Pakales, como fuerzas de control social en Chiapas

El estado de Chiapas vive desde hace años una violencia generalizada y sistemática, caracterizada por el control territorial de grupos de la delincuencia organizada, con disputas entre cárteles y grupos locales armados, paramilitarismo residual y conflictos intercomunitarios por tierra y recursos. Esta situación ha generado un entorno de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, extorsiones y desplazamientos forzados masivos, con altos niveles de impunidad. En este escenario, las políticas estatales de supuesta “seguridad y pacificación”, que incluyen la militarización y operativos conjuntos, a menudo resultan insuficientes o contraproducentes, priorizando el control aparente sin abordar las causas estructurales como la corrupción y la colusión entre autoridades y grupos criminales.

La tortura en Chiapas, existe y persiste como una práctica histórica, generalizada entre sus cuerpos de seguridad en contra de la población,  la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL[1]) señala que las detenciones  de personas ocurren sin una orden de detención, sacándolas de su domicilio o en la calle; las personas entrevistadas en esta encuesta fueron esposadas en el momento de la detención, se usó la fuerza física; en lo que refiere a actos de violencia después de la detención las personas fueron incomunicada y aisladas, amenazada con levantar cargos falsos o con hacerle daño; otras fueron vendados de ojos o les cubrieron la cabeza, recibieron golpes, fueron atadas con sogas, vendas, cintas o cobijas, otros fueron atados a algún objeto, el uso de la asfixia también se señaló como un método común.

En este contexto de violaciones a derechos humanos en el estado de Chiapas, y bajo la justificación de “pacificar” el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar creo en diciembre del 2024 la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), una unidad de élite de la policía. Esta unidad especial forma parte de la Secretaría de Seguridad del Pueblo de Chiapas y realiza acciones de combate a la delincuencia, comenzó a operar con 500 elementos y paso a 800, conformada por la Guardia Nacional, Fuerzas Armadas y Policía Federal; cuentan con equipo táctico y tecnológico, además de recibir un salario que impediría su corrupción. Su objetivo era combatir al crimen organizado en la frontera con Guatemala, misiones de alto riesgo, el trafico de combustible, narcomenudeo, secuestro y extorsión[3]. El mando de los Pakales lo ostenta Álvaro Cuauhtémoc Serrano Escobedo, exmando de la Policía Federal, relacionado directamente con la masacre ocurrida en 2015 en Tanhuato, Michoacán, donde se ejecutaron a 22 civiles.

Pakales, el grupo de élite encargado de la ‘pacificación’ en Chiapas, enfrenta acusaciones por abusos policiales[4], como las denuncias de la comunidad de San Pedro Cotzilnam, municipio de Aldama, Chiapas, de la detención de José Baldemar Sántiz Sántiz y Andrés Manuel Sántiz Gómez, bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), con un fuerte operativo fueron detenidos, acusados de secuestro. Se les señala de detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza pública y tortura. Se ha reportado el allanamiento de domicilios, como el de la señora Enedina en Cintalapa, ella fue encapuchada y golpeada, además de que robaron sus pertenencias. En Tila se les denunció de hacer operativos con un grupo del crimen organizado llamado Karma, cateando casas y realizando la detención de 20 personas, entre ellos 5 niños.

Orbey y José Julián, sirven a la Iglesia de la Diócesis de Tuxtla Gutiérrez, ambos son reconocidos por su labor es pastoral y comunitaria, orientada al servicio espiritual y al acompañamiento social. Orbey, tiene 39 años, de religión católica, y se desempeña como subcoordinador desde el 2025 en la capilla de su comunidad, perteneciente a la parroquia de San Dionisio de Pueblo Nuevo Solistahuacán, bajo la supervisión de la Diócesis de Tuxtla Gutiérrez. Su ocupación principal es la agricultura y la electricidad.

José Julían tiene 21 años, originario del municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán,

El 22 de enero de 2026, aproximadamente a las dos de la tarde, en la Colonia “El Estoraque” del municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán, Orbey se dirigía a realizar un trabajo de instalación eléctrica en un domicilio particular, portando su mochila con herramientas. En ese trayecto, fue interceptado de manera violenta por una camioneta con logotipos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (en adelante FRIP). A bordo viajaban al menos tres elementos encapuchados, uniformados y fuertemente armados, quienes le apuntaron directamente con sus armas. Durante la intervención, los agentes se comunicaban por radio con frases incriminatorias como “tenemos todo controlado” y “tenemos a los asesinos”, prejuzgando su culpabilidad sin mediar investigación alguna.

Después arribó otra camioneta de la FRIP, los pakales golpearon a Orbey en la cara, derribándolo y propinándole patadas mientras se encontraba en el suelo. Posteriormente, llegó un vehículo particular color negro con personas civiles y una mujer que, por las placas de identificación que portaban, se presume eran agentes ministeriales. En el mismo operativo, también fueron detenidos José Julián López Juárez y Orlando de Jesús López Gómez, quienes se encontraban en las inmediaciones realizando sus actividades cotidianas. A todos ellos se les obligó a permanecer aproximadamente una hora tirados boca abajo en el suelo, bajo el sol, en una clara muestra de trato degradante y uso desproporcionado de la fuerza.

