Universidades del Bienestar: decepción, sueños y mentiras
Este ensayo se escribe como un reclamo de justicia ante la violación de derechos y libertades de nuestros compañeros estudiantes y egresados de la Universidad del Bienestar Benito Juárez García.
El origen de mi problema es personal y todo lo personal es público (Carol Hanisch,1969) y contextualizar esta frase es pertinente pues para denunciar una desigual sistemática es requerido mi testimonio y el de muchos que merecen un espacio donde hacer pública su voz.
Entré a la preparatoria joven y sin conocer lo que era la libertad y para qué la quería en 2006. Hijo de médicos de clase media baja ausentes por sus obligaciones distantes y falta de una dirección honesta hacia donde debía caminar mi vida, ellos mismos debieron de tener su propio conflicto para poder avanzar en un mundo en crisis que avecinaba la crisis inmobiliaria de 2008 y la futura crisis sanitaria de 2019. Tuve problemas de abuso de sustancias, cuyo resultado fue una pierna lisiada parcialmente, una hernia discal y problemas psicoemocionales.
Fallé en mi intento por terminar la preparatoria en la Escuela Nacional Preparatoria número 9. Mis padres no se rindieron conmigo, y después de un tratamiento psiquiátrico pude salir de la preparatoria a los 21 años, con promedio de 8.5. Intenté exámenes de ingreso a la universidad y fracasé. No recuerdo la cantidad exacta de exámenes que realicé, dejé de contar al sexto intento.
Nunca dejé de estudiar. Fui de puntaje alto en la olimpiada del conocimiento cuando niño, entre a la ENP 9, manejo 4 idiomas y conozco bases léxicas de otras 7 (dudas en mi LinkedIn), estudié Técnico en Informática y Diseño, obtuve un CAE e inicié estudios de Ingeniería Biomédica en la UVM. Pero el divorcio de mis padres me impidió terminar mis estudios y opté por estudiar Derecho en la Universidad De Londres. Mi padre y yo tuvimos un desencuentro que devino en mi decisión por dejar la universidad y decidí reiniciar de cero la carrera en la Universidad del Bienestar Benito Juárez.
Sin ahorros ni bienes materiales que me facilitasen el continuar en un sistema público o privado, defraudado por colaboradores de un empleo anterior por culpa de una estafa piramidal, opté por estudiar la carrera de Derecho en la sede Cuauhtémoc de la Universidad del Bienestar Benito Juárez García, cuyo antecedente es la Escuela de Derecho Ponciano Arriaga, fundada en 2015 por diputados de Morena.
El estar en esta universidad me permitió entender que el problema de pobreza en México es multidimensional, producto de la carencia y la precarización. Mi vida no era sencilla y las de mis compañeros tampoco. En México, según la medición más reciente del INEGI (2024, publicada en 2025), alrededor de 38.5 millones de personas —casi 3 de cada 10 habitantes— viven en situación de pobreza multidimensional, y de ellas 7 millones están en pobreza extrema, pero en 2019 -según la medición multidimensional de la pobreza del CONEVAL- el 41.9 % de la población mexicana estaba en situación de pobreza, lo que equivale aproximadamente a 4 de cada 10 mexicanos.
Así que a mis 22-23 años estaba nuevamente en una aula, tras haber trabajado para empresas estadounidenses sin poder ahorrar ni aprovechar ese poco dinero para realmente encaminar mi vida a una carrera después de la preparatoria, pero con estudios de idiomas y con una curiosidad por la Filosofía inagotable y una pasión por las ciencias jurídicas, retomaba mi sueño de un día convertirme en un exitoso abogado, tecnólogo y jurista. Mi visión jamás ha visto los límites de mi futuro.
En la carrera estudiamos normas, interpretaciones y el Estado del Arte del Derecho en México. Fueron horas invertidas en estudio, camiones, preparación de temas, exposiciones. Amé profundamente mi tiempo invertido en la Universidad.
Egresé en Junio-Julio de 2023, y terminé meses después mis practicas profesionales. Hoy en día es 2025 y no he recibido mi título con su respectivo Número de Folio Electrónico ni mi Cédula Profesional Digital ni una constancia oficial y válida mediante la SEP que acredite mi conclusión de estudios.
La última actualización que recibí fue la semana del 23 al 29 de Noviembre de 2025. Me han dicho que espere, que se han entregado paquetes de documentos de egresados en los recientes meses y es solo una cuestión de tiempo a que se me entreguen documentos. Reitero, llevo ya dos años y 6 meses de haber concluido mis estudios.
