Los riesgos para niñas y niños en la fiesta del mundial 2026
La celebración del Mundial de Futbol 2026 en México será, sin duda, uno de los acontecimientos con mayor proyección global de las últimas décadas. Se prevé una derrama económica sin precedentes, la llegada de cientos de miles de turistas internacionales y el desplazamiento interno de familias de diversas entidades federativas hacia las sedes mundialistas en Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León. Este contexto es un mar de oportunidades económicas, culturales y de visibilidad internacional, pero también activa una alerta que no puede pasar desapercibida: los riesgos de explotación, trata y violencia en contra de niñas, niños y adolescentes en el marco de los eventos turísticos masivos.
Hablar de protección de la niñez en un evento de esta magnitud es una obligación legal, ética y de justicia social para el Gobierno de México. En este tipo de acontecimientos deportivos, la evidencia internacional muestra incrementos en los casos de explotación sexual y laboral, así como en los procesos de movilidad de niñas, niños y adolescentes. Durante el Mundial de 2014 en Brasil, se registraron incrementos importantes en la proliferación de redes de explotación sexual y la utilización de personas menores de edad en actividades económicas informales vinculadas al turismo. México no puede permitir que se repita esa historia.
La magnitud del evento, sumada a la limitada capacidad institucional en los sistemas de protección, genera un terreno fértil para los riesgos de violencia, trata y explotación. A ello se suman los flujos migratorios regionales y transnacionales: niñas, niños y adolescentes provenientes de Centroamérica o del Caribe, que pueden verse expuestos a nuevas formas de trata y explotación en los corredores turísticos. La combinación de procesos de movilidad humana, informalidad económica-laboral y turismo masivo exige medidas preventivas excepcionales, asentadas en una sólida coordinación entre el sector público, privado y social.
En este contexto, el Gobierno de México ha avanzado en la construcción de políticas públicas específicas para la protección de la niñez en el sector turismo. La Secretaría de Turismo (SECTUR), a través del Código de Conducta Nacional para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en el Sector de los Viajes y el Turismo (CCN), ha establecido un marco de corresponsabilidad entre el Estado y los prestadores de servicios turísticos (PST) para prevenir, detectar y denunciar posibles casos de explotación y trata.
La complejidad de los contextos turísticos actuales —más fragmentados, informales, digitalizados y con actores diversos— exige contar con lineamientos operativos claros, flexibles, estandarizados y verificables. En este sentido, el Código, representa un avance sustantivo hacia la capacidad real de respuesta.
El Mundial 2026 exige un sector turístico comprometido, capacitado y que trabaje de la mano con el Estado. La detección temprana, la denuncia oportuna y la activación de rutas son las únicas barreras efectivas frente a la explotación infantil. Para que esto ocurra, la implementación del Código debe ir de la mano de una estrategia nacional de prevención y respuesta rápida.
A nivel federal, el Instituto Nacional de Migración y la SECTUR desempeñarán un papel crucial. Los aeropuertos, fronteras y terminales terrestres serán puntos de alta movilidad de niñas, niños y adolescentes nacionales y extranjeros. La detección de indicios de trata, tráfico o explotación en estos espacios requiere personal con formación especializada, con capacidad de identificación de perfiles de riesgo y con canales de coordinación inmediata con Procuradurías y fiscalías. La creación de un mecanismo interinstitucional de respuesta rápida, que integre al INM, SECTUR, SIPINNA, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional y la Fiscalía General, sería una medida indispensable para anticipar y atender de manera eficaz cualquier eventualidad durante el Mundial. En otras palabras, se trata de construir un Estado que reaccione con la velocidad que las víctimas necesitan.
El Mundial traerá consigo la llegada de miles de familias que buscarán empleo temporal en los alrededores de los estadios, el aumento del comercio informal y la exposición de niñas, niños y adolescentes a entornos inseguros. Es indispensable anticipar estas dinámicas y fortalecer los programas sociales y educativos que reduzcan los factores de riesgo: trabajo infantil, abandono escolar y pobreza urbana.
