
En diciembre pasado, la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, anunció que a través del programa “Sí al desarme, sí a la paz”, implementado por el gobierno de Claudia Sheinbaum, se habían recolectado 8,700 armas de fuego en todo el país a través de entregas voluntarias de la ciudadanía, cuyos participantes recibían recompensas a cambio de las armas.
Casi 9 mil armas menos en las calles parecen un buen resultado para una estrategia gubernamental; sin embargo, para determinar si la misma ha sido efectiva es importante hacer un comparativo en dos dimensiones. La primera de ella es temporal, es decir, ¿se han recolectado más o menos armas que en los gobiernos que antecedieron al actual? Y la segunda dimensión es respecto al tamaño del problema que se busca resolver, ya que el objetivo de un programa de canje de armas es disminuir la violencia reduciendo la cantidad total de armas que hay en las calles. Por tanto, se debe responder a la pregunta: ¿se está recolectando una cantidad mayor de armas a la que entra cada año al país de contrabando y en qué medida se está reduciendo la cifra total de armas?
Respecto a la primera pregunta, se cuenta ya con información precisa de las armas que fueron recolectadas en los sexenios de Felipe Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, lo cual permite una comparación de los totales entre ellos, datos que fueron obtenidos mediante las solicitudes de información con folios 33006425001177, 330026424000740 y 33006425001177, dirigidas a la SEDENA. Sin embargo, el gobierno de Claudia Sheinbaum apenas va en su segundo año de mandato, por lo que se tienen cifras parciales hasta el 11 de diciembre de 2025.
De forma que para poder realizar una comparación que incluya la gestión de Claudia Sheinbaum y de sus tres antecesores se debe construir un indicador de armas promedio recolectadas al día a través del canje de armas, de modo que se divida la cantidad de armas entre el total de los días que duró cada mandato en los casos de Calderón, Peña y Obrador, así como la cantidad armas entre los días comprendidos entre el 1 de octubre de 2024 y el 11 de diciembre de 2025 en el caso de Claudia Sheinbaum, lo cual permite una comparación justa entre los cuatro.
El cálculo de dicho indicador nos muestra que en promedio, en lo que va del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, se han recolectado 19.90 1 armas diarias en todo el país, cifra que es mayor al promedio que tuvo Andrés Manuel López Obrador a lo largo de su sexenio, que apenas llegó a las 10.78 armas. Es decir que en este momento se están recibiendo casi el doble de armas, lo cual indica que el programa “Sí al desarme, sí a la paz” está teniendo efectos positivos.
Sin embargo, las armas recolectadas diariamente por el gobierno de Claudia Sheinbaum aún están muy lejos de los promedios de los gobiernos de Calderón y de Peña, ya que en el caso de Felipe Calderón se entregaban en promedio diariamente 28.84 armas y con Enrique Peña se elevó hasta 43.65 armas, es decir más del doble de las obtenidas por Claudia Sheinbaum, tal como lo muestra la siguiente gráfica.

A partir de estos datos se puede dar respuesta puntual a la primera pregunta, en el sentido de que el actual gobierno de Claudia Sheinbaum ha logrado mejores resultados que López Obrador, pero aún se encuentra lejos de la cantidad de armas recuperadas en las gestiones de Calderón y Peña.
Esto se debe principalmente a tres factores: primero, la concentración de la estrategia en las entidades del centro del país, como la Ciudad de México, Estado de México y Puebla; segundo, la falta de módulos permanentes de entrega de armas, y tercero, la falta de promoción de los días y lugares en los que se pueden entregar las armas, para que la población objetivo se entere.
La respuesta a la segunda interrogante es más compleja, porque no se tiene un número certero respecto a la cantidad de armas que cada año entran de forma ilegal al país ni sobre las que ya se encuentran dentro. Al respecto el trabajo más serio de estimación sobre armas traficadas a México cada año lo encontramos en el texto Mexican drug cartels use hundreds of thousands of guns bought from licensed US gun shops – fueling violence in Mexico, drugs in the US and migration at the border de Sean Campbell y Thoper McDougal, que se ubicaría en promedio en 135 mil armas al año, con un mínimo de 72 mil y un máximo de 258 mil, mientras que para el total de armas que ya se encuentran en México, Juventina Bahena ha estimado dicho total entre los 15 y los 24 millones de armas.
