Cuando Hacienda compra la salud: el nuevo rostro de las compras consolidadas
El nuevo Reglamento de la Ley de Adquisiciones, publicado en diciembre de 2025, deja una señal inequívoca sobre hacia dónde camina la política de compras públicas en México.
Al ocupar de forma transversal la contratación de los insumos necesarios para atender el sistema de salud, nos deja claro que la salud dejó de ser un asunto sanitario para convertirse, formalmente, en un asunto hacendario.
Bajo el argumento de la eficiencia, el orden y el control del gasto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se consolida como el eje absoluto de las compras consolidadas de medicamentos e insumos médicos. No solo coordina, decide qué se compra, cómo se compra, cuándo se compra y bajo qué lógica se adjudica. Las instituciones de salud quedan reducidas a demandantes pasivos de decisiones tomadas lejos del quirófano, la farmacia hospitalaria o la sala de urgencias.
En el papel, el modelo promete mejores precios y procesos más ordenados. En la realidad, plantea un problema de fondo: la compra de insumos médicos se diseña desde una lógica presupuestal, no clínica. Los medicamentos dejan de ser tratamientos para convertirse en “claves”; los pacientes, en “volúmenes”, y el desabasto, en una contingencia administrativa más.
Hacienda puede diseñar procedimientos impecables, pero no administra hospitales. No enfrenta guardias sin antibióticos ni explica a una madre por qué no llegó el medicamento oncológico de su hijo. Sin embargo, es quien define las reglas del juego. El resultado es un sistema donde quien compra no opera, quien opera no decide y quien padece no cuenta.
La centralización extrema genera además un efecto perverso: la dilución de responsabilidades. Si la compra falla, la SHCP cumplió el procedimiento; la institución de salud alegará que no controló el proceso; el proveedor será señalado como incumplido. El paciente, como siempre, queda fuera del expediente y del discurso oficial.
El reglamento habla de eficiencia, de transparencia y de ahorro. Pero guarda silencio sobre continuidad terapéutica, logística hospitalaria o riesgo sanitario. No hay una sola mención explícita a la compra de medicamentos como infraestructura crítica del Estado, ni a su vínculo con la seguridad nacional o el derecho efectivo a la salud.
Y es importante realizar un incisivo análisis en las compras consolidadas del sistema de salud, debido que es la única opción real de abasto que -con un modelo centralizado- ha establecido el gobierno para obtener los insumos.
Las compras consolidadas desde su intento de llegada en el lejano 2000, han deambulado por los sexenios coloridos y siguen sin poder ser lo que quieren que sean, un modelo que tenga tres B (bueno, bonito y barato), olvidando la eficiencia, la eficacia, la transparencia y mejores condiciones para el Estado, cuando no hay mejor condición para el Estado que su población tenga justo a tiempo los insumos para sus terapias, operación y atención de enfermedades.
La experiencia reciente debería haber dejado una lección clara: comprar barato no equivale a comprar bien, y centralizar decisiones no garantiza abasto. Sin embargo, el nuevo modelo insiste en la misma apuesta, ahora con mejor redacción normativa.
El problema no es que Hacienda participe. El problema es que Hacienda gobierne la salud pública desde la contabilidad. Cuando la política de medicamentos se diseña como una hoja de Excel, el desabasto deja de ser una anomalía y se convierte en una consecuencia lógica del modelo.
México no necesita solo compras consolidadas mejor organizadas. Necesita reconocer que los medicamentos no son bienes genéricos y que su ausencia no es un fallo administrativo, sino una crisis de política pública.
