¿Por qué los multimillonarios no pagan impuestos y nosotros sí?
En México, pagar impuestos se ha vuelto casi un deporte que nadie quiere practicar. A nadie le gusta, y quienes pueden, los evaden por cualquier medio disponible. Pero esto no es un rasgo inherentemente mexicano: es la respuesta a un sistema fallido que no alcanza a todos por igual. Si veo que los más ricos no contribuyen, ¿por qué yo debería? Y si las calles de mi colonia carecen de la infraestructura necesaria para transitarlas de manera segura, ¿qué sentido tiene entregar mi dinero a un gobierno que no lo hace rendir?
El polémico caso de Ricardo Salinas Pliego, la quinta persona más rica de México y quien debe al Estado poco más de 32 mil millones de pesos en impuestos, ilustra perfectamente esta realidad. Utilizo su nombre aprovechando la coyuntura del momento, aunque bien podría tratarse de cualquier otro multimillonario, pues no se trata de una anomalía, sino de un síntoma del sistema fallido.
Actualmente nos enfrentamos a un momento histórico de concentración de riqueza sin precedentes, por lo que la pregunta sobre quién contribuye y con cuánto debería escalar en la lista de prioridades. Esto significa cuestionar el mecanismo fiscal general que flaquea al gravar a los deciles más altos de la población, permitiendo un proceso de acumulación salvaje por parte de algunos individuos.
Hablar del sistema fiscal implica incursionar en un terreno encriptado por un vocabulario que parece reservado para especialistas en el tema, lo cual deja a una gran parte de la población fuera del debate y, con ello, de la posibilidad de exigir cambios. Es por esto que este texto no solo busca denunciar, sino también acercar algunos conceptos al mundo cotidiano, con el objetivo de tener más herramientas con las cuales nombrar, comprender y señalar algunas de sus implicaciones.
El sistema fiscal mexicano no tiene la misma incidencia a lo largo de los distintos extractos sociales. Es eficiente cuando se trata de cobrar impuestos a la mitad inferior de la población, principalmente a través del consumo y los salarios formales, pero se vuelve laxo en los niveles más altos, justo donde se concentra la mayor parte de la riqueza (a través de la herencia, el patrimonio, el capital, etcétera). Esto no es más que el resultado de decisiones políticas y un diseño fiscal que prioriza lo que es fácil de cobrar por encima de lo que sería más justo.
¿Qué se puede hacer?
Esta asimetría afecta negativamente distintos ámbitos de la sociedad, lo que hace indispensable avanzar hacia un sistema fiscal progresivo, concebido como un pilar fundamental para la construcción de una sociedad más justa. Además de generar un aumento en la recaudación, los efectos de esta transición pueden agruparse en tres ámbitos: como una herramienta fundamental para impulsar el crecimiento económico, reducir la desigualdad y fortalecer la democracia.
En primer lugar, su carácter progresivo garantiza una mayor contribución de quienes concentran los niveles más altos de riqueza, impulsando el crecimiento económico de manera estratégica. Esta movilización de recursos conduce al segundo punto: por un lado, implica una redistribución de la riqueza que contribuye a reducir las brechas económicas existentes, y por el otro, la recaudación adicional abre la posibilidad de financiar bienes y servicios públicos, un elemento fundamental para combatir la desigualdad social.
Por último, una reforma de este tipo impactaría de manera decisiva en la credibilidad del sistema fiscal y la democracia. La disposición a pagar impuestos depende en gran medida de la percepción de justicia: las personas están más dispuestas a contribuir cuando saben que quienes son más ricos también lo hacen. A ello se suma un segundo factor clave: cuando los impuestos se traducen en resultados tangibles y visibles (infraestructura urbana, transporte y servicios públicos funcionales), la resistencia a contribuir disminuye y se reconstruye la confianza.
Pero ¿sería suficiente con avanzar hacia un sistema fiscal más progresivo? La respuesta no es tan sencilla. Implementar un esquema riguroso en México enfrenta obstáculos estructurales y culturales profundamente arraigados: más de la mitad de la economía opera en la informalidad, lo cual implica que una gran parte de los ingresos nunca se registra ni se grava; las herencias y la riqueza acumulada están sujetas a cargas fiscales notablemente más laxas que en otros países, lo que permite que los más ricos sigan concentrando fortunas, y finalmente, persiste la percepción de que pagar impuestos no se traduce en beneficios visibles, lo que debilita la legitimidad del sistema y desalienta el cumplimiento fiscal.
