¿Qué puede hacer México para evitar una intervención militar?
El lunes 12 de enero, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una llamada con el presidente Donald Trump, a partir de la cual asegura que ha quedado descartada la intervención militar de Estados Unidos en territorio nacional, lo cual es una buena noticia, por lo menos hasta la siguiente bravata del presidente estadounidense con una nueva amenaza de incursión militar en nuestro territorio.
Como ya expuse, el gobierno de la presidenta Sheinbaum ha sido particularmente eficaz al momento de apaciguar las presiones ejercidas por Trump, básicamente debido a que se ha cedido en gran parte de las demandas realizadas por este, por lo menos en materia de seguridad, como se pudo observar con la entrega de 55 criminales culpables de narcotráfico a los EUA.
En esta última llamada que sostuvieron no sabemos cuáles fueron los nuevos acuerdos (¿demandas?), pero hay medios como el Wall Street Journal que señalan la discusión en torno a la captura y entrega de políticos (principalmente pertenecientes a Morena) vinculados con la delincuencia organizada. En el mismo texto se señala que el margen de acción de la presidenta Sheinbaum se está terminando y que puede llegar el momento en que lo que ofrezca a Trump no va ser suficiente; en consecuencia, la incursión militar terminaría siendo inevitable. En este contexto, ¿qué puede hacer México para evitar una posible intervención militar estadounidense?
En el margen de maniobras reducido que algunos analistas y medios dicen que le resta a la presidenta, veo tres posibilidades:
- La detención y entrega de un capo de primer nivel,
- La detención y entrega de uno o varios políticos vinculados con la delincuencia organizada, o
- Establecer un nuevo acuerdo de colaboración similar a la Iniciativa Mérida, que establezca un nuevo marco de colaboración entre países.
En esta primera opción, tendría que tratarse de una figura como Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, para que Trump lo considere un intercambio aceptable. Sin embargo, esto plantea un problema de fondo: si supiéramos que la captura o abatimiento de un líder como “El Mencho” podría iniciar una escalada de violencia criminal capaz de hundir a amplias regiones del país en un conflicto de gran escala, ¿seguiría siendo razonable proceder contra dicho personaje?
Hacia finales del año pasado, Trump declaró en conferencia de prensa que “conoce todos los domicilios de cada capo del narcotráfico” y añadió que estaría dispuesto a lanzar ataques contra ellos con tal de “proteger a su país”. Considerando la existencia de canales de comunicación y cooperación entre las agencias de ambos países, es razonable suponer que las autoridades mexicanas cuentan, al menos en parte, con información similar. Esto plantea una pregunta inevitable: si dicha información existe, ¿por qué no hemos visto detenciones de capos de alto perfil más allá de aquellas realizadas bajo presión directa de Estados Unidos?
La experiencia del periodo de la llamada “guerra contra el narcotráfico” durante el sexenio de Calderón dejó una lección clara: acciones centradas en la Kingpin Strategy están destinadas a fracasar si lo que se busca es pacificar. El caso reciente de Sinaloa lo ilustra claramente: la extracción de Ismael “el Mayo” Zambada, derivada de la traición de uno de sus aliados, “Los Chapitos”, generó una crisis de seguridad que no muestra signos de disminuir. Mientras en Estados Unidos se celebró este hecho como un triunfo de la justicia en aquel país, en México la violencia se desbordó. Replicar este esquema en otras partes del país podría conducir a una espiral de violencia incontrolable y, paradójicamente, generar el escenario que permitiría a Washington justificar una intervención abierta y directa en territorio mexicano.
La segunda opción se trata de la captura y entrega de políticos vinculados con grupos de la delincuencia organizada y es la opción que parece más viable en este momento, y al mismo tiempo, la más costosa políticamente para la presidenta. Entre el sexenio pasado y el actual no se han presentado acusaciones de alto perfil contra políticos por delitos relacionados con delincuencia organizada o uso de recursos de procedencia ilícita, a pesar de que no faltan las acusaciones ni los señalamientos, lo cual sugiere la existencia de un manto de protección que evita sean llamados a declarar por las autoridades correspondientes. En el caso más relevante, el actual senador morenista, exgobernador de Tabasco y exsecretario de gobernación en el sexenio de AMLO, Adán Augusto López, no ha sido considerado públicamente sujeto de interés en las investigaciones sobre Hernán Bermúdez Requena, quien fuera su secretario de seguridad y presunto líder de la agrupación “La Barredora”, ligada al llamado Cartel Jalisco Nueva Generación.