Aquí una muestra de los 25 puntos neurálgicos del reglamento de la Ley de Adquisiciones que tanto esperábamos:
- Hacienda se consolida como el eje rector absoluto de las contrataciones consolidadas, desde la planeación hasta la ejecución (art. 19–23)
- Se formaliza el Comité de Contrataciones Estratégicas como órgano político-técnico que decide qué se consolida y cómo (art. 37–38)
- La responsabilidad de cada integrante del Comité se limita al sentido de su voto, diluyendo responsabilidades posteriores (art. 38)
- Se fortalece el papel de los Lineamientos de contratación específicos, que en la práctica sustituyen criterios homogéneos (art. 3)
- Las dependencias están obligadas a sujetarse a las compras consolidadas, salvo autorización expresa de Hacienda (art. 25)
- Se exige acreditación previa de suficiencia presupuestal, incluso antes de conocer precios finales (art. 21)
- Cada dependencia es responsable de pagar, penalizar y ejecutar garantías, aun cuando no diseñó el procedimiento (art. 21)
- Hacienda integra la demanda agregada, aunque reconoce que puede excluir información clasificada, afectando la planeación logística (art. 22)
- Los acuerdos marco se convierten en el mecanismo estrella para compras recurrentes (art. 29–36)
- Se permite la adhesión posterior de proveedores, alterando la competencia inicial (art. 32)
- La asignación se define por subasta de descuentos, priorizando precio sobre continuidad y calidad (art. 34)
- Proveedores pueden ser excluidos del acuerdo marco por rechazar órdenes, incluso por causas logísticas reales (art. 36)
- Se institucionaliza el diálogo estratégico como fase previa (art. 44)
- El diálogo no obliga a la autoridad a incorporar lo discutido en la licitación final (art. 44)
- La información confidencial queda a criterio del proveedor, pero sin mecanismos de protección real (art. 44)
- La investigación de mercado no es vinculante, incluso si detecta riesgos de desabasto (art. 45–47)
- Se obliga a usar datos históricos de la Plataforma, replicando errores pasados (art. 47)
- Se promueve la participación de Mipymes y sector social, pero sin garantizar capacidad logística real (art. 10)
- Se prevé agilizar pagos, pero sin sanción efectiva por incumplimiento institucional (art. 10)
- Anticipos hasta 50 %, pero con garantías al 100 %, excluyendo a muchos proveedores medianos (art. 13)
- Todo se canaliza a una Plataforma digital, sin resolver caídas, saturación o trazabilidad real (art. 6, 11)
- El OIC (órgano interno de control) participa como asesor, sin poder decisorio real (art. 38, 44)
- Los informes trimestrales no generan consecuencias automáticas (art. 43)
- El Reglamento no integra explícitamente la política de salud, solo la política de gasto (estructura general del texto)
- No existe una cláusula de seguridad nacional o desabasto crítico, pese al discurso público (ausencia normativa relevante)
El nuevo Reglamento llega con una promesa implícita: poner orden donde por años hubo improvisación. Sin embargo, basta leerlo con atención para notar que el orden es administrativo, no sanitario.
La lógica que domina el texto no es la del paciente ni la del hospital, ni siquiera la del abasto oportuno. Es la lógica de Hacienda, del control presupuestal y de la concentración de decisiones. El problema es que la salud no se administra como una oficina de suministros.
Compras consolidadas: centralización sin capacidad operativa
El Reglamento insiste en consolidar todo: demanda, negociación, reglas, tiempos. Pero la ausencia que consolida capacidades, ya muy obligado en el sistema de salud:
- No consolida información clínica real.
- No consolida logística.
- No consolida responsabilidad política.
Cuando una compra falla como el pasado mes de abril de 2025, lava la cara de los que la discrecionalidad hacen un deporte nacional, porque nadie falla:
- Hacienda diseñó.
- La dependencia pagó (sin estricta obligación).
- El proveedor incumplió.
- El paciente esperó.
Y el sistema siguió intacto.
En salud, el costo real no es el precio unitario, sino el desabasto, la interrupción de tratamientos y la pérdida de confianza institucional. Nada de eso aparece en la fórmula de adjudicación.
El futuro muy cercano de las compras consolidadas de insumos para la salud, con casi todas las reglas puestas en la mesa, nos espera:
- Nuevas compras consolidadas iguales a las anteriores, pero con mejor expediente.