Frente a estas limitaciones, el economista Gabriel Zucman propone una medida más radical conocida como el “Zucman Tax”. Su argumento es que un sistema progresivo tradicional no es suficiente y plantea un impuesto mínimo sobre la riqueza dirigido a centimillonarios y milmillonarios. En la propuesta base, las personas con más de 1,000 millones de dólares en riqueza estarían obligadas a pagar un monto mínimo de impuestos anual equivalente al 2 % de su patrimonio. 1
Ahora, bajo esa lógica, calculamos cómo se vería este impuesto a las fortunas listadas de las cinco familias más ricas de México, las cuales superan ampliamente los 1,000 millones de dólares (MDD) planteados por Zucman.
Es difícil imaginar esas cantidades exorbitantes de dinero que nunca nadie ha visto en persona, por lo que me gusta hacer ejercicios de comparación con el objetivo de poder aterrizar estos números en nuestro propio contexto. La remodelación de la Línea 1 del Metro, la de mayor edad de entre las 12 que existen en la CDMX, fue una magna obra pública que se llevó a cabo hace un par de años y se financió con 37 mil millones de pesos, a lo largo de un periodo de 19 años, según decretó la presidenta Claudia Sheinbaum. Esto equivale a un aproximado de 2,036 MDD, menos de lo que se recaudaría en un año al aplicar el Zucman Tax del 2 % a Carlos Slim y Germán Larrea. 2
Lo expuesto hasta aquí aborda solo una parte de las problemáticas del sistema fiscal actual, pero permite señalar un punto clave: este sistema no es el resultado inamovible del azar, sino de la inercia de decisiones políticas concretas. La injusticia fiscal no se explica únicamente por vacíos legales, sino por reglas y prácticas que, al final, benefician a quienes concentran la riqueza. Avanzar hacia un sistema más justo requiere algo más que aprobar leyes progresivas; implica cambiar la manera en que se recauda, cómo se usan los recursos públicos y cómo se entiende socialmente el pago de impuestos. La tolerancia frente a la evasión y la elusión no es accidental, sino expresión de intereses específicos y de la falta de voluntad política para limitar y sancionar esos privilegios. En este sentido, la transformación del sistema fiscal es necesaria y depende de una presión sostenida de la sociedad civil, capaz de incidir en las decisiones públicas y disputar un modelo que reproduce una desigualdad voraz, mientras debilita las libertades y los derechos de las personas.
* María González Díaz es antropóloga social por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde se tituló con mención honorífica gracias a una investigación de tesis sobre las estrategias de sobrevivencia entre las personas en situación de calle en la Ciudad de México. Le apasionan las ciudades, su gente y las historias no contadas. Actualmente cursa el primer año de la maestría en Política Pública en Sciences Po, París.
1 Por primera vez en la historia, el número total de milmillonarios en el mundo ha superado las 3,000 personas.
2 El World Inequality Lab desarrolló el Global Wealth Tax Simulator [Simulador de Impuesto sobre la Riqueza Global] para apoyar el diseño de impuestos sobre la riqueza. Esta herramienta permite a los usuarios modelar distintos escenarios y visualizar los ingresos potenciales. Quienes deseen explorar esta herramienta didáctica y precisa pueden consultarla aquí.
El chavismo ha gobernado Venezuela durante más de un cuarto de siglo, durante el cual ha modificado su discurso y sus políticas, pero siempre manteniendo su determinación a permanecer en el poder.
“Ayer vino el diablo aquí”, dice Hugo Chávez provocando risas y aplausos en la audiencia que lo escucha pronunciar un discurso desde el podio de oradores de la Asamblea General de la ONU.
“Ayer estuvo el diablo aquí”, repite mientras se persigna, “en este mismo lugar”.
“Huele a azufre todavía esta mesa donde me ha tocado hablar. Ayer, señoras, señores, desde esta misma tribuna el señor presidente de los Estados Unidos, a quien yo llamo el diablo, vino aquí hablando como dueño del mundo”.
