Los retos y riesgos de invadir Venezuela
En las últimas semanas hemos visto crecer la posibilidad de un ataque estadounidense a Venezuela. Las tensiones recientes en el sur del Caribe han reactivado un fantasma que parecía relegado a los márgenes de la política hemisférica: la posibilidad de una intervención militar estadounidense en una nación latinoamericana. Hechos como los bombardeos de embarcaciones de bandera venezolana en el Caribe, el despliegue del portaaviones USS Gerald Ford frente a las costas venezolanas, junto con la designación del llamado “Cártel de los Soles” y del propio Nicolás Maduro como entidades terroristas, ha configurado un contexto de creciente tensión.
Más allá del simbolismo que pueden tener estas políticas, este tipo de acciones refleja un cambio cualitativo en la política de Washington: se pasa de un enfoque centrado en la confrontación diplomática y las sanciones económicas contra el régimen de Nicolás Maduro a la posibilidad de ver acciones militares directas, operaciones de inteligencia o incluso campañas de bombardeo aéreo destinadas a lograr un cambio de régimen. Queda claro que la idea de derrocar a Maduro cuenta con cierta popularidad al interior de Estados Unidos y serviría para distraer la atención de temas internos de índole económicos, políticos y sociales que preocupan a la población. Asimismo, la oposición demócrata no parece dispuesta a oponerse firmemente a una intervención, pues su cálculo político sugiere que una operación de este tipo podría convertirse en un lastre significativo para la Casa Blanca, un escenario que buscarían capitalizar con miras a las próximas elecciones.
Aunque la posibilidad de una invasión sigue siendo materia de especulación, su sola consideración obliga a reflexionar sobre los retos estratégicos y humanitarios que un conflicto de esta naturaleza traería consigo. En un momento en el que el sistema internacional se reconfigura aceleradamente, intervenir militarmente en Venezuela no solo sería un reto monumental por lo que implica controlar un territorio como el venezolano, sino una apuesta peligrosa que podría desatar dinámicas violentas profundamente desestabilizadoras. Sobre todo, si se trata de una invasión a gran escala como las que vimos en Irak o Afganistán.
En primer lugar, cualquier operación militar enfrentaría un entorno operacional para el ejército estadounidense mucho más adverso de lo que suele asumirse en las discusiones superficiales. Venezuela no es un Estado fallido indefenso ni un territorio vacío, pero sobre todo Venezuela no es fácil de controlar. Es un país de más de 916 mil kilómetros cuadrados con una geografía compleja que consiste en selvas, montañas, ríos, zonas urbanas densamente pobladas, así como una serie de fronteras porosas difíciles de controlar. Bajo este panorama, una invasión a gran escala resultaría no solo logística y tácticamente desafiante, sino también política y diplomáticamente costosa, pues difícilmente contaría con el respaldo de Colombia y Brasil, los dos vecinos más relevantes en la zona, así como de otras potencias como Rusia o China.
De llevarse a cabo una invasión vemos varios retos. En primer lugar, el control territorial y sobre todo de la capital. Un desembarco estadounidense con el objetivo de tomar Caracas sería sumamente complicado, pues la capital está separada de la zona costera por un estrecho valle que fácilmente puede ser sitio de ataques a objetivos militares. Este fue el caso de los ataques contra objetivos militares estadounidenses en los valles y montañas de Afganistán. Segundo, la capital está rodeada de un terreno montañoso y selvático de difícil acceso, así como de barrios y asentamientos irregulares que dificultaría un control real más allá del centro urbano de la ciudad.
Aunado a esto, el terreno general de Venezuela es sumamente complicado de controlar: el terreno selvático y montañoso es ideal para una resistencia en la forma de una guerra de guerrillas, lo que sería catastrófico para un ejército regular y moderno como el estadounidense que no está diseñado para combates de este tipo. Desde Vietnam y pasando por Irak y Afganistán vimos las limitaciones de combate frente a formas de combate irregulares, que sería lo que probablemente veríamos en una ocupación de Venezuela. A ello se suma que las Fuerzas Armadas venezolanas, pese a sus múltiples problemas internos, cuentan con armamento antiaéreo ruso, misiles de defensa costera y capacidad para imponer costos significativos en una operación convencional. Estados Unidos podría derrotar rápidamente su infraestructura militar formal, pero no podría evitar la transición hacia operaciones de tipo guerrilleras que desatarían un conflicto prolongado, fragmentado y difícil de controlar.
