¿Qué organizaciones criminales operan en la Ciudad de México y el Estado de México?
El atentado en contra de Ximena Guzmán, secretaria particular de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, así como de José Muñoz, asesor de la misma, ha reavivado un añejo debate acerca de la presencia y operación de las organizaciones criminales en la Ciudad de México y en el área circundante del Estado de México, lo que detona las siguientes preguntas: ¿cuáles y cuántas organizaciones criminales operan en ambas entidades? y ¿qué tan poderosas son las mismas?
Un buen punto de partida es establecer que desde hace años se ha minimizado la presencia del crimen organizado en la Ciudad de México, así lo hizo Marcelo Ebrard, Miguel Ángel Mancera y Claudia Sheinbaum, ello a pesar de la abrumadora evidencia de sus actividades, ya que no solo las grandes organizaciones nacionales operan en el Valle de México, sino que también han surgido en esta zona una importante cantidad de bandas locales de mediano tamaño que han logrado relevancia regional.
Existen una alta cantidad de organizaciones y bandas criminales en el Valle de México, de todos los tamaños, algunas estimaciones ubican el número en 62 tan solo en la Ciudad de México, a lo que habríamos de sumar las que corresponden al Estado de México. Sin embargo, es más probable que la cantidad sea significativamente mayor.
A pesar de lo anterior, resulta imposible abordar en un artículo corto, como el presente, una complejidad tan amplia de organizaciones, muchas de las cuales tienen un ámbito de acción bastante reducido. Por ello, este texto habrá de centrarse en las 17 organizaciones de mayor tamaño, que operan en varios municipios o alcaldías y que participan en diferentes mercados ilegales.
Es decir, estas 17 organizaciones son actores relevantes en el ámbito criminal del Valle de México, en donde ninguna de ellas tiene una posición de hegemonía, aunque claro, algunas de ellas tienen mayor tamaño, cobertura e importancia, con zonas bajo su control.
En concreto, las cuatro organizaciones más importantes en el Valle de México son, la Familia Michoacana, el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel de Sinaloa y la Unión Tepito, las tres primeras organizaciones criminales de alcance nacional y la cuarta una organización regional, pero que es la más fuerte de las bandas de corte local.
Además de estas cuatro organizaciones relevantes, encontramos 13 de tamaño mediano que operan en una o varias regiones del Valle de México, pero con un alcance menor, el Cártel de Caborca, el Tren de Aragua, el Cártel Nuevo Imperio, los Rodolfos, los Canchola, el Cártel de Tláhuac, la Fuerza Anti Unión Tepito, los Tanzanios, Guerreros Unidos, Caballeros Templarios, los Molina, los Catalinos y Ronda 88.
Para determinar las áreas de influencia de estos 17 grupos criminales, se realizó una búsqueda sistemática, organización por organización, en los 125 municipios del Estado de México y las 16 alcaldías de la Ciudad de México, en fuentes hemerográficas, registrándose en una base de datos los municipios en los que cada grupo tenía presencia, con lo cual se elaboraron mapas mediante el software QGis.
La organización con mayor cobertura territorial es el Cártel Jalisco Nueva Generación, que tiene presencia en la totalidad de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, así como en 76 de los municipios del Estado de México, con una amplia penetración en el norte y oriente, así como en el Valle de Toluca. En donde destaca su posición en los municipios con mayor extracción ilegal de combustible en Edomex.
El CJNG es la organización más poderosa en el centro del país, líder en actividades como huachicol y narcomenudeo, pero también es el mayor generador de violencia, debido a las disputas territoriales que tiene abiertas en muchos municipios y alcaldías con varias organizaciones criminales, ya que a pesar de que tiene una mejor posición que las demás, se encuentra lejos de tener hegemonía en el Valle de México.
El siguiente grupo en importancia es la Familia Michoacana, que tiene presencia en 9 de las alcaldías de la Ciudad de México y en 77 de los municipios del Estado de México, en donde claramente tiene el control del sur de la entidad, en su colindancia con Michoacán y Guerrero, así como una importante influencia en el occidente y oriente de la entidad, siendo el centro y el norte de la misma, las zonas con menos actividad de este grupo criminal.