Ocurrió el 20 de septiembre de 2006 y quizá sea el discurso más famoso pronunciado por el fallecido presidente venezolano en sus casi 14 años de mandato.
Chávez estaba entonces en la cima de su poder en Venezuela y con ese discurso se consagraba como una figura clave entre los críticos de EE.UU. en todo el planeta.
Por si fuera poco, estaba apenas a tres meses de lograr su mayor victoria electoral, en una campaña en la que proponía llevar a Venezuela al socialismo.
Es probable que alrededor del mundo, al escuchar mencionar a Chávez o al chavismo muchos recuerden esa escena y la asocien con aquellas ideas de socialismo y antiimperialismo.
Pero el movimiento político que Chávez lideró y que ha regido Venezuela durante más de un cuarto de siglo ha cambiado varias veces hasta llegar a su actual encarnación en el gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.
Rodríguez mantiene un discurso beligerante ante EE.UU., el país que en una acción militar capturó al presidente Nicolás Maduro el 3 de enero. Acusa a Washington de “secuestro”, pero a la vez parece estar orquestando cambios forzados por el gobierno de Donald Trump, quien incluso está tutelando la venta del petróleo venezolano.
BBC Mundo te cuenta cómo ha cambiado el chavismo en Venezuela desde 1999 y cómo estos cambios han sido claves para ayudarle a mantenerse en el poder.
La democracia participativa
“Hugo Chávez asumió el poder tras ganar las elecciones en 1998 en las que ofreció un cambio de régimen político para ir hacia una democracia participativa y protagónica”, dice a BBC Mundo Margarita López Maya, profesora jubilada de la Universidad Central de Venezuela y ex presidenta de la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA).
“Eso se cumplió y estuvo en la Constitución que se aprobó en 1999, que contiene referendos, asambleas de ciudadanos, y establece la participación ciudadana en todas las decisiones de las políticas públicas desde el nivel local”, agrega.
De esta forma, se buscaba transformar la democracia liberal que había imperado en Venezuela durante cuatro décadas.
Según David Smilde, profesor de la Universidad de Tulane (Nueva Orleans) y experto en política venezolana, Chávez veía la democracia representativa como un mecanismo que usaban las élites para controlar Venezuela de espaldas a la población.
El Chávez de la campaña de 1998 no ofrecía socialismo, sino lucha contra la corrupción; aseguraba que no tenía intención de estatizar empresas y llegó incluso a decir en una entrevista por televisión que Cuba era una “dictadura”.
En esa época, él se presentaba más como un político moderado que tenía como referente la propuesta de Tercera Vía del británico Tony Blair.
En la práctica, sin embargo, los cambios impulsados durante su primera etapa en el poder derivaron en una muy fuerte polarización política.
“Ocurrió una confrontación muy fuerte entre el presidente, que desde el principio tenía un ejercicio muy personalista del poder, y todos los sectores que de alguna manera sentían que iban a perder con la presidencia de Chávez”, apunta López Maya.
En esos primeros años, hubo grandes movilizaciones de la parte de la población que se oponía a Chávez, a quien los militares venezolanos derrocaron brevemente y volvieron a restaurar en el poder -menos de 48 horas después- en abril de 2012.
Meses después, Chávez enfrentó un paro cívico de dos meses que incluyó la paralización de gran parte de la actividad petrolera de Venezuela. Luego, vendría un polémico referendo revocatorio, cuya realización fue dilatada por el chavismo casi un año, dando chance así a que Chávez recuperara parte de la popularidad perdida en los años previos.
“Partidos políticos o factores de poder como la gerencia de Pdvsa [la petrolera estatal], los empresarios, los dueños de los medios de comunicación: toda esa gente se enfrentó a Chávez durante la primera administración y él los derrotó”, dice López Maya.
Transición al socialismo
A partir de 2005, Chávez comienza a promover una “transición al socialismo”.
“El problema es que de 2002 a 2004 hubo una participación masiva de la población, pero era una participación en contra del gobierno. Entonces, Chávez se dio cuenta que había que buscar algo más allá de la participación. Y comenzó a buscar más control”, afirma Smilde.
“Si él realmente creyó en el socialismo, no sé, pero él sabía que necesitaba un discurso más fuerte para tratar de unificar este gobierno, porque hablar de la democracia participativa no había generado mucho apoyo y el país había llegado a una situación bastante ingobernable”, añade.
