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IPN: las razones de la inconformidad estudiantil
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IPN: las razones de la inconformidad estudiantil

¿Cuál es la causa de la inquietud de nuestros estudiantes? De la respuesta depende en buena medida la mejor solución al actual conflicto. Y la mejor respuesta no es solo el fin de las protestas; no, la mejor solución consiste en acordar las medidas para atacar juntos, en la medida de lo posible, las causas de esa incertidumbre. Los estudiantes del IPN quieren sentirse apoyados por la institución en donde se forman como profesionistas, no tratados como “desinformados”, manipulables y siempre equivocados.
01 de octubre, 2014
Por: Benjamín Méndez Bahena

En las manifestaciones de estudiantes y el cierre de planteles del Instituto Politécnico Nacional hay una mezcla de temas y actores. El 17 de septiembre pasado inició un paro en la Escuela Superior de Ingeniería Civil, plantel Zacatenco (ESIA-Z), motivado por la implantación de un nuevo Plan de Estudios en la carrera de Ingeniería Civil, aplicado a partir del 11 de agosto. Posteriormente, el 24 de septiembre inició un movimiento de protesta por la aprobación un día antes en el Consejo General Consultivo[1] de un nuevo Reglamento Interno. Esta protesta suspendió actividades en un número creciente de planteles, que para el lunes 30 de septiembre sumaban 34. En las líneas siguientes, se intenta examinar la postura y razones para asumirla de estudiantes, profesores, autoridades y sindicato.

Evidentemente el proceder autoritario disgusta a los estudiantes del IPN. Es insostenible decir que los manifestantes son externos o que los estudiantes del Politécnico son movidos por entes externos. Esa declaración, que insulta su inteligencia, puede causar aún mayor malestar. Asumir esa postura, implica concebirlos como seres manipulables, que carecen de motivos para movilizarse. Empero, aun considerando la posibilidad de que algún actor social actúe para manipularlos, la sola presencia de miles de estudiantes en las calles desmiente eso, pues evidentemente estos estudiantes, considerados aptos para ingresar al IPN al aprobar un proceso de selección, son capaces de pensar con cabeza propia.

Los estudiantes requieren ser tratados con respeto, dialogando con ellos, en vez de dirigirse a sus papás. Aún los más jóvenes, desean ser escuchados y que les expliquen a ellos, los cambios en los Planes de Estudios y en los Reglamentos. Pero también ansían tener directivos universitarios que acepten la posibilidad de estar equivocados y que en algún asunto la razón asista a los estudiantes.

En esta coyuntura, las autoridades del IPN y los profesores necesitamos encontrar respuesta a la siguiente pregunta: ¿cuál es la causa de la inquietud de nuestros estudiantes? De la respuesta depende en buena medida la mejor solución al actual conflicto. Y la mejor respuesta no es solo el fin de las protestas; no, la mejor solución, consiste en acordar las medidas para atacar juntos, en la medida de lo posible, las causas de esa incertidumbre. Los estudiantes quieren sentirse apoyados por la institución en donde se forman como profesionistas, no tratados como “desinformados”, manipulables y siempre equivocados.

Probablemente, la razón de fondo de las movilizaciones recientes en el IPN se ubica en el temor al desempleo. Los estudiantes de todos los niveles, y de todas las universidades, perciben que en nuestro país la oferta de empleo es insuficiente hace muchos años y saben que ellos al egresar enfrentarán este problema. Esto no es un asunto de buenos y malos egresados, en México existe hoy desempleo no solo para quienes ostentan un título de Licenciatura, sino aún con Doctorado. En realidad son pocas las profesiones cuyos egresados son absorbidos inmediatamente por el mercado y menos las que otorgan salarios capaces de despertar las ilusiones de vida de un joven profesional.

La insuficiente oferta de empleo se vincula, al menos, a dos fenómenos que hoy acontecen simultáneamente. El primero, se refiere a un aspecto de la dinámica demográfica actual de México, que consiste en la presencia del mayor número de jóvenes en edad escolar que haya existido antes. Es decir, la oferta educativa no se ha adaptado a la dinámica demográfica. Por un lugar en el bachillerato concursan centenares de miles. Pocos de ellos logran ingresar a la UNAM o al IPN. Contra su voluntad, miles ingresan a otros centros de estudio. Empero, hoy tenemos inconformidad entre aquellos que lograron ingresar al IPN; es decir, en un segmento de los que el sistema educativo califico como los mejores. Es preciso pensar en que ellos competirán contra miles por un puesto laboral; nosotros fuimos más afortunados.

[contextly_sidebar id=”nvyu38K2lv0FSxMuXFsZvJoMHxV6WE3k”]El segundo fenómeno relacionado con la escasez de empleo dimana del escaso crecimiento de la economía nacional desde hace varias décadas, que se traduce en pocas plazas laborales. Esta condición, reflejo de la forma en que México se insertó en la globalización, hace evidente el fracaso ¿o inexistencia? de la política industrial. Ante eso, el gobierno mexicano ha flexibilizado las condiciones de ingreso, permanencia y salida de los trabajadores al mercado laboral. Actualmente, muchas empresas no contratan, sino convocan a una interminable sucesión de “becarios” (profesionistas recién egresados), a quienes entregan un pago simbólico, pero no retienen. En otros casos, contratan por jornadas cortas, con cuyo salario un profesionista no puede plantearse la compra de un automóvil o una vivienda. Paralelamente, proliferan las prácticas profesionales realizadas por los estudiantes en empresas privadas, sin obtener salario. En el mediano plazo, este proceder perjudica también a las empresas, cuya competitividad se basa no en la innovación, sino en el pago de bajos salarios o el disfrute de mano de obra gratuita.

