Sembrando el cambio ¿en el papel? El reto de materializar el trabajo justo en el campo
En enero del 2025 se realizaron reformas significativas al capítulo de Personas Trabajadoras del Campo de la Ley Federal de Trabajo, con el objetivo de garantizar condiciones laborales justas para este sector. Se trató de un logro histórico con potencial de beneficiar a un sector históricamente precarizado, en particular a las trabajadoras agrícolas.
No obstante, a casi dos años del acierto legislativo, vale la pena preguntarnos: ¿cómo se han materializado estas disposiciones en acciones concretas que se traduzcan en mejores condiciones de vida para la trabajadoras? ¿Qué ha cambiado? ¿Las trabajadoras viven mejor?
Pese a que la ley ahora reconoce a las trabajadoras agrícolas como pilares de la economía y la seguridad alimentaria de México, su vida cotidiana sigue marcada por la precariedad y la violación sistemática de sus derechos humanos laborales.
Por eso, la legislación por sí sola no basta y es fundamental poner el foco en ellas, las mujeres que, a pesar de su contribución significativa al sector agrícola, siguen enfrentando barreras estructurales que vulneran su bienestar.
El contrato invisible y la falsa promesa
Uno de los problemas más apremiantes es la deficiencia grave en la contratación. La LFT establece la obligación de contar con contratos escritos (Artículo 282). Sin embargo, en la práctica, la ausencia de contratos laborales escritos es la norma, no la excepción. Cerca del 90 % de las trabajadoras no tiene un contrato formal y depende de acuerdos verbales que solo garantizan el pago y la jornada, pero violan sistemáticamente derechos básicos como la seguridad social, las vacaciones o el aguinaldo.
Esta informalidad es la puerta de entrada a la desprotección total. Aunque la seguridad social es un derecho (Art. 279 LFT), el 86.6 % de las trabajadoras agrícolas carece de ella. Las empresas, en lugar de afiliarlas formalmente, optan por una práctica ambigua que raya en la ilegal, otorgar “pases” u “órdenes” (que solo deberían otorgarse de manera extraordinaria) para la atención médica eventual en el IMSS. Esta práctica crea una falsa sensación de aseguramiento y, en los hechos, funciona como una simulación e incluso como una forma de corrupción, ya que no genera derechos para otros seguros del IMSS ni las cotizaciones esenciales para una pensión a largo plazo. Es decir, trabajan toda una vida sin red de protección.
Para las mujeres, la lucha además es doble. Por un lado, enfrentan una discriminación constante que se refleja en la distribución diferenciada de tareas. A ellas se les asignan tareas “feminizadas” y con menor remuneración, bajo el argumento de su “delicadeza”. Esto se traduce directamente en sus bolsillos: en promedio, el pago del jornal para hombres es de 228 pesos, mientras que el de las mujeres es de 201 pesos (esto puede variar dependiendo de la región y tipo de producto).
A esto se suma que la violencia de género y el acoso laboral y sexual son problemáticas recurrentes y generalizadas en sus lugares de trabajo. Por miedo a represalias (que van desde la asignación de tareas más pesadas hasta despidos injustificados), muchas trabajadoras optan por no denunciar.
Por si fuera poco, la sobrecarga de trabajos de cuidados no remunerados profundiza su vulnerabilidad. La falta de servicios de guardería adecuados es alarmante. El servicio de Guarderías de Campo del IMSS, que debería ser un apoyo vital, se redujo en un 50 % entre 2012 y 2024. Los horarios disponibles (de apertura a las 7 u 8 de la mañana) no se adaptan a las jornadas agrícolas que inician a las 5. Esta falta de infraestructura obliga a muchas mujeres a dejar sus trabajos o a cargar con una doble jornada extenuante, perpetuando ciclos de pobreza.
La ausencia del Estado en la vigilancia laboral
Pero si ya existe una ley que protege sus derechos, ¿por qué persisten estas violaciones sistemáticas? Parte de la respuesta está en la vigilancia insuficiente de las condiciones laborales. El cumplimiento efectivo es débil debido a la ambigüedad de la ley respecto a las responsabilidades federales y locales en la materia, lo que ocasiones descoordinación entre autoridades y, en última instancia, un vacío en la vigilancia de estas obligaciones.
A esto se suma la reducción constante de recursos destinados a la vigilancia laboral. El presupuesto de la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo (DGIFT) se ha reducido significativamente, cayendo un 54.3 % en términos reales entre 2015 y 2024. Con solo 660 inspectores federales para más de 456,000 centros de trabajo a nivel nacional, es prácticamente imposible garantizar revisiones periódicas. Las inspecciones son escasas y las sanciones resultan ínfimas frente a la magnitud del incumplimiento.