Se trata de una organización que a lo largo de los años ha tenido una presencia importante en el Estado de México, pero en los últimos años ha incrementado su influencia en la Ciudad de México, centrándose de forma importante en el narcomenudeo y la extorsión a comercios.
Sigue en orden de importancia la Unión Tepito, nacida en la Ciudad de México, en donde está presente en 12 de las alcaldías y a pesar de que ha experimentado escisiones y cambios constantes en su liderazgo, ha logrado expandir sus actividades a 20 de los municipios del Estado México, principalmente a los que se encuentran en el centro y norte de la entidad. Esta organización además de la venta de droga al menudeo se especializa en el control de la venta de piratería, la trata de personas con fines de prostitución y la extorsión a comercios.
El Cártel de Sinaloa por su parte también está presente en 12 alcaldías de la Ciudad de México y en 15 municipios del Estado de México, en especial el corredor de Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Naucalpan, Huixquilucan, Lerma, Metepec y Toluca. Su interés central en esta zona es la venta de drogas y su distribución hacia otros puntos del país, así como el lavado de activos.
Después viene un segundo bloque de organizaciones con menos cobertura, que concentran sus actividades en unos cuantos municipios o alcaldías. Por ejemplo, el Cártel Nuevo Imperio, una organización ligada en su origen al Cártel de Sinaloa, pero cuando se da el rompimiento de Dámaso López Núñez “El Licenciado” con la misma, esta cédula adquirió independencia, logrando presencia en 5 alcaldías de la Ciudad de México y 9 municipios del Estado de México, con una influencia importante en la región en donde hacen frontera la Ciudad y el Estado, en la parte norte de la zona metropolitana.
De igual manera, la Fuerza Anti Unión Tepito surgió en 2016 como una escisión de la Unión Tepito y aunque su impacto es mayor en las alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, tienen presencia en 8 alcaldías de la Ciudad de México y en 4 municipios del Estado de México, donde se dedican al robo y a la extorsión principalmente.
De la Unión Tepito también se desprendió en 2017 la banda de Lenin Canchola, hoy conocida como los Canchola o los Malcriados 3AD (Tercera Acción Destructiva), que están presentes en 7 alcaldías de la Ciudad de México, las que se encuentran en el occidente, así como en 2 municipios del Estado de México: Naucalpan y Huixquilucan.
Otra de las organizaciones que nació en la Ciudad de México es el Cártel de Tláhuac, que no pasa por su mejor momento, pero que ha logrado sobrevivir a pesar de haber perdido ya hace varios años a su fundador, Felipe de Jesús Pérez Luna “el Ojos”, que tiene su asiento principal en 5 de las alcaldías que se encuentra al sur de la Ciudad de México, en especial en Tláhuac, así como en 3 municipios del Estado de México, en donde destaca Valle de Chalco.
Del Cártel de Tláhuac se desprendió la organización de los Rodolfos que se encuentran en 6 alcaldías de la Ciudad de México, las que están más al sur, así como 4 municipios del Estado de México: Ecatepec, Nezahualcóyotl, los Reyes La Paz y Valle de Chalco.
Llama la atención la presencia del Cártel de Caborca en la región, organización fundada por Rafael Caro Quintero y sus familiares en Sonora, pero que opera en el Estado de México a través de la banda de Los Pelones, con presencia en 8 municipios de la parte noroccidental de la entidad, así como en la alcaldía Miguel Hidalgo.
También se puede mencionar a dos organizaciones que hace años tenían alcance nacional, pero que en los últimos tiempos han perdido fuerza, al grado que su presencia en la zona es casi simbólica: Caballeros Templarios que tiene influencia en tres municipios del norte del Estado de México y en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, así como Guerreros Unidos, que antes tenía una cobertura importante en la región occidente del Estado de México, pero cuya área de influencia se redujo a 8 municipios de la zona y a la alcaldía de Xochimilco en la Ciudad de México.