Aun tomando los datos más bajos, el escenario es preocupante: al menos 15 millones de armas a las cuales cada año se le suman 72 mil más, producto del contrabando ilegal.
Frente a dicho escenario, las 8,700 armas que recuperó el gobierno de Claudia Sheinbaum en poco más de un año son claramente insuficientes, porque representan apenas el 12 % de las 72,000 que entran por contrabando en el escenario más conservador, lo que implica que -a este ritmo- en lugar de reducirse la cantidad de armas se aumenta al menos en 63,300 por año, por lo cual se puede afirmar que las estrategias de canje de armas, no solo del gobierno de Sheinbaum, sino de sus tres antecesores, no lograron el objetivo de contribuir a que haya menos armas de fuego en las calles mexicanas.
A pesar de que la evidencia que tenemos nos indica que los resultados del programa “Sí al desarme, sí a la paz” implementando por la administración de Claudia Sheinbaum no son suficientes, lo cierto es que aún queda mucho tiempo en la gestión, lo cual permite fortalecer y ampliar el programa para recolectar una cantidad mayor en el futuro, para lo cual se proponen al menos las siguientes estrategias para el fortalecimiento del mismo:
I. Apostar por una amplia campaña de difusión local, pero focalizada por territorio, de manera que se realice en los medios que llegan a los municipios en donde habrá módulos de recolección, para usar de la forma más eficiente los recursos destinados a tal efecto.
II. Implementar una campaña de corte nacional que busque la sensibilización social de los peligros de las armas. Se trata de llegar a los hogares y convencerlos de los riesgos que corren al tener armas.
III. Focalizar los módulos de recolección en las áreas de mayor violencia, ya que hay muchas entidades que han enfrentado situaciones de inseguridad, en las que apenas se han recolectado armas en los últimos 20 años, como Guerrero, Zacatecas, San Luis Potosí, Morelos, Colima, Tabasco y Veracruz.
IV. Involucrar a los gobiernos locales y a más actores en estos programas, ya que de lo que se trata es que no sólo sea labor del Gobierno Federal, sino de la mayor cantidad posible de componentes de la sociedad.
V. Se debe contar con módulos permanentes y la forma en la que esto no sea oneroso es colocarlos en las entradas de todos los cuarteles militares del país, ya que mucha gente no entrega sus armas, porque no sabe en dónde hacerlo.
VI. Incrementar las recompensas de acuerdo con el calibre de las armas, debido a que la mayor parte de las armas que se han entregado en el pasado son cortas o en mal estado y lo que se debe buscar es sacar de circulación aquellas armas automáticas que pueden generar más daño.
Para mayor detalle respecto a los datos y hallazgos, pueden consultar mi artículo Resultados de los programas de canje de armas en México, publicado en la Revista Mexicana de Análisis Político y Administración Pública en diciembre pasado, que sirvió como base para el presente texto.
* Víctor Manuel Sánchez Valdés (@victorsanval) es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, especialista en seguridad pública y doctor en políticas públicas por el CIDE. Correo de contacto: [email protected].
1 Este valor se obtuvo al dividir las 8,700 armas reportadas entre 347 días, comprendidos entre el 1 de octubre de 2024 al 11 de diciembre de 2025. Para el caso de Felipe Calderón se dividieron las 63,225 armas recibidas en todo su sexenio, entre los 2,192 días que estuvo al frente de la presidencia; con Enrique Peña Nieto se recibieron 95,641 armas en el sexenio y esa cantidad se dividió entre los 2,191 días de su mandato, y para el caso de Andrés Manuel López Obrador, las 22,280 armas recolectadas en su sexenio se dividieron entre los 2,131 días que duró su gestión, resultando las cifras que se muestran en el gráfico que contiene este artículo.

Dos días después de que Maduro fuera capturado en Caracas en una operación militar estadounidense, quien fuera su mano derecha asumió como jefa de Estado interina.
Delcy Rodríguez juramentó este lunes como la nueva presidenta encargada de Venezuela.
Quien fuera la mano derecha de Nicolás Maduro se conviritó así en su sucesora interina, dos días después de que en la madrugada del sábado el entonces mandatario fuera capturado por Estados Unidos.