Debido a estas complicaciones, el escenario más probable no sería una invasión a gran escala, sino una serie de operaciones militares selectivas. Podríamos ver una fuerza de incursión limitada quizá análoga a lo ocurrido en Panamá en 1989 con la caída de Noriega, aunque resulta aún más probable que veamos operaciones con drones y bombardeos aéreos al interior de Venezuela dirigidos contra objetivos considerados estratégicos. Estas acciones serían justificadas bajo el argumento de desmantelar la infraestructura de narcotráfico asociada “Cártel de los Soles” (que, dicho sea de paso, puede ser un laboratorio para posibles incursiones en operaciones anti-narco en México). Asimismo, es altamente probable que se desplieguen operaciones encubiertas a cargo de la CIA, algunas de las cuales, según diversos reportes, ya han recibido autorización por parte de la Casa Blanca.
No podemos obviar que el territorio venezolano es sitio de operación de múltiples actores armados con un fuerte arraigo territorial: los llamados “colectivos”, diversas bandas criminales y pandillas, guerrillas y grupos rebeldes, cárteles del narcotráfico y grupos armados dedicados a la explotación ilícita de oro y otros minerales. Estas son organizaciones criminales que en muchos casos colaboran e incluso dependen del régimen de Maduro para sus operaciones, pues entre ambos construyeron una sociedad de beneficencia mutua. Si bien el régimen en Caracas y el ejército venezolano controlan los recursos como oro y petróleo, debido a las sanciones internacionales requieren de la operación de actores ilícitos para la distribución y acceso a mercados internacionales. Por lo que la caída del régimen de Maduro puede abrir la puerta a que estos grupos, que ya cuentan con una relación de negocios con el ejército venezolano y con gran parte del régimen en Caracas busquen a toda costa mantener la influencia que tienen sobre el Estado venezolano.
Así, una eventual invasión estadounidense y la subsecuente caída de Maduro podrían abrir un escenario todavía más destructivo: una disputa armada por el control del aparato estatal, una profundización de la infiltración criminal en las instituciones y, potencialmente, una guerra entre organizaciones delictivas por preservar sus enclaves de poder en paralelo al conflicto que existiría por la ocupación estadounidense. El resultado sería un panorama profundamente adverso para una población que ya enfrenta condiciones extremas derivadas de la prolongada crisis económica y humanitaria del país.
Al mismo tiempo, persiste la posibilidad de que un cambio de régimen provocado por una operación estadounidense no derive en una transición ordenada ni pacífica. Es probable que Nicolás Maduro caiga, sobre todo si se replica una operación similar a la invasión de Panamá en 1989, pero no está claro que su salida implique el desmantelamiento del régimen chavista en su conjunto. Es por eso que es necesario diferenciar entre la persona y la estructura del régimen para entender que puede “cambiar todo para no cambiar nada”. Esto es especialmente relevante en un escenario donde las pugnas internas por el poder se combinan con la crisis humanitaria que provocaría una intervención y con los riesgos inherentes al vacío de autoridad en caso de un colapso total del gobierno venezolano.
Venezuela atraviesa ya una de las crisis socioeconómicas más profundas de la región, con millones de personas desplazadas y un aparato estatal severamente debilitado y deslegitimado. En este contexto, una intervención armada (incluso si fuera limitada o selectiva) implicaría el riesgo de destruir infraestructura crítica, detonar nuevos desplazamientos forzados, agravar una crisis migratoria que ya tensiona a los países vecinos y, sobre todo, abrir un vacío de poder que potencialmente resultaría en un espiral de violencia generalizada. La experiencia de Irak y Libia demuestra que la caída abrupta de un régimen sin un plan efectivo de sustitución institucional rara vez produce una mejora en la situación para la población local; por el contrario, los efectos colaterales de transiciones desordenadas se amplifican con rapidez, especialmente cuando el tejido social y económico está profundamente erosionado. Bajo estas condiciones, Venezuela, lejos de “ser liberada”, podría fragmentarse en un mosaico de enclaves armados en competencia por acceso a recursos, rutas de tráfico y legitimidad.
Debido a ello, las probabilidades de que Venezuela enfrente una crisis humanitaria aún más profunda aumentan considerablemente. La gran incógnita sigue siendo qué ocurriría el día después del hipotético colapso del régimen de Maduro. Lo que sí parece claro es que una intervención estadounidense difícilmente produciría los resultados ordenados y rápidos que algunos sectores anticipan. Por el contrario, podría desencadenar dinámicas que profundicen el sufrimiento de la población venezolana, deterioren aún más su ya precaria situación económica y profundizaría aún más la inestabilidad regional.
