Las protestas en Irán: entre la realidad y la ficción mediática
Desde hace un par de semanas Irán ha experimentado un nuevo estallido social con protestas masivas en más de 180 ciudades del país. Estas manifestaciones iniciaron el pasado 28 de diciembre del 2025 y cientos de miles de personas han salido a protestar a lo largo del país. Sin embargo, desde occidente las protestas que periódicamente sacuden a Irán suelen ser interpretadas como episodios reducidos a una lucha binaria entre autoritarismo y democracia liberal. Esta lectura simplificada no solo resulta insuficiente para analizar la compleja situación iraní, sino que distorsiona las causas profundas del malestar social dentro del país. Aunado a esto, vemos una serie de campañas mediáticas que buscan aprovechar las protestas para promover una visión de las protestas afín a las agendas políticas de las capitales occidentales.
En el núcleo de las movilizaciones se encuentran, ante todo, factores económicos y sociales como la precarización acelerada, la pérdida sistemática del poder adquisitivo debido a la constante devaluación del Rial y el hartazgo de muchos sectores de la población, sobre todo jóvenes, a la imposición de una moral religiosa que regula la vida cotidiana, y esto no es nuevo, desde hace una década las protestas masivas han sido una constante en la vida pública de Irán.
El deterioro económico fue el catalizador de las protestas. La devaluación crónica del Rial, combinada con una inflación persistente, ha erosionado los ingresos reales de amplios sectores de la población. El encarecimiento de bienes básicos, el desempleo juvenil y la falta de expectativas materiales han producido una frustración acumulada entre la población iraní. Estas condiciones no pueden ser comprendidas únicamente como efectos colaterales de las sanciones internacionales, sino también como resultado de una economía política profundamente ineficiente, capturada por élites religiosas y militares, incapaz de ofrecer horizontes de estabilidad económica para la mayoría de la población, aun cuando la economía iraní tiene el potencial de diversificarse y crecer aún en un entorno de sanciones internacionales.
A esto se le suma un conflicto social más profundo. Irán lleva un par de años experimentando una profunda transformación social en el ámbito moral. Tras las protestas desencadenadas por la detención y muerte de Mahsa Amini en el 2022, que dieron origen al movimiento de protesta “Mujer, vida y libertad”, amplios sectores de la población, sobre todo mujeres y jóvenes han mostrado su rechazo hacia la imposición de las rígidas normas religiosas que regulan el comportamiento en la vida cotidiana. El control del cuerpo, de la vestimenta, de las formas de relacionarse y del comportamiento en general ejercido, especialmente sobre las mujeres, ha sido usado como un mecanismo de control social por parte del régimen que hoy genera un rechazo creciente, incluso entre sectores que no necesariamente se identifican con proyectos políticos liberales u occidentales.
En este contexto las manifestaciones estallaron en distintos puntos de Irán, iniciando con comerciantes y tenderos del Gran Bazar de Teherán y, posteriormente, con otros sectores de la población como mujeres, sindicatos, jóvenes y estudiantes universitarios. En poco tiempo, las protestas se extendieron no solo a las principales ciudades, sino también a localidades más pequeñas, donde pasaron de una queja por la situación económica a una exigencia de transformación sistémica. En respuesta, las autoridades iraníes recurrieron a la represión violenta, deteniendo a miles de personas, causando la muerte de cientos de manifestantes y dejando a muchos otros heridos, al tiempo que se bloqueó el acceso a internet en el país como método de contención, tanto de la organización de las protestas como de la información que sale del país.
Sin embargo, a pesar del claro origen económico y social del descontento, podemos ver como una narrativa distinta ha ganado tracción en medios occidentales: la idea de que las protestas en Irán estarían orientadas hacia una restauración monárquica, encarnada en la figura de Reza Pahlaví, hijo del último Sha (rey). Esta interpretación no solo es problemática, sino que resulta profundamente artificial cuando se contrasta con la realidad de las movilizaciones dentro del país. Es cierto que se han visto símbolos monárquicos en las manifestaciones y que la idea de una restauración monárquica encuentra cierto respaldo en sectores específicos de la sociedad iraní. No obstante, la centralidad que ha adquirido Reza Pahlaví como figura de oposición es resultado, en gran medida, de la ausencia de un liderazgo alternativo claro, así como de la falta de un programa político unificado entre los manifestantes, más allá de demandas como el fin del régimen, la secularización de la vida pública o denuncias derivadas de la corrupción, la represión o la inflación.