De hecho, la baja cultura de denuncia, causada por el desconocimiento y la desconfianza en las autoridades, agrava el círculo vicioso: las violaciones se normalizan, permanecen invisibles y rara vez llegan a una instancia que las corrija.
Sembrar el cambio, una tarea urgente
La agenda para un trabajo justo está trazada, pero requiere acción contundente y coordinada de las dependencias federales y locales. No basta con que la ley exista en el papel: es urgente fortalecer la inspección con perspectiva de género, asegurar la afiliación real al IMSS, erradicar la práctica simulada de los “pases” de salud y ampliar y adaptar los servicios de guardería a los ciclos agrícolas y a las jornadas de trabajo reales.
Nuestras trabajadoras agrícolas, con su valentía y compromiso, merecen el fruto de su trabajo condiciones de trabajo justo, no la precariedad. Sembrar el cambio no es solo una opción, es una responsabilidad estructural para honrar las manos que alimentan a México.
* Néstor Genis (@GenisNestor) es coordinador de Inclusión y Desarrollo Sostenible en Ethos Innovación en Políticas Públicas (@EthosInnovacion).
La sentencia contra la médica ha sido criticada por organismos como la CIDH, que la consideran una prueba de la intención de las autoridades de silenciar las voces críticas.
30 años de cárcel. La pena máxima de cárcel que la legislación venezolana reserva para delitos como homicidio, secuestro y violación le fue impuesta a Marggie Xiomara Orozco Tapias, una médica de 65 años.
Sin embargo, la profesional de la salud no mató ni secuestró a nadie. Su delito fue que, en medio del fragor de la campaña para las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, envió un mensaje de audio por WhatsApp a un grupo de vecinos de la localidad de San Juan de Colón, en el estado andino de Táchira (fronterizo con Colombia), en el que llamaba a votar en contra de Nicolás Maduro y lo responsabilizaba de la crisis económica que atraviesa el país.
Ocho días después de los comicios, que según el Consejo Nacional Electoral (CNE) ganó Maduro aunque hasta ahora no ha presentado pruebas que respalden dicha declaración, la policía arrestó a Orozco.
“Unos policías llegaron en la noche del 5 de agosto a la casa y le dijeron a mi mamá: ‘Acompáñenos’. Ella no quería ir, pero los policías le dijeron que no estaba detenida, sino que la querían entrevistar y por eso los acompañó. Pasamos tres días sin saber de ella”, le contó a BBC Mundo el hijo de la doctora, Paul Ruiz.
La grabación de la doctora llegó a manos de unos simpatizantes del gobierno, quienes la denunciaron ante la Fiscalía tras amenazarla con retirarle beneficios como la caja de alimentos o la bombona de gas para cocinar subsidiados.
El caso de Orozco es el último de una serie de procesos judiciales contra ciudadanos que ejercieron su derecho a la libertad de expresión a través de las redes sociales. Un derecho que las autoridades venezolanas advierten que “no es absoluto”.
La excusa para la invasión
“Esos llamamientos ponen en riesgo la paz de Venezuela y son la razón por la cual el gobierno de Estados Unidos nos quiere invadir”.
Esto habría dicho la jueza Luz Dary Moreno Acosta al condenar, el pasado 16 de noviembre, a Orozco por la comisión de los delitos de traición a la patria, conspiración e incitación al odio, relató el hijo de la médica.
¿Pero qué dijo la doctora para ser condenada a la pena máxima? “Ella le pidió a la comunidad que saliera a votar (contra Maduro) y (que los vecinos) dejaran la sinvergüenzura de apoyar al gobierno, mientras sus hijos están fuera trabajando y el país se está cayendo a pedazos”, narró Ruiz.
El hijo de la doctora admitió que el mensaje era “subido de tono” , pero negó que su madre cometiera un delito.
“Ella no salió a las calles a tirar piedras o quemar cauchos (neumáticos). Ni tampoco pidió una invasión extranjera”, aseguró.
En las últimas semanas, EE.UU. ha reunido en las aguas del Caribe una flota de naves de guerra -entre las que está su portaaviones más moderno y grande, el USS Gerald R. Ford-, con el propósito declarado de combatir el narcotráfico.
Sin embargo, desde Caracas sostienen que este despliegue militar en realidad persigue “un cambio de régimen” en Venezuela.
“Así como usted sufre, las personas que están en el Gobierno también sufren”, le dijo la jueza a Orozco, de acuerdo con el relato del hijo, quien dijo que obtuvo los detalles de unos abogados que estuvieron presentes cuando la titular del Tribunal 4 de Juicio de Táchira leyó su veredicto.
Aunque el fallo no ha sido publicado, desde la Fiscalía venezolana confirmaron a BBC Mundo que se produjo, pero rechazaron las peticiones para que hicieran comentarios sobre el mismo.
Ni siquiera el hecho de que Orozco sufriera un infarto durante el año que ha permanecido detenida sirvió de atenuante para la justicia.
