IMSS Bienestar: la bomba de tiempo que el gobierno no quiere desactivar
En México hay una verdad incómoda que no se puede ocultar: el sistema de salud está endeudado, y esa deuda está asfixiando al IMSS Bienestar hasta el punto de comprometer funciones básicas del Estado. No es exageración. No es metáfora. Es un riesgo de seguridad nacional del tamaño de una pandemia silenciosa.
Desde su nacimiento, los adeudos con proveedores se han acumulado como capas de óxido sobre un barco que sigue intentando flotar a pesar de estar lleno de agujeros. No hablamos aquí de simples retrasos administrativos; hablamos de un instituto que, por la propia normativa de adquisiciones, debería pagar cada 17 días hábiles; sin embargo, hasta la fecha arrastra pasivos con cifras ya incalculables y periodos de pago que rebasan los veinticuatro meses.
Un instituto que atiende a millones de personas no puede operar con este nivel de fragilidad sin que la salud, economía y gobernabilidad del país paguen el precio. Y, aquí estamos: frente a un IMSS Bienestar con el presupuesto colapsado, proveedores abandonados a su suerte en procesos de “conciliación” donde, “con la mano en la cintura” y un cinismo sistémico, funcionarios del instituto reconocen los impagos, mientras miles de pacientes pagan la factura del desorden financiero.
Lo más grave es que la crisis no es un accidente. Es consecuencia de decisiones políticas que privilegiaron la narrativa por encima de la operación, la centralización por encima de la capacidad y anuncios mediáticos por encima de la planeación técnica. Mientras el gobierno presume un modelo de “salud universal”, la realidad es que el IMSS Bienestar se ha convertido en un sistema paralizado por deudas que ya son impagables bajo el esquema actual.
Al tiempo que las finanzas del IMSS Bienestar se hunden, los servicios se han ido deteniendo como fichas de dominó: hemodiálisis, hospitalización, transporte, laboratorio, medicamentos, equipo médico, alimentos. Proveedores pequeños y grandes simplemente ya no pueden seguir financiando un sistema que no les paga.
La deuda pública terminó convirtiéndose en deuda privada: la cargan los proveedores, hospitales, pacientes y la cargan los trabajadores de la salud.
Muchos estados han enfrentado interrupciones que duran semanas o meses. Algunas empresas han cerrado, otras dejaron de surtir, otras exigen pagos por adelantado. La cadena de suministro se fisuró y hoy funciona con alfileres. Y cuando el sistema deja de abastecer, cuando un enfermo renal no recibe hemodiálisis, cuando un niño se queda sin su medicamento, la deuda deja de ser un asunto financiero y se convierte en un problema de derechos humanos, claramente plasmados en la Constitución.
Las banderas rojas están encendidas. Un IMSS Bienestar ahogado no puede cumplir su función. Y un sistema de salud que deja de atender, deja de ser sistema y se convierte en un riesgo de seguridad nacional.
Desconfianza, indignación, ingobernabilidad
Toda crisis sanitaria arrastra consecuencias sociales y políticas. La deuda del IMSS Bienestar no solo produce desabasto: produce desconfianza, indignación e ingobernabilidad.
Cuando las personas dejan de recibir servicios no culpan al proveedor: culpan al Estado. Y tienen razón. La interrupción de servicios ya está generando fenómenos visibles:
- Pérdida de confianza en las instituciones.
- Riesgo de protestas y conflictos sociales.
- Fragilidad económica y reducción de empleos en el sector salud.
- Migración del personal médico y de enfermería.
- Aumento del costo de las enfermedades por falta de atención oportuna.
- Crecimiento de la corrupción en compras y servicios.
Y cuando la corrupción toca los servicios esenciales, el resultado es claro: un sistema debilitado, incapaz de proteger a la población y mucho menos responder a emergencias sanitarias.
México ya vivió una pandemia con un sistema de salud debilitado. Y aun así no aprendió. Un país cuya cadena de suministro médico está colapsada no puede:
- Responder a una epidemia.
- Sostener esquemas de vacunación.
- Atender desastres naturales.
- Gestionar brotes regionales.
- Cooperar internacionalmente.
- Garantizar la continuidad operativa del propio Estado.
La deuda del IMSS Bienestar ya está afectando:
- La estabilidad sanitaria.
- La cohesión social.
- Los compromisos internacionales.
- La capacidad de contención ante emergencias.
La deuda del IMSS Bienestar no es un problema administrativo, sino una falla estructural que amenaza la salud, la economía y la gobernabilidad. Si no se corrige el rumbo, el sistema colapsará. La deuda no es con los proveedores, la deuda es del Estado mexicano con su población.
* José Luis García Rodríguez es presidente de la Asociación Mexicana para la Distribución Institucional de la Salud, A. C. (@ASMEDISmx).
El candidato del Partido Republicano se reunió esta semana en privado con el ministro de Seguridad de El Salvador. Ya antes ha reivindicado la fórmula del país centroamericano para combatir el crimen: “Necesitamos más Bukele y menos Boric”.