Esta falta de referentes, no solo entre los manifestantes, sino entre la oposición iraní ha favorecido a Pahlaví, quien al menos cuenta con reconocimiento de nombre y ha cultivado durante décadas apoyos en favor de la monarquía, sobre todo en Occidente. Sin embargo, su capacidad de convocatoria dentro de Irán sigue siendo limitada. Esto se debe, por un lado, al rechazo a la idea de la monarquía y, por otro, a que para muchos iraníes Pahlaví perdió la legitimidad que aún conservaba al expresar su apoyo a los bombardeos israelíes contra Irán en junio de 2025, lo que erosionó su apoyo incluso entre sectores firmemente opositores al régimen.
El resurgimiento de los símbolos monárquicos en las protestas se explica, en parte, por la neutralización sistemática de otras figuras de oposición con capacidad para encabezar una transición hacia un horizonte secular. Figuras como Narges Mohammadi y Mostafa Tajzadeh han pasado años entrando y saliendo de prisión, mientras que otras, como Shirin Ebadi o Masih Alinejad, viven en el exilio, lo que ha limitado de manera significativa la posibilidad de articular un liderazgo opositor coherente frente al régimen. En este contexto, la aparente reaparición de símbolos monárquicos en las calles de Teherán no debe interpretarse como un llamado a restaurar la corona, sino como una vía de escape frente a un callejón político sin salida.
De igual forma, cabe mencionar que buena parte de esta narrativa sobre la restauración de la monarquía se construye a partir de las manifestaciones de la diáspora iraní en ciudades como Londres, Nueva York, Washington o París. En estos espacios, sectores específicos de la diáspora iraní, muchos de ellos vinculados histórica y simbólicamente al antiguo régimen, han desplegado símbolos monárquicos y discursos que apelan a una supuesta continuidad entre sus demandas políticas y las protestas que ocurren dentro de Irán. En este marco, no resulta casual que estos sectores de la diáspora manifiesten una afinidad visible con Israel y con Estados Unidos a los que conciben como contrapesos naturales del régimen iraní. Esta afinidad se expresa visualmente en manifestaciones donde es posible ver cómo banderas israelíes y estadounidenses aparecen junto a la bandera iraní prerrevolucionaria. Lo relevante de esto es que, desde ciertos medios occidentales, estas expresiones son presentadas como si fueran la extensión natural del movimiento interno, como si las calles de Londres o Nueva York y las de Teherán o Isfahán hablaran con una sola voz.
El problema de esta equiparación es doble. En primer lugar, borra la complejidad tanto política como social del descontento que existe dentro de Irán, reduciéndolo a un proyecto político específico que no cuenta con evidencia sólida de arraigo popular al interior de Irán. En segundo lugar, confunde deliberadamente intereses distintos que, aunque convergen en su oposición a la República Islámica, emergen de contextos históricos, materiales y políticos radicalmente diferentes. En este sentido esta narrativa no busca comprender ni acompañar las demandas que emergen de las calles iraníes, sino capitalizar el momento de protesta para proyectar agendas ajenas, instrumentalizando un malestar social real sin atender a los intereses ni a las condiciones materiales de quienes lo protagonizan.
La diáspora iraní, particularmente aquella asentada en Occidente, no es un sujeto político análogo ni representativo del conjunto de la sociedad iraní. Sus prioridades, imaginarios y horizontes políticos están moldeados por décadas de exilio, por procesos de integración en economías occidentales y por una relación mediada y muchas veces idealizada con el pasado previo a la revolución islámica de 1979. Esta desconexión entre la experiencia del exilio y la realidad social del Irán actual tiende a traducirse en imaginarios políticos anclados en la memoria y no en las condiciones estructurales del presente.
