Participación infantil en el proceso penal: entre la revictimización y la falta de adaptación institucional
Estamos por concluir el juicio en un caso que ilustra con crudeza la distancia entre el sistema de justicia penal mexicano y las necesidades reales de la infancia víctima de delitos sexuales. Se trata de una niña que fue víctima cuando tenía cinco años, en enero de 2023, en su escuela. Después de contarle lo ocurrido a su madre, fue citada por un abogado y posteriormente por la fiscalía, donde declaró frente a la agente del Ministerio Público y la policía de investigación. También fue valorada por especialistas en psicología y medicina forense, narrando los hechos seis veces. En los meses siguientes, la fiscal la citó nuevamente para solicitarle datos imposibles de recordar para una niña: fecha, hora, lugar exacto y nombre completo del agresor. En enero de 2025, al iniciar el juicio, la jueza ordenó que volviera a declarar otra vez, sin considerar opciones, interpretaciones o el dicho de expertos para considerar sus testimonios anteriores.
Este tipo de prácticas contravienen los estándares internacionales de protección a la niñez. El artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño reconoce el derecho a ser escuchado en todo procedimiento que afecte a una persona menor de edad. La Observación General No. 12 del Comité de los Derechos del Niño aclara que este derecho implica condiciones adaptadas al desarrollo de la niñez: espacios físicos adecuados, participación segura, asistencia de profesionales especializados y el uso de metodologías sensibles.
En el caso mexicano, aunque existen marcos normativos robustos tanto en el ámbito internacional como nacional, las condiciones institucionales no garantizan una participación efectiva de niñas y niños. Las entrevistas suelen realizarse en oficinas comunes, sin privacidad, pero más importante sin darle información a las niñas, niños y adolescentes sobre el motivo de su participación. El personal no cuenta con formación en enfoques diferenciados ni con herramientas para explicar conceptos jurídicos complejos en un lenguaje comprensible. No se reconocen las particularidades del desarrollo cognitivo infantil: el pensamiento concreto, la interpretación egocéntrica, la dificultad para ubicar temporalmente los hechos o describir detalles con precisión.
A ello se suma un grave problema de acceso a medidas de protección procesal como la prueba anticipada. Esta herramienta, ampliamente utilizada en otros países, permite que el testimonio se rinda una sola vez y pueda ser reproducido en juicio. Sin embargo, en México no se reconoce de forma expresa en la legislación, lo que lleva a muchos jueces a rechazarla. Además, pocos tribunales cuentan con salas adecuadas, equipos de videograbación, o protocolos específicos. Incluso cuando se logra videograbar una entrevista bien realizada, su incorporación en juicio puede ser rechazada, privando al testimonio de su carácter integral.
Esta situación genera revictimización. Las niñas y niños son obligados a declarar varias veces durante las etapas de investigación, intermedia y juicio, sin garantías de seguridad emocional. En vez de funcionar como un sistema protector, el proceso penal se convierte en una fuente adicional de daño.
Además, el sistema traslada la carga de la prueba a quienes deberían ser protegidos. A menudo se exige precisión en aspectos imposibles para la edad: fechas exactas, ubicaciones detalladas, identificación formal del agresor. Esta exigencia responde a una lógica adultocéntrica, desconectada del funcionamiento psíquico infantil.
Aunque algunas víctimas cuentan con representación legal especializada, ello no es suficiente si el resto de los actores del sistema (agentes del Ministerio Público, peritos, jueces) no adoptan un enfoque de niñez y adolescencia. La formación obligatoria y continua en derechos de la infancia, características infantiles, escucha activa y no revictimizante debe ser una prioridad estructural del Estado.
Una verdadera transformación requerirá reformas normativas (incluyendo el reconocimiento explícito de la prueba anticipada como mecanismo de protección para NNA), inversión en infraestructura especializada, protocolos interinstitucionales, y una supervisión efectiva sobre las actuaciones ministeriales y judiciales.
La pregunta ética y jurídica que debemos hacernos es clara: ¿estamos dispuestos a adaptar el sistema a las víctimas, o seguiremos esperando que niñas y niños se adapten a un sistema que no fue hecho para ellos?
El acceso a la justicia no puede depender de la capacidad de resistir el proceso judicial. La justicia debe ser reparadora, no punitiva hacia quienes buscan protección. En esa medida, cada acto institucional cada citación, cada entrevista, cada omisión debe evaluarse no solo en términos de legalidad, sino también de daño. Porque en justicia infantil, la forma también es fondo.
Si realmente queremos construir un sistema de justicia que ponga en el centro a las víctimas, debemos preguntarnos: ¿cómo queremos que las niñas recuerden su paso por el sistema de justicia? ¿Como un acto de protección o como una experiencia que las dañó aún más que el delito?
* Daniela Torres Parra abogada de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (@ODInfancia).
