Vivas, libres y con derechos: la seguridad social en el 25N

“La violencia contra las mujeres no es un exceso ni una anomalía, es el mandato de la masculinidad patriarcal llevado al extremo”.

Rita Segato, La guerra contra las mujeres, 2016.

Cada 25 de noviembre, mujeres de todo el mundo levantan la voz bajo un mismo grito: “¡Vivas nos queremos!”. Desde Ciudad de México hasta Buenos Aires, desde Quito hasta Montevideo, las consignas se repiten como un acto de memoria y resistencia: “Ni una menos”, “Nos queremos libres, no valientes”, “Por las que están, por las que faltan y por las que vendrán”.

No es solo una conmemoración: sino un compromiso renovado con la vida, la justicia y la igualdad. Es un recordatorio urgente de que la violencia contra las mujeres es estructural, atraviesa nuestras economías, nuestras instituciones y nuestros sistemas de protección social.

En ese orden de ideas representa una deuda pendiente con millones de mujeres y niñas que aún viven bajo la amenaza o las consecuencias de la violencia. Se trata de una jornada que nos interpela como sociedades porque la violencia no solo se expresa en su forma física o sexual, sino también en las brechas económicas, la precariedad laboral, la discriminación en el acceso a la salud, la invisibilización del trabajo de cuidados o la impunidad ante el feminicidio.

En América Latina, ser mujer sigue siendo un factor de riesgo. Según ONU Mujeres, 14 de los 25 países con mayores tasas de feminicidio en el mundo se encuentran en esta región. México, por ejemplo, registró más de 3 mil mujeres asesinadas en 2024, de las cuales casi 900 fueron tipificadas como feminicidios. Las cifras, más allá de su crudeza, revelan una falla sistémica: la violencia no se detiene porque la desigualdad tampoco lo hace.

Las mujeres trabajadoras, sobre todo las que ocupan empleos informales, enfrentan condiciones precarias que perpetúan la violencia estructural. En la región, seis de cada diez mujeres trabajan sin protección social, según la OIT. La ausencia de licencias, servicios de cuidado, seguridad laboral o protocolos contra la violencia son también formas de violencia institucional y económica.

En palabras de Marcela Lagarde, “la violencia feminicida tiene raíces en la impunidad y en la desigualdad social”. La exclusión de las mujeres del acceso equitativo a la seguridad social es parte de esa desigualdad: cuando una trabajadora no tiene prestaciones, no tiene respaldo para salir de una relación violenta ni acceso a atención médica o psicológica. La autonomía económica es también una forma de protección.

1. La prevención, incorporando la perspectiva de género en políticas de salud, empleo y pensiones. No basta con ofrecer servicios universales si las mujeres no pueden acceder a ellos por la doble carga de trabajo o la falta de servicios de cuidado.
2. La atención y reparación, mediante protocolos laborales y prestaciones que acompañen a las víctimas de violencia. Países como Argentina y México han avanzado en incluir licencias especiales por violencia de género en sus sistemas laborales, pero aún requieren fortalecimiento institucional y presupuestal.
3. La educación y sensibilización institucional. Un sistema de seguridad social con perspectiva de género implica capacitar al personal en atención a víctimas, generar estadísticas desagregadas y reconocer a la violencia no como un problema privado, sino como un tema de salud pública y justicia social.

Los movimientos feministas de América Latina han logrado un avance invaluable: nombrar, visibilizar y politizar las violencias. Pero el reto sigue siendo convertir esa conciencia en políticas efectivas y en instituciones que respondan con diligencia y empatía. Como decía Julieta Paredes: “No queremos igualdad en el sistema de opresión; queremos otro mundo donde la vida sea el centro”.

El 25 de noviembre no es solo una fecha para recordar, sino una exigencia colectiva para garantizar vidas libres de violencia, con autonomía económica, con acceso real a derechos. El reto es entonces pasar del discurso a la garantía de derechos.

* María Soledad es Especialista en Igualdad laboral, Derechos Humanos y Seguridad social en la Conferencia Interamericana de Seguridad Social.

Fuentes:

Lagarde, M. (2018). Claves feministas para la negociación en el amor. Siglo XXI Editores.

Maffía, D. (2019). Feminismo, filosofía y política: una mirada desde América Latina. Ediciones Godot.

Organización Internacional del Trabajo. (2024). Mujeres y empleo informal en América Latina: brechas y desafíos para la protección social. OIT.

ONU Mujeres. (2023). Datos sobre feminicidios en América Latina y el Caribe. ONU Mujeres.

Paredes, J. (2010). Hilando fino desde el feminismo comunitario. Mujeres Creando Comunidad.

Segato, R. (2016). La guerra contra las mujeres. Madrid: Traficantes de Sueños.