En marzo pasado, la jueza Moreno rechazó permitirle a la doctora seguir el juicio en libertad condicional, por considerar que “existe peligro de fuga” y porque “pudiera influir en los testigos para que informen falsamente al tribunal, y ponga en peligro la verdad de los hechos y la realización de la justicia”.
El dictamen se produjo semanas después de que el ministro del Interior, Diosdado Cabello, advirtiera que “buscarían” a todo aquel que respaldara una invasión.
“Si alguien decide pedir invasiones contra nuestro país, inmediatamente está asumiendo que se autoexcluye de sus obligaciones como venezolano, y el Estado se reserva las acciones que tenga a bien ejercer”, alertó semanas atrás.
Cuidado con lo que dices
Otras personas que escucharon el audio de Orozco aseguraron a BBC Mundo que “era una grabación de 17 minutos bastante agresiva en algunas partes”. Esto, explicaría porque a la doctora le aplicaron el artículo 20 de la polémica Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, según los registros judiciales.
“Quien públicamente o mediante cualquier medio apto para su difusión pública fomente, promueva o incite al odio, la discriminación o la violencia contra una persona o conjunto de personas, en razón de su pertenencia real o presunta a determinado grupo social, étnico, religioso, político, de orientación sexual, de identidad de género, de expresión de género o cualquier otro motivo discriminatorio será sancionado con prisión de diez a veinte años, sin perjuicio de la responsabilidad civil y disciplinaria por los daños causados”, establece la norma.
La vaguedad y amplitud de la disposición le ha valido la crítica de organismos internacionales de derechos humanos, los cuales sostienen que puede ser empleado para silenciar a las voces críticas.
Entre 2021 y 2023, al menos 22 venezolanos fueron detenidos por ejercer la libertad de expresión. Varias de las aprehensiones están vinculadas a contenidos difundidos en plataformas digitales, reportó la organización Espacio Público.
Antes de que se conociera la condena contra Orozco se produjeron otros dos fallos similares. El primero fue el de Marcos Palma, de 50 años, quien fue sentenciado a 15 años de cárcel por un audio que envió a un grupo de WhatsApp en el que se quejaba porque no le entregaron la bombona de gas que pagó e invitaba a sus vecinos a una protesta.
Semanas después, Randal Telles, una estudiante de enfermería de 22 años del llanero estado Barinas, fue condenada también a 15 años de prisión por un video de TikTok en el que criticaba a Maduro y a Cabello. No obstante, su familia sostiene que la grabación no fue hecha por Telles sino que es un montaje realizado con inteligencia artificial.
Estos casos explican porque muchos en el país han optado por evitar discutir sobre determinados temas a través de plataformas digitales o constantemente borran los historiales de sus teléfonos.
En 2017, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, admitió que la polémica legislación contra el odio tenía “un carácter preventivo educativo y disuasivo”.
“La libertad de expresión no es un derecho absoluto, tiene límites. Y en Venezuela hay una legislación que lo regula”, advirtió un funcionario judicial en ejercicio bajo condición del anonimato.
Sin sustento
La condena contra la médica ha sido criticada tanto dentro como fuera del país.
“Este caso evidencia que la falta de independencia del sistema de justicia venezolano está profundamente arraigada y que continúa funcionando como parte del aparato represivo del Estado”, denunció a BBC Mundo la relatora para Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Gloria De Mees.
Tras afirmar que la Ley contra el Odio “restringe severamente el derecho a la libertad de expresión en Venezuela y genera un fuerte efecto inhibidor, incompatible con una sociedad democrática”, De Mees aseguró a BBC Mundo que “la aplicación de esta ley en casos como el descrito confirma el clima de miedo y autocensura” reinante en el país y “desalienta cualquier forma de disidencia, incluso más allá de las fronteras de Venezuela”.
Por su parte, juristas venezolanos han puesto en duda el fundamento jurídico de la sentencia contra la doctora Orozco.
“Para que se dé el delito de incitación al odio el mensaje ha debido provocar una expresión de odio por parte de un individuo contra otro. ¿A quién incitó ella? La doctora lo que hizo fue expresar su propio sufrimiento”, explicó a BBC Mundo el penalista Zair Mundaray.
Tampoco consideró correcto la aplicación de los delitos de traición y conspiración.
“La conspiración implica intentar modificar la forma republicana, pero ¿qué acción concreta llevó a cabo la doctora para acabar con la democracia y las instituciones? Y el delito de traición habla de unirse con naciones o enemigos extranjeros, pero aquí no se ha informado que ella se haya aliado con nadie”, agregó.
“Con este tipo de sentencias el gobierno quiere quitarnos el derecho a pataleo (protesta), afirmó el hijo de la condenada, quien reiteró que su mamá jamás ha participado en actividades políticas de ninguna naturaleza.
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