* Adrián Marcelo Herrera Navarro (@adrianmarcelo96) es maestro en Ciencia Política por El Colegio de México, con especialización en temas de seguridad nacional y relaciones internacionales.
Los fiscales y los organismos antidrogas de Estados Unidos acusaron al exgobernante de haber convertido su país en un “narcoestado” para enriquecerse y mantenerse en el poder. El indulto de Trump podría ocurrir a días de las elecciones en Honduras.
El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años de cárcel por narcotráfico en EE.UU., podría quedar en libertad.
¿El motivo? El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que indultará al exmandatario, por considerar que “ha sido tratado con mucha dureza e injusticia”, según escribió en su red social Truth Social.
El momento elegido para concederle el perdón presidencial al político centroamericano, declarado culpable en junio de 2024 por un tribunal de Nueva York, resulta llamativo.
En primer lugar, el anuncio se produjo a menos de 48 horas de que los hondureños acudan a las urnas para elegir al sucesor de la izquierdista Xiomara Castro, una circunstancia que Trump no desaprovechó. Así, el republicano también expresó su respaldo a Nasry “Tito” Asfura, candidato del derechista Partido Nacional y sucesor de Hernández.
Además, el hecho de que Trump indulte a un político acusado de traficar cerca de 500 toneladas de cocaína a EE.UU. sorprende teniendo en cuenta que en las últimas semanas Washington ha enviado a parte de su armada hacia las costas del Caribe para frenar el tráfico de drogas hacia su territorio y ha hundido a una veintena de presuntas narcolanchas, matando a más de 80 personas.
Los fiscales que sentaron a Hernández en el banquillo lo acusaron de convertir a Honduras en un “narcoestado” y de haberse lucrado en el proceso, imputaciones que el político calificó de “calumnias”.
Una carrera meteórica
Antes de convertirse en el primer exjefe de Estado condenado por narcotráfico en EE.UU. desde el panameño Manuel Noriega en 1992, Hernández ya había roto otros récords. En 2014 se convirtió en el presidente más joven del país centroamericano desde 1980 y, en 2017, en el primero en ser reelegido en décadas.
La historia del político conocido en su país por las siglas JOH empezó el 28 de octubre de 1968 en la ciudad de Gracias, departamento de Lempira, donde creció como el número 15 de 17 hermanos.
Tras completar sus estudios en el Liceo Militar del Norte, en San Pedro Sula, estudió derecho en la Universidad Nacional de Honduras.
En la universidad inició su andadura política, desempeñándose como presidente de su asociación estudiantil entre 1988 y 1989.
Luego de graduarse entró a la primera secretaría del Congreso como asistente de su hermano Marcos Augusto, quien ya era diputado y allí comenzó a tejer contactos en el todopoderoso Partido Nacional.
Al culminar unos estudios de administración pública en la Universidad Estatal de Nueva York (EE.UU.), se presentó como candidato a diputado por el departamento de Lempira, cargo que ejerció durante cuatro períodos legislativos desde 1998.
En 2010 alcanzó la presidencia del Congreso durante la administración de Porfirio Lobo e impulsó una agenda de seguridad y mano dura contra el crimen organizado que le ganó respaldo de sectores conservadores y empresariales.
En 2012 ganó las elecciones internas del Partido Nacional y un año después se impuso en los comicios presidenciales.
“Soy Juan Orlando Hernández y vengo de las tierras del indómito Cacique Lempira; con apoyo del pueblo soy el presidente de Honduras”, dijo durante su juramentación el 27 de enero de 2014.
Durante sus campañas y actos proselitistas evocaba con frecuencia ese vínculo con el líder indígena.
Una gestión convulsa
Hernández llegó a la presidencia prometiendo “hacer lo que tenga que hacer para recuperar la paz y la tranquilidad de mi pueblo”, el cual padecía los embates de la violencia vinculada con el narcotráfico.
El crimen organizado infiltró distintas instituciones y disparó la tasa de homicidios hasta convertir a Honduras en el país más violento del mundo en la década pasada, según cifras de Naciones Unidas.
La disposición de Hernández a extraditar a sospechosos de narcotráfico a EE.UU. y algunas reformas en los cuerpos de seguridad fueron presentadas como muestras de su voluntad adecentar el país.
Sin embargo, las sospechas de sus nexos con los carteles estallaron cuando en 2018 uno de sus hermanos, el exdiputado Juan Antonio “Tony” Hernández, fue detenido en Miami (EE.UU.) por agentes federales y acusado de traficar con narcóticos.