Como señalé en un texto previo, diversos medios apuntan a la existencia de una “lista negra” que Marco Rubio tiene sobre políticos mexicanos, por lo que no resultaría sorprendente que las autoridades estadounidenses tengan ya identificados políticos mexicanos por su presunta relación con la delincuencia organizada. Es previsible que aumente la presión por detener a estos personajes, de modo que podría obligar a la presidenta a romper los presuntos pactos de protección al interior del partido.
Los costos políticos vendrían al interior del partido, ya que obligaría a políticos a velar por su supervivencia y reconsiderar sus afiliaciones políticas, lo cual podría significarle un menor apoyo a la presidenta para impulsar sus reformas estructurales. Algunos podrían argumentar una “cacería de brujas”, pero la realidad es que la interrelación del campo político con el campo delictivo está en el centro del problema de la seguridad en México, si recordamos -como dice Luis Astorga- que el tráfico de drogas “nació a la sombra de los intereses del campo político y supeditado a él”.
Por último, las autoridades podrían optar por buscar establecer un nuevo acuerdo bilateral de seguridad, similar a lo que fue la Iniciativa Mérida que enmarque nuevamente y de forma clara los lineamientos de la cooperación entre países y esperar que el gobierno de Trump se apegue a éste. Un problema es la volubilidad del presidente estadounidense donde los acuerdos entre países no aseguren su respeto pleno.
Por otra parte, discursivamente los gobiernos de la autodenominada “4T” se han desmarcado frente al electorado mexicano del discurso de la “guerra contra las drogas”, al reconocerla como un grave error de los gobiernos anteriores, a pesar de que varios de los principios de esta política sigan presentes (como la militarización y la falta de legalización del consumo de algunas drogas). Sin embargo, no dudo que la 4T tiene el capital político, la popularidad suficiente y los medios para realizar un acuerdo de este tipo y mantener su imagen intacta frente a la población mexicana.
Esta última opción es la menos deseable, pues como varios analistas y activistas han comentado, las intervenciones estadounidenses en naciones extranjeras no terminan en su pacificación. A su vez, representaría una derrota moral del gobierno ya que finalmente sería aceptar la intervención estadounidense, solo que con “el aval” del gobierno mexicano. Además, cualquier política que se asemeje a “la guerra contra las drogas” debería ser rechazada, pues ha sido ampliamente documentado que termina por funcionar como un mecanismo de violencia ejercido contra la población.
* Gerardo López García (@gera_emp) es licenciado en Ciencias Políticas y maestro en Estudios Políticos, ambos grados por la UNAM. Realizó el Diplomado en Defensa y Seguridad Nacionales en la UNAM y se especializa en análisis de seguridad pública, delincuencia organizada y control territorial. Ha sido funcionario público federal y local (INEGI, FGR Y SSC-CDMX).
Mientras la atención internacional se centra en los cambios políticos que atraviesa Venezuela, para los venezolanos el aumento de precios es la preocupación más inmediata.
En un supermercado en el este de Caracas hace unos días me enfrenté con un dilema: ¿cuánto estaría dispuesto a pagar por un kilo de manzanas?
Me pasó lo mismo cuando al tratar de adquirir mi desodorante habitual me di cuenta de que en la capital venezolana debía abandonar la fidelidad a un producto que he utilizado durante casi una década.
¿Por qué pagaría US$13 por un desodorante que en Londres cuesta 2,5 libras esterlinas (US$3,4)? ¿Y quién puede pagar en Venezuela US$10 por un kilo de manzanas?
Mientras la atención internacional se centra en el cambio de mando en Venezuela y en el giro del país tras el ataque de EE.UU. y la captura de Maduro, en las calles de Caracas una gran preocupación de los venezolanos vuelve a ser el costo de la vida, los altos precios y la economía del país.
En mercados y comercios de Caracas, los precios suben con enorme rapidez en un contexto marcado por la inestabilidad política y cambiaria y en un país marcado desde hace años por la inflación.
“Me siento más pobre hoy que en diciembre”, dice María Luisa, de unos 50 años, mientras compra hortalizas con su hija Sofía en el mercado de Chacao, en el este de la ciudad. “El dinero rinde menos ahora que hace un mes”, insiste.
Sofía explica que pasó parte del día buscando comida para su gata.
Afirma que a finales del año pasado costaba entre US$3,5 y US$4 el kilo, y hoy está en US$6.
“Cuesta casi el doble de repente”, se queja.
En el centro de Caracas se repite la historia. Con una gran cantidad de bolívares en la mano, que parecen mucho, pero en realidad valen poco, Yarilén, una pensionada de 55 años, afirma que además de la caída del poder adquisitivo, el volátil tipo de cambio es difícil de seguir en una economía que en los últimos años vivió una dolarización de facto.
“Un negocio cobra en bolívares y el siguiente en dólares. Tienes que hacer las cuentas todo el tiempo en tu cabeza”, explica.
