Las 10 crisis de desplazamiento forzado en México
La migración ha sido un proceso regular en la historia de la humanidad, ha estado presente desde los primeros tiempos y permite que las personas busquen nuevas oportunidades en otras latitudes. El problema es que no toda migración es voluntaria y en ocasiones ni siquiera se hace para buscar mejores condiciones, sino que se realiza de manera forzada para salvar la vida.
En otros países como Colombia, el fenómeno del desplazamiento forzado, provocado por la violencia y el crimen organizado, ha sido estudiado en extenso, ya que se estima que 4 millones de personas han tenido que dejar su hogar por miedo a ser víctimas de ataques. En México el problema no llega a dichas dimensiones, pero la cantidad de desplazados va en aumento y ya se puede considerar una crisis humanitaria, poco estudiada y sobre la que no se han implementado políticas públicas efectivas para su atención.
El programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana estima que, en 2024, un aproximado de 26 mil personas tuvieron que dejar de manera involuntaria su hogar para trasladarse a otro municipio, siendo la principal razón de ello la incursión de grupos de delincuencia organizada, que provocó la huida de personas en decenas de localidades de todo el país.
Para complementar estos datos, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos ha estimado que desde 2012 se tiene conocimiento de casi 380 mil personas desplazadas en México, lo cual ya constituye un problema urgente que debe ser atendido. Es como si toda la población de una ciudad del tamaño de Pachuca se hubiera mudado en un lapso de 13 años.
En políticas públicas uno de los primeros pasos para diseñar acciones para hacer frente a un problema es delimitarlo, saber con certeza dónde se focaliza y a quienes afecta, es por ello que el presente texto girará en torno a las mayores crisis de desplazamiento forzado que hemos experimentado en México en los últimos años.
1. En Guerrero encontramos los dos primeros nodos de desplazamiento forzado, el primero de ellos se ubica en la zona de Tierra Caliente y la Sierra Sur, con especial énfasis en los municipios de Leonardo Bravo, Heliodoro Castillo, San Miguel Totolapan y Ajuchitlán del Progreso. Suman un aproximado de 5 mil desplazados derivado de los constantes enfrentamientos de las organizaciones que se pelean la zona, que es la principal productora de amapola del país. En dicho conflicto participan la Familia Michoacana, los Tequileros, el Cártel Jalisco Nueva Generación, Guerreros Unidos, los Tlacos y el Cártel de la Sierra Sur.
2. El segundo nodo se ubica en los municipios de Chilapa y Zitlala, con cerca de 2 mil personas desplazadas, producto de la disputa entre los Ardillos y los Tlacos, las dos células delictivas más fuertes en esa región, que han incrementado las hostilidades en los últimos años.
3. En el norte de Sinaloa encontramos el tercer nodo, con un desplazamiento forzado estimado de 9 mil personas en los municipios de Choix, El Fuerte, Badiraguato y Sinaloa, que se generan por pugnas internas del Cártel de Sinaloa y los enfrentamientos que este tiene con otros grupos como la Organización de los Beltrán Leyva.
4. Un cuarto nodo se ubica al sur de Zacatecas en los municipios de Jerez, Tepetongo, Nochistlán, Fresnillo y Valparaíso, en donde más de 10 mil personas ha dejado su hogar huyendo de la violencia de la guerra entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa.
5. El quinto nodo lo tenemos en el sur de Michoacán, en donde las hostilidades constantes entre Cártel Jalisco Nueva Generación, los Viagras y el Cártel de Tepalcatepec ha provocado la huida de cerca de 3 mil personas de la región, de los municipios de Apatzingán, Aguililla, Parácuaro, Tepalcatepec, Coalcomán y Aquila.
6. En Chihuahua está el sexto nodo de desplazamiento forzado, en el sur de la entidad, colindante con Durango y Sinaloa, en los municipios de Guadalupe y Calvo, Balleza, Guachochi, Morelos y Batopilas, en donde se enfrentan células de las dos facciones del Cártel de Sinaloa y además se suman elementos de la Línea del Cártel de Juárez y han generado cerca de 1 mil 500 desplazados.
