Millones de solicitudes: la evolución del uso masivo del acceso a la información y el rol del INAI
El bloque de reformas constitucionales que permitieron la creación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la información y Datos Personales (INAI) como órgano autónomo y el Sistema Nacional de Transparencia en 2014, y que habilitaron que un año después, en 2015, se aprobara la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) tuvieron un impacto positivo (e inmediato) en el derecho de acceso a la información pública de todas las personas que habitamos México.
Pongamos las afirmaciones en datos. Según datos de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) compilados por pidala.info, el tiempo promedio por cada solicitud de información se redujo en los 23 estados donde hay datos para ese periodo. El cambio es especialmente notorio en los estados que tardaban más en contestar: en Hidalgo las solicitudes pasaron de tardar 70 días en promedio antes de la reforma a tardar 35 el año posterior a la misma; en Sonora la reducción del tiempo fue de 27 días, en Nayarit de 14 y en Durango de 9.5.
El objetivo de la creación del INAI y los Órganos Garantes de cada estado era tener una agencia nacional y 32 estatales que pudieran supervisar la acción de los gobiernos, poder legislativo, judicial, organismos autónomos, sindicatos y otras personas físicas y morales que reciben y ejercen recursos públicos. Además, son los responsables de garantizar los tiempos máximos de respuesta de las solicitudes establecidos por la LGTAIP.
Es vital para la transparencia que la ciudadanía pueda confiar en el proceso. Más allá de si las solicitudes se responden o no, también es importante saber cuándo se responde. Sin embargo, algunas solicitudes se pierden en el tiempo. Antes de 2015 estas pérdidas o descuidos eran habituales. 1460 solicitudes en los 23 estados de los que tenemos datos tardaron más de 1000 días en ser atendidas, cuando la mayoría de leyes estatales estipulaban un período de respuesta entre 10 y 15 días.
A partir de la aprobación de la LGTAIP (el 05 mayo de 2015) no hay ninguna solicitud que tarde más de 1000 días en ser contestada; si bien sigue incumpliendo la ley, es una mejora considerable. En 2019 se observa cómo hay de nuevo una reducción paulatina del tiempo máximo de respuesta de las solicitudes, lo cual indica que se sigue progresando en la materia, dentro de las prerrogativas del sistema aún vigente.
Es especialmente importante recordar que este análisis se puede realizar gracias a que la LGTAIP creó la PNT, repositorio virtual que concentra la información de los más de ocho mil sujetos obligados de toda la república. Para calcular estas métricas se han usado cortes de información del total de 9.1 millones de solicitudes de información realizadas en los últimos 22 años, recopiladas para la plataforma, y analizadas por el proyecto pidala.info. Este bien público mexicano es hoy por hoy único en el mundo y sirve de ejemplo para otros países.
La situación actual es que el Derecho de Acceso a la Información (DAI) se usa de forma masiva en México. En este sexenio se han realizado más de cinco millones de solicitudes de información a casi diez mil sujetos obligados. “Municipio”, “informe”, “datos”, “secretaria” y “servicios” son las cinco palabras más usadas en las preguntas de las solicitudes y muestran la transversalidad que abarca el sistema. Desde el lanzamiento de la PNT el número de solicitudes lleva años creciendo de forma sostenida.
A pesar de las mejoras y las buenas métricas, las personas usuarias habituales del sistema de transparencia y acceso a la información sabemos que necesita mejoras. Tal y como señala el Índice Global del Derecho a la Información, la LGTAIP falla a la hora de establecer incentivos para disuadir y controlar a las autoridades públicas que sistemáticamente no divulgan información o no cumplen sus obligaciones. En este sentido, es prioritario promover un sistema de sanciones que pueda actuar de oficio de manera ágil y precisa.
Además de esto, la lógica de la PNT ha quedado obsoleta. Se debe superar la idea actual de una plataforma que digitaliza y centraliza el proceso de realizar solicitudes, para convertirse en una herramienta que conecte de forma dinámica sujetos obligados y ciudadanos. Por ejemplo, es necesario crear mecanismos que permitan acceder directamente a la información a medida que esta se genere por las instituciones públicas, sin necesidad de pedirla una y otra vez. Esto podría ofrecerse al pedir información por primera vez en la página web de la PNT, a través de una API o dándose de alta a través de formatos como RSS.
