La escalera rota: por qué estudiar en México sigue siendo un privilegio
Nací en la Ciudad de México y estudié en escuelas privadas hasta que decidí cursar la licenciatura en la UNAM. En el salón compartí espacio con compañeros y compañeras de distintos estados del país, muchas mujeres, y varias de ellas eran las primeras en su familia en llegar a la universidad. Durante cuatro años compartimos lecturas, fiestas, desvelos y esa pregunta insistente que aparece hacia el final de la carrera: ¿y ahora qué sigue?, pensando que estábamos parados en el mismo punto de partida, pero sin estarlo.
Cuando finalmente terminamos los créditos, el horizonte compartido comenzó a fragmentarse. Yo tardé un año y medio en finalizar el servicio social y escribir mi tesis, mientras tramitaba en paralelo mi ingreso a una maestría en el extranjero. Fueron meses de reunir decenas de documentos, pedir cartas de recomendación, llenar formularios y solicitar becas. Durante ese tiempo tuve respaldo económico y emocional de mi familia, hasta que recibí la carta de aceptación y comencé la maestría en septiembre del año pasado. Hasta la fecha, somos pocas las personas de mi generación que nos hemos titulado, y ciertamente no se debe a falta de talento. La universidad pública puede ampliar el acceso, pero no neutraliza las desigualdades que condicionan quién logra sostenerse hasta el final.
Esa intuición encuentra sustento en los datos más recientes. El informe Education at a Glance 2025 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) confirma algo que en México se vive cotidianamente: el problema educativo no es únicamente de acceso, sino de trayectoria. No basta con entrar; importa quién logra permanecer, concluir y capitalizar ese recorrido.
Es por esto que, cuando hablamos de Desigualdad (educativa, en este caso), existen dos niveles por medio de los cuales opera:
- Las oportunidades: quién logra llegar a cada peldaño del sistema.
- Los resultados: qué calidad tiene lo que se recibe y qué tan efectivamente se traduce en estabilidad laboral, ingresos y movilidad social.
Por ejemplo, en 2023 las mujeres representaron más de la mitad (53%) de los nuevos ingresos a la educación superior en México. Las oportunidades, en ese sentido, parecen haberse ampliado. Sin embargo, esa mayor presencia en las aulas no se traduce automáticamente en igualdad de resultados, pues en el mercado laboral persiste una brecha salarial del 20% (es decir, por cada 100 pesos que gana un hombre, una mujer recibe 80 pesos).
Ahora bien, si el desenlace muestra asimetrías, el punto de partida es todavía más restrictivo: la desigualdad educativa no comienza en la universidad, se instala mucho antes. En México, cuatro de cada diez jóvenes de 25 a 34 años no han concluido la preparatoria. Aunque la cifra ha mejorado respecto a años previos, continúa siendo estructuralmente alarmante, pues la educación media superior funciona como un umbral decisivo en nuestro país: quien no lo cruza enfrenta mayores probabilidades de insertarse en el empleo informal, con ingresos bajos y trayectorias laborales inestables.
Ahora bien, incluso entre quienes logran ingresar a la universidad, el recorrido es incierto. En México, menos del 14% de quienes acceden a la educación superior concluyen con un título, a diferencia del promedio del resto de los países de la OCDE (70%), revelando que, en nuestro contexto, el acceso no equivale a permanencia y mucho menos a conclusión. La universidad no es solo una puerta de entrada; es un trayecto que exige condiciones materiales y simbólicas para sostenerse.
En este sentido, el origen familiar adquiere un peso determinante. Los datos muestran que cuando los padres del estudiante no completaron la preparatoria, las probabilidades de que este obtenga un título universitario disminuyen drásticamente. En promedio, solo 26% lo logra. En contraste, cuando al menos uno de los padres cuenta con educación superior, esa proporción asciende a 70%. Es decir, no se trata únicamente de ingresos, sino también de capital cultural, redes de apoyo, información sobre cómo navegar el sistema educativo y la posibilidad de dedicar tiempo al estudio sin la presión inmediata de generar ingresos.