Decepciones: miedo e incertidumbre
La sede Cuauhtémoc tiene una historia más antigua que la del gobierno del presidente López Obrador. La Escuela de Derecho Ponciano Arriaga fue fundada en 2015 en la Ciudad de México por una asociación civil sin fines de lucro, con el objetivo de formar juristas comprometidos con el nuevo paradigma constitucional en materia de derechos humanos.
Esta escuela deja de existir cuando se formaliza la migración al sistema de Universidades para el Bienestar Benito Juárez en 2020, en tiempos donde yo era estudiante de segundo ciclo. Este asunto es pertinente porque hay alumnos cuyo egreso estaba planeado en 2020-2021, lo que significa que hay alumnos con procesos de titulación de aproximadamente 4 o 5 años.
¿Qué pasó en esos años?
- 13 de febrero de 2020. AMLO reconoció públicamente el paro estudiantil en la Escuela de Derecho Ponciano Arriaga, donde los alumnos exigían certeza jurídica sobre sus títulos y condiciones de egreso. Se comprometió a que la SEP y la coordinación de las UBBJ atendieran el caso.
- 17 de febrero de 2020. Nuevamente se abordó el tema en la mañanera, tras las protestas de estudiantes en el Centro Histórico de la CDMX. AMLO dijo que se garantizaría la validez de los estudios y que la escuela se integraría plenamente al sistema de Universidades Benito Juárez.
- Marzo de 2020 (varias menciones) – Durante el seguimiento del conflicto, se reiteró que los títulos tendrían reconocimiento oficial y que se resolverían los problemas de egreso.
- 2021–2022 – El tema volvió a aparecer en conferencias cuando se habló de la consolidación de las UBBJ y de los problemas de titulación en varias sedes, incluyendo la Ponciano Arriaga.
- 2023–2024 – En informes sobre universidades públicas, AMLO mencionó que aún había rezagos en egresos y titulación en algunas UBBJ, aunque ya no de forma tan específica sobre la Ponciano Arriaga.
Invito a la prensa a investigar y a observar la veracidad del último punto, pues la comunidad universitaria ha dado testimonios intracomunitarios de que continúa el rezago en la entrega de sus papeles oficiales. Incluso existen casos donde los números de Folio Electrónico y la cadena del código digital de los títulos dados no concuerdan con las bases de datos de la SEP. Esto es de lo que se duelen los alumnos egresados de la UBBJ sede Cuauhtémoc y las generaciones de la hoy extinta Escuela de Derecho Ponciano Arriaga.
La UNAM y el IPN tienen tasas de egreso y titulación mucho más altas (alrededor de 70–80 %) que las universidades creadas por Morena (URC y UBBJ), donde los egresados son aún pocos y la tasa de titulación ronda apenas el 20–30 %.
Estos datos son abrumadores, provocan decepción y poca credibilidad en la posibilidad de un egreso en los próximos años. Invitamos a los profesionales y a los expertos involucrarse en beneficio de los alumnos.
Conclusión
La falta de mi título universitario y la incertidumbre de mis compañeros de la UBBJ no son meros accidentes burocráticos. Al negar o retrasar la certificación de sus propios ciudadanos, el Estado mexicano perpetúa una desconfianza interna que nos condena a la irrelevancia en un mundo aceleracionista.
La verdadera transformación de México vendrá de la capacidad de nuestras instituciones para otorgar “crédito” y valor a su propia gente. Entregar nuestros títulos es el primer paso indispensable para dejar de ser espectadores de nuestra propia historia y comenzar a competir, con dignidad y certeza jurídica, en la carrera por el futuro. Justicia para los egresados es justicia para la nación.
Escribo esto como un reclamo de justicia, no solo por mi futuro, sino contra la competencia intrahuésped que devora las esperanzas de miles de estudiantes.
La estadística es fría, pero nuestra realidad no: el rezago en la titulación es violencia administrativa. Exigimos que la “máquina” estatal acelere, no para deshumanizarnos, sino para otorgarnos las herramientas legales —nuestros títulos y cédulas— que nos permitan subsistir y prosperar.
Si el amor a la patria que profeso ha de ser correspondido, el Estado debe dejar de mirarnos como cifras de un programa social y empezar a reconocernos como juristas, científicos, tecnólogos y pensadores habilitados. El tiempo de la promesa ha terminado; es hora de la certeza.
En suma, el caso de la sede Cuauhtémoc y la extinta Escuela Ponciano Arriaga funciona como un microcosmos de la patología nacional. Hemos diagnosticado una nación que sufre de sesgonostalgia, incapaz de validar su presente por estar obsesionada con mitos fundacionales.
