Rumbo a una Ley General de Participación Ciudadana
El pasado 30 de octubre se presentó en la antigua sede del Senado de la República la iniciativa de Ley General de Participación Ciudadana. En el evento, coordinado por las organizaciones Regidor MX, Política Colectiva y el senador Juan Carlos Loera de la Rosa, se puso sobre la mesa una pregunta fundamental: ¿es necesario contar con una ley general en materia de participación ciudadana para asegurar que la ciudadanía pueda participar en las decisiones públicas del país?
Actualmente, en México no existe una ley general en la materia, por lo que cada estado decide cómo regular, o no, la participación ciudadana en su entidad. El mapa es desigual: 26 estados cuentan con leyes propiamente llamadas de participación ciudadana; 3 tienen otras normativas que regulan instrumentos o mecanismos de participación, aunque no usen ese nombre (San Luis Potosí, Tabasco y Tlaxcala), y 3 no cuentan con regulación en la materia (Estado de México, Puebla y Campeche).
Por otro lado, existen 237 mecanismos de participación ciudadana legislados a nivel local. La CDMX encabeza la lista con 21 mecanismos, seguida de Jalisco con 16; Guerrero, con 15; Chihuahua con 14, y Querétaro con 11. En el extremo opuesto están Puebla con 1; Campeche con 2; Estado de México con 3, y Chiapas, Durango y Guanajuato con 5. Sin embargo, ni la existencia de leyes de participación ni la cantidad de mecanismos garantiza que la gente pueda participar de forma real, pues muchos de los mecanismos son poco conocidos, no son accesibles o están capturados.
En este contexto, se propone la creación de una ley general, la cual sería obligatoria en todo el territorio nacional y buscaría marcar un estándar mínimo de derechos, principios y obligaciones aplicable en los ámbitos federal, estatal, municipal y de la Ciudad de México. Además, la ley permitiría contar con un lenguaje común y mayor claridad respecto de conceptos clave como participación ciudadana, democracia directa, participativa, mecanismos de participación política, social, de cocreación, entre otros.
La iniciativa de ley establece tres mecanismos de democracia directa: la iniciativa ciudadana, la consulta popular y la revocación de mandato. Estos son instrumentos mediante los cuales la ciudadanía ejerce directamente su soberanía. Ya están previstos en la Constitución y su aplicación corresponde al Instituto Nacional Electoral, en el ámbito federal, y a los Organismos Públicos Locales Electorales, en los ámbitos estatal y municipal. La iniciativa detalla cómo funciona cada mecanismo, qué porcentaje mínimo de personas se necesitan para activarlo y bajo qué condiciones se puede aplicar.
De igual manera, la iniciativa establece ocho instrumentos de democracia participativa: presupuesto participativo, parlamento abierto, cabildo abierto, colaboración ciudadana, audiencia pública, consulta pública, observatorios ciudadanos y redes de contralorías ciudadanas. Estos son instrumentos institucionales, legales o administrativos para que las personas colaboren, opinen o intervengan en la gestión pública, sin sustituir las funciones del Estado. La iniciativa define cada instrumento, señala qué autoridades lo regulan y establece las condiciones para su aplicación.
La ley establece también un Consejo Consultivo de Participación Ciudadana, el cuál busca ser un órgano plural y honorífico para promover y vigilar el cumplimiento de la ley. Está integrado por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, federales, el Instituto Nacional Electoral (quien lo presidirá) y cinco personas de la sociedad civil.
Si bien el diseño de la ley parece razonable, durante el foro se expresaron diversas críticas que nos dan señal de que todavía hay muchos temas que resolver, previos a contar con una ley general en la materia. Organizaciones como Arkemetria Social señalan que sin una reforma constitucional que establezca el derecho humano a la participación ciudadana, no podemos hablar verdaderamente de un derecho exigible.
Otra cuestión fundamental es cuestionar de qué sirve el buen diseño de una ley si los mecanismos no funcionan en la práctica. En ese sentido, integrantes de las Comisiones de Participación Comunitaria de los Presupuestos Participativos, recordaron que los actuales mecanismos pueden tener una excelente regulación pero no ser aplicables por encontrarse capturados por personas cercanas a la autoridad o por corrupción en la entrega de los recursos.