La escasa capacidad de absorción de las empresas se traduce en el crecimiento de las actividades del sector informal de la economía, que actualmente ocupa al 50% de la mano de obra nacional. Estos datos los conoce cualquier estudiante mexicano. Evidentemente, esta condición, no ocasionada por los estudiantes, provoca incertidumbre en ellos y en sus familias. Genera inconformidad y resentimiento hacia gobiernos incapaces de fomentar el empleo. Hoy muchos se preguntan si vale la pena obtener un título universitario, para ser desempleado. Otros, desesperados ante la falta de oportunidades, prefieren tomar el camino de la delincuencia.

En el caso de la ESIA Zacatenco, cuyas instalaciones fueron tomadas por los estudiantes desde el 17 de septiembre, es evidente que el nuevo plan de estudios de Ingeniería Civil no fue discutido suficientemente con la comunidad. Los inconformes poco a poco han logrado explicar algunas cosas, como la disminución de un semestre y la desaparición de asignaturas importantes en ese campo, como las de aeropuertos o ingeniería de tránsito, cuya pertinencia es innegable. La preocupación aquí reside en que se limita el espectro laboral del egresado.

En la ESIA también ha generado controversia el asunto de las salidas laterales para aquellos estudiantes que no culminen la carrera. La idea de otorgar títulos de profesional técnico, cumpliendo algunos requisitos a los estudiantes con carrera trunca tiene más de una década en el IPN. Su fundamento parece impecable: facilitar el acceso al mercado laboral con un documento que acredite las competencias adquiridas en el nivel superior, aunque éstas no completen el ciclo. Sin embargo, ante las condiciones descritas del mercado laboral, los estudiantes temen, con justa razón, que el reconocimiento formal de otro tipo de egresados precarizará aún más su acceso al empleo, pues algunas empresas preferirán un profesional técnico, a quien pueden pagar menor salario, al Ingeniero Civil titulado. Estos dos aspectos (la disminución de un semestre y las correspondientes asignaturas, así como las salidas laterales), ameritan una intensa discusión en la comunidad y la posibilidad de ser eliminados.

En cuanto al proceso de cambio del reglamento interno, es cierto que el periodo de consulta resultó muy corto y que el documento aprobado por el consejo general consultivo entre el martes 23 y la madrugada del miércoles 24 de septiembre no era de conocimiento general. Se publicó el lunes 29 de septiembre en el portal del Instituto. Algunos de sus artículos establecen importantes cambios, que probablemente afectan más a los grupos de poder en el instituto que a los estudiantes.

El artículo 47 del reglamento aprobado establece que “el alumno que adeude una o más unidades de aprendizaje por dos periodos escolares posteriores al que las cursó por primera ocasión, para avanzar en su trayectoria escolar, deberá solicitar el dictamen correspondiente ante la comisión de situación escolar quien resolverá lo conducente”.

“Artículo 97.- El alumno podrá acreditar las asignaturas o equivalentes del programa académico en el que esté inscrito mediante la presentación y aprobación de exámenes ordinarios, extraordinarios y a título de suficiencia, en los términos que disponga este reglamento y demás disposiciones aplicables.

Asimismo, se podrán acreditar asignaturas o equivalentes correspondientes a dos periodos escolares ulteriores mediante la aprobación de exámenes a título de suficiencia, en los términos que disponga la reglamentación aplicable.

Artículo 98. Ningún alumno podrá cursar asignaturas o equivalentes que correspondan a más de tres periodos escolares consecutivos y no podrá adeudar las correspondientes de más de dos periodos escolares previos al que curse”.

Sin embargo, no endurece demasiado la condición escolar.

En otro tema, el artículo 20 del reglamento aprobado con premura el martes 23 de septiembre dice “el ingreso como personal académico del instituto se llevará a cabo mediante convocatorias abiertas y concursos de oposición”. Esto representa una muy buena nueva en el IPN, donde los concursos de oposición por décadas han sido una caricatura, usada para legitimar una contratación previamente convenida, donde un único postulante es examinado y obviamente aprobado. Un verdadero concurso de oposición, cuya convocatoria es difundida previamente, que garantiza el otorgamiento de la plaza al candidato que presente los mejores méritos académicos (grado de doctor, miembro del SNI publicaciones, entre otros), con un sistema transparente para contabilizarlos, puede ser un instrumento para elevar significativamente la calidad del nuevo personal, eliminando las recomendaciones de directivos o del sindicato. Evidentemente, este procedimiento no es del agrado del SNTE (que es uno de los mayores males del IPN y del país), pues disminuiría su poder.