La única vía para evitar que la aceleración tecnológica global nos desplace definitivamente es construir un sistema de confianza endógena robusto. Mi título, y el de mis compañeros, es la prueba de fuego de esta administración: o validan la inteligencia nacional, o confirman su sumisión al subdesarrollo.
* Rodrigo Torres es egresado en proceso de titulación de Derecho en las Universidades del Bienestar Benito Juárez García. Es estudiante de Ingeniería en Sistemas Computacionales (UMOV) e Ingeniería en Programación (ULA). Es aficionado a la Filosofía y las Letras, con interés en el pensamiento crítico y humanista. Perfil en LinkedIn.
Fuentes:
Land, N. (2011). Fanged Noumena: Collected Writings 1987–2007. Urbanomic.
Srnicek, N., & Williams, A. (2015). Inventing the Future: Postcapitalism and a World Without Work. Verso Books. (Para contrastar la visión de futuro y tecnología).
Bauman, Z. (2017). Retrotopía. Paidós.
Fisher, M. (2014). Ghosts of My Life: Writings on Depression, Hauntology and Lost Futures. Zero Books.
Banks, D. A. (2023). The city authentic: How the attention economy builds urban America. University of California Press.
Hanisch, C. (1969). The Personal is Political. En Notes from the Second Year: Women’s Liberation.
O’Gorman, E. (1958). La invención de América. Fondo de Cultura Económica.
Quijano, A. (2000). Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. CLACSO.
Corte Interamericana de Derechos Humanos (2023). Caso Tzompaxtle Tecpile y otros Vs. México. Sentencia de 7 de noviembre de 2022. (El caso clave que condena la prisión preventiva oficiosa y el arraigo, tal como mencionas en tu ensayo).
Corte Interamericana de Derechos Humanos (2023). Caso García Rodríguez y otro Vs. México. (Refuerza la obligatoriedad de modificar la constitución interna).
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Informes Anuales sobre la Situación de los Derechos Humanos en México (2020-2024). OEA.
CONEVAL. (2023). Medición de la pobreza en México 2022. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
INEGI. (2023). Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2022. Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
CONEVAL / INEGI. Líneas de Pobreza por Ingresos, enero 2025.
BBVA Research. México | Notable avance, la pobreza en un mínimo de 29.6%, pero persisten desigualdades.
Diario Oficial de la Federación (30/07/2019). Decreto por el que se crea el organismo público descentralizado denominado Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García.
Animal Político (2022). “Alumnos de Universidades del Bienestar denuncian falta de títulos y maestros”.
Proceso (2020). “Estudiantes de la Escuela de Derecho Ponciano Arriaga exigen a AMLO certeza en sus estudios”.
Contralínea (2023). “Universidades Benito Juárez: 4 años de opacidad y falta de titulación”.
López Obrador, A.M. (13 de febrero de 2020). Versión estenográfica de la conferencia de prensa matutina. Presidencia de la República.
Glosario:
Aceleracionismo: Doctrina cuyo padre, Nick Land, propició un pensamiento para entender el capitalismo tecnológico, una “máquina” que acelera el proceso de una agenda inhumana donde la inteligencia artificial y la tecnología pueda provocar un cambio social radical.
Sesgonostalgia: Incapacidad de conocer la verdad del presente y realizar una praxis en el presente, por una emoción de añoranza de un pasado engañoso.
Competencia intrahuésped: se define como el conjunto de interacciones competitivas que ocurren dentro de un mismo organismo infectado, cuando dos o más patógenos (virus, bacterias, parásitos, hongos) o incluso diferentes cepas/variantes de la misma especie luchan por recursos limitados del huésped.
La industria petrolera ha estado en el corazón de la economía venezolana durante un siglo. Sin embargo, en la actualidad requiere fondos millonarios para recuperar su capacidad de producción, luego de décadas de desinversión.
“Nunca pude imaginar que a los 71 años iba a pasar toda la noche en vela para poner gasolina. ¡Es algo insólito!”.
Con esas palabras el doctor Rafael Barrios se lamentaba sobre la grave crisis de escasez de gasolina en Venezuela, paradójicamente el país con las mayores reservas petroleras probadas del mundo.
Era mayo de 2020 y el país sudamericano llevaba una década experimentando problemas por la falta de combustible que se habían agudizado al punto de que los conductores tenían que pasarse el día en fila esperando a cargar gasolina.
Probablemente por eso pocos se sorprendieron cuando el pasado 3 de enero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó duramente el estado de la industria petrolera venezolana.