Las protestas en Irán no se articulan en torno a la figura del Sha ni a la restauración de un orden monárquico ni a la adhesión a un proyecto político alineado con Occidente. Se trata de movilizaciones descentralizadas que expresan, ante todo, el hartazgo acumulado frente al deterioro de las condiciones materiales de vida, la precarización económica y las restricciones impuestas sobre el ámbito social. Más que formular una propuesta política específica más allá del rechazo al régimen, estas protestas ponen en evidencia el agotamiento popular frente a un gobierno incapaz de ofrecer estabilidad económica y márgenes mínimos de autonomía social.
La insistencia occidental en interpretar las protestas iraníes a través del prisma de una posible restauración monárquica no es ni casual ni inocente. Responde a los intereses estratégicos de Estados Unidos e Israel, para quienes un cambio de régimen en Teherán constituye una prioridad geopolítica regional. En este marco, se descubrió que los servicios de inteligencia israelíes han llevado a cabo una operación encubierta de influencia mediática mediante el uso de cuentas falsas y contenido generado con inteligencia artificial para impulsar la figura del príncipe heredero exiliado Reza Pahlaví, presentar la nostalgia monárquica como un componente relevante del descontento social en Irán y promover la idea de una restauración monárquica en Irán. De esta forma, la idea de la restauración de la monarquía no emerge como un sentimiento orgánico, sino como una operación funcional a los intereses occidentales, sobre todo frente a un proceso interno de transformación política y social cuyo desenlace aún resulta incierto. Es así como la figura de Reza Pahlaví paso de una posición periférica, por no decir marginal, en la política iraní, a ocupar un lugar central en la narrativa occidental sobre las protestas.
Esta operación de manejo narrativo tiene consecuencias políticas reales. Al proyectar sobre las protestas internas una agenda externa, se corre el riesgo de deslegitimar el descontento popular dentro de Irán, permitiéndole al régimen caracterizar las manifestaciones como una conspiración extranjera y no como una crisis estructural doméstica. Esto cobra relevancia sobre todo desde que se dio a conocer por medios israelíes que agentes de los servicios de inteligencia israelí han operado para avivar las protestas.
Paradójicamente, la sobrerrepresentación mediática de la diáspora monárquica y el encuadre de las protestas internas como parte de un proyecto de restauración monárquica no solo distorsionan la naturaleza del descontento en Irán, sino que fortalecen las narrativas oficiales del Estado. Al insistir en vincular las movilizaciones que se desarrollan dentro del país con las agendas de la diáspora y de potencias extranjeras, se proporciona al régimen un marco discursivo eficaz para deslegitimar las protestas al presentarlas como el resultado de injerencia externa y no como la legitima expresión de una crisis estructural interna que aviva el descontento popular real que vemos en las calles de la mayoría de las ciudades iraníes.
En última instancia, al día de hoy, las protestas en Irán (vistas más allá de la lente de los medios que auguran el inminente colapso del régimen) se enfrentan a una realidad: el Estado iraní aún mantiene intacta su amplia estructura burocrática y de seguridad, así como una base de apoyo popular todavía significativa. No obstante, este equilibrio se ve crecientemente tensionado por demandas de reformas en los ámbitos social y económico. En este contexto, resulta evidente que desde hace tiempo es necesario un proceso de reforma en Irán, pero este solo tendría legitimidad si emerge desde el interior de la sociedad iraní y no como resultado de una intervención percibida como extranjera.
* Adrián Marcelo Herrera Navarro (@adrianmarcelo96) es maestro en Ciencia Política por El Colegio de México, con especialización en temas de seguridad nacional y relaciones internacionales.
Dos días después de que Maduro fuera capturado en Caracas en una operación militar estadounidense, quien fuera su mano derecha asumió como jefa de Estado interina.
Delcy Rodríguez juramentó este lunes como la nueva presidenta encargada de Venezuela.
Quien fuera la mano derecha de Nicolás Maduro se conviritó así en su sucesora interina, dos días después de que en la madrugada del sábado el entonces mandatario fuera capturado por Estados Unidos.
