechosas de tener altas tasas de inmigrantes indocumentados. El uso de la fuerza durante esta operación tampoco es un incidente aislado.
El incidente de Minesota fue al menos el noveno caso de disparos vinculados a operaciones migratorias desde septiembre; todos involucraron a personas que fueron atacadas mientras se encontraban en sus vehículos, según el New York Times.
La intensidad con la que se han llevado a cabo las acciones migratorias en una lista cada vez mayor de ciudades en todo Estados Unidos, ha provocado protestas y demandas de funcionarios demócratas para una mayor supervisión, rendición de cuentas y moderación por parte de agentes del orden.
El muerte de Good ya ha dado a estos esfuerzos una nueva urgencia entre sus defensores.
Los funcionarios de la administración Trump, por su parte, siguen adelante y citan el mandato que dicen haber recibido de los votantes en las elecciones presidenciales de 2024. Alegan además que la drástica reducción de entradas de indocumentados a Estados Unidos es evidencia de que sus esfuerzos han resultado eficaces.
Y refutaron enérgicamente el argumento de que el video del incidente en Minneapolis sea prueba de un uso indebido de fuerza letal.
“La manipulación es desproporcionada y no la tolero”, escribió el vicepresidente J.D. Vance en una publicación en X. “Este hombre estaba haciendo su trabajo. Ella intentó impedir que lo hiciera”.
Si bien calificó el incidente de trágico, añadió que “la responsabilidad recae sobre esta mujer y todos los radicales que enseñan a la gente que la inmigración es la única ley con la que los alborotadores pueden interferir”.
Walz, en sus siguientes declaraciones públicas, se apresuró a rebatir ese argumento: “Personas en puestos de poder ya emitieron juicios, desde el presidente hasta la vicepresidenta y Kristi Noem, y dijeron cosas que son verificablemente falsas, verificablemente inexactas”.
“Determinaron el carácter de una madre de 37 años que ni siquiera conocían”, concluyó.
Parece que incluso las pruebas en video están abiertas a la interpretación en este momento. Cada persona ve las mismas imágenes y saca conclusiones decididamente diferentes, que con frecuencia, quizás como era de esperar, refuerzan sus posiciones previamente establecidas.
El abismo en la política estadounidense parece tan inmutable como desalentador.
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