En su denuncia se narra su detención arbitraria y desaparición forzada que vivieron, ya que se les mantuvo incomunicados durante cinco días, negando información a sus familiares sobre su paradero hasta que aparecieron el 27 de enero en el Centro penitenciario de San Cristóbal de las Casas. Sufrieron actos de tortura, Orbey sufrió agresiones físicas directas, incluyendo golpes en la cara y patadas, agravando una lesión vertebral preexistente; permanecieron una hora boca abajo bajo el sol. Les fabricación de pruebas, la Fiscalía los acusa de homicidio calificado en la causa penal 27/2026 ubicado en el Juzgado de Control de San Cristóbal de Las Casas, mediante un proceso lleno de contradicciones de modo, tiempo y lugar, carente de sustento real y con indicios de siembra de evidencias.

A Orbey y Julián se les impuso prisión preventiva oficiosa no justificada, una medida injusta que agrava la situación de violaciones a derechos humanos y reafirma la forma de operar de los Pakales y de la Fiscalía en Chipas.

“…al momento de detenerme me dieron un golpe en la cara y patada en la costilla, sin importar que les dije que tenía una fractura en la columna vertebral, posteriormente me trasladaron a Pueblo Nuevo Solistahuacán junto con las otras personas, nos trasladaron Pakales y Judiciales creo solo vi que tenían placa colgante en el pecho, no nos llevaron a la cárcel municipal, sino que nos encerraron en un cuartito en la base donde se ubicaba la policía…nos tuvieron en ese lugar hasta las 7:00 de la noche aproximadamente donde fueron mis familiares a preguntar pero no les permitieron verme luego me trasladaron a Reforma Chiapas junto con otras 6 personas llevándonos a la cárcel municipal de Reforma donde nos encerraron sin zapatos y sin cobijas nos tuvieron los días viernes, sábado, domingo y lunes…El día lunes 26 de enero me trasladaron a la Fiscalía de Reforma con las otras personas, donde nos tomaron fotos y luego nos hicieron firmar unos documentos…Antes de ser trasladados a San Cristóbal de las Casas, Chiapas me tomaron fotos ya con la policía, Fiscal y Pakales y luego hicieron un video como si fuera el día de la detención, pero no publicaron que nos privaron de la libertad, desde el día Jueves 22 de enero como secuestrados.”

Tanto Orbey como José Julián se encuentran recluidos y privados arbitrariamente de la libertad con medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados No. 5 del municipio de San Cristóbal de las Casas (CERSS 05).

Su detención además debe contextualizarse en la importancia que tiene la Iglesia católica en Chiapas, con su arraigada tradición de opción por los pobres y vulnerables inspirada en el obispo SAMUEL RUIZ GARCÍA, ha desempeñado históricamente un rol clave en el acompañamiento pastoral y la defensa de los derechos humanos en comunidades mestizas e indígenas. Sacerdotes, catequistas, agentes de pastoral y comités parroquiales actúan como mediadores en conflictos, denuncian violaciones y contextos regionales, apoyan a los vulnerables y promueven la paz y la justicia. Sin embargo, esta labor legítima los ha convertido en voces incómodas, generando un patrón recurrente de criminalización, estigmatización y señalamiento contra estos servidores.

La detención de Orbey y José Julían se inscribe en el patrón de criminalización a grupos religiosos, con acusaciones falsas de incitar a la violencia o de tener vínculos con grupos delincuenciales o participar en delitos. Este patrón, que incluye la fabricación de culpables en investigaciones penales, donde elementos de los Pakales realizan la labor de detener y torturar.

Orbey Juárez Juárez y José Julián López Juárez, sobrevivientes de tortura

Fb Grupo de Litigantes Prodedh, es un grupo de abogados que trabajan en la protección y defensa de los derechos humanos de personas vulnerables y organizadas, en el estado de Chiapas. Contacto [email protected]

FbTejiendo Redes Contra la Tortura, un colectivo de personas sobrevivientes de tortura en diferentes contexto y regiones de México, así como de familiares y acompañantes de organizaciones de derechos humanos.

[1] En https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enpol/2021/doc/enpol2021_chis.pdf

[2] CDHFrayba (2020). Romper el miedo. Análisis sobre impactos y consecuencias de la tortura a víctimas y sobrevivientes indígenas en Chiapas.

[3] El Universal en línea  https://www.eluniversal.com.mx/el-uni-explica/policia-de-elite-de-chiapas-con-historial-de-denuncias-y-detenciones-esta-es-la-fuerza-especial-que-aparece-en-la-narconomina-del-cjng/

[4] https://animalpolitico.com/estados/pakales-chiapas-abusos-policiales-seguridad

[5][5] En https://www.facebook.com/share/p/1GmrNacSUE/