Completan el repertorio de organizaciones locales cuatro bandas de reciente creación: los Catalinos, que se encuentran en 3 municipios del Estado de México y la alcaldía Cuauhtémoc; Ronda 88, que está presente en 7 alcaldías del norte de la Ciudad de México y en el municipio de Tecámac; los Molina, que tienen su área de cobertura en 5 alcaldías del sur de la capital y 2 municipios del Estado de México, así como los Tanzanios que operan en 5 alcaldías de la Ciudad de México, en especial en Iztapalapa.
Por último, mención aparte requiere Tren de Aragua, una organización de origen venezolano, que se ha asentado en la Ciudad de México, especializándose en extorsión a migrantes y explotación sexual de mujeres venezolanas, la cual se encuentra presente en 5 alcaldías de la Ciudad de México.
Derivado de lo expuesto en el artículo, resulta claro que el Valle de México es una de las zonas del país con mayor diversidad de organizaciones criminales, con territorios altamente disputados y fraccionados. De hecho, hay municipios y alcaldías en donde coexisten muchas organizaciones.
Por ejemplo, en las alcaldías de Iztapalapa, Tlalpan y Coyoacán se tienen registradas hasta 9 organizaciones criminales diferentes; en las alcaldías de Benito Juárez, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Gustavo A. Madero, así como en el municipio de Ecatepec operan 8 organizaciones; en las alcaldías de Venustiano Carranza y Milpa Alta, así como en los municipios de Naucalpan, Valle de Chalco y Nezahualcóyotl se encuentran presentes 7, y en Iztacalco, Xochimilco y Cuautitlán Izcalli trabajan 6.
Como se puede observar en el mapa de arriba, la zona de mayor densidad de organizaciones es la Ciudad de México y los municipios conurbados del Estado de México, donde se concentra la mayor parte de la presencia criminal, mientras que solo hay 14 municipios, todos ellos en el Estado de México, en donde la búsqueda no registró la existencia de alguna organización criminal, siendo la zona del suroriente la que presenta en mayor medida este fenómeno.
* Víctor Manuel Sánchez Valdés (@victorsanval) es Profesor investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, especialista en seguridad y doctor en políticas públicas por el CIDE. Correo de contacto: victorsanval@gmail.com.
Empresas que operan en Colombia, Brasil, España y México aún continúan generando miles de millones de dólares gracias a la guerra en Gaza, según Francesca Albanese.
Francesca Albanese, relatora especial de la ONU, acusó la semana pasada a un gran número de empresas multinacionales de “beneficiarse del genocidio” en Gaza.
En un informe presentado al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la relatora especial para los territorios palestinos expuso la participación de empresas de todo el mundo en la campaña militar de Israel en Gaza.
Cinco de esas empresas operan y exportan desde América Latina y España.
“Mientras la vida en Gaza está siendo destruida y Cisjordania está bajo un ataque cada vez mayor, este informe muestra por qué continúa el genocidio de Israel: porque es lucrativo para muchos”, asegura el informe “De la economía de la ocupación a la economía del genocidio”.
Israel, que ha negado en reiteradas ocasiones la acusación de genocidio, rechazó el informe de la relatora de la ONU, lo calificó de “infundado” y afirmó que “entrará en el basurero de la historia”.
Dentro de las empresas acusadas por Albanese de participar en una “economía de genocidio” se encuentran la mexicana Orbia Advance Corporation y la brasileña Petrobras.
También aparece el grupo español Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) y dos multinacionales, Drummond y Glencore, que exportan carbón a Israel desde Colombia.
BBC Mundo contactó a estas cinco empresas para conocer su opinión sobre las acusaciones. Dos de ellas, Orbia y CAF, no han respondido a nuestras solicitudes de comentarios hasta el momento de publicación de esta nota.
En las últimas semanas, Albanese ha emitido una serie de documentos instando a otros países a presionar e incluso sancionar a Israel para que ponga fin a sus ataques en la Franja de Gaza.
Este miércoles, el gobierno de Donald Trump anunció que impondrá sanciones contra Albanese, quien ha trabajado como investigadora independiente encargada de investigar los abusos de los derechos humanos en los territorios palestinos desde mayo de 2022.
La decisión del Departamento de Estado ocurre después de que fracasara una reciente campaña de presión por parte del gobierno de Trump para que la destituyeran de su cargo, mediante una declaración ante la ONU en donde la acusaron de “antisemitismo” y de tener “un implacable sesgo antiisraelí”.
La secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, calificó el anuncio de sanciones contra Albanese como un “ataque descarado”.
“Los relatores especiales no son nombrados para complacer a los gobiernos ni para ser populares, sino para cumplir con su mandato. El mandato de Francesca Albanese es defender los derechos humanos y el derecho internacional, esenciales en un momento en que está en juego la propia supervivencia de los palestinos en la Franja de Gaza ocupada”, aseguró.
El controvertido envío de carbón colombiano a Israel
Para mediados del año pasado, Colombia era el mayor proveedor de carbón a Israel con una participación de más del 50% del mercado, según el American Journal of Transportation.
En junio de 2024, el presidente colombiano Gustavo Petro, quien desde hace años ha condenado públicamente los ataques de Israel contra el pueblo palestino, anunció que su país suspendería las exportaciones de carbón a Israel.
Petro escribió en la red social X que las exportaciones de carbón solo se reanudarían “cuando cese el genocidio”.
Asimismo, publicó un borrador precisando que las exportaciones de carbón se reanudarían si Israel cumple una orden de la Corte Internacional de Justicia que le exige retirar sus tropas de la Franja de Gaza.
Pero de acuerdo con el informe de Francesca Albanese, Colombia ha seguido exportando carbón a Israel mediante al menos dos empresas multinacionales: la suiza Glencore y la estadounidense Drummond.
Un portavoz de Glencore le dijo a BBC Mundo que la empresa rechaza “categóricamente todas las acusaciones” contenidas en el informe y las considera “infundadas y sin fundamento jurídico alguno”.
Mientras tanto, Drummond respondió que tras el decreto de agosto de 2024, que prohíbe exportar carbón a Israel, la empresa le pidió al gobierno de Petro reconocer que existe un compromiso jurídico que permite la exportación del mineral a Israel.
Drummond precisó que, tras evaluar una serie de documentos, las autoridades competentes expidieron una autorización para una situación “jurídicamente consolidada”, en línea con lo establecido en el decreto que reconoce tales excepciones.
“Una vez expedida la correspondiente autorización por parte del gobierno nacional, la compañía procedió a cumplir con las obligaciones contractuales previamente establecidas”, finaliza el comunicado enviado a BBC Mundo.
Esto parece demostrar que la prohibición de exportaciones de carbón de Colombia a Israel anunciada por Petro no se ha cumplido.
“Al suministrar carbón, gas, petróleo y combustible a Israel, las empresas contribuyen a la infraestructura civil que Israel utiliza para consolidar su anexión permanente y la destrucción de la vida palestina”, denuncia el informe presentado por Albanese.
“Esta infraestructura abastece al ejército israelí mientras destruye Gaza (…) La naturaleza aparentemente civil de dicha infraestructura no exime a una empresa de su responsabilidad”.
Las acusaciones que Petrobras niega
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó en la reciente cumbre de los BRICS que el mundo debe actuar para detener lo que describió como un “genocidio” israelí en Gaza.
“No podemos permanecer indiferentes ante el genocidio llevado a cabo por Israel en Gaza, el asesinato indiscriminado de civiles inocentes y el uso del hambre como arma de guerra”, afirmó el mandatario el domingo.
Lula ha sido un duro crítico de Israel desde que comenzó la guerra.
Ha acusado repetidamente a Israel de genocidio contra el pueblo palestino e incluso retiró al embajador de Brasil en Israel, pero, según el informe de Albanese, no ha prohibido las exportaciones de petróleo que, según varios reportes, abastecen de combustible los aviones y tanques israelíes.
Petrobras, una de las petroleras más grandes del mundo y mayoritariamente propiedad del Estado brasileño, estaría colaborando con dicho “genocidio”, según la relatora especial de la ONU.
El informe especifica que los gigantes petroleros BP y Chevron son las empresas que más aportan a las importaciones de crudo que necesita Israel.
“Cada conglomerado suministró efectivamente el 8% del petróleo crudo israelí entre octubre de 2023 y julio de 2024, complementado con envíos de petróleo crudo desde campos petrolíferos brasileños, en los que Petrobras tiene la mayor participación”, afirma el texto.