Chávez hace campaña con esta idea del “socialismo del siglo XXI” y se impone con más de 60% de los votos en las presidenciales de 2006.
“Él va a vender este cambio del socialismo como una profundización de la democracia participativa que está en la Constitución, pero eso no tiene nada que ver”, comenta López Maya.
Sostiene que la reforma constitucional que Chávez intentó aprobar fallidamente en un referendo en 2007 para convertir a Venezuela en un estado socialista era, de hecho, contraria a la democracia participativa y mucho más cercana a lo que fueron los regímenes comunistas de la órbita soviética.
“En esa reforma, él habla de un poder popular que nunca existió en Venezuela en ninguna Constitución, ni en ninguna ley. Él empieza a llamar a los ministerios como poder popular y trata de acuñar el concepto del poder popular como un poder que no es representativo, sino natural, que sale de la población. Y si tú recuerdas a los países de la Unión Soviética, sus satélites y Cuba, verás el poder popular”, añade.
David Smilde señala que parte de la población venezolana acogió la idea del socialismo debido a cuestiones culturales, más que políticas.
“Había políticos que sabían lo que era socialismo, que estaban trabajando por eso y eran comunistas. Pero para el venezolano común, socialismo significaba humanismo. La gente lo veía como tener un gobierno que usaba los recursos de Venezuela a favor del pueblo y que estaba llevando al país hacia la modernidad con los recursos de petróleo”, dice.
López Maya considera que esa propuesta socialista perdió legitimidad tras la derrota electoral de la reforma constitucional en 2007, pese a lo cual Chávez intentó instaurar el socialismo y un “estado comunal” a través de distintas leyes.
“Eso nadie lo estaba pidiendo pero mientras él tuvo dinero, él sobrevivió y más o menos logró hacer algunas cosas con los consejos comunales y las comunas”, apunta la experta.
Al tiempo que Chávez impulsaba su proyecto socialista, los venezolanos vivían una suerte de frenesí consumista alimentado por un barril de petróleo a más de US$100.
Javier Corrales, profesor de Ciencias Políticas de Amherst College (Massachusetts), indica que -en principio- no existe una contradicción entre ambos fenómenos pues el socialismo no busca reducir el consumo, aunque eso es lo que termina ocurriendo en los lugares donde se aplica.
“El proyecto socialista no se orienta a evitar un boom del consumo, sino a controlar al sector privado, ponerle controles y tener al Estado determinando el precio de las cosas”, dice Corrales a BBC Mundo.
“El boom del consumo no ocurrió gracias a las políticas de Chávez, sino a pesar de ellas, porque fue parte del boom petrolero que trajo una inyección descomunal de dinero nunca antes vista en la historia de Venezuela”, agrega.
La bonanza petrolera que vivió Venezuela durante el gobierno de Chávez fue la mayor en la historia del país. Cálculos del Observatorio Venezolano de Finanzas estiman que el país recibió unos US$780.000 millones entre 1999 y 2012.
Corrales apunta que, en ese contexto, Chávez impulsó un proceso de estatizaciones nunca antes visto en Venezuela, ni siquiera durante la nacionalización petrolera ocurrida en la década de 1970.
“Con Chávez todo se nacionalizó, se expandió el sector público y se impusieron regulaciones exorbitantes al sector privado”, comenta.
Una investigación realizada en 2012 por la Confederación Venezolana de Industriales cifra en más de 1.100 el número de empresas que fueron expropiadas por el gobierno de Chávez entre 2002 y 2012.
El socialismo de Maduro
Antes de morir, Chávez nombró a Nicolás Maduro como su heredero político. David Smilde cree que su elección respondía al hecho de que lo consideraba como alguien comprometido con el proyecto socialista.
“Maduro comienza con esa metáfora socialista, pero él sufre muchísimo por la contracción económica. Heredó un gobierno hecho a la medida de Chávez, pero Maduro no tiene el carisma, ni la conexión militar, ni el presupuesto de Chávez, entonces le era muy difícil”, apunta.