A esta transmisión intergeneracional se suma una dimensión estrictamente política: la inversión pública. Entre 2015 y 2022, el gasto por estudiante en México disminuyó, y la proporción del presupuesto público destinada a educación también se redujo (del 15.8% a 13.2%). En un sistema caracterizado por profundas brechas, una reducción en el financiamiento es verdaderamente trágico, pues se traduce en menos recursos para acompañamiento académico, infraestructura, apoyos económicos y demás mecanismos de retención estudiantil.
Si se consideran en conjunto estos elementos —la exclusión temprana en la preparatoria, la baja eficiencia terminal en la universidad, el peso del origen familiar y la reducción en la inversión pública— emerge un patrón coherente: la educación en México ofrece acceso, pero no garantiza trayectoria ni resultados equivalentes. Funciona como una promesa de movilidad que se cumple de manera selectiva.
Por ello, el debate no debería limitarse a cuántos logran ingresar al sistema, sino a qué condiciones hacen posible que quienes entran puedan permanecer y concluir. Mientras el nivel educativo de los padres continúe siendo uno de los mejores predictores del destino académico de sus hijos, y mientras la probabilidad de titularse dependa en gran medida de los recursos disponibles fuera del aula, la educación no estará rompiendo el vínculo entre origen y destino. Estará, más bien, administrándolo.
Qué se puede hacer
Cuando la desigualdad se concentra en el acceso, la política pública debe intervenir en el acceso; cuando se manifiesta en la permanencia, la respuesta debe orientarse a sostener las trayectorias. En términos generales, las estrategias para hacerlo suelen agruparse en dos grandes tipos:
- Cuotas o metas de admisión (Muchas veces conocido como Ley de Cuotas, en las que el Estado interviene para reconfigurar quién llega a las aulas).
- Apoyos focalizados (económicos, de infraestructura o de vivienda).
En este marco, la discusión en México se puede concentrar en cuatro frentes que no necesariamente implican inventar nuevos programas, sino replantear cómo operan —y para quién— los existentes.
Primero, financiamiento verdaderamente progresivo y transparente. El problema no es solo que el presupuesto educativo sea insuficiente, sino que su distribución suele beneficiar a instituciones con mayor capacidad de gestión. Si las escuelas con mayores tasas de deserción reciben proporcionalmente menos recursos o apoyos inestables, el sistema reproduce las brechas que dice combatir. Priorizar a quienes más lo necesitan es una condición mínima para que el gasto público tenga sentido redistributivo.
Segundo, becas diseñadas para sostener trayectorias completas. Muchos apoyos funcionan como incentivo de entrada, pero con frecuencia la deserción ocurre a mitad del camino. Cuando el costo del transporte, los materiales, la alimentación o la conectividad se vuelve insostenible, el abandono no es una decisión académica, sino económica.
Tercero, mecanismos de admisión que reconozcan el contexto. En la práctica, ningún sistema es neutral. Las universidades públicas ya operan con reglas que favorecen ciertas trayectorias escolares sobre otras. Incorporar criterios que consideren el entorno socioeconómico o el tipo de escuela de procedencia no implica “bajar estándares”, sino reconocer que el desempeño académico está condicionado por oportunidades previas desiguales. Si el punto de partida no es el mismo, tratar a todos como si lo fuera solo consolida ventajas.
Y por último, inversión sostenida en educación inicial. La evidencia es consistente: las brechas se abren temprano y se amplían con el tiempo. Corregir desigualdades a los 18 años es mucho más costoso y menos efectivo que prevenirlas desde los primeros años. Universalizar servicios de calidad en la primera infancia no es un gasto apresurado, sino una política estructural de movilidad social.
Al final, la discusión no es solamente técnica, sino también política. Si México quiere hablar en serio de movilidad social, debe romper el vínculo entre origen y destino educativo. La diferencia entre titularse o abandonar, entre aspirar a un posgrado o quedarse a mitad del camino, rara vez es solo una competencia de talento. Es, sobre todo, una competencia de condiciones. La educación puede ser una escalera, pero mientras 4 de cada 10 jóvenes no logren terminar la preparatoria, y 8 de cada 10 jóvenes que entran a la universidad no consigan titularse, seguirá funcionando más como filtro que como puente.