Petrobras le dijo a BBC Mundo que la empresa no le ha vendido “petróleo crudo ni fuelóleo a clientes israelíes durante el período mencionado” en el informe.
La empresa añadió que no se puede concluir que Petrobras haya exportado petróleo a Israel sólo por el hecho de que Petrobras tiene una gran participación en los campos petrolíferos brasileños.
“Petrobras no es el único productor y exportador de petróleo de Brasil”, especificó la empresa.
Añadió que “Petrobras respeta y promueve los derechos humanos” y trabaja conforme a “las leyes y normas internacionales, en particular el Pacto Mundial y los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de la ONU”.
Orbia “facilita el expansionismo” de Israel
La mexicana Orbia Advance Corporation también aparece en la lista, a través de su subsidiaria Netafim, de la que es propietaria en un 80%.
De acuerdo con el informe de la ONU, Netafim, líder mundial en tecnología de riego por goteo, proporciona infraestructura para explotar los recursos hídricos en la Cisjordania ocupada.
La misma fuente afirma que la empresa ha diseñado su tecnología agrícola en concordancia con las “necesidades expansionistas” de Israel.
“La tecnología de Netafim ha permitido la explotación de manera intensiva del agua y la tierra en Cisjordania, agotando aún más los recursos naturales palestinos”, afirma el informe.
“En el valle del Jordán, los sistemas de riego financiados por Netafim han facilitado la expansión de los cultivos israelíes, mientras que los agricultores palestinos, privados de agua y con el 93 % de sus tierras de secano, se ven desplazados, incapaces de competir con la producción israelí”, añade.
El informe también acusa a la empresa de perfeccionar sus métodos gracias a su colaboración con empresas israelíes que desarrollan tecnología militar.
Orbia Advance Corporation no respondió a las repetidas solicitudes de comentarios enviadas por BBC Mundo.
El grupo CAF “contribuye a consolidar asentamientos”
El grupo empresarial vasco CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA) también aparece en el informe presentado por Francesca Albanese como una empresa que se beneficia del conflicto en Gaza.
El reporte afirma que: “Varias empresas contribuyeron al desarrollo de carreteras e infraestructuras de transporte público fundamentales para establecer y ampliar las colonias (israelíes), y conectarlas con Israel al tiempo que excluían y segregaban a los palestinos”.
Según el texto, el grupo CAF forma parte de un consorcio con una empresa que figura en la base de datos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) que trabaja para mantener y ampliar la línea roja del tranvía de Jerusalén y construir una nueva línea verde, en un momento en que otras empresas españolas se han retirado de Israel debido a la presión internacional.
En 2024, la empresa catalana COMSA se retiró del consorcio tras haber ganado la construcción de la línea azul del tranvía de Jerusalén, mientras que la semana pasada la acerera vasca SIDENOR anunció que dejaría de suministrar acero a empresas israelíes.
La acerera vasca tomó la decisión luego de que surgieran reportes de que llevaba al menos diez meses suministrando barras de acero al fabricante de armas israelí IMI Systems (IMI), propiedad de Elbit Systems, uno de los gigantes armamentísticos de Israel.
Varias organizaciones internacionales, como Amnistía Internacional, han criticado duramente las inversiones de CAF en la región.
“CAF no puede seguir mirando para otro lado, y no cumplir las recomendaciones internacionales. Amnistía Internacional lleva años recordando a la empresa que el tren ligero contribuye al mantenimiento y consolidación de los asentamientos ilegales, a la ocupación ilegal y a la anexión de Jerusalén Este por parte de Israel”, aseguró Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España, en una nota de prensa.
“Le pedimos a CAF, una vez más, que abandone este proyecto y cualquier licitación impulsada por el gobierno de Israel en el Territorio Palestino Ocupado”, añadió.
Beltrán además le pidió al gobierno español y al gobierno vasco, accionista de la compañía, que actúen con urgencia y evalúen “los vínculos entre CAF y la conducta ilegal de Israel”.
El grupo CAF no respondió a las solicitudes de comentarios de BBC Mundo.
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