El apoyo al chavismo se derrumbó rápidamente. En las presidenciales de abril de 2013, Maduro obtuvo poco más de un punto porcentual de ventaja sobre el opositor Henrique Capriles Radonski, a quien Chávez había derrotado seis meses antes por más de 11 puntos.
Entonces, Maduro intentó mantener la línea socialista y profundizó en las políticas de Chávez.
“Maduro comenzó bastante socialista. Hace un esfuerzo grande para controlar la economía: controlar los precios, la producción, la moneda, controlar todo y eso terminó causando grandes distorsiones, gran corrupción y escasez. Realmente hubo una debacle”, apunta Smilde.
A partir de 2013, algunos problemas que sufría la economía venezolana desde los últimos años de Chávez, como la escasez de productos básicos o la elevada inflación, se aceleraron, derivando en un periodo hiperinflacionario y en una escasez crónica.
En siete años, la economía venezolana se contrajo más de 70%, cifra que se compara con lo ocurrido durante la brutal guerra civil que vivió Siria a partir de 2011.
En paralelo, Venezuela protagonizó la mayor crisis migratoria vista en el continente americano en décadas. Según cifras de la Oficina Internacional de Migraciones, unos 8 millones de personas abandonaron Venezuela desde 2013.
“Maduro tuvo que enfrentar los costos de los errores de Chávez: las nacionalizaciones traían pérdidas para el Estado y un desmoronamiento de la producción. Los controles de precios generan desabastecimiento”, cuenta Corrales.
“Entonces, Maduro acentúa muchas de las políticas como el control de precios, se aferra a las nacionalizaciones, a la regularización del sector privado y esto hace que todo vaya peor”, agrega.
No será sino a partir de 2019, tras las sanciones petroleras impuestas por EE.UU., cuando Maduro cambiará su política económica, relajando los controles de precios y de cambios, permitiendo una dolarización de facto de la economía y reduciendo de forma drástica el subsidio a la gasolina.
Estas medidas trajeron una leve recuperación económica que, según explicó el economista Asdrúbal Oliveros, fue muy desigual pues se expresó solamente en algunas regiones del país, en ciertos sectores económicos. Incluso dependía de la fuente de ingresos de las personas, pues no benefició -por ejemplo- a aquellas personas que vivían de una pensión del Estado.
El constante discurso antiimperialista
A lo largo de su presidencia, Maduro abandonó en la práctica -aunque no en el discurso- iniciativas socialistas de Chávez como las comunas e, incluso, redujo las referencias al socialismo.
“Ya en los últimos años no se está hablando de socialismo. Lo que sí ha quedado durante todo este tiempo es un populismo, que es como un resentimiento contra las élites políticas antiguas, contra Estados Unidos y otras fuerzas internacionales. Un populismo antiimperialista. Eso sí ha sido una constante a través de la trayectoria del chavismo y todavía está presente en Delcy Rodríguez y su gente”, señala David Smilde.
El experto destaca que ese discurso se inicia con Chávez y todavía, después de la captura de Maduro, se mantiene presente.
“Eso existe para complacer y mantener unido al chavismo. Por otro lado, Delcy Rodríguez está básicamente haciendo lo que quiere Trump en términos económicos, algo que no es tan difícil porque incluso Chávez, con todo su discurso antimperialista, nunca dejó de vender petróleo a EE.UU., que siempre era su mejor cliente”, apunta Smilde.
De hecho, en 2006, mientras Chávez acusaba al presidente George W. Bush de ser “el diablo”, Venezuela le vendía 1.137.000 barriles diarios de crudo a EE.UU., equivalente a más del 50% de sus exportaciones.
En el caso de Delcy Rodríguez se repite esa paradoja: ella acusa a EE.UU. de “secuestrar” a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, y de agredir militarmente a Venezuela, mientras su gobierno accede a un acuerdo petrolero que -según Washington- permite a EE.UU. controlar la venta del petróleo venezolano, así como la administración de los fondos procedentes de esas ventas.
La magnitud del giro dado por Rodríguez puede apreciarse en toda su magnitud en la reciente reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos que ella impulsó y que no solamente revierte gran parte de la estatización petrolera impuesta por Chávez, sino que abre las puertas para que las empresas privadas participen en actividades petroleras que eran consideradas como monopolio del Estado venezolano desde hace medio siglo.