- Persistencia del desabasto en claves críticas.
- Proveedores grandes cautelosos, medianos expulsados, pequeños sobre exigidos.
- Responsabilidades diluidas, críticas repetidas, pacientes invisibles.
Finalmente podemos seguir esperando un reglamento que en términos de seguridad nacional tendría que contemplar apartados especiales en el sistema de salud, ya que el modelo en exclusivo para su llegada a los hospitales son las compras consolidadas, y mientras esperamos, seguiremos ordenando expedientes… y desordenando hospitales.
* José Luis García Rodríguez es presidente de la Asociación Mexicana para la Distribución Institucional de la Salud, A. C. (@ASMEDISmx).
Washington decidió centrarse inicialmente en Venezuela a pesar de que México y Colombia tienen un rol mayor en el narcotráfico.
Todavía no había aterrizado Nicolás Maduro en EE.UU. tras su captura en Venezuela cuando Donald Trump advirtió que México y Colombia podrían ser lo siguientes objetivos en su cruzada contra las drogas.
De su vecino fronterizo dijo que “había que hacer algo” y de Gustavo Petro, el presidente colombiano, avisó que “mejor se cuide” tras acusarlo de fabricar cocaína y mandarla a su país.
Las advertencias no caerán en saco roto. El arresto de Maduro, al que EE.UU. acusó de narcoterrorismo y vínculos con guerrillas colombianas y cárteles mexicanos, entre otros cargos, muestra que esta administración no se queda solo en amenazas.
EE.UU. lanzó un vasto despliegue militar en el Caribe y alrededor de Venezuela desde agosto pasado para detener -según Washington- el tráfico de drogas procedente del país sudamericano, al que acusa de ser base del Cártel de los Soles, una supuesta “organización narcoterrorista” con implicación de las fuerzas armadas venezolanas y liderada por Maduro.
Militares estadounidenses llevan meses bombardeando presuntas embarcaciones narco en aguas sudamericanos con un saldo de al menos 110 muertos.
Analistas consultados por BBC Mundo refuerzan que Venezuela, sobre todo, sirve de trampolín de la cocaína que fundamentalmente se cultiva en Colombia.
Daniel Rico, economista de la Universidad Nacional, señala que hay mucho laboratorio de cocaína venezolano, aunque no tanto cultivo.
“Venezuela se volvió funcional para ampliar rutas internacionales de la droga sudamericana, fortaleciendo la salida desde el Caribe colombiano al anexar el Caribe venezolano”, dice Francisco Daza, coordinador de la línea de Paz Territorial y Derechos Humanos de la Fundación Pares en Colombia.
Los envíos se producen a mercados europeos, en mayor medida, y también norteamericanos.
México y Colombia son pieza clave en ese entramado global y grupos armados y cárteles de la droga son una amenaza a sus países y cualquier propósito de EE.UU. en la región.
Pero, ¿cómo se compara su rol en el narcotráfico con el de Venezuela? ¿Puede Trump realmente orquestar una operación similar como contra Maduro? ¿Esto va más allá de las drogas?
Las interrogantes se acumulan en un momento inédito en América Latina.
El caso colombiano
“Venezuela no es productor como tal, sino una suerte de cielos y puertos abiertos de la droga que se consolidó en los últimos 20 años”, describe Jorge Mantilla, doctor en criminología por la Universidad de Illinois en Chicago.
Mantilla apunta al entramado político, institucional y militar de Venezuela, así como la presencia de guerrillas colombianas en ese país, como habilitadores del fenómeno.
El Ejército de Liberación Nacional (ELN), surgido en los 60, es el principal actor armado en vastas zonas de la frontera colombo-venezolana.
Aquí controla rutas de la droga y tanto Daza como Mantilla cuentan que también está activo en diferentes estados venezolanos, donde se alió con integrantes corruptos de las fuerzas armadas bolivarianas.