Crecimiento moderado y alta inflación
La economía venezolana está siendo impactada de nuevo por la inestabilidad política, que tradicionalmente ha elevado el precio del dólar, además de por la incapacidad ahora de vender su petróleo libremente, su principal producto de exportación, debido a las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos y al bloqueo marítimo que impide a Caracas colocar crudo en el mercado negro con ayuda de una “flota fantasma”, como solía hacerlo desde que se impusieron las primeras sanciones en 2017.
Según las últimas proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), publicadas en octubre, Venezuela cerró 2025 con una inflación de 548%.
La misma fuente preveía un crecimiento económico moderado de 0,5%, una cifra muy modesta considerando que el Producto Interno Bruto (PIB) del país es hoy casi un 80% menos al pico histórico de 2012 que logró impulsado por los altos precios del petróleo.
Estas proyecciones no tomaban en cuenta los eventos del 3 de enero, cuando el presidente Nicolás Maduro fue detenido y trasladado a una cárcel de Nueva York, donde se espera que enfrente a la justicia estadounidense por cargos relacionados con narcotráfico y posesión de armas.
Se espera una mejora de la situación
Ahora el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegura que quiere controlar y vender el petróleo de Venezuela, país que tiene las mayores reservas de crudo del mundo.
Pero un gran número de venezolanos se opone a la idea.
“Este es un país rico en petróleo, oro y minerales (…) Que vengan de afuera a tomar el control es como que alguien entre en tu casa sin pedir permiso”, le dice a BBC Mundo Sandra, quien vende helados para mantener a su familia.
A ella también le ha afectado el bolsillo la inestabilidad del país, y asegura que el temor a nuevos episodios de violencia hace que los venezolanos sean aún más cautelosos con los gastos.
“La gente trabaja con miedo. A tempranas horas ya todos están en su casa”, añade. “Yo quiero un cambio para el país, pero no así”.
Según el economista Jesús Palacios, la economía venezolana se enfrenta a corto plazo a desafíos como la galopante inflación y la presión cambiaria.
“La pérdida de poder de compra ya se sintió en diciembre y eso repercute en un menor ritmo de crecimiento”, le dice el profesor de la UCAB a BBC Mundo.
Señala además que la escasez de divisas por las trabas a la exportación petrolera y la diferencia entre el dólar oficial y el paralelo han empujado a muchos comercios a subir precios incluso en dólares, generando inflación también en moneda extranjera.
El tipo de cambio oficial establece que un dólar cuesta unos 330 bolívares. Pero el cambio paralelo es mucho mayor y es el que se usa muchas veces como referencia para marcar precios, lo que ha sido denunciado por el gobierno como una herramienta de distorsión y especulación.
Palacio advierte que si no hay un ajuste de precios a la baja en dólares, Venezuela podría convertirse en uno de los países más caros de la región, e incluso del mundo.
Pero añade que hay expectativas de que la situación mejore tras los acuerdos petroleros anunciados por Trump y la presidenta encargada Delcy Rodríguez.
“Probablemente en un par de semanas empiece a notarse un flujo de caja importante”.
“Constantemente rebuscándose”
José Guerra, profesor de Economía de la Universidad Central de Venezuela, concuerda.
“Los anuncios del presidente Trump han logrado crear expectativas favorables: el dólar paralelo ha disminuido más del 40% desde el día 8 de enero, cuando se hizo el anuncio, hasta el día 13 de enero. Y la brecha cambiaria se ha ido reduciendo”, le dice a BBC Mundo.
Oficialmente, el salario mínimo en Venezuela está fijado en 130 bolívares, lo que equivale a menos de un dólar, pero ambos economistas explican que la remuneración real tiende a ser algo mayor.
“El gobierno otorga bonos que hacen que el salario promedio esté entre US$60 y US$70, algo aún muy por debajo de la canasta básica alimentaria, que para una familia de cuatro miembros estaba en US$470 por mes”, apunta Guerra, firme opositor al gobierno actual.
El economista Jesús Palacios añade que el venezolano común tiende a tener varios empleos y no depende tanto de su sueldo oficial, sino que busca actividades complementarias.
“Vende tortas, busca comprar algo y revenderlo. Está constantemente rebuscándose. Cerca del 60% de la población tiene actividades complementarias”.
Nadie en Venezuela quiere hablar abiertamente de la diferencia entre el bolívar oficial y el paralelo por miedo a repercusiones.
Pero es un tema que rige la economía actual.
Mientras tanto, la mayoría, vive buscando alternativas a productos básicos.
Pensativos, dan vueltas en los mercados de la capital venezolana comparando precios y preguntándose si pueden permitirse comprar lo que planeaban.
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