Referencias
Organisation for Economic Co-operation and Development. (2025, September 9). Education at a Glance 2025: Mexico. OECD Publishing. https://www.oecd.org/en/publications/education-at-a-glance-2025_1a3543e2-en/mexico_3b36a6f6-en.html
Organisation for Economic Co-operation and Development. (2025). Education at a Glance 2025: OECD Indicators. OECD Publishing. https://www.oecd.org/en/publications/education-at-a-glance-2025_1c0d9c79-en/full-report.html
Las explosiones están dañando la imagen del Golfo como un centro seguro y próspero para viajes, turismo y finanzas, y perturbando el núcleo de la industria del petróleo y el gas.
Los países del Golfo se encuentran en primera línea en la nueva guerra en Medio Oriente y están furiosos.
Irán respondió a los ataques aéreos estadounidenses e israelíes disparando cientos de misiles y drones contra sus vecinos árabes, atacando bases militares estadounidenses en su territorio, pero también infraestructuras civiles y energéticas.
Con ello, está dañando la imagen del Golfo como un centro seguro y próspero para viajes, turismo y finanzas, y perturbando el núcleo de la industria del petróleo y el gas.
Esta es una guerra que los gobiernos árabes no querían y trataron de evitar. La pregunta es si se dejarán arrastrar a ella por lo que han llamado los “traicioneros” ataques iraníes.
“Ya se han cruzado todas las líneas rojas”, declaró el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar, Majed al Ansari, en una rueda de prensa el martes.
“Los ataques a nuestra soberanía son constantes”, declaró a los periodistas. “Hay ataques a la infraestructura. Hay ataques a nuestras zonas residenciales. Y las consecuencias de estos ataques son muy claras. En cuanto a posibles represalias, nuestros líderes tienen todas las opciones. Pero debemos dejar muy claro que ataques como estos no quedarán sin respuesta”.
La mayoría de los misiles iraníes están siendo interceptados en toda la región, pero la caída de escombros ha provocado incendios y ha causado la muerte de personas.
Los drones, que pueden atravesar las defensas aéreas con mayor facilidad, suelen causar daños mínimos, pero aun así siembran el caos, interrumpiendo el comercio y los viajes.
Esa parece ser la estrategia iraní: aumentar la presión sobre sus vecinos árabes para que pongan fin a la guerra.
Se cree que Irán ha disparado casi tantos drones y misiles contra los Emiratos Árabes Unidos, el principal centro comercial y turístico del Golfo, como Israel, según el diario británico Financial Times.
Irán puede convertir en arma la vital industria del petróleo y el gas de la región, e interrumpirla podría tener un impacto negativo en la economía mundial.
Eso también significa que la estrategia de Teherán podría ser contraproducente. Irán corre el riesgo de acercar a los países del Golfo a Washington, incluso animándolos a unirse al esfuerzo bélico de alguna forma.
Hasta ahora, se han negado a permitir que Estados Unidos use sus cielos y territorio para lanzar ataques contra Irán.
Eso podría cambiar. En algún momento, podrían decidir participar en operaciones militares.
Aún no han llegado a ese punto; por ahora, los árabes se centran en la defensa. Pero mucho depende de cuánto dure la guerra.
Algunos se muestran reacios a dar la impresión de estar del lado de Israel en el conflicto.
La mortífera y destructiva ofensiva de Israel en Gaza en respuesta a los ataques de Hamás de octubre de 2023, así como sus intervenciones militares en países como Líbano y Siria, han tensado cada vez más las relaciones con los árabes. Estaban furiosos cuando los israelíes bombardearon Qatar el año pasado en un intento de asesinar a los líderes de Hamás.
Lo que está claro es que los ataques de Irán han fortalecido la unidad entre los estados del Golfo.
Los seis miembros del Consejo de Cooperación del Golfo (Arabia Saudita, Kuwait, Qatar, Barhéin, Emiratos Árabes Unidos y Omán) se reunieron en sesión de emergencia el domingo para expresar su solidaridad y comprometerse a “tomar todas las medidas necesarias para defender su seguridad y estabilidad y proteger sus territorios, ciudadanos y residentes, incluyendo la opción de responder a la agresión”.
Un asesor diplomático de alto rango del presidente emiratí, Anwar Gargash, instó a Irán a entrar en razón.
“Suguerra no es contra sus vecinos”, escribió en una publicación en X. “Regresen a sus alrededores y traten a sus vecinos con razón y responsabilidad antes de que el círculo de aislamiento y escalada se amplíe”.
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