“El negocio petrolero en Venezuela ha sido un fracaso”, dijo durante la rueda de prensa que ofreció luego de que las fuerzas militares estadounidenses atacaron instalaciones militares en Venezuela y capturaron al presidente Maduro y a su esposa, Cilia Flores.
Poco después, el mandatario estadounidense anunció que su gobierno iba a hacerse cargo de la industria petrolera venezolana.
“Vamos a hacer que nuestras grandes compañías petroleras de Estados Unidos, las más grandes del mundo, entren, gasten miles de millones de dólares, arreglen la infraestructura petrolera gravemente dañada y empiecen a generar dinero para el país”, aseguró.
El petróleo ha sido durante un siglo la sangre de la economía venezolana y ha llegado a formar parte de la identidad de los ciudadanos de ese país.
El “oro negro” impulsó la transformación de Venezuela de un país rural a uno moderno y urbano. De allí salió el dinero para construir universidades, hospitales, autopistas, aeropuertos, escuelas, museos, teatros. Permitió durante décadas que en las familias venezolanas los hijos pudieran tener una vida mejor que la de sus padres y ayudó a crear una economía de oportunidades que atrajo a migrantes de todas partes del mundo.
El peso del petróleo era tal que, al menos durante el último medio siglo, era posible conocer el estado de la economía venezolana mirando la ubicación del precio del barril de crudo. Si subía, había bonanza; si bajaba, había crisis.
En los últimos diez años, sin embargo, factores distintos al precio del barril de crudo han impedido a Venezuela sacar pleno provecho de su riqueza petrolera debido a un notable deterioro de su capacidad de producción.
La pasada semana, el secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright, anunció que su país tiene la intención de mantener un control significativo sobre la industria petrolera venezolana.
Indicó que el gobierno de su país gestionará las ventas de petróleo venezolano y controlará las cuentas donde se depositarán los pagos, desde donde se transferirían a Venezuela para beneficiar al pueblo venezolano.
“Necesitamos tener esa influencia y ese control sobre las ventas de petróleo para impulsar los cambios que son absolutamente necesarios en Venezuela”, apuntó.
En un comunicado divulgado el pasado 7 de enero, la empresa petrolera estatal de Venezuela, Pdvsa, dijo que se encontraba en negociaciones con EE.UU. “para la venta de volúmenes de crudo” a ese país.
BBC Mundo te cuenta cuál es el estado actual de la industria petrolera venezolana y qué haría falta para recuperarla, como es el deseo de Trump.
Las reservas más grandes pero una producción reducida
Venezuela es el país con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo: 303.000 millones de barriles.
A pesar de ello, en los últimos años su producción llegó a caer en 2019 hasta los 500.000 barriles diarios, ubicándose así en niveles similares a los del año 1950, cuando se extraían unos 488.962 barriles al día. Un retroceso de más de medio siglo.
En 1998, se producían tres millones de barriles y en la actualidad, cerca de un millón.
Esa reducción histórica es, en parte, consecuencia de las sanciones petroleras aplicadas por Trump contra Maduro en enero de 2019. No obstante, hay que destacar que el declive de la producción se inició durante el gobierno de Hugo Chávez y se agudizó de forma notable a partir de 2015, bajo el mandato de Maduro.
“La industria petrolera venezolana no está en las mejores condiciones. Venezuela produce más o menos un millón de barriles por día. Eso es 1% de la producción mundial. En un país que en la década de 1990 producía 3,5 millones de barriles por día. Entonces, ha habido una caída dramática de la producción petrolera durante las últimas décadas”, dice a BBC Mundo Luisa Palacios, investigadora sénior adjunta del Centro de Política Energética Global de la Universidad de Columbia.
“Ha habido un severo deterioro de la capacidad técnica de la compañía nacional petrolera, Pdvsa, que controla la mayor parte de la producción del país. Y además la industria ha sufrido un deterioro importante de su capacidad financiera. Ha hecho default (impago) sobre toda su deuda externa, su deuda comercial y con todos sus proveedores. Lo que ha hecho que se convierta en una empresa con muchos problemas técnicos, operativos, financieros, de seguridad de operaciones y de manejo de riesgos ambientales”, agrega.
La caída de la producción ha sido tan sustantiva que Venezuela lleva años sin entrar en el sistema de cuotas de la OPEP (establecidas para evitar que haya una oferta excesiva de crudo en el mercado), pues desde hace cerca de una década ese país no alcanza a cubrir la totalidad de la cuota que tenía asignada.