Maduro fue detenido en Caracas en un amplio y controlado operativo militar de EE.UU. junto a su esposa, Cilia Flores
Ambos fueron trasladados a Nueva York, donde este lunes se declararon no culpables ante un tribunal federal de cargos de conspiración para el narcoterrorismo y otros delitos.
En una retrasada ceremonia ante la Asamblea Nacional, que asumió en esta misma jornada para su nuevo periodo, la otrora vicepresidenta ejecutiva del país asumió el cargo luego de que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordenara su asunción como jefa de Estado ante la “ausencia forzosa” de Maduro.
El diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo de Nicolás Maduro, fue uno de los testigos directos de la juramentación.
Con el nombramiento de Rodríguez como presidenta interina, el tribunal le otorga el poder para liderar “la defensa de la soberanía” y “preservar el orden constitucional”.
La líder cuenta además con el respaldo del ejército venezolano.
La abogada de 56 años ha sido una pieza clave del chavismo. Durante el gobierno de Hugo Chávez llegó por primera vez al gabinete como ministra del despacho de la Presidencia.
Pero fue tras la asunción de Maduro, en 2013, cuando consolidó su poder: fue ministra de Comunicación e Información, ministra de Economía, para luego asumir como canciller y finalmente como ministra de Hidrocarburos y vicepresidenta ejecutiva.
Pocas horas antes de juramentar, Rodríguez había dado un giro drástico en el tono con Estados Unidos.
Tras la operación militar de élite que fue ordenada por el propio Donald Trump en territorio venezolano, fue ella quien la calificó como un “secuestro ilegal e ilegítimo” y una “agresión extranjera”.
“Lo que se le está haciendo a Venezuela es una barbarie”, aseguró en una intervención en cadena nacional.
“Sitiarla, bloquearla, es una barbarie que violenta todo mecanismo del sistema de derechos humanos internacional y configura delitos de lesa humanidad. Que ningún bloqueo pretenda torcer la voluntad de este pueblo”, dijo Rodríguez a la vez que reafirmó que “en Venezuela solo hay un presidente, que se llama Nicolás Maduro Moros”.
La noche del domingo, sin embargo, la nueva presidenta de Venezuela invitó al gobierno de Trump a “trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido, en el marco de la legalidad internacional y fortalezca una convivencia comunitaria duradera”.
“Venezuela reafirma su vocación de paz y de convivencia pacífica. Nuestro país aspira a vivir sin amenazas externas, en un entorno de respeto y cooperación internacional. Creemos que la paz global se construye garantizando primero la paz de cada nación”, agregó en un post de Instagram, recalcando los principios de la “igualdad soberana y la no injerencia”.
Trump había sugerido previamente que Rodríguez estuvo en contacto con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, y que habría manifestado su disposición a acceder a todas las exigencias de Washington. “No tiene alternativa”, afirmó.
Este domingo el mandatario estadounidense fue más allá y le dijo a la revista The Atlantic que si Rodríguez “no hace lo correcto, va a pagar un precio muy alto, probablemente mayor que el de (Nicolás) Maduro”.
Tras la captura de Maduro, Trump había advertido que EE.UU. “gobernará” Venezuela “hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y juiciosa”.
¿Cuánto tiempo podría estar en el cargo?
La Constitución venezolana establece un plazo de 30 días para realizar elecciones en caso de una falta absoluta del presidente.
Las causas incluyen, entre otros supuestos, fallecimiento, renuncia, destitución o abandono.
Sin embargo, por el carácter excepcional del caso, el Tribunal Supremo de Venezuela optó por interpretar la ausencia de Maduro como “temporal”, atribuyendo a la vicepresidenta la función de suplirlo.
Un vicepresidente puede suplir la ausencia presidencial temporal durante hasta 90 días, período que puede extenderse a seis meses con el voto de la Asamblea Nacional.
En su sentencia, de todas formas, el máximo tribunal venezolano no recordó esos plazos, lo que abre dudas sobre la posibilidad de que Rodríguez pueda mantenerse en el poder más allá de ese itinerario.
Lo más probable es que aquello dependa ahora, en gran medida, de cómo la nueva presidenta de Venezuela maneje la relación con Estados Unidos.
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