“No he sido, no soy ni seré amigo de ninguno de estos delincuentes, y continuaré mi lucha hasta el último día de mi gobierno, cueste lo que cueste”, aseguró en el Congreso en 2021, tras la condena a cadena perpetua de su hermano y el incremento de los indicios en su contra.
Y si lo anterior no fuera suficiente, las acusaciones de que fondos del Seguro Social fueron desviados desataron protestas masivas en el país, en las cuales se exigió su renuncia.
Su decisión de no renovarle el mandato a la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), una instancia creada en acuerdo con la Organización de Estados Americanos (OEA) para combatir la corrupción, dañó a un más su imagen.
No obstante, lo anterior no impidió al político buscar un segundo mandato consecutivo, pesa a que la Constitución hondureña prohíbe la reelección inmediata. Precisamente los deseos de Manuel Zelaya, su gran rival, por reelegirse fueron la justificación para deponerlo en 2009.
Un cuestionado fallo de la Corte Suprema le permitió competir en sus comicios, que la OEA pidió repetir por considerar que las irregularidades que los rodearon “hacían imposible determinar con la necesaria certeza al ganador”.
El anuncio de su reelección desató una nueva ola de protestas que fue duramente reprimida por las autoridades y dejó al menos 23 muertos, según la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
La solicitud fue ignorada y Hernández siguió en el poder hasta 2022.
¿Jugando para dos equipos?
En febrero de 2022, apenas días después de abandonar la presidencia, el exmandatario fue detenido y a las semanas fue extraditado a EE.UU. para enfrentar cargos de narcotráfico.
“Pavimentó una autopista de cocaína hacia EE.UU., protegido por ametralladoras”, afirmaron los fiscales que lo procesaron.
Atrás quedaban los días en que Washington lo consideraba como un aliado confiable en la lucha contra las drogas, al que entregó más de US$ 50 millones en asistencia y ayuda militar. Incluso, en 2019, Trump llegó agradecerle su cooperación.
Aunque Trump y los aliados de Hernández consideran que el exgobernante fue tratado injustamente por el gobierno del demócrata Joe Biden, lo cierto es que las investigaciones en su contra se iniciaron durante la primera administración del republicano.
Durante sus averiguaciones, los fiscales estadounidenses descubrieron que Hernández estaba vinculado con narcotraficantes al menos desde 2004, mucho antes de convertirse en presidente, y que facilitó el contrabando de unas 500 toneladas de cocaína a EE.UU.
Con la ayuda de registros telefónicos y testimonios de criminales arrepentidos, los investigadores concluyeron que los narcotraficantes le pagaron millones de dólares en sobornos para permitir el contrabando de cocaína desde Colombia y Venezuela “con virtual impunidad”.
Los fiscales señalaron que la alianza de Hernández con los carteles no solo tenía “el fin de enriquecerse”, sino que también perseguía “mantenerse en el poder (…) de forma corrupta”.
Según la acusación en su contra, el político empleó el dinero que obtuvo de los narcotraficantes para luego sobornar a funcionarios y manipular a su favor las dos elecciones presidenciales en las que compitió.
Hernández, por su parte, ha negado estos señalamientos y ha afirmado que fue “acusado errónea e injustamente”.
No obstante, las pruebas y testimonios expuestos en el tribunal que lo procesó lo contradijeron.
“Le vamos a meter la droga a los gringos en sus narices”, le dijo el exmandatario al narco Geovanny Fuentes Ramírez, aseguró uno de los testigos que declaró en su juicio.
Otro procesado, el exalcalde Alexander Ardón, aseveró que entregó millones de dólares tanto a Hernández como al expresidente Lobo para asegurarse rutas sin obstáculos para mover las drogas.
Ardón calculó que con la ayuda de las autoridades hondureñas movió sin problemas unas 250 toneladas de cocaína, en sociedad con Tony Hernández, el hermano del exmandatario, y de Joaquín “El Chapo” Guzmán, líder del cartel de Sinaloa, ambos condenados a cadena perpetua en EE.UU.
En junio de 2024, el juez Kevin Castel no solo condenó al expresidente a permanecer casi medio siglo en prisión, sino que le impuso una multa de US$ 8 millones.
Pero Hernández no solo tiene problemas judiciales en Estados Unidos. En Honduras, apenas fue extraditado, la justicia de ese país le confiscó 33 bienes inmuebles, ocho empresas y 16 vehículos, informó el Ministerio Público.
Ahora resta por saber cuándo se materializarán el indulto y la excarcelación del expresidente y si volverá a Honduras para retomar su carrera política.
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