Desmantelamiento del sistema de refugio en México: un horizonte complejo para las personas forzadas a huir
En nuestra colaboración anterior en este blog, abordamos cómo se han complejizado los procedimientos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) convirtiéndose en un obstáculo para que las personas migrantes que han salido de manera forzada de sus países ejerzan su derecho a solicitar y recibir refugio en México. En esta ocasión trataremos de mostrar otros elementos que evidencian cómo se ha ido desmantelando el sistema de asilo en México, en perjuicio de las personas con necesidades de protección internacional.
El testimonio de Idania, una mujer nicaragüense y su hijo, quienes fueron víctimas de secuestro en la frontera sur y posteriormente fueron desalojados del campamento en la Plaza Giordano Bruno, es sólo una muestra de los impactos que tienen los múltiples obstáculos que enfrentan las personas migrantes en México. Estos obstáculos, como el “cierre temporal” de la oficina central de la COMAR por más de 70 días, no solo impactan a nivel individual, sino que en conjunto constituyen violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes.
El viernes 24 de mayo de 2024 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo que determinó el cambio de domicilio de la oficina central de la Coordinación General de la COMAR. Esta decisión se tomó después de una serie de manifestaciones encabezadas por grupos vecinales de la colonia Juárez, quienes exigían que el campamento de personas migrantes -personas como Idania y su hijo- fuera trasladado a un albergue del Gobierno de la Ciudad de México. Posteriormente, vecinos de la colonia Anzures (ambas en la Alcaldía Cuauhtémoc) se manifestaron en contra del cambio de sede, lo que generó que el gobierno desistiera del cambio de domicilio. Pasaron más de setenta días hasta que se anunció la reubicación de la oficina a una zona periférica de la Ciudad de México, en la alcaldía Iztapalapa.
El prolongado cierre de las instalaciones de la COMAR afectó el derecho de las personas a solicitar y recibir asilo, pues durante 70 días no pudieron acceder efectivamente a realizar su solicitud. Aunado a ello, el no poder acceder al procedimiento de refugio hace que tampoco accedan al documento migratorio que tienen derecho, lo que les coloca en un riesgo inminente de ser devueltas a su país de origen, en donde su vida o integridad pueden estar en peligro.
Sin embargo, el cierre temporal de la COMAR no puede ser visto como un hecho aislado, sino que debe ser leído como una manifestación de la poca capacidad institucional con la que cuenta esta institución y, en general, las instituciones encargadas de velar por los derechos de las personas migrantes. En efecto, consideramos que desde el Estado Mexicano hay un desinterés absoluto por fortalecer a la COMAR o a las Procuradurías de Protección a la Infancia.
Como muestra de ello, vemos que para este año la COMAR tiene aprobado un presupuesto de 50 millones de pesos para sufragar toda su operación, frente a los 1,900 millones de pesos que recibe el Instituto Nacional de Migración (INM), 1 destinados a cubrir exclusivamente el pago de personal, pues los gastos de operación son cubiertos con los excedentes del pago de derechos migratorios. Por ello, hay que adicionar los más de 555 millones de pesos destinados a los servicios por traslado de personas que ha ejercido el INM a junio de 2024 y 114 millones de pesos más por concepto de alimentos para personas detenidas. 2
Este panorama es una pequeña muestra del desmantelamiento del sistema de asilo en México, que se refleja en una débil institucionalidad de la COMAR, la ausencia de espacios de acogida para las personas migrantes que llegan a México, así como la falta de opciones para regularizar su estancia en México y así poder acceder a un empleo y asegurar la garantía de sus derechos.
Frente a este panorama, desde Redodem creemos necesario que exista una política integral de atención a las personas migrantes, que incluya espacios dignos de acogida y programas accesibles para acceder a documentación migratoria y fortalecer presupuestal y administrativamente a la COMAR como la organización rectora en materia de protección internacional. Adicionalmente, estas acciones deben de estar acompañadas de un trabajo con las comunidades de acogida de las personas en contexto de movilidad forzada para prevenir expresiones de discriminación y promover una convivencia pacífica.
Se estima que miles de soldados rusos regresan del frente en Ucrania con problemas de salud mental, pero los profesionales del sector creen que no hay un sistema eficaz para brindarles apoyo psicológico.