Otra crítica a la ley fue que, como pasa con muchas otras, existe el riesgo de que no se armonicen las leyes locales en tiempo y forma, pues no hay sanciones en caso de que las legislaturas locales incumplan. A esto se suma la incógnita respecto a cuánto presupuesto se va a destinar para hacer operativa la ley, pues de lo contrario ésta quedará en letra muerta.
En medio de todo lo que aún hay que resolver, sigue siendo muy valioso el esfuerzo de las organizaciones civiles que colocan el tema de la participación ciudadana en la agenda pública, pues es una necesidad democrática. Es evidente que hace falta una Ley General de Participación Ciudadana para sentar las bases mínimas en la regulación nacional, sin embargo, no cualquier ley funciona. Aquella que se apruebe debe tomar en consideración las críticas hechas por la sociedad civil, así como las buenas y malas prácticas de leyes de participación ciudadana locales, de otros ejercicios de reglamentación nacional, como el Sistema Nacional Anticorrupción, y de otros mecanismos de vigilancia ciudadana como el Comité de Participación Ciudadana. De esta manera, se podrá aprender de sus logros y fracasos y así hacer una ley efectiva que asegure que la ciudadanía pueda participar en las decisiones públicas del país.
* Emiliano Montes de Oca (@EmilianoMDO) es coordinador en anticorrupción y participación ciudadana en Ethos Innovación en Políticas Públicas (@EthosInnovacion).
El ataque de hombres armados a una escuela católica en Nigeria se produjo en medio de un aumento de los secuestros por parte de grupos armados.
El secuestro de decenas de niños en un internado católico en Nigeria causó desolación entre los padres de los menores, que vieron con impotencia cómo un grupo de hombres armados se llevaba a sus hijos.
Theo contó a la BBC que el pasado viernes se despertó por el ruido que hicieron los hombres armados al pasar por delante de su casa con los niños que habían secuestrado en la escuela St Mary’s, en la aldea de Papiri, en el estado de Níger.
“Los llevaban a pie, como los pastores controlan a sus rebaños. Algunos niños se caían y los hombres les daban patadas y les ordenaban que se levantaran”, aseguró.
“Los hombres armados iban en unas 50 motocicletas mientras los controlaban”, dijo el padre, cuyo nombre real hemos reservado por su seguridad.
En declaraciones a la BBC desde el dormitorio donde estaba su hijo, Theo dijo que no pudo impedir el secuestro.
“Tenía ganas de ir [a ayudar], pero lo pensé mejor. Aunque hubiera ido, ¿qué podía hacer? No podía hacer nada”, declaró a la BBC, y añadió que llamó a la policía, pero que cuando los agentes llegaron ya era demasiado tarde.
La Asociación Cristiana de Nigeria (ACN) informó que 303 estudiantes y 12 trabajadores fueron secuestrados en la escuela, mientras que 50 menores lograron evitar ser llevados y ya pudieron reunirse con sus familias.
La escuela está dirigida por el presidente de la sección de Níger de la ACN, el obispo Bulus Bawa Yohanna, quien ha compartido con la BBC una lista de los secuestrados.
Sin embargo, la policía afirmó que solo tenía constancia de que unos pocos niños hubieran desaparecido la noche del secuestro.
El gobernador del estado, Umar Bago, declaró a los medios locales que el número de estudiantes secuestrados había sido exagerado y que era “muy, muy inferior” a 303.
Culpó a las autoridades escolares por abrir el centro a pesar de las amenazas de hombres armados desconocidos hace cuatro años y, de nuevo, hace dos meses.
“Las escuelas de esa zona llevan cuatro años cerradas. Me sorprendió saber que la escuela seguía abierta”, afirmó Bago.
También insistió en que el ataque era solo un “susto” y que todos los estudiantes serían rescatados tarde o temprano.