En resumen, el acceso a la información es ya un bien público para los mexicanos, y los cimientos sobre los que están construidos el INAI y el SNT son sólidos. Lo que México necesita es que se sigan actualizando, no optar por derruirlos.
* Eduard Martín-Borregón es director ejecutivo de Abrimos.info y Alejandro Barón Gandarias es PhD Candidate en la Johns Hopkins University (SAIS).
Este es el cuarto destino con el que Venezuela rompe puentes aéreos después de los comicios presidenciales del pasado 28 de julio.
El gobierno de Venezuela suspendió los vuelos directos con Chile, un día después de que el presidente chileno, Gabriel Boric, acusara a su homólogo Nicolás Maduro de “robarse” las elecciones del pasado 28 de julio, en un discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).
El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela (INAC) emitió una notificación oficial el miércoles en la que anunció que “se suspenden las operaciones aerocomerciales de transporte de pasajeros desde y hacia la República de Chile”.
El comunicado no explica el motivo de la medida, pero la suspensión de los vuelos con Chile aumenta el nivel de la tensión diplomática que existe desde las celebración de las últimas elecciones en el país caribeño.
Por su parte, el gobierno de Chile lamentó la decisión de Venezuela de suspender los vuelos entre los dos países.
“Se trata de una decisión unilateral que vuelve a poner en una situación de vulnerabilidad a cerca de 800 mil venezolanos que residen en nuestro país. Es una acción injustificada y que lamentamos”, dijo un portavoz del ministerio chileno de Asuntos Exteriores en un breve mensaje.
En su discurso del miércoles ante la ONU, Gabriel Boric volvió a cuestionar los resultados de las elecciones presidenciales en Venezuela que dieron la victoria a Nicolás Maduro, sin que hasta ahora se hayan publicado las actas de las mesas de votación.
“Chile está especialmente atento frente a la crítica situación que vive Venezuela. Estamos frente a una dictadura que pretende robarse una elección, que persigue a sus opositores y que es indiferente al exilio no de miles, sino de millones de sus ciudadanos”, expresó el presidente chileno.
Añadió que la crisis política y económica en Venezuela ha expulsado del país a más de 7 millones de venezolanos, de los cuales unos 800.000 están en Chile.
“Por responsabilidad debo ser claro en este punto: Chile no está en condiciones de recibir más migración”, concluyó Boric.
Menor conectividad con el mundo
La suspensión indefinida de los vuelos con Chile entrará en vigor a partir de este fin de semana con la cancelación de la venta de pasajes para sus vuelos entre Caracas y Santiago.
Con esto, Venezuela reduce un 54% su conectividad con el mundo, según dijo la presidenta de la Asociación de Líneas Aéreas en Venezuela (ALAV), Marisela de Loaiza al sitio de noticias Efecto Cocuyo.
“De los 181 vuelos internacionales a la semana que había antes, quedaban 83, es decir, 98 menos, que equivalen a unos 15.000 asientos semanales que ya no están disponibles”, dijo al medio venezolano.
Venezuela venía recuperando tras la pandemia la conectividad con otros países después de que, desde 2014, bajaran las frecuencias semanales de vuelos internacionales.
Si en 2013 había unos 352 vuelos internacionales a la semana, en 2019 la cifra bajó a solo 100.
Esto se debió a que las aerolíneas se retiraron gradualmente del país por “la imposibilidad de repatriar los fondos a sus países de origen”, así como a “la caída del mercado”, según la Asociación de Líneas Aéreas en Venezuela (ALAV).
La medida que deja en tierra los vuelos a Chile se añade al cese temporal de las operaciones aéreas con Panamá, República Dominicana y Perú ordenado por Maduro en respuesta a las críticas de esos gobiernos al cuestionado resultado electoral que lo proclamó como presidente.
Esa orden, vigente desde el 31 de julio, fue explicada por la INAC -en un mensaje en la red social X- como un rechazo a “las acciones injerencistas de gobiernos de derecha, comprometidos abiertamente con los postulados ideológicos del fascismo internacional”.
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