“La mayoría de los soldados no quieren ir a terapia”, asegura Tatyana (nombre ficticio), una psicóloga voluntaria del proyecto Hogar Familiar, financiado por el Estado ruso.
A menudo le dicen que no podría entender por lo que ellos han pasado porque no estuvo en el frente, o temen que no sea capaz de soportar sus relatos de la guerra, le explica al Servicio Ruso de la BBC.
Agrega que, en lugar de someterse a terapia, prefieren salir a beber con amigos.
Se estima que miles de soldados rusos están regresando del frente en Ucrania con problemas de salud mental, como el trastorno de estrés postraumático (TEPT).
Pero los profesionales de esta rama señalan que, en los tres años y medio transcurridos desde que el Kremlin lanzó su invasión a gran escala, las autoridades no han logrado establecer un sistema eficaz de apoyo psicológico para los veteranos.
Como explica Tatyana, la transición de regreso a la relativa calma de la vida civil puede desencadenar una agresividad incontrolable en algunos excombatientes.
“Mi colega tuvo un paciente que entró en una cafetería y empezó a golpear a los clientes porque estaban allí sentados relajándose”, relata.
Y puntualiza que “existe ese conflicto interno: ‘aquí soy una buena persona, amable, y allí estaba matando gente'”.
También recuerda haber trabajado con un comandante que obligaba a sus subordinados a permanecer durante días en un hoyo sin comida ni agua, un método que consideraba necesario para imponer disciplina.
“Cuando volvió a casa con su familia, se preguntaba: ‘Dios mío, ¿cómo pude tratar así a estos chicos?'”, relata.
En el transcurso de todo un año, indica Tatyana, solo ocho soldados acudieron a ella en busca de apoyo psicológico, y varios de ellos acabaron desistiendo y recurriendo al alcohol.
“Son personas peligrosas”
Moscú no ha revelado cuántos soldados participan actualmente en los combates.
Sin embargo, en diciembre de 2023, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, declaró que había 617.000 soldados en el frente. Otros 490.000 fueron desplegados el año siguiente.
Según el Centro de Psiquiatría Bekhterev de Rusia, entre el 3% y el 11% de los soldados que pasan por el frente podrían sufrir trastorno de estrés postraumático (TEPT).
En el caso de una herida grave, la probabilidad de desarrollar un trastorno aumenta al 14-17%, según el mismo organismo.
Desde el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania, el Ministerio de Salud ruso ha establecido unas 2.700 oficinas de orientación médico-psicológica en todo el país para proteger la salud mental de los veteranos y sus familias.
También existe un programa financiado por el Estado que ofrece apoyo, además de algunas redes de voluntarios.
Pero todos estos esfuerzos son insuficientes y los centros que prestan asistencia psicológica son demasiado pequeños o carecen de personal, señala Yana (nombre ficticio), psicóloga que trabaja en una de estas oficinas de apoyo.
Yana se opone a la invasión de Ucrania y al principio pensó que sería difícil trabajar con hombres que habían participado en los combates; pero al final sintió que su ayuda podía marcar la diferencia.
“Son personas peligrosas y yo puedo hacer que sean menos peligrosas”, le cuenta al Servicio Ruso de la BBC.
Pero hay otro reto, asegura: operar en un entorno cada vez más represivo en el que cualquier crítica a lo que el Kremlin llama “operación militar especial” es ilegal.
Tanto los terapeutas como los pacientes suelen tener miedo de hablar con franqueza.
“A todos nos da miedo hablar”, afirma Yana. “Si hablas con alguien que no comparte tus ideas, puede haber consecuencias. Alguien podría delatarte y ya tu vida se arruinó”, sentencia.
Recuerda cómo algunos pacientes la ponían a prueba durante las sesiones, haciendo comentarios casuales sobre la guerra mientras observaban cuidadosamente su reacción.
Muy pocos de sus pacientes civiles apoyan abiertamente la guerra, asegura. La mayoría simplemente quiere que termine.
Criminales convictos
Cuando Rusia lanzó su invasión a gran escala de Ucrania en 2022, no solo envió soldados profesionales al frente; entre sus filas también había criminales convictos que aceptaron combatir a cambio de reducciones de condena.