El Código de Conducta Nacional es un avance, pero su eficacia dependerá de tres condiciones: la apropiación del sector privado, la coordinación institucional efectiva y la capacidad de seguimiento y evaluación. Cada prestador de servicios turísticos, sin importar su tamaño o tipo de operación, debe entender que su papel no es secundario: son la primera línea de detección, quienes observan lo que muchas veces el Estado no alcanza a ver.
El trabajo colaborativo que la Secretaría de Turismo ha desarrollado con Save the Children México, en la actualización del Código de Conducta, refleja una visión de corresponsabilidad que trasciende las fronteras institucionales: la protección de niñas, niños y adolescentes es una tarea de todos, que requiere la voluntad del gobierno, el compromiso del sector privado y la experiencia técnica de la sociedad civil.
Pero este logro es apenas el inicio. El Mundial será un escaparate de lo mejor y lo peor de nosotros como país. La forma en que protejamos a nuestras niñas, niños y adolescentes durante este evento dirá más sobre México que cualquier gol o copa.
El compromiso con la niñez no se mide por el número de documentos publicados, sino por cada caso que se previene, cada caso en que se garantiza justicia y en el número de entornos seguros con que cuentan las niñas, niños y adolescentes. Por ello, el trabajo conjunto entre SECTUR, Save the Children México y otras instituciones representa una base sólida, pero también un recordatorio: la protección de la niñez es una responsabilidad de todas y todos.
Porque proteger a las niñas, niños y adolescentes no es una opción: es el verdadero triunfo que México debe alcanzar en 2026.
*Miguel Ramírez es coordinador de Incidencia Política en Protección de la Niñez de Save the Children (@SaveChildrenMx), organización independiente líder en la promoción y defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Trabaja en más de 120 países atendiendo situaciones de emergencia y programas de desarrollo. Ayuda a los niños y niñas a lograr una infancia saludable y segura. En México, trabaja desde 1973 con programas de salud y nutrición, educación, protección infantil y defensa de los derechos de la niñez y adolescencia, en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas. Visita nuestra página y nuestras redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram.
El candidato del Partido Republicano se reunió esta semana en privado con el ministro de Seguridad de El Salvador. Ya antes ha reivindicado la fórmula del país centroamericano para combatir el crimen: “Necesitamos más Bukele y menos Boric”.
Sabiendo que la inseguridad es una de las principales preocupaciones de los chilenos, José Antonio Kast reivindica la fórmula para combatir la criminalidad más conocida del continente: el llamado “modelo Bukele”.
“Necesitamos más Bukele y menos Boric”, ha dicho el candidato del Partido Republicano, quien se juega la presidencia del país sudamericano en segunda vuelta el 14 de diciembre, en referencia a las políticas del mandatario de El Salvador frente a las de su homólogo chileno.
Tras una campaña plagada de mensajes como ese, en el balotaje del pasado 16 de noviembre Kast obtuvo el 24% de los votos y ahora pretende aglutinar el apoyo de los votantes de oposición para imponerse a la candidata oficialista, la comunista Jeannette Jara, quien obtuvo el 26%.
Ya el año pasado visitó el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel en El Salvador convertida en la piedra angular de las políticas de seguridad de Bukele, para conocer cómo funciona, pese a las denuncias de violaciones de derechos humanos que la envuelven.
Tras el recorrido, rechazó la posibilidad de enviar presos cárceles chilenas a cumplir su pena en prisiones salvadoreñas: “Él (el delincuente) entró a delinquir y aquí va a cumplir; una vez que cumpla, lo vamos a expulsar y jamás va a volver a entrar a nuestra patria”.
Y aunque no se reunió con el popular mandatario, mantuvo reuniones de trabajo con los ministros de Seguridad, Gustavo Villatoro, y de Defensa, René Merino.
En ese contexto, a nadie sorprendió que esta semana se volviera a juntar en privado con Villatoro, el hombre al frente de la llamada “guerra contra las pandillas” de Bukele, cuando este viajó a Chile para participar en un seminario sobre seguridad.
Ni que describiera la reunión como “más que positiva”.
“Nosotros hemos recibido de él muchos comentarios y observaciones sobre cosas que no son iguales, pero podrían también eventualmente aplicarse en Chile”, le dijo a los medios locales -sin querer ahondar en los detalles de la conversación- este abogado católico y conservador que ya contribuyó a transformar la derecha tradicional chilena.