7. Mientras que en Chiapas hay dos nodos claramente identificados, el que corresponde al séptimo caso es la región de los Altos, en los municipios de Pantelhó, Chalchihuitán, Chenalhó, San Andrés Duraznal y Aldama, donde 14 mil personas han huido de sus hogares por conflictos de tierra, persecución gubernamental y la entrada de organizaciones criminales como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación.
8. Y también esas dos organizaciones se están peleando los municipios que se encuentran en la frontera de Chiapas con Guatemala, que es el octavo nodo, lo que ha propiciado la huida de cerca de 10 mil personas, generando una situación inédita de desplazados mexicanos pidiendo asilo en Guatemala.
9. El noveno nodo lo encontramos en Teocaltiche, Jalisco, en donde cerca de 900 personas se han tenido que desplazar por un enfrentamiento entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación.
10. Por último, el décimo nodo se ubica en la zona de frontera de Tamaulipas con los Estados Unidos, en donde cerca de 10 mil personas han tenido que migrar de municipios como Mier, Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Valle Hermoso y Miguel Alemán, derivado de la lucha entre el Cártel del Golfo y el Cártel del Noreste.
Derivado de lo anterior, urgen al menos 5 acciones para poder enfrentar de mejor manera la crisis generada por el desplazamiento forzado en México:
- Contar con un censo nacional fiable de personas desplazadas por la violencia, que nos permita identificar con claridad las zonas de expulsión en donde se presenta dicho problema.
- Desarrollar un programa nacional de atención a las familias desplazadas, que permita su incorporación a nuevas comunidades, así como el acceso a oportunidades laborales, educativas, de salud, vivienda y alimentarias.
- Generar dentro de ese programa un esquema de acceso gratuito a la vivienda o a muy bajo costo, que les ayude a estas familias a comenzar de nuevo sin tantas dificultades.
- Estas familias deben recibir atención psicológica, ya que los traumas generados por la violencia, que les hicieron dejar su hogar, pueden haber causado daños en su bienestar emocional.
- Se debe atacar las causas de generación de violencia, para evitar que en el futuro crezca la cantidad de personas desplazadas.
* Víctor Manuel Sánchez Valdés (@victorsanval) es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, especialista en seguridad y doctor en políticas públicas por el CIDE. Correo de contacto: victorsanval@gmail.com
México celebrará el 1 de junio una elección única en el mundo en la que se elegirá a los jueces del país. ¿Qué está en juego con este proceso?
A las 8 de la mañana de este 1 junio, en México se iniciará una votación única en el mundo.
Cien millones de electores están habilitados para participar en la elección de los ministros de la Suprema Corte, magistrados regionales y jueces de distrito, en un tipo de comicios que no existe en ningún otro país.
Bolivia, el país con el sistema de votación de jueces más parecido, solo abre la elección a la ciudadanía para los cargos de los altos tribunales. Otros países, como EE.UU., limitan la votación a la elección de algunos jueces estatales.
En México, la elección por voto popular de todos los miembros de la judicatura se convirtió en una de las banderas políticas más importantes del movimiento político Cuarta Transformación (4T) del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Durante su gobierno (2018-2024), López Obrador planteó la idea de “democratizar” al Poder Judicial para que fueran los ciudadanos los que eligieran directamente a sus integrantes. Los votos en el Congreso, sin embargo, no lo favorecían.
No fue hasta la abrumadora victoria que consiguió la coalición de la 4T en 2024, en la que la presidenta Claudia Sheinbaum fue electa, que la coalición gobernante obtuvo los escaños suficientes para impulsar una reforma judicial constitucional.
Para quienes la apoyan, es un esquema pionero que abre al escrutinio social las decisiones y la actuación de los jueces de todos los niveles, dando a la ciudadanía el poder de destituirlos si no hacen bien su trabajo.
Para los críticos, es una amenaza a los contrapesos que el Poder Judicial ejerce frente al Ejecutivo y el Legislativo, que tiene el potencial de abrir las puertas a jueces que respondan a poderes fácticos, incluido el crimen organizado.
“Para mí ha sido un gran reto intelectual tratar de entender la reforma sin prejuicios”, le dice a BBC Mundo la analista mexicana Viri Ríos, doctora de la Universidad de Harvard especializada en políticas públicas y gobierno.
“Estamos viviendo un momento trascendental en la historia de México. Y es un momento para cuestionarnos muchos de los dogmas sobre los que yace la democracia liberal”, añade.