Sofía recibe atención médica para su grave síndrome en California gracias a un permiso humanitario con el que su familia ingresó al país desde México en julio de 2023. Ahora recibieron un aviso anunciándoles su revocación.
“En 2023 recibimos un permiso humanitario que hasta ahora le ha salvado la vida”.
La mexicana Deysi Vargas habla sobre su hija, cuya identidad se protege con el seudónimo de Sofía, ante la decena de periodistas convocados a una rueda de prensa en Los Ángeles, en California.
La niña de 4 años también está presente y la observa de reojo mientras juega con un cochecito en una mesa contigua llena de libros infantiles.
Los hoyuelos que se le forman al sonreír y su vitalidad camuflan el grave síndrome que padece, al tiempo que desvían la atención de la mochila que carga permanentemente a la espalda y que la mantiene con vida.
Es parte del tratamiento que sigue gracias a la autorización con la que ella y sus padres ingresaron a Estados Unidos desde México en julio de 2023 y a la que su madre hace referencia.
Sin embargo, el pasado abril a la familia le fue notificado que la administración Trump les revocó el también llamado parole humanitario, así como las correspondientes visas de trabajo.
“En las cartas que hemos recibido desde entonces nos dicen que corremos el riesgo de ser deportados y que lo mejor para nosotros es irnos”, dijo Vargas en la conferencia del pasado miércoles.
La abogada Gina Amato, del proyecto Derechos de los Inmigrantes de la organización Public Counsel, informó que volvieron a solicitar el permiso humanitario, algo que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) le confirmó a BBC Mundo, añadiendo que la petición está bajo evaluación y rechazando que este sea un caso “activo” de deportación.
“En México no crecía ni mejoraba”
Sofía nació prematura en Playa del Carmen, en las costas del Caribe mexicano, a donde su madre, originaria de Oaxaca, y su padre, natural de Colombia, se habían mudado por trabajo.
Según le contó Vargas al Los Angeles Times, uno de los primeros medios en hacerse eco del caso, la niña pronto mostró complicaciones de salud y tuvo que ser sometida a seis cirugías para aliviar su bloqueo intestinal.
Aquello desembocó en un síndrome del intestino corto, una afección grave por la cual el cuerpo no absorbe los nutrientes que necesita.
Cuando Sofía tenía siete meses, un médico le recomendó a la familia mudarse a Ciudad de México, donde encontrarían la mejor atención médica del país para su condición.
Allí, permaneció prácticamente confinada en el hospital, sobreviviendo pero sin mostrar avances. Para cuando cumplió dos años, “mi hija no crecía ni mejoraba”, relató Vargas en español, durante la cita ante los medios.
Fue en ese tiempo que la madre supo que en otros países pacientes como su hija llevaban una vida normal y que uno de ellos era EE.UU.
También averiguó que había una forma de migrar legal— un programa impulsado por el gobierno entonces encabezado por Joe Biden—, y que implicaba pedir cita a través de la aplicación telefónica CBP One y presentarse en un cruce fronterizo determinado el día indicado.
La cita se la otorgaron para el 31 de julio de 2023. Y ese día ingresaron a territorio estadounidense desde el puerto de entrada Tijuana-San Ysidro, donde solicitaron el permiso humanitario.
Más conocido con parole, se otorga de manera discrecional a extranjeros que, pese a no cumplir los requisitos para obtener una visa, soliciten ser admitidos en EE.UU. de forma transitoria por “razones humanitarias urgentes o por un beneficio público significativo”.
El mecanismo migratorio no abre la puerta a la ciudadanía pero permite vivir y trabajar durante dos años en EE.UU., y fue uno de los recursos usados por la administración Biden para aliviar la presión en la frontera con México. Con él ingresaron al país legalmente unas 532.000 personas, entre ellos los Vargas.
Siendo ya beneficiarios de este permiso, Sofía fue hospitalizada primero en un centro de salud de San Diego, donde el tratamiento inicial implicó estar conectada las 24 horas del día a un sistema de alimentación.
Una vez fortalecida, sus médicos la refirieron al Hospital Infantil de Los Ángeles, donde le asignaron el tratamiento que hoy puede seguir en su casa situada a 160 kilómetros al norte de la ciudad, en Bakersfield.
Ahora la niña pasa 14 horas cada noche conectada a un sistema intravenoso, y cuatro veces al día, durante una hora, su madre le administra una solución con otros nutrientes a través de una sonda conectada a su estómago.
Sofía carga el líquido de aspecto lechoso en una mochila allá donde va, y cuando acude a su clase de preescolar es la enfermera de la escuela quien se lo suministra.
“Con la ayuda que ha recibido en EE.UU., mi hija tiene la oportunidad de salir del hospital, conocer el mundo y vivir como una niña de su edad”, dijo Vargas en la rueda de prensa.
Una oportunidad que la familia teme se desvanezca, y con ella la salud y, según apuntan los médicos, potencialmente también la vida de su hija.