Supervisor de la “guerra contra las pandillas”
Para cuando el 26 de marzo de 2021 Bukele nombró a Villatoro ministro de Justicia y Seguridad Pública, este veterano funcionario llevaba ya décadas de carrera en la esfera pública.
Fue director de Aduanas de 2004 a 2009 bajo la presidencia de Antonio Saca (Arena, derecha), cargo en el que repetiría bajo el mandato de Bukele en 2019.
A finales de julio de 2020, fue nombrado titular de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF). Y ese mismo año, con la promesa de reducir los homicidios y la extorsión, aspiró a convertirse en fiscal general del país, puesto con el que finalmente se hizo Raúl Melara.
Desde que asumiera la cartera de Seguridad hace más de cuatro años, Villatoro ha supervisado la llamada “guerra contra las pandillas” en El Salvador, con la que el gobierno del presidente Bukele ha logrado desarticular dichas organizaciones y reducir drásticamente los homicidios.
Sus críticos, así como organizaciones nacionales e internacionales, lo acusan de hacerlo a costa de convertir a El Salvador en uno de los países con la tasa de encarcelamiento más alta, con un régimen que coarta derechos constitucionales y enviando a cientos a prisión tras juicios masivos y sin respetar el debido proceso.
Esas políticas han llevado a la detención de más de 85.000 personas –según las cifras oficiales más recientes, de marzo de 2025– y a mantener al país bajo un régimen de excepción permanente desde que la Asamblea Legislativa, controlada por el partido oficialista, lo aprobara por primera vez en marzo de 2022.
“Mantener el régimen de excepción a la fecha es justamente por el mismo respeto y seriedad que hay que tenerle al fenómeno de las maras, porque no son una organización criminal cualquiera”, le dijo Villatoro al respecto en abril, cuando el periodista Roberto Valencia lo entrevistó para un reportaje en BBC Mundo.
“Esto es como que una religión negra y mantener el régimen va en el sentido de mantener siempre esa guerra permanente”, agregó.
—¿A corto o medio plazo no vislumbra razones para dejar de prorrogarlo?
— No, aunque es algo que analizamos día con día. Es cierto que se ha dicho que acabará cuando agarremos al último homeboy (pandillero) en territorio salvadoreño, pero como ministerio tenemos que estar preparados para cualquier decisión del presidente.
También se había mostrado tajante en su rechazo a las críticas sobre el Cecot en una entrevista anterior con la BBC.
“Tenemos con los salvadoreños el compromiso de que (los presos del Cecot) nunca volverán a las comunidades. Y vamos a asegurarnos de construir los casos necesarios (contra ellos) para garantizar que nunca regresen”, le dijo en mayo de 2023 al periodista Will Grant.
“Para nosotros, el Cecot representa el monumento más grande a la justicia que hemos construido jamás. No tenemos nada que ocultar”.
Visitas de aliados
Sea como fuere, los resultados en seguridad de su modelo han brindado a Bukele una popularidad sin precedentes para un presidente salvadoreño, lo que a su vez ha inspirado a gobiernos y políticos de todo el continente.
Y es Villatoro el que se ha encargado de reunirse con unos y otros, enarbolando siempre la bandera de la “mano dura” contra la criminalidad.
Así, el 9 de diciembre de 2023 se encontró con la ministra argentina de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, en Buenos Aires, y al día siguiente asistió en lugar de Bukele a la toma de posesión de Javier Milei como presidente.
A los seis meses, en junio de 2024, acompañó a Bullrich en un recorrido por el Cecot, similar al que le ofreció a la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, en marzo de este año.
Y al día siguiente escoltó por esos pasillos y frente a las mismas celdas al ministro de Justicia y Paz de Costa Rica, Gerald Campos Valverde.
El salvadoreño llegó a Santiago de Chile este lunes para participar en un seminario organizado por la Universidad San Sebastián sobre los desafíos actuales de los sistemas penitenciarios, viaje que aprovechó para reunirse en privado con el candidato presidencial Kast.
