La semana pasada, el Senado de la República aprobó una reforma a la Ley de Amparo presentada por el senador Ricardo Monreal. Particularmente, se modifican aspectos relativos a la figura conocida como “la suspensión del acto reclamado”. Estas líneas pretenden explicar de manera sencilla a la ciudadanía cuáles son los cambios y las implicaciones de esta reforma. Si consideras que este tema no tiene relevancia alguna y que no tiene ninguna implicación en tu vida, déjeme decirte que esto no es así, pues dicha reforma nos afecta a todos. Si te interesa saber qué es lo que se propone y por qué debe preocuparte e interesarle a toda la ciudadanía, te sugiero e invito leer y quedarte hasta el final. Prometo utilizar un lenguaje amigable no abogadil.

Para entender el alcance de esta modificación es importante responder algunas preguntas claves que, como nociones mínimas, todo ciudadano debe conocer para entender la trascendencia de la propuesta. La primera interrogante es la siguiente: ¿Qué es el juicio de amparo? Es un juicio con el que contamos todos los ciudadanos para defendernos y protegernos de las arbitrariedades que pudieran cometer las autoridades contra nuestros derechos. Procede contra tres supuestos: 1) actos u 2) omisiones de autoridad, así como 3) normas generales que emitan tanto el Congreso de la Unión como los congresos locales. Veamos algunos casos. En ellos explicaré cómo funciona y por qué es importante la figura de la suspensión del acto reclamado.

Es importante saber que la suspensión y la sentencia de amparo no son lo mismo. En la primera resolución donde se otorga la suspensión solo consiste en eso, en determinar si se le otorga o no la suspensión al ciudadano para protegerlo preliminarmente del acto arbitrario de autoridad y evitar que continúe la violación de un derecho. Por otro lado, al finalizar el juicio, el juez dictará una sentencia en la que concederá o no el amparo. Conceder el amparo significa que el juez resolvió que la autoridad actuó mal porque no respetó la Constitución o las leyes, lo cual se traduce en que se vulneró algún derecho humano. Veamos unos ejemplos y casos en concreto para entender a cabalidad la reforma.

Acto de autoridad

Así, en la demanda, tienes que solicitar la suspensión del acto reclamado, el cual, en este caso, es el acto consistente en la demolición de tu casa, por lo que de manera preliminar hay una apariencia de que se está vulnerando tu derecho de propiedad. Así, el juez tiene que analizar diversas circunstancias y, si lo considera, ordenará al gobierno que suspenda los actos tendientes a demoler tu casa, por lo que la autoridad tendrá que sacar de tu propiedad todas las maquinarias que estaban a punto de destrozarla. No podrán tocar este derecho hasta que se dicte sentencia, lo cual puede durar unos meses. Incluso, la autoridad está obligada a respetar esa decisión del juez, pues si decide ejecutar su acto y demoler tu casa, estaría incurriendo en un delito por no cumplir con una suspensión de un juez federal. Como puedes ver, la suspensión consiste en detener o paralizar el acto de la autoridad mientras se concluye el juicio de amparo. La suspensión es tan importante para la protección de nuestros derechos porque permiten protegernos de las arbitrariedades en lo que se resuelve el juicio de amparo.

Otro caso puede ser el de Juan que fue detenido por la policía mientras caminaba tranquilamente por la calle. La razón de su detención es que se veía sospechoso. La policía se percata de que Juan no es mexicano, por lo que decide llamar a la autoridad migratoria. Ante la falta de documentos que acrediten la permanencia legal de Juan en México, la institución migratoria decide deportarlo inmediatamente a su país de origen. ¿Puede Juan hacer algo al respecto? Desde luego que sí, el juicio de amparo es el medio legal idóneo para proteger sus derechos ante la deportación de la que es sujeto. Así, una vez recibida la demanda de amparo, el juez de distrito tiene que emitir una resolución inmediata en la que conceda la suspensión. Los efectos de esta resolución suspensiva consisten en ordenarle inmediatamente a la autoridad migratoria que no deporte a Juan en lo que se termina de resolver ese juicio de amparo. Así, ya será hasta la sentencia cuando el juez decida si la actuación de la autoridad migratoria es correcta o no, es decir, si es constitucional y conforme a las leyes mexicanas.