Revocación del permiso humanitario
Desde que el republicado Donald Trump llegara a la Casa Blanca habiendo prometido llevar a cabo “la mayor deportación de la historia de EE.UU.”, las detenciones de indocumentados se han multiplicado y se registran incluso cuando estos acuden a citas en los tribunales que son parte de su proceso de regularización.
Asimismo, la administración ha despojado a miles de las protecciones humanitarias con las que ingresaron a EE.UU. bajo varios programas de la era Biden.
En esa línea, la Corte Suprema de Estados Unidos le dio luz verde el viernes al gobierno para revocar este estatus legal que protegía a inmigrantes provenientes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití.
Son miles los que, como los Vargas, recibieron ya avisos del gobierno federal en los que se les informa que ya no cuentan con estatus legal y se les insta a abandonar el país por sus propios medios antes de ser perseguidos y deportados.
Y la app que la familia de Sofía usó para ingresar al país se ha convertido en CBP Home, un sistema para ayudar a los inmigrantes a “autodeportarse”. Si no lo hacen, “el gobierno federal los encontrará”, avisa.
“Accedieron a EE.UU. por un período limitado (…) y DHS está ejerciendo ahora su discreción para terminar su parole”, reza la notificación que recibió la familia de Sofía y a la que BBC Mundo tuvo acceso.
“Si no sale de los Estados Unidos de inmediato, estará sujeto a posibles acciones de orden público que resultarán en su deportación de EE.UU., a menos que haya obtenido de otra manera una base legal para permanecer aquí. Cualquier beneficio que reciba en los Estados Unidos relacionado con su libertad condicional, como la autorización para trabajar, también se terminará. Estará sujeto a posibles acciones penales, multas civiles y sanciones, y cualquier otra opción legal disponible para el gobierno federal”, dice la carta fechada el 11 de abril.
Tal como se les adviritió, al poco de recibir la notificación sobre la revocación del permiso humanitario, los Vargas también se quedaron sin autorización para trabajar.
La desesperación los llevó a contactar a la firma legal sin ánimo de lucro Public Counsel y su proyecto de Derechos de los Inmigrantes, y a través de ellos han solicitado la continuación de su permiso humanitario por la condición médica de la niña.
“Nuestro objetivo es evitar que Sofía sea deportada y muera. Ahora que el gobierno ha revocado el estatus legal de ella y sus padres, están en riesgo de ser detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en cualquier momento bajo esta administración. Manejar las necesidades médicas de Sofía es un proceso muy complejo, por lo que si ella y su madre fueran siquiera detenidas por ICE, se pondría en riesgo la salud de Sofía”, le dice la abogada Gina Amato a BBC Mundo.
“Deportar a esta familia en estas condiciones no solo es ilegal, sino que constituye un fracaso moral que viola los principios básicos de humanidad y decencia”, subrayó ella misma en la conferencia de prensa de la semana pasada.
“Sería letal en cuestión de días”
El Hospital Infantil de Los Ángeles, que sigue asistiendo a Sofía de forma regular, rechazó la petición de BBC Mundo para hacer comentarios sobre el caso.
Sin embargo, en una carta solicitada por la familia y a la que tuvo acceso el LA Times, el médico que ve a la niña cada seis semanas, John Arsenault, escribió que “los pacientes que reciben Nutrición Parenteral Total en casa no se les permite salir del país porque la infraestructura para proporcionarlo o hacer una intervención inmediata si hay un problema con el acceso depende de los recursos sanitarios con sede en Estados Unidos y no se transfiere a través de las fronteras”.
Y agregó que una interrupción de esa alimentación “sería letal en cuestión de días” para la niña.
El caso de Sofía ha acaparado titulares y focos en un contexto en el que los dramas migratorios se acumulan día a día.
El jueves de la semana pasada 38 congresistas demócratas firmaron una carta dirigida a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en la se urge a la administración reconsiderar el estatus de los Vargas.
“Creemos que la situación de esta familia responde claramente a la necesidad de ayuda humanitaria. Es nuestro deber proteger a los enfermos, vulnerables e indefensos”, reza la misiva.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México también se ha pronunciado al respecto, recordando que la familia de Sofía “no ha incumplido las condiciones de su estancia”.
Los abogados “están en contacto con el consulado general de México en Los Ángeles y el consulado de México en Fresno para interceder ante legisladores estatales y federales a fin de evitar la deportación”, informó el jueves la SRE.
En una declaración enviada a BBC Mundo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) asegura que “cualquier reporte que diga que la familia está en (proceso de) deportación activa es falso”.
“Esta familia solicitó un permiso humanitario al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) el 14 de mayo de 2025 y la petición aún está siendo considerada”.
Mientras se evalúa la solicitud, la madre de Sofía advierte: “Si nos deportan y le quitan a mi hija el acceso a su sistema especializado, ella morirá”.
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