Además del ELN, disidencias de las FARC (antiguas Fuerzas Armadas de Colombia) operan en la frontera y disputan su control. En los últimos años también se ha reportado la presencia del grupo conocido como Clan del Golfo, la mayor organización criminal de Colombia.
Todos confluyen en un corredor estratégico de la droga y otros negocios como la minería ilegal hacia un país, Venezuela, que parece jugar un rol secundario comparado al de México o Colombia en el narcotráfico mundial.
Ningún país produce más cocaína que Colombia ni nunca en la historia se había producido tanta cocaína en este país.
En 2024, la oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC) informó que la producción de cocaína se disparó un 53 % en 2023 hasta alcanzar un récord de 2 mil 600 toneladas.
Es un récord cimentado en constantes mejoras en la producción y distribución, como la aparición de hojas de coca súper productivas y narcoembarcaciones capaces de recorrer grandes distancias, incluso de forma autónoma y camuflada.
La mitad de toda la cocaína de Colombia se produce en tres enclaves que ocupan alrededor del 15 % del territorio de zonas cocaleras. Uno es el Catatumbo, en la frontera con Venezuela en el noreste colombiano, y los otros quedan en el sur: en Putumayo, Cauca y Nariño.
Casi toda la cocaína que se consume no solo en EE.UU., sino también en el resto del mundo, la producen -además de Colombia- Perú y Bolivia.
“La hoja de coca se procesa predominantemente en laboratorios en esas tres naciones para transformarla en el producto de consumo (principalmente clorhidrato de cocaína), o a veces en un producto intermedio, ya que algunas partes del proceso también pueden ocurrir en una etapa posterior de la cadena”, explica Antoine Vella, quien dirige la Sección de Datos, Analíticas y Estadística de UNODC.
De allí se dirige hacia diversos mercados, generalmente de manera indirecta, transitando por uno o varios países.
De las naciones productoras puede cruzar primero a las limítrofes, como Ecuador o Venezuela, y luego ser transportada con algún tipo de embarcación -en lanchas rápidas, botes pesqueros o semisumergibles– a la zona costera de Centroamérica o directamente hasta México, ya sea por el Pacífico o por el Caribe, para continuar por tierra hacia el norte.
Es en el Pacífico sudamericano por donde pasa la gran mayoría de cocaína que llega a EE.UU., según estimaciones de la Administración para el Control de Drogas (DEA).
Por allí transitó aproximadamente el 74% de los envíos dirigidos a EE.UU. en 2019, mientras el 16% lo hizo por el Caribe Occidental, recoge la Evaluación Nacional de las Amenazas de la Droga 2020.
BBC Mundo solicitó recientemente datos actualizados a la DEA, sin obtenerlos, aunque analistas consultados por este medio concuerdan en que los porcentajes seguirían vigentes.
Distintos grupos armados dominan las rutas de la cocaína en Colombia, como el Clan del Golfo, el ELN y distintas disidencias de las FARC.
Los dos primeros y las facciones FARC EP y Segunda Marquetalia son consideradas como organizaciones terroristas extranjeras por EE.UU.
México, fentanilo y acceso a EE.UU.
México y EE.UU. comparten más de 3 mil kilómetros de frontera.
Durante décadas, los cárteles mexicanos desarrollaron una sofisticada cadena de transporte y distribución de la cocaína que llega desde Sudamérica para introducirla en su mayoría en su vecino del norte.
Muchas veces ocurre por puertos oficiales de entrada.
Sin embargo, la mayor preocupación para Washington con respecto a México es la producción y distribución de sustancias sintéticas como mentanfetaminas y opioides como el fentanilo, la droga vinculada a una “epidemia de sobredosis” en EE.UU.
El fentanilo es el mayor causante de muertes por esa causa en EE.UU., aunque de 2023 a 2024 el índice cayó a su punto más bajo en cinco años.