Amparo contra normas generales

Como vimos al inicio, el juicio de amparo también procede contra normas generales. ¿Qué es una norma general? Las normas generales son, en esencia, los artículos de cualquier ley, código, reglamento, constitución de algún Estado de la República, de una Norma Oficial Mexicana o cualquier disposición de observancia general.

Ejemplo de ello es el caso en donde Roberto, padre de familia y derechohabiente del IMSS, llevó a su hijo a una de las guarderías de dicha institución para que lo cuidaran mientras él se iba a su jornada laboral. Al llegar, la persona que lo atendió le comentó a Roberto que no podía recibir a su hijo porque la ley del IMSS establece que solamente las mujeres tienen el derecho de seguridad social de las guarderías, pero no los hombres, por lo que Roberto no pudo dejar a su hijo en la guardería. Inconforme con ello, Roberto promovió un juicio de amparo en contra de los dos artículos de esa ley (norma general) que impedía a los hombres gozar de ese derecho de seguridad social consistente en las guarderías del IMSS. El caso llegó a la Suprema Corte y la Segunda Sala declaró inconstitucionales tales artículos al considerar que discriminaron a Roberto. 2 Esto es así porque violan el principio de igualdad entre el hombre y la mujer que reconoce el artículo 4° de la Constitución. 3

Como puede verse, el legislador, al crear leyes o proponer reformas, puede violar derechos humanos. Así, la sentencia de un amparo contra normas generales consiste en que un juez de distrito o la Suprema Corte declaren que uno o diversos artículos de una ley son inconstitucionales por vulnerar derechos humanos. Declarar su inconstitucionalidad significa en la práctica que esos artículos ya no podrán aplicarse nunca más, pero única y exclusivamente a la persona que promovió el juicio de amparo. Entendiendo lo anterior, es aquí donde empezamos a entrar en materia con la propuesta de reforma de MORENA a la Ley de Amparo.

¿Cómo funciona la suspensión en el amparo contra normas generales? Como puede verse, en este tipo de amparo lo que esencialmente se reclama es una ley, por lo que la suspensión busca es que no se aplique dicha ley al ciudadano en lo que se resuelve el juicio. A manera de ejemplo tenemos los amparos contra la Ley General para el Control de Tabaco y su Reglamento. Como sabes, esas normas generales establecen que los lugares de consumo de alimentos y bebidas deben tener una zona exclusiva para fumadores que debe ubicarse en espacios al aire libre (sin techo, paredes o muros), los cuales no deberán ser mayores del 10% del establecimiento. Asimismo, prohíben que en ese espacio para fumadores se preste cualquier servicio de consumo de alimentos y bebidas.

Fabiola es dueña de un bar en el que se permite consumir tabaco en un cuarto exclusivo para fumadores. Ella considera que la ley antitabaco y su reglamento afectan su negocio en donde las personas que acuden consumen tabaco y no podrán hacerlo. Así, para combatir esas normas generales, tendrá que promover un juicio de amparo y pedirle al juez de distrito que conozca de su asunto para que, en primer lugar, suspenda la aplicación de dichas normas y que, en un segundo momento, dicte sentencia en la que los declare inconstitucionales al vulnerar diversos derechos, tales como la libre competencia y concurrencia, libertad de trabajo y libre desarrollo de la personalidad.

En ese sentido, si el juez considera que debe conceder la suspensión a Fabiola, el efecto de esa suspensión consistirá en que la ley antitabaco no se aplique a ella y a su negocio durante los meses que dure el juicio de amparo y hasta que se dicte sentencia. Esto quiere decir que su bar podrá operar como antes. Esa es, precisamente, la importancia de la suspensión en el juicio de amparo.

Ahora, es importante tener presente que en el juicio de amparo existe un principio conocido como el “principio de relatividad de las sentencias”, el cual implica que la sentencia de amparo solamente protege a la persona que promovió ese juicio. Lo mismo ocurre con las suspensiones, es decir, que en el caso de Fabiola y su negocio, si el juez decide concederle la suspensión y posteriormente el amparo, esto significa que la ley antitabaco y su reglamento ya no podrá aplicársele a Fabiola; sin embargo, al resto de dueños de bares, antros y restaurantes tendrán que cumplir la ley, salvo que se lleguen a amparar. A esto se le llama que la suspensión no puede tener “efectos generales”.