Sabiendo que la inseguridad es una de las principales preocupaciones de los chilenos, José Antonio Kast reivindica la fórmula para combatir la criminalidad más conocida del continente: el llamado “modelo Bukele”.
“Necesitamos más Bukele y menos Boric”, ha dicho el candidato del Partido Republicano, quien se juega la presidencia del país sudamericano en segunda vuelta el 14 de diciembre, en referencia a las políticas del mandatario de El Salvador frente a las de su homólogo chileno.
Tras una campaña plagada de mensajes como ese, en el balotaje del pasado 16 de noviembre Kast obtuvo el 24% de los votos y ahora pretende aglutinar el apoyo de los votantes de oposición para imponerse a la candidata oficialista, la comunista Jeannette Jara, quien obtuvo el 26%.
Ya el año pasado visitó el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel en El Salvador convertida en la piedra angular de las políticas de seguridad de Bukele, para conocer cómo funciona, pese a las denuncias de violaciones de derechos humanos que la envuelven.
Tras el recorrido, rechazó la posibilidad de enviar presos cárceles chilenas a cumplir su pena en prisiones salvadoreñas: “Él (el delincuente) entró a delinquir y aquí va a cumplir; una vez que cumpla, lo vamos a expulsar y jamás va a volver a entrar a nuestra patria”.
Y aunque no se reunió con el popular mandatario, mantuvo reuniones de trabajo con los ministros de Seguridad, Gustavo Villatoro, y de Defensa, René Merino.
En ese contexto, a nadie sorprendió que esta semana se volviera a juntar en privado con Villatoro, el hombre al frente de la llamada “guerra contra las pandillas” de Bukele, cuando este viajó a Chile para participar en un seminario sobre seguridad.
Ni que describiera la reunión como “más que positiva”.
“Nosotros hemos recibido de él muchos comentarios y observaciones sobre cosas que no son iguales, pero podrían también eventualmente aplicarse en Chile”, le dijo a los medios locales -sin querer ahondar en los detalles de la conversación- este abogado católico y conservador que ya contribuyó a transformar la derecha tradicional chilena.
Supervisor de la “guerra contra las pandillas”
Para cuando el 26 de marzo de 2021 Bukele nombró a Villatoro ministro de Justicia y Seguridad Pública, este veterano funcionario llevaba ya décadas de carrera en la esfera pública.
Fue director de Aduanas de 2004 a 2009 bajo la presidencia de Antonio Saca (Arena, derecha), cargo en el que repetiría bajo el mandato de Bukele en 2019.
A finales de julio de 2020, fue nombrado titular de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF). Y ese mismo año, con la promesa de reducir los homicidios y la extorsión, aspiró a convertirse en fiscal general del país, puesto con el que finalmente se hizo Raúl Melara.
Desde que asumiera la cartera de Seguridad hace más de cuatro años, Villatoro ha supervisado la llamada “guerra contra las pandillas” en El Salvador, con la que el gobierno del presidente Bukele ha logrado desarticular dichas organizaciones y reducir drásticamente los homicidios.
Sus críticos, así como organizaciones nacionales e internacionales, lo acusan de hacerlo a costa de convertir a El Salvador en uno de los países con la tasa de encarcelamiento más alta, con un régimen que coarta derechos constitucionales y enviando a cientos a prisión tras juicios masivos y sin respetar el debido proceso.
Esas políticas han llevado a la detención de más de 85.000 personas –según las cifras oficiales más recientes, de marzo de 2025– y a mantener al país bajo un régimen de excepción permanente desde que la Asamblea Legislativa, controlada por el partido oficialista, lo aprobara por primera vez en marzo de 2022.
“Mantener el régimen de excepción a la fecha es justamente por el mismo respeto y seriedad que hay que tenerle al fenómeno de las maras, porque no son una organización criminal cualquiera”, le dijo Villatoro al respecto en abril, cuando el periodista Roberto Valencia lo entrevistó para un reportaje en BBC Mundo.
“Esto es como que una religión negra y mantener el régimen va en el sentido de mantener siempre esa guerra permanente”, agregó.
—¿A corto o medio plazo no vislumbra razones para dejar de prorrogarlo?
— No, aunque es algo que analizamos día con día. Es cierto que se ha dicho que acabará cuando agarremos al último homeboy (pandillero) en territorio salvadoreño, pero como ministerio tenemos que estar preparados para cualquier decisión del presidente.
También se había mostrado tajante en su rechazo a las críticas sobre el Cecot en una entrevista anterior con la BBC.
“Tenemos con los salvadoreños el compromiso de que (los presos del Cecot) nunca volverán a las comunidades. Y vamos a asegurarnos de construir los casos necesarios (contra ellos) para garantizar que nunca regresen”, le dijo en mayo de 2023 al periodista Will Grant.
“Para nosotros, el Cecot representa el monumento más grande a la justicia que hemos construido jamás. No tenemos nada que ocultar”.
Visitas de aliados
Sea como fuere, los resultados en seguridad de su modelo han brindado a Bukele una popularidad sin precedentes para un presidente salvadoreño, lo que a su vez ha inspirado a gobiernos y políticos de todo el continente.