Según la DEA, el Departamento de Justicia y el Servicio de Investigación del Congreso, el fentanilo ilícito se produce casi en su totalidad en México con precursores importados de países de Asia, incluida China, y tanto eso como su tráfico está controlado por carteles mexicanos.
Estos grupos, además, tienen un peso notorio en la formación y exportación de experiencia hacia otros países y mercados.
Se ha reportado presencia de “ingenieros agrónomos” mexicanos en Colombia, involucrados con la mejora de cepas de hoja de coca, así como la participación de cárteles como el de Sinaloa en redes europeas que dependen del apoyo logístico, experiencia y preparación de sus integrantes.
Es lo que se conoce como la exportación del “método mexicano”, tal y como describió recientemente a BBC Mundo Laurent Laniel, director de la oficina de Crimen, Precursores y Consumo de Drogas de la Agencia de Drogas de la Unión Europea (EUDA, por sus siglas en inglés).
El centro de pensamiento y medio de comunicación Insight Crime señala a las organizaciones criminales mexicanas como las más grandes, sofisticadas y violentas del hemisferio occidental.
Surgieron de la larga historia de contrabando y proximidad a EE.UU., la mayor economía mundial, y se convirtieron en una amenaza regional con redes que se extienden de Argentina a Canadá y Europa.
Por qué Trump priorizó Venezuela
Que Trump centrara la primera fase de su guerra contra el narcotráfico en Venezuela, jugando este país un rol menor en la producción y distribución de drogas que México o Colombia, alimenta la teoría de aquellos que defienden que el verdadero propósito del mandatario estadounidense era forzar un cambio político en Caracas.
Sus declaraciones de “controlar” el país hasta que se produzca una transición y su énfasis en que compañías participen del petróleo venezolano dan pistas de un propósito mayor que todavía no se comprende del todo.
El propio Marco Rubio, el secretario de Estado, lo decía así en una entrevista este domingo con NBC: “No se puede convertir a Venezuela en el centro de operaciones de Irán, de Rusia, de Hezbolá, de China y de agentes de inteligencia cubanos que controlan a ese país”.
“Hemos visto que adversarios nuestros de todo el mundo explotan y extraen recursos de África y de cualquier otro país. No van a hacerlo en el Hemisferio Occidental”, agregó Rubio.
México y Colombia quedaron avisados como los posibles próximos objetivos de Trump.
De Petro, el estadounidense reiteró este domingo que era “un hombre enfermo” e insinuó que no le quedaba mucho tiempo en el poder al decir que no fabricaría y vendería cocaína a EE.UU. “por mucho más tiempo”.
Colombia celebrará comicios presidenciales en mayo y Petro no puede presentarse a la reeleción. No quedó claro si Trump se refería a eso o a posibles acciones contra el país.
Washington sancionó a Petro a fines de octubre por presuntos vínculos con el narcotráfico, señalando que desde su llegada al poder la producción de cocaína había explotado a las cifras más altas en décadas.
BBC Mundo conoció que en sectores del seno de la política colombiana preocupa un incremento de las acciones marítimas estadounidenses próximas a Colombia y más sanciones contra el país.
Por el momento se muestran incrédulos de que algo similar a lo de Maduro pase con Petro, teniendo en cuenta la proximidad de elecciones.
Sobre México, aunque Trump se muestra más cordial con la presidenta Claudia Sheinbaum que con Petro, el mandatario se ha ofrecido a atacar directamente a los cárteles.
Esto parece ser una línea roja para Sheinbaum, quien apuesta por la colaboración con Washington frente a otro tipo de intervención.
La región permanece en vilo hacia los próximos pasos de Trump.
Tras lo ocurrido en Venezuela y sus amenazas a México, Colombia e incluso Cuba, tres países en las antípodas políticas del estadounidense, crece la inquietud de que esto puede tratarse de algo mucho más grande que el narcotráfico.
Con reportería adicional de Leire Ventas, corresponsal de BBC News Mundo en Los Ángeles y Alejandro Millán, desde Londres.
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