Lo mismo ocurre en el caso de Roberto y las guarderías del IMSS. Una vez que ya ganó su amparo, no se le aplicará esa legislación a él en el futuro, por lo que podrá gozar de las guarderías y llevar ahí a su hijo. No obstante, otros padres de familia no podrán gozar de ese derecho en virtud de que la ley sigue siendo aplicable para ellos porque no han promovido su amparo.

Este principio de relatividad ha sido la regla general tajante en la mayoría de los juicios de amparo; no obstante, en 2011 surgieron dos reformas constitucionales importantísimas. Una en materia de derechos humanos y otra que transformó por completo el juicio de amparo. Así, conforme a aquellas reformas, la Suprema Corte ha interpretado que existen ciertos derechos de naturaleza colectiva (como lo son el derecho a la educación, al medio ambiente sano o la salud) en los que debe modularse el “principio de relatividad”, toda vez que ese tipo de derechos colectivos tienden a beneficiar, como su nombre lo dice, a la colectividad y no solo a una persona en particular.

No obstante, la regla general en la práctica es que las suspensiones no suelen tener efectos generales. De hecho, son contados los casos en los que esto ha ocurrido. Tal es el caso de los amparos relativos al sector eléctrico (Ley de la Industria Eléctrica impulsada por el presidente de la República) en donde se involucraban el derecho al medio ambiente sano, así como los de libre competencia y concurrencia. Esto es lo que al gobierno en turno le ha molestado, por lo que la reforma del senador Monreal pretende añadir un párrafo al artículo 148 de la Ley de Amparo que sostiene que no podrán concederse suspensiones con efectos generales. Asimismo, se elimina el último párrafo de artículo 129, lo que implica que los jueces, bajo ninguna circunstancia, podrán conceder la suspensión en los supuestos expresos que el legislador considere. Es decir, le quita al juez su facultad de analizar el caso, argumentar y defender provisionalmente un derecho al ordenar que la autoridad paralice su actuación.

Las reformas de 2011 en materia de derechos humanos y amparo fueron en beneficio del país y de la ciudadanía, pues -como ya se dijo- abren la puerta para que todos podamos, ya sea en lo individual o colectivo, acudir al juicio de amparo cuando consideremos que la autoridad transgrede nuestros derechos. Esas reformas son una apertura a las puertas de la justicia para protegernos de las arbitrariedades que pudieran cometer las autoridades, sobre todo en derechos de naturaleza colectiva como lo son la salud, la educación y el medio ambiente.

Asimismo, la reforma de derechos humanos indica y obliga a todas las autoridades, incluidas desde luego el Poder Legislativo, que toda reforma a cualquier ley debe ser progresiva, lo que quiere decir que no deben restringirse derechos, sino aumentarse para beneficio de la población. Sin embargo, la reforma de MORENA no es progresiva, sino regresiva, pues pretende, por un lado, eliminar que los jueces puedan analizar y argumentar el poder concedernos una suspensión, y por otro, que cuando el amparo sea contra una norma general, la suspensión no pueda tener efectos generales.

Esto es peligroso y regresivo de nuestros derechos, pues en caso de querer promover un amparo contra una norma general por considerar que ésta vulnera algún derecho humano colectivo como lo son la salud, ambiente, educación u otros, el juez ya no podría conceder la suspensión.

El juicio de amparo es perfectible. Tiene muchísimas áreas de oportunidad. Por eso, las propuestas de reforma por parte del Legislativo deben ser garantistas y progresivas, no regresivas y autoritarias para cerrarnos las puertas la justicia y la protección de nuestros derechos fundamentales.

* Óscar Leonardo Ríos García es abogado constitucionalista. Ha laborado en juzgados y tribunales federales, así como en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

1 Lo que los abogados decimos como: “el juicio ya no tiene materia”.

2 Amparo en revisión 59/2016 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

3 Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.