Para la académica, a partir de la votación del domingo, Sheinbaum y el movimiento de la 4T podrían ser señalados por el desempeño del Poder Judicial.
“Es el inicio de un momento muy complejo para la coalición gobernante, porque anteriormente el Poder Judicial no funcionaba bien, pero nadie atribuía esa disfuncionalidad a una coalición política. Se le atribuía al propio Poder Judicial”, advierte.
“Pero del 1 de junio en adelante, se va atribuir a la coalición gobernante. Porque ellos crearon esta fórmula y promovieron la idea de que se iba reducir la impunidad a partir de esta reforma”.
El analista político Héctor Alejandro Quintanar, por su parte, dice que la nueva etapa del Poder Judicial mexicano va más allá de la disputa política actual en el país.
“Yo creo que lo que está en juego rebasa a la Cuarta Transformación. Es la idea de que ahora vivamos en una etapa de México más politizada donde el voto ciudadano toma otra dimensión y otro papel”, señala el también profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México.
“Es verdad que el Poder Judicial es un contrapeso al Ejecutivo y al Legislativo, pero pareciera que el Judicial no tiene contrapesos en sí mismo. Y es aquí donde entra la variable del voto ciudadano que sí puede convertirse en uno y en un paso a la eliminación de sus élites”, sostiene.
¿Qué se vota?
Aunque el objetivo de la reforma judicial es la renovación total del Poder Judicial a través del voto popular, el Congreso estableció que esta se realizaría de forma escalonada.
Por ello, a nivel federal, el domingo solo se elegirán 386 jueces y la mitad de los magistrados de circuito (464).
La Suprema Corte de Justicia de la Nación sí se renovará por completo, pero ahora en lugar de tener 11 integrantes tendrá 9.
También se votará por dos magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, la cual tiene otros cuatro integrantes. Se renovarán la totalidad de las 15 magistraturas de las salas regionales de dicho tribunal.
Y los votantes elegirán a los cinco magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, el nuevo organismo que controlará el desempeño de jueces, magistrados y ministros.
En 19 de los 32 estados del país, se elegirá a los jueces locales (casi 1.700), además de celebrarse elecciones a alcaldías y otros cargos locales.
De esta manera, habrá ciudadanos que recibirán hasta 13 papeletas de votación para llenar.
Con reglas muy estrictas para las campañas, conocer los perfiles de los cientos de candidatos que concurren a las elecciones ha sido un reto mayúsculo.
Una estimación del Instituto Nacional Electoral (INE), que organiza la elección de jueces federales, señaló que los ciudadanos tardarán unos 9 minutos en seleccionar a sus candidatos.
Y en México, votar no es obligatorio, lo que se ha reflejado en el abstencionismo en elecciones pasadas como la presidencial (38%, en promedio) y mucho más en las intermedias (47%) y consultas populares (82%).
De ahí que la participación este 1 de junio se anticipa baja. El INE prevé que acudan entre el 8% y el 15% de los votantes.
La autoridad electoral también ha ordenado detener la distribución de “acordeones”, unas tarjetas que presuntamente han repartido funcionarios y operadores de partidos políticos que indican a los ciudadanos a qué candidatos elegir.
El rechazo y el dilema de votar
La reforma judicial fue uno de los temas más relevantes de las elecciones de 2024, con la coalición gobernante de la 4T (Morena-PT-PVEM) haciendo una férrea defensa de sus beneficios, frente a las críticas de los partidos de oposición y de un importante bloque de los actuales ministros, jueces y funcionarios del Poder Judicial.
Estos últimos insistieron en que el objetivo último de la reforma de López Obrador era “apoderarse” de la Suprema Corte y otros tribunales que durante su gobierno declararon inválidas reformas de leyes e iniciativas de todo tipo, desde nacionalización energética hasta cambios en las elecciones.
Hubo protestas y duros debates en el Congreso en los que los detractores de la reforma advertían que los puestos de juzgador requieren la especialización de la carrera judicial y que abrirlos a la elección popular permitiría la entrada de jueces que respondieran a los intereses de los partidos políticos, los grupos económicos o el crimen organizado.
“Defensorxs”, una organización que revisó los perfiles de candidatos que compiten en las elecciones del domingo, identificó a 19 aspirantes de “alto riesgo” por sus posibles vínculos con narcotraficantes o por señalamientos de violencia y corrupción.