Maduro fue detenido en Caracas en un amplio y controlado operativo militar de EE.UU. junto a su esposa, Cilia Flores
Ambos fueron trasladados a Nueva York, donde este lunes se declararon no culpables ante un tribunal federal de cargos de conspiración para el narcoterrorismo y otros delitos.
En una retrasada ceremonia ante la Asamblea Nacional, que asumió en esta misma jornada para su nuevo periodo, la otrora vicepresidenta ejecutiva del país asumió el cargo luego de que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordenara su asunción como jefa de Estado ante la “ausencia forzosa” de Maduro.
El diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo de Nicolás Maduro, fue uno de los testigos directos de la juramentación.
Con el nombramiento de Rodríguez como presidenta interina, el tribunal le otorga el poder para liderar “la defensa de la soberanía” y “preservar el orden constitucional”.
La líder cuenta además con el respaldo del ejército venezolano.
La abogada de 56 años ha sido una pieza clave del chavismo. Durante el gobierno de Hugo Chávez llegó por primera vez al gabinete como ministra del despacho de la Presidencia.
Pero fue tras la asunción de Maduro, en 2013, cuando consolidó su poder: fue ministra de Comunicación e Información, ministra de Economía, para luego asumir como canciller y finalmente como ministra de Hidrocarburos y vicepresidenta ejecutiva.
Pocas horas antes de juramentar, Rodríguez había dado un giro drástico en el tono con Estados Unidos.
Tras la operación militar de élite que fue ordenada por el propio Donald Trump en territorio venezolano, fue ella quien la calificó como un “secuestro ilegal e ilegítimo” y una “agresión extranjera”.
“Lo que se le está haciendo a Venezuela es una barbarie”, aseguró en una intervención en cadena nacional.
“Sitiarla, bloquearla, es una barbarie que violenta todo mecanismo del sistema de derechos humanos internacional y configura delitos de lesa humanidad. Que ningún bloqueo pretenda torcer la voluntad de este pueblo”, dijo Rodríguez a la vez que reafirmó que “en Venezuela solo hay un presidente, que se llama Nicolás Maduro Moros”.
La noche del domingo, sin embargo, la nueva presidenta de Venezuela invitó al gobierno de Trump a “trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido, en el marco de la legalidad internacional y fortalezca una convivencia comunitaria duradera”.
“Venezuela reafirma su vocación de paz y de convivencia pacífica. Nuestro país aspira a vivir sin amenazas externas, en un entorno de respeto y cooperación internacional. Creemos que la paz global se construye garantizando primero la paz de cada nación”, agregó en un post de Instagram, recalcando los principios de la “igualdad soberana y la no injerencia”.
Trump había sugerido previamente que Rodríguez estuvo en contacto con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, y que habría manifestado su disposición a acceder a todas las exigencias de Washington. “No tiene alternativa”, afirmó.
Este domingo el mandatario estadounidense fue más allá y le dijo a la revista The Atlantic que si Rodríguez “no hace lo correcto, va a pagar un precio muy alto, probablemente mayor que el de (Nicolás) Maduro”.
Tras la captura de Maduro, Trump había advertido que EE.UU. “gobernará” Venezuela “hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y juiciosa”.
La Constitución venezolana establece un plazo de 30 días para realizar elecciones en caso de una falta absoluta del presidente.
Las causas incluyen, entre otros supuestos, fallecimiento, renuncia, destitución o abandono.
Sin embargo, por el carácter excepcional del caso, el Tribunal Supremo de Venezuela optó por interpretar la ausencia de Maduro como “temporal”, atribuyendo a la vicepresidenta la función de suplirlo.
Un vicepresidente puede suplir la ausencia presidencial temporal durante hasta 90 días, período que puede extenderse a seis meses con el voto de la Asamblea Nacional.
En su sentencia, de todas formas, el máximo tribunal venezolano no recordó esos plazos, lo que abre dudas sobre la posibilidad de que Rodríguez pueda mantenerse en el poder más allá de ese itinerario.
Lo más probable es que aquello dependa ahora, en gran medida, de cómo la nueva presidenta de Venezuela maneje la relación con Estados Unidos.
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