Muchos fueron reclutados por el mercenario Grupo Wagner, fundado por el fallecido Yevgeny Prigozhin. A los presos se les prometía clemencia y un indulto total a cambio de seis meses de servicio en combate. Según dijo el propio Prigozhin, se alistaron alrededor de 50.000 reclusos.
Sin embargo, en enero de 2024 el papel de Wagner en el reclutamiento había disminuido, y el Ministerio de Defensa ruso asumió el control.
Las condiciones cambiaron significativamente: los presos que se ofrecían como voluntarios ahora debían servir durante todo lo que se prolongara la guerra.
De hecho, estén condenados o no, la mayoría de los soldados ahora están sujetos a contratos sin fecha de finalización.
Desde que se declaró la movilización masiva en septiembre de 2022, el servicio militar se ha vuelto, en la práctica, indefinido. La baja solo se concede en casos de heridas graves, vejez o nuevas condenas penales.
Y estas condenas son cada vez más frecuentes.
Según una investigación del medio independiente Verstka, al menos 242 personas han muerto y otras 227 han resultado heridas en crímenes cometidos por veteranos de guerra entre febrero de 2022 y agosto de 2024 en Rusia. Los casos van desde asesinatos hasta agresiones sexuales y palizas.
A principios de 2025, el Instituto Jurídico de los Urales -dependiente del Ministerio del Interior- publicó un estudio sobre el “impacto de la operación militar especial en el crimen en Rusia”.
Concluyó que, desde que comenzó la guerra, los delitos graves y violentos han aumentado de forma significativa en todo el país.
Matvey (nombre ficticio), psicólogo en una clínica de tratamiento de adicciones en una región rusa, cuenta que él y sus compañeros esperaban un aumento de casos de abuso de alcohol relacionado con el TEPT entre los soldados que regresaban.
Según las directrices clínicas del Centro Bekhterev, las personas expuestas a traumas extremos -como el combate- tienen un alto riesgo de desarrollar problemas de adicción.
En 2024, el personal militar representaba el 10 % de todos los casos tratados por adicción en el Centro Serbsky, el principal hospital psiquiátrico de Rusia.
A pesar del claro vínculo entre trauma y adicción, las opciones de tratamiento eficaces siguen siendo escasas.
Matvey explica que los pacientes suelen permanecer en su centro como mucho dos semanas, un período de “cuidados paliativos” más que de tratamiento efectivo.
Métodos como la terapia de procesamiento cognitivo, que requiere al menos 12 sesiones, son prácticamente inexistentes.
“Para la mayoría, la terapia resulta demasiado dolorosa o demasiado abstracta como para comprometerse con ella”, afirma Matvey.
“Nuestros pacientes pueden darse cuenta de que algo no está bien, pero el problema es tan terrible, tan traumático y doloroso, que no quieren tocarlo”, indica.
Y agrega: “Creo que el tratamiento del TEPT debería ser más o menos obligatorio”.
El presidente Putin planteó a principios de 2024 la idea de hacer obligatoria la terapia para los soldados que regresan, pero hasta ahora no se ha implementado ninguna política en ese sentido.
Falta de profesionales
Incluso si existiera voluntad política, el país enfrenta una grave escasez de especialistas calificados.
Las estimaciones sobre el número de psicólogos en ejercicio en Rusia varían ampliamente, entre 57.000 y más de 100.000.
Según la Organización Mundial de la Salud, eso equivale a apenas entre 4 y 5 psicólogos por cada 100.000 habitantes, muy por debajo de los estándares internacionales.
A pesar de todos los obstáculos sistémicos, algunos psicólogos aseguran que su trabajo no ha sido en vano.
Yana continúa atendiendo a civiles, refugiados y familiares de soldados, de los cuales bastantes lidian con TEPT y ansiedad aguda.
En apenas 10 a 12 sesiones, afirma, muchos pacientes comienzan a sentirse seguros nuevamente.
“Es algo positivo, porque la mayoría no podría permitirse ayuda psicológica de otro modo”, señala.
Tatyana considera que se necesita hacer mucho más para ayudar a los veteranos de combate.
“No tenemos una organización unificada en todo el país”, afirma.
Y sentencia: “La gente se queda sola, buscando voluntarios o tratando de arreglárselas por su cuenta si quiere trabajar con un psicólogo”.
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