El pasado 11 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó en su conferencia matutina que se debía de dar apoyo a los jóvenes para prevenir la violencia, mencionando especialmente que su gobierno trabajará programas para prevenir las adicciones. Asimismo, señaló que se buscará “desalentar el consumo de drogas en una gran campaña en la que los van a ayudar todos los medios de información; dando opciones, dando alternativas, [para] que el joven no tome ese camino”.
Además de realizar generalizaciones sobre los efectos de las drogas, sin distinguir los efectos de las diferentes sustancias, y suponer que todo uso constituye un uso problemático, estas declaraciones son preocupantes debido a que el presidente vincula el uso de drogas a la violencia y estigmatiza a las y los usuarios de drogas.
Lo anterior, junto a la propuesta de levantar la prohibición de las drogas que actualmente son ilícitas contenida en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, nos orillan a mirar y evaluar las estrategias utilizadas alrededor del uso de drogas para proponer políticas eficaces, acorde a los derechos humanos.
Por ello, desde EQUIS Justicia para las Mujeres, aprovechamos la ocasión para hablar sobre el Programa de Justicia Terapéutica (PJT), un modelo fallido exportado de Estados Unidos donde se les conoce como Cortes de Drogas, en el que las personas acusadas de delitos menores bajo la influencia de una sustancia psicoactiva, en lugar de acudir a prisión, son sujetas a tratamiento supervisado por un juez.
Este modelo se expandió a varias partes del mundo, incluyendo México, bajo el nombre de Tribunales de Tratamiento de Adicciones (TTA). Actualmente estas Cortes operan en seis estados: Chiapas, Durango, Chihuahua, Estado de México, Morelos y Nuevo León (Baja California y Baja California Sur están en proceso de implementación), las cuales operan de dos maneras: una como supervisión provisional en el proceso -es decir, el proceso penal se suspende, mientras la persona acude a tratamiento-, otra como alternativa a la sanción de prisión para personas acusadas de robo sin violencia.
Este modelo ha fracasado por varias razones. La principal es que aborda un tema de salud desde una perspectiva penal. Esto es, en lugar de favorecer la prevención del uso problemático de drogas con profesionales expertos en el tema, se deja en manos de un juez penal (cuyo expertise es el derecho y no la salud pública) las decisiones finales sobre las personas que participan en estos programas. Esto ha sido señalado por numerosos actores entre ellos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha mostrado su preocupación por este modelo recomendando explorar otras medidas, particularmente la despenalización del consumo y uso de drogas para consumo personal.
En Equis Justicia para las Mujeres realizamos una investigación que analiza el impacto de este programa en las mujeres, mostrando los serios problemas que tiene en tres poblaciones: mujeres usuarias de drogas, mujeres que fungen como redes de apoyo de las personas que participan en el programa y mujeres víctimas de alguno de los delitos contemplados en el programa.
Sobre las mujeres usuarias, encontramos que los requisitos establecidos favorecen la selectividad y exclusión, pues incluyen contar con un trabajo estable, domicilio fijo, tener redes de apoyo, entre otros. Esto es problemático porque impide que muchas mujeres que potencialmente se favorecerían del tratamiento -como son las que están en situación de calle-, no puedan acceder al mismo y, por tanto, terminen yendo directo a la cárcel por delitos menores relacionados con drogas. Además, las mujeres que incumplen alguno de los requisitos son sujetas a sanciones mucho más severas que si no estuvieran en el tratamiento. Esto nos hace pensar que, más que ser una alternativa al encarcelamiento, son una forma de estigmatizar a las usuarias de droga. De igual manera, observamos con preocupación que existe una falta de centros de tratamiento públicos para mujeres, por lo que la mayoría de las usuarias son admitidas a centros mixtos donde, muy a menudo, son víctimas de abusos por parte de los demás participantes o por el personal.
Respecto a las mujeres que fungen como redes de apoyo de las personas que participan en el programa, resulta alarmante que en ellas recae la responsabilidad de garantizar el cumplimiento exitoso del programa, proveyendo al participante con sustento económico, logístico, emocional y de cuidado. Con esto no solo se refuerza el rol de cuidadoras de las mujeres, favoreciendo la doble o triple jornada laboral, sino que se les orilla a asumir labores que debería de realizar el gobierno al proveer servicios de salud a quien tiene uso problemático de sustancias.
En el caso de las mujeres que son víctimas de los delitos cometidos por los usuarios que entran al programa, esto se vuelve todavía peor. Es de destacarse en particular el caso de Nuevo León, donde la mayoría de los participantes del programa ingresaron acusados por violencia doméstica. ¿Quiénes fungen como sus redes de apoyo? Las mismas mujeres a quienes violentaron.
Sin duda, reconocer que el prohibicionismo y la lógica punitiva detrás de las políticas de drogas ha sido una estrategia fallida es un avance considerable de la actual administración. Sin embargo, si en verdad se busca establecer una política de drogas progresista, no se puede continuar estigmatizando a las y los usuarios de drogas, ni se deben continuar impulsando programas como las Cortes de Drogas, que priorizan el uso del derecho penal por sobre un enfoque respetuoso de los derechos humanos. En su lugar, se deben impulsar políticas de drogas basadas en un enfoque de salud con perspectiva de derechos humanos y género, orientadas a la despenalización y descriminalización de los delitos relacionados con el uso, la posesión y la producción para uso personal lúdico y medicinal. Esperamos que el gobierno apueste por construir un plan integral en este sentido.
* Isabel Erreguerena (@isaerre) es coordinadora del Área de Políticas Públicas de EQUIS Justicia para las Mujeres (@EquisJusticia).
