La deuda de Puebla con su democracia

En Puebla, la democracia no funciona y no incluye a todas las personas. Mientras 29 estados del país ya cuentan con una Ley de Participación Ciudadana, aquí seguimos sin tener un marco jurídico adecuado y garantista.

La participación ciudadana no es una dádiva política: es un derecho humano y un pilar indispensable para fortalecer la democracia y construir una sociedad justa e inclusiva. En un mundo donde las democracias se ven amenazadas por la concentración del poder, el debilitamiento de los espacios deliberativos y una creciente desconfianza hacia las instituciones, resulta urgente abrir canales reales para que la ciudadanía pueda opinar, incidir y decidir. Esto es, apostarle a la democracia participativa y no solo a la electoral.

Un dato ilustra la urgencia de escucha social: de acuerdo con Causa en Común, Puebla registró 147 linchamientos entre 2020 y 2024 y concentró el 15 % de los casos del país. Esto revela un entorno comunitario donde faltan canales institucionales para procesar conflictos y para tender puentes de comunicación, diálogo y escucha entre la ciudadanía y personas tomadoras de decisiones.

Frente a este contexto, la propuesta presentada por el grupo Puebla Participa busca romper con esta inercia de guardar las propuestas en el cajón, apostando por construir diálogo y deliberación que construyan alternativas para la democracia participativa y para la paz. Se trata de una iniciativa elaborada de manera colectiva por organizaciones, especialistas y ciudadanía, basada en análisis comparado de todas las leyes estatales en la materia.

Hoy, el marco jurídico local es insuficiente y, en algunos casos, contradictorio. Las brechas entre la legislación estatal y los estándares nacionales e internacionales generan incertidumbre sobre el alcance del derecho a la participación. Un ejemplo de ello es que actualmente en Puebla el único mecanismo que puede ser promovido por la ciudadanía es la iniciativa ciudadana, prevista como un derecho ciudadano en el artículo 20 de la Constitucional Local y regulada por la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la cual exige un respaldo desproporcionado del 2.5 % de la lista nominal: más de 124 mil firmas.

A esta situación se suma un elemento que agrava aún más la barrera de acceso. Las firmas que respalden la iniciativa ciudadana deben ser acompañadas por una copia de la credencial para votar (INE) de cada persona firmante. Considerando que cada copia tiene un costo aproximado de un peso, una organización que desee impulsar una iniciativa, tendría que destinar alrededor de 124 mil pesos, únicamente para las copias. Y esto no garantizaría que el Congreso revise la propuesta. La desproporción se hace más evidente si consideramos que, en seis estados del país, basta con una sola firma de respaldo ciudadano. ¿De qué participación hablamos cuando el primer obstáculo es prácticamente infranqueable?

Una de las principales barreras a las que se enfrentan las organizaciones en Puebla es a los umbrales de mecanismos como los plebiscitos y referéndums. Para las diputadas y diputados es muy fácil proponer requisitos inaccesibles: cinco por ciento de la lista nominal, validez solo con cuarenta por ciento de participación. El problema es que Puebla tiene una población grande, lo que hace inalcanzables los porcentajes de la lista nominal que proponen.

Durante la campaña independiente de Enrique Cárdenas a la gubernatura de Puebla de 2017 a 2018, después de varios meses juntando firmas y con el apoyo de ciertos liderazgos del sector empresarial y de algunas universidades, logró 24 mil de las 132 mil firmas que se requerían para su candidatura. El grupo de Puebla Consulta lanzó una iniciativa para buscar la desprivatización del agua en la zona conurbada de la capital en 2023 y después de más de un año de reunir firmas únicamente lograron recabar cerca de 15 mil. Es por ello que a un pequeño grupo de personas  no se les debería pedir requisitos de movilización del tamaño de un partido político.

Actualizar la normativa poblana no es solo un acto jurídico, es una apuesta política por el empoderamiento de las personas y por hacer que la ciudadanía tenga una bocanada de esperanza. La construcción de una Ley de Participación Ciudadana implica reconocer que la democracia no se agota en el voto, que el poder público debe someterse a la deliberación social y que la ciudadanía tiene el derecho —y la capacidad— de decidir sobre los asuntos que afectan su vida.

Las encuestas de confianza del INEGI lo confirman: los partidos políticos y los congresos locales son las instituciones en las que menos confía la gente. Frente a esta realidad, el Congreso del Estado de Puebla tiene la oportunidad de iniciar un proceso abierto, plural y honesto que reconecte a la sociedad con sus representantes. No se trata solo de aprobar una ley, sino de reconstruir un vínculo que ha estado roto por años. Puebla puede convertirse en un referente nacional en democracia participativa, pero para ello las y los legisladores tendrán que hacer lo que les corresponde; hacerle caso a la ciudadanía y atreverse a abrir las puertas a una participación real, donde todas las voces cuenten.

* Lizeth Mejorada (@LizethMejorada), Kassandra Benavidez (@Kassandrabdz) y Luis Javier Moreno (@Luisjamb) forman parte del colectivo Puebla Participa, integrado por más de 12 organizaciones que recientemente presentaron una propuesta para una nueva Ley de Participación Ciudadana en Puebla.