La oposición también denunció que la mayoría absoluta de la coalición de la 4T dejaría bajo su control la aprobación de las candidaturas, que vinieron de propuestas del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, pero que finalmente pasaron por el filtro del Congreso.
También advirtieron de que el país tendría una mala imagen en el extranjero, por ejemplo a ojos de las calificadoras financieras que evalúan el riesgo de inversión en países sin independencia judicial.
“Para mí es un engaño para la ciudadanía. No van a elegir a sus jueces y magistrados. Falso”, dijo esta semana el ministro de la Suprema Corte Javier Laynez, uno de los principales críticos de la reforma.
“Lo señalé desde el principio, hay un riesgo de cooptación de la justicia federal y local. No les gusta que alguien les diga esto está mal hecho, esto es ilegal, esto es inconstitucional”, señaló en entrevista con la cadena Radio Fórmula.
Entre quienes rechazan la reforma, en los últimos días se abrió un debate sobre asistir o no a las urnas para participar en el proceso. El ministro Laynez dijo que no habrá garantías del buen conteo de votos, por lo que él no votará.
Otros consideran que no participar no ayudará en nada en el objetivo de revertir la reforma judicial o para contar con ministros y jueces que hagan de contrapeso frente a las decisiones de los otros poderes.
Una prueba para la 4T y la ciudadanía
López Obrador argumentó durante mucho tiempo que el Poder Judicial era “ajeno” a los intereses del pueblo y que abrirlo a una votación le permitiría “limpiarse, purificarse”.
Al sucederlo, la presidenta Sheinbaum continuó con la defensa de los cambios, argumentando que el modelo pasado le permitía nominar a los jueces de la Suprema Corte y que la coalición de la 4T tenía la mayoría para aprobarlos, por lo que su objetivo no era controlar el Poder Judicial.
“Las personas que vayan a votar van a decidir quién va a estar en el Poder Judicial. Y quienes resulten triunfadores en esta elección, que resulten elegidos por el pueblo, elegidas, pues van a responder al pueblo. Esa es la gran diferencia”, dijo la presidenta mexicana el miércoles.
La creación de un tribunal para vigilar la actuación de jueces, aseguran desde el bloque de la 4T, permitirá detectar casos de corrupción y sancionar a los juzgadores como nunca antes.
Para una parte de los analistas del país, la elección del Poder Judicial ya ha superado la discusión de sus pros y contras, ya que para que la oposición pudiera revertirla debería conseguir una mayoría parlamentaria.
De esta manera, el país avanza hacia un escenario inédito.
Viri Ríos señala que la coalición de la 4T ha promovido este cambio constitucional como uno que va a “reducir la impunidad” del país y si eso no ocurre, los malos resultados ya no serán solo atribuidos al propio Poder Judicial. “Se van a atribuir a la coalición gobernante. Porque ellos crearon esta fórmula”, sostiene.
Desde su perspectiva, el nuevo Poder Judicial será un reflejo del país, igual que lo son los otros poderes.”¿Va a haber narcotraficantes que sean jueces? Hagamos un ejercicio de honestidad intelectual: ¿hay presidentes municipales que le responden al narco en México? Claro que sí, hay cero dudas”.
“Cuando a mí me dicen que se va a destruir al Poder Judicial prístino y profesional que teníamos, pienso ‘¿En qué país vive esta gente?'”, añade.
Quintanar, por su parte, argumenta que la previsible baja participación en las elecciones del domingo no será un reflejo del rechazo ciudadanos a la reforma judicial, pues esta ya fue validada con la abrumadora votación de 2024 a favor de la coalición gobernante. En su opinión, se abrirá un nuevo espacio de escrutinio de los ciudadanos a un Poder Judicial que tradicionalmente estaba cerrado.
“La reforma judicial y la votación del domingo por supuesto que son ampliamente criticables. Va a ser complicado para el ciudadano por las boletas y los candidatos a elegir, tiene mucho de perfectible. Pero la democracia es así”, considera.
“Yo creo que lo que está en juego rebasa a la Cuarta Transformación. Es la idea de que ahora vivamos en una etapa de México más politizada, en la que el voto ciudadano toma otra dimensión y otro papel”.
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