“El gobierno no presta atención”
El obispo Yohanna dijo que no se han desplegado fuerzas de seguridad en la comunidad desde los secuestros.
Junto con otros padres, Theo ha estado acampando frente a la escuela, molesto por la poca respuesta del gobierno.
“Nuestros hijos han sido secuestrados, pero el gobierno no parece prestarle atención!, dijo Theo.
Se sentía frustrado porque el gobernador del estado no había visitado la escuela y solo había ido a una comunidad cercana para hablar con las fuerzas de seguridad y los líderes locales.
“Hemos llegado a la conclusión de que al gobierno no le preocupamos, sentimos que no formamos parte del país, que nos han abandonado”.
El dolor que sienten los padres de los niños que siguen desaparecidos es más que evidente. “Estoy triste, toda mi vida está llena de tristeza”, dijo una madre cuyo hijo se encontraba entre los niños secuestrados.
“Es mi único hijo, es mi primogénito, ¡por favor, ayúdennos!”, pidió.
Otro padre llamado Lucas le contó a la BBC que dos de sus hijos habían sido secuestrados, pero que el más pequeño, un niño de 6 años, tuvo suerte y logró evitar caer en manos de los secuestradores.
“Cuando lo vi, me emocioné mucho. Lo llamé por su nombre, se dio la vuelta y corrió hacia mí. Lo abracé y lo estreché contra mí”, recuerda.
La parte norte de Níger, donde se encuentra Papiri, se ha convertido recientemente en un punto problemático de secuestros en los que se piden rescates.
El pago de esos rescates ha sido prohibido en un intento de cortar el suministro de dinero a las bandas criminales, pero con pocos resultados.
El equipo de la BBC recorrió unos 500 km hasta Papiri desde Minna, la capital del estado de Níger, en medio de varias alertas de peligro en determinadas rutas. Durante algunos tramos, la policía escoltó al equipo.
Muchos achacan la actual crisis al tamaño del estado. En términos de superficie, Níger es el estado más grande de Nigeria, y es más grande que países europeos como Dinamarca y Países Bajos.
También tiene muchos bosques, que las bandas criminales utilizan como campamentos y rutas para conectar con otros estados de Nigeria, así como con países vecinos.
El secuestro en la escuela de Papiri es el tercero que se produce en Nigeria en una semana.
El lunes pasado, más de 20 alumnas, que según la BBC son musulmanas, fueron secuestradas en un internado del estado de Kebbi, fronterizo con Níger.
También se produjo un ataque a una iglesia más al sur, en el estado de Kwara, en el que murieron dos personas y decenas de fieles fueron secuestrados.
La amenaza de EE.UU.
El presidente de Nigeria, Bola Tinubu, canceló su viaje a la cumbre del G20, celebrada en Sudáfrica el pasado fin de semana, para hacer frente a la crisis.
El domingo publicó en las redes sociales que los 38 fieles secuestrados en el estado de Kwara habían sido rescatados, según fuentes externas.
“Quiero dejar claro que no voy a ceder. Todos los nigerianos, en todos los estados, tienen derecho a la seguridad, y bajo mi mandato, vamos a garantizar la seguridad de esta nación y proteger a nuestro pueblo”, afirmó Tinubu.
La oleada de secuestros ha obligado al cierre de muchos internados en toda Nigeria, y los padres se han apresurado a recoger a sus hijos.
El gobierno está bajo la presión del presidente estadounidense Donald Trump, quien advirtió a principios de este mes que enviaría tropas a Nigeria “con las armas en alto” si “se sigue permitiendo el asesinato de cristianos” por parte de militantes islamistas.
El gobierno nigeriano ha afirmado que las acusaciones de persecución de los cristianos son “una grave tergiversación de la realidad”, ya que “los terroristas atacan a todos los que rechazan su ideología asesina, tanto musulmanes como cristianos y personas sin religión”.
Si bien algunos secuestros son perpetrados por grupos militantes islamistas, muchos otros son llevados a cabo por bandas criminales con el fin de obtener un rescate, lo que pone de relieve la profunda crisis de seguridad que atraviesa el país.
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