Y es Villatoro el que se ha encargado de reunirse con unos y otros, enarbolando siempre la bandera de la “mano dura” contra la criminalidad.
Así, el 9 de diciembre de 2023 se encontró con la ministra argentina de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, en Buenos Aires, y al día siguiente asistió en lugar de Bukele a la toma de posesión de Javier Milei como presidente.
A los seis meses, en junio de 2024, acompañó a Bullrich en un recorrido por el Cecot, similar al que le ofreció a la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, en marzo de este año.
Y al día siguiente escoltó por esos pasillos y frente a las mismas celdas al ministro de Justicia y Paz de Costa Rica, Gerald Campos Valverde.
El salvadoreño llegó a Santiago de Chile este lunes para participar en un seminario organizado por la Universidad San Sebastián sobre los desafíos actuales de los sistemas penitenciarios, viaje que aprovechó para reunirse en privado con el candidato presidencial Kast.
Durante la ponencia, volvió a repetir que El Salvador, en su día “capital de los homicidios”, se volvió bajo el mandato del actual presidente “el país más seguro del hemisferio”.
Desde 2015, el año más mortífero de su historia reciente (106,3 por cada 100.000 habitantes), la tasa de homicidios ha ido bajando año con año.
El año que Bukele llegó a la presidencia, 2019, la tasa era ya de 36 por cada 100.000 habitantes, en 2020, con el Plan Control Territorial ya en marcha, cayó a casi la mitad (19,7), y 2024 cerró con 1,9, según cifras oficiales.
Sobre la presencia del crimen organizado en Chile, durante el seminario el ministro planteó que cualquier país que busque enfrentar mafias o bandas debe “ordenar su sistema penitenciario para impedir que los delincuentes comunes se mezclen con quienes responden a una organización criminal”.
Y agregó que otra de las claves del éxito de su modelo es impedir que los líderes criminales sigan operando desde prisión, mientras defendió el apoyo de las Fuerzas Armadas en el combate contra la delincuencia.
En entrevistas con medios locales, volvió a hacer hincapié en los mismos puntos y mostró una vez más una defensa férrea de las políticas del gobierno salvadoreño frente a las críticas de organismos de derechos humanos.
“No tenemos empatía con terroristas. Les respetamos la vida y les damos comida, pero si las críticas vienen hacia nuestras cárceles de terroristas, no nos importa lo que digan”, le dijo a Radio Pauta.
“La democracia es hacer lo que el pueblo manda”, señaló, y destacó la alta popularidad sin precedentes para un mandatario que las encuestas le siguen otorgando a Bukele.
Con ello se hizo eco de las palabras del propio jefe de Estado, quien en un discurso en junio por motivo del primer año de su segundo mandato, dijo: “¿Saben qué? Me tiene sin cuidado que me llamen dictador. Prefiero que me llamen dictador a ver cómo matan a los salvadoreños en las calles”.
La seguridad, clave en campaña chilena
Kast se postuló inicialmente a la presidencia en 2017, cuando quedó cuarto con apenas 8% de apoyo.
Volvió a intentarlo en 2021, tras el estallido social, y ganó la primera vuelta, pero perdió el balotaje con 44% de votos ante el actual presidente de izquierda Gabriel Boric, quien obtuvo 56%.
Y aunque sufrió otra derrota electoral con el rechazo a la propuesta de reforma constitucional que impulsó en 2023, su paso al balotaje del 14 de diciembre muestra la vigencia de su movimiento político.
“Kast ha tratado de representar una derecha ‘nueva’, lo que yo llamo la derecha nacionalista populista”, le dijo a BBC Mundo Robert Funk, politólogo de la Universidad de Chile.
Y añadió que el candidato “ha tratado durante estos años de acercarse a otros modelos que hemos visto en distintas partes del mundo” como el presidente estadounidense Trump, el argentino Milei, el salvadoreño Bukele y el primer ministro húngaro, Viktor Orbán.
Esta vez, a diferencia de las dos campañas anteriores, Kast puso en el centro de su agenda conservadora la economía, la migración y la seguridad, las principales preocupaciones ciudadanas.
Casi dos de cada tres chilenos adultos (63%) señalan el crimen y la violencia como los temas que más les preocupan, de acuerdo a una encuesta de la firma Ipsos divulgada en octubre.
Se trata de un nivel inquietud mayor que en México (59%) o Colombia (45%), según el mismo estudio, pese a que las tasas de homicidios en estos países son más de cuatro veces superiores.
De hecho, Chile figura con el segundo mayor porcentaje de preocupación por el crimen y la violencia entre 30 naciones de distintos continentes incluidas en la encuesta, apenas tres puntos abajo de Perú, que también tiene mayores tasas de homicidios.
“Chile es un país que está extremadamente atemorizado”, dijo en entrevista con BBC Mundo Daniel Johnson, director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana, que evalúa políticas públicas en justicia y seguridad en este país
Y eso, los candidatos que se enfrentarán en las urnas el 14 de diciembre lo saben.
*Con el reporteo adicional de los periodistas de la BBC Gerardo Lissardy y Will Grant, y el colaborador Roberto Valencia.
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