Por su parte, los artículos 115 y 116, que establecen los requisitos para ser Director y Subdirector Académico en los CECyT, planteles de nivel bachillerato conocidos popularmente como vocacionales. Para ser Director se requiere título de Maestría (con el Reglamento de 1998 tener licenciatura es suficiente). Para ser Subdirector Académico, tener estudios de posgrado; es decir, haber cursado al menos parcialmente una Maestría. Algo similar ocurre con los artículos 117 y 118, en donde cambian los requisitos para ser Director y Subdirector Académico en una escuela de nivel superior. Para ser Director se requiere un grado mínimo de Maestría y grado académico para aspirar a ser subdirector académico (no señala con precisión tener Maestría). Además, en todos los casos se elimina la obligatoriedad de ser egresado del IPN. Así, aunque los artículos transitorios permitan participar aún en el siguiente proceso, este Reglamento impide que en el mediano plazo sigan dirigiendo los planteles grupos endogámicos de profesores sin posgrado.

Estrechamente vinculado a lo anterior está la disposición de eliminar el requisito de tiempo completo (40 horas) para ser candidato a cargos de director y subdirector en unidades académicas (artículos 116-119). Ahora la fracción iii de estos artículos pide “tener la calidad de personal académico de al menos treinta horas, con nombramiento definitivo y categoría dictaminada de profesor asociado ´c´ o de profesor titular;”. Este cambio significa ampliar el número de posibles candidatos.

En cuanto a los decanos (profesores que dirigen los procesos de elección de ternas para Directores y Subdirectores o dirigen las escuelas en algunos casos), los artículos 106 al 109 limitan su permanencia, que actualmente persiste hasta su jubilación o fallecimiento. Sin embargo, hay un retroceso en el mecanismo de elección. Antes lo nombrada el Consejo Consultivo del plantel, ahora, una comisión del Consejo General Consultivo.

Un tercer aspecto se refiere a lo señalado en las fracciones IV y VI del artículo 56, en donde se establecen prohibiciones a los estudiantes. “iv utilizar para fines distintos a los académicos y sin autorización previa el nombre, escudo, lema e himno del instituto;” y “vi recurrir a cualquier forma de violencia en las instalaciones politécnicas o fuera de ellas usando el nombre, escudo, lema o cualquier otro signo distintivo de la institución”. En este aspecto, una pregunta clave es ¿a qué actores se dirige esta prohibición? Algunos han dicho en estos días que esa disposición limita las organizaciones estudiantiles, lo cual parece poco creíble, pues la existencia y actividades de estos agrupamientos no dependen de la aprobación de la autoridad; pero sí afecta a los grupos porriles, que aún mermados, existen en el IPN.

En suma, la combinación de exigir grados académicos más altos, no ser obligatoriamente egresado del IPN y poder concursar con un contrato de 30 horas, para Director o Subdirector en las escuelas, abre el abanico de aspirantes a esos cargos. Así, entre los grupos porriles, los dirigentes sindicales, los viejos grupos de profesores y algunos decanos, probablemente puede encontrarse actores dispuestos a torpedear el cambio en el Reglamento Interno.

Un tema adicional, se refiere al uso de espacios físicos por particulares en las unidades académicas. El artículo 122 fracción xvii faculta al Director de un plantel a Suscribir los instrumentos jurídicos para la utilización de los espacios físicos de la unidad académica por particulares, previa autorización de la autoridad competente…”. Por su parte, el artículo 224 indica que el Institutopodrá otorgar en los términos, condiciones y requisitos que fijen las disposiciones aplicables, permisos administrativos temporales revocables a particulares para la prestación de servicios, mediante el uso, aprovechamiento o explotación temporal de espacios físicos”. Este asunto abre un conjunto de interrogantes. ¿Incluye desde un puesto de café, al uso de laboratorios? ¿Quién regulará esto? Desde hace mucho tiempo algunas instalaciones se usan sin autorización para realizar pruebas de laboratorio encargadas por particulares, sin que ingresen recursos al plantel. Es posible programar horarios para realizar pruebas externas, sin afectar la prioridad de las actividades académicas y de investigación, ya que esto representa una opción de ingresos adicionales para ampliar y renovar equipamiento, financiar investigación, publicaciones o asistencia a congresos. Esto sucede en el mundo en muchas universidades. Sin embargo, debe hacerse con transparencia.

Obviamente, la reacción de la comunidad obliga a una nueva y muy amplia discusión del Reglamento Interno. Plantarse en que difundirlo es suficiente, es un error. El nuevo proceso debe ser abierto, atendiendo solo los asuntos que sean cuestionados.

Finalmente, es preciso señalar que muchos de los problemas en el IPN (muchos no mencionados aquí) y sus manifestaciones, tienen en común la ausencia de autonomía en esta universidad y la urgente necesidad de tenerla.

 

* Benjamín Méndez Bahena es Profesor-Investigador del Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales (CIECAS) del Instituto Politécnico Nacional (IPN) bmendezb@hotmail.com bmendez@ipn.mx.

 

 

[1] Órgano similar a un Consejo Universitario, aunque con menores funciones.

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