Según informó el diario oficialista VEA, durante un encuentro de comunicadores afines al gobierno organizado por la presidencia, Rodríguez les pidió tener confianza ante “acciones poco comprensibles” y aseguró que sus decisiones están orientadas hacia tres objetivos: la preservación de la paz en el país, el “rescate” de Maduro y Flores; y la “preservación del poder político por parte de la revolución bolivariana”.
Este último punto, más que cualquier ideología, es lo que según los analistas consultados por BBC Mundo explicaría la mayor parte de los cambios políticos ocurridos en el chavismo en estos más de 25 años de gobierno.
Prioridad: preservar el poder
Desde su llegada al poder, el chavismo en Venezuela ha mostrado su rechazo a la alternancia política.
“No volverán”, “Chávez hasta el 2.000 siempre” eran algunos de los eslóganes más populares en sus filas durante sus primeros años de gobierno.
Maduro, por su parte, dijo en 2024 que el chavismo iba a ganar las elecciones presidenciales de ese año “por la buenas o por las malas”.
“Todos los partidos políticos quieren quedarse en el poder hasta siempre. El problema surge cuando cambian las reglas de la competencia política para hacer esto”, afirma Javier Corrales.
“En el caso de Chávez, esto se ve desde su campaña para eliminar la partidocracia. Luego, lo que hizo con la Asamblea Constituyente y, más adelante, cuando empezó a utilizar los recursos del boom petrolero para autofavorecerse, aferrarse a los militares, obtener control total del sistema judicial, crear enormes irregularidades en el sistema electoral”.
“Todo se iba haciendo para que el presidente tuviera menos frenos y contrapesos y que la oposición tuviera más frenos y contrapesos”, agrega.
Héctor Schamis, profesor de la Universidad Georgetown y columnista de medios internacionales, señala que en sus inicios el chavismo encarnaba un cierto discurso de izquierda basado en reducir la desigualdad y aumentar la participación popular, temas clásicos de la izquierda que -según asegura- con el tiempo se convirtieron simplemente en instrumentos discursivos.
“Con Chávez había un régimen autoritario populista clásico, como hubo en América Latina con el peronismo, el cardenismo, el varguismo en Brasil, donde lograban el orden social por la vía de la cooptación y la encapsulación de voces disidentes. El chavismo fue eso”, agrega.
Javier Corrales, por su parte, considera que Chávez abrió la ruta hacia el autoritarismo al transformar Venezuela de un país democrático a un país semiautoritario o autoritario competitivo, donde existían ciertas instituciones democráticas, pero en el que ya había una enorme concentración de poder en el presidente, una erosión de las instituciones de rendimiento de cuentas y reglas pensadas para entorpecer a la oposición.
“Chávez siempre ganaba elecciones, algunas con más fuerza que otras. No eran elecciones verdaderamente libres y justas, pero él las ganaba. Al llegar Maduro al poder, empieza a perder popularidad muy rápidamente. ¿Y qué hace Maduro? Echa mano de todas las herramientas coercitivas y autoritarias que Chávez había puesto a su disposición y las utiliza para aferrarse al poder”.
En esta evolución, Schamis le añade al incremento del autoritarismo el auge de la corrupción que, según asegura, derivó en vínculos con el crimen organizado.
“Se trata de una organización criminal en posesión de un Estado, no es una entidad política. No tienen ideología. La ideología, el progresismo, la izquierda, el socialismo, todo eso es un discurso para justificar el poder, porque solo el poder garantiza la impunidad”, apunta.
Existan o no esos supuestos vínculos entre el chavismo y el crimen organizado que han sido invocados por EE.UU. y negados por el gobierno venezolano de forma reiterada, en lo que sí coinciden los expertos es en que Delcy Rodríguez intentará ganar tiempo para tratar de quedarse en el poder.
“Creo que ella y a su gente apuestan por hacer lo que les pida EE.UU. en lo económico y por mantenerse unidos en lo político sin llamar la atención, volando un poco bajo el radar con la esperanza de que Trump de repente se ocupe de otra cosa, a ver si pueden llegar a estos tres años hasta que haya un cambio de presidente en Estados Unidos para sobrevivir”, señala David Smilde.
“Ellos están jugando a la supervivencia, no he visto que estén jugando a la reforma”, concluye.
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