Durante la ponencia, volvió a repetir que El Salvador, en su día “capital de los homicidios”, se volvió bajo el mandato del actual presidente “el país más seguro del hemisferio”.
Desde 2015, el año más mortífero de su historia reciente (106,3 por cada 100.000 habitantes), la tasa de homicidios ha ido bajando año con año.
El año que Bukele llegó a la presidencia, 2019, la tasa era ya de 36 por cada 100.000 habitantes, en 2020, con el Plan Control Territorial ya en marcha, cayó a casi la mitad (19,7), y 2024 cerró con 1,9, según cifras oficiales.
Sobre la presencia del crimen organizado en Chile, durante el seminario el ministro planteó que cualquier país que busque enfrentar mafias o bandas debe “ordenar su sistema penitenciario para impedir que los delincuentes comunes se mezclen con quienes responden a una organización criminal”.
Y agregó que otra de las claves del éxito de su modelo es impedir que los líderes criminales sigan operando desde prisión, mientras defendió el apoyo de las Fuerzas Armadas en el combate contra la delincuencia.
En entrevistas con medios locales, volvió a hacer hincapié en los mismos puntos y mostró una vez más una defensa férrea de las políticas del gobierno salvadoreño frente a las críticas de organismos de derechos humanos.
“No tenemos empatía con terroristas. Les respetamos la vida y les damos comida, pero si las críticas vienen hacia nuestras cárceles de terroristas, no nos importa lo que digan”, le dijo a Radio Pauta.
“La democracia es hacer lo que el pueblo manda”, señaló, y destacó la alta popularidad sin precedentes para un mandatario que las encuestas le siguen otorgando a Bukele.
Con ello se hizo eco de las palabras del propio jefe de Estado, quien en un discurso en junio por motivo del primer año de su segundo mandato, dijo: “¿Saben qué? Me tiene sin cuidado que me llamen dictador. Prefiero que me llamen dictador a ver cómo matan a los salvadoreños en las calles”.
La seguridad, clave en campaña chilena
Kast se postuló inicialmente a la presidencia en 2017, cuando quedó cuarto con apenas 8% de apoyo.
Volvió a intentarlo en 2021, tras el estallido social, y ganó la primera vuelta, pero perdió el balotaje con 44% de votos ante el actual presidente de izquierda Gabriel Boric, quien obtuvo 56%.
Y aunque sufrió otra derrota electoral con el rechazo a la propuesta de reforma constitucional que impulsó en 2023, su paso al balotaje del 14 de diciembre muestra la vigencia de su movimiento político.
“Kast ha tratado de representar una derecha ‘nueva’, lo que yo llamo la derecha nacionalista populista”, le dijo a BBC Mundo Robert Funk, politólogo de la Universidad de Chile.
Y añadió que el candidato “ha tratado durante estos años de acercarse a otros modelos que hemos visto en distintas partes del mundo” como el presidente estadounidense Trump, el argentino Milei, el salvadoreño Bukele y el primer ministro húngaro, Viktor Orbán.
Esta vez, a diferencia de las dos campañas anteriores, Kast puso en el centro de su agenda conservadora la economía, la migración y la seguridad, las principales preocupaciones ciudadanas.
Casi dos de cada tres chilenos adultos (63%) señalan el crimen y la violencia como los temas que más les preocupan, de acuerdo a una encuesta de la firma Ipsos divulgada en octubre.
Se trata de un nivel inquietud mayor que en México (59%) o Colombia (45%), según el mismo estudio, pese a que las tasas de homicidios en estos países son más de cuatro veces superiores.
De hecho, Chile figura con el segundo mayor porcentaje de preocupación por el crimen y la violencia entre 30 naciones de distintos continentes incluidas en la encuesta, apenas tres puntos abajo de Perú, que también tiene mayores tasas de homicidios.
“Chile es un país que está extremadamente atemorizado”, dijo en entrevista con BBC Mundo Daniel Johnson, director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana, que evalúa políticas públicas en justicia y seguridad en este país
Y eso, los candidatos que se enfrentarán en las urnas el 14 de diciembre lo saben.
*Con el reporteo adicional de los periodistas de la BBC Gerardo Lissardy y Will Grant, y el colaborador Roberto Valencia.
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