Según cifras de esa organización de países petroleros, basadas en fuentes secundarias, la producción venezolana se encontraba en torno a 1,3 millones de barriles diarios en 2018, justo antes de la imposición de sanciones por parte de Trump. Esa cifra representaba una reducción de un millón de barriles en relación con 2015.
De acuerdo con esas mismas fuentes, Venezuela extraía 3,1 millones de barriles diarios en 1998, año de la primera elección de Chávez.
“El estado actual de la industria petrolera venezolana es un deterioro general de la infraestructura, de la capacidad de generación eléctrica, de la capacidad de manejar los efluentes naturales de la industria petrolera, léase gas natural, agua, etcétera. Y esa es la razón por la cual la producción está estancada por debajo de un millón de barriles diarios”, dice Luis Pacheco, académico no residente del Instituto Baker de la Universidad de Rice (Houston), a BBC Mundo.
“Eso es una consecuencia de decisiones gerenciales, de decisiones políticas tomadas en los últimos de los últimos 25 años, pero en particular desde el año 2013”, apunta.
Endeudada y sin inversión
Pacheco explica que por ser una industria extractiva, el negocio petrolero requiere de constantes inversiones.
“No se trata solamente de cuánto produces, sino de cuánto puedes mantener la producción porque en la medida que produces, agotas la capacidad de producción y tienes que seguir invirtiendo. Así que mientras más produces, más tienes que invertir para mantenerte en el mismo lugar”, indica al atribuir el deterioro de la industria petrolera venezolana a esa falta de inversión.
Antes de la llegada de Hugo Chávez, la petrolera estatal Pdvsa se manejaba con criterios de empresa privada, es decir, se dedicaba a su negocio y a la obtención de beneficios para favorecer a su único accionista: el Estado venezolano.
Durante el gobierno de Chávez, las autoridades empezaron a destinar grandes cantidades de recursos procedentes de Pdvsa a otras actividades no relacionadas con la energía como la construcción de casas, la creación de redes de supermercados, la ayuda a gobiernos aliados a través de la “petrodiplomacia” o inversiones multimillonarias en armamento.
“El Estado venezolano pensó que el precio del petróleo siempre iba a estar alto y escondió la falta de inversión en el precio: la producción venía cayendo, pero como el precio venía subiendo, el gobierno veía los ingresos subiendo. Pero había una enfermedad subyacente. Entonces, cuando el precio del petróleo cayó, se dieron cuenta de que habían malbaratado el ingreso”, explica Pacheco.
Las autoridades venezolanas también recurrieron al endeudamiento externo -usando en ocasiones a Pdvsa o a la producción petrolera como colateral- para financiar el gasto del Estado, lo que llevó a acumular una deuda que se estima entre unos US$150.000 millones y US$170.000 millones, según la agencia Reuters.
Este endeudamiento abrió la posibilidad de que Venezuela pierda la propiedad de Citgo, una compañía que Pdvsa posee en Estados Unidos y que históricamente ha tenido un rol estratégico pues garantizaba el disponer de refinerías propias para colocar el crudo venezolano en el mayor mercado de petróleo y derivados del mundo.
Los acreedores de Venezuela lograron que la justicia estadounidense aceptara subastar Citgo para pagar las deudas pendientes desde que Venezuela entró en situación de impago en 2017. A finales de 2025, un tribunal aprobó la venta de esa compañía, pero la decisión aún no es definitiva.
La caída de las inversiones y de la producción también ha afectado la capacidad de Pdvsa de producir derivados del petróleo, pues las refinerías venezolanas han enfrentado numerosos problemas técnicos y se estima que en la actualidad están produciendo en torno a 25%-30% de su capacidad.
Producción privatizada
Otra característica de la situación actual de la industria petrolera venezolana es que la mayor parte del crudo y del gas es extraído por empresas privadas, según Pacheco.
“La producción petrolera de Venezuela está básicamente privatizada informalmente. La presencia de Chevron, de otras compañías internacionales, de contratistas menores que funcionan bajo un régimen legal bastante frágil hace que tú no puedas subir la producción más allá de donde está en este momento, que es un 25% de lo que alguna vez fue”, dice.
La legislación venezolana permite que petroleras internacionales operen en Venezuela, a condición de que se asocien con Pdvsa en proyectos en los cuales la estatal venezolana tenga mayoría de acciones.
En la práctica, sin embargo, debido a que Pdvsa no tiene dinero para invertir, lo que ocurre es que son estas compañías extranjeras las que hacen el grueso de la inversión y Pdvsa les paga con crudo.
En la actualidad, la compañía extranjera que más petróleo está produciendo en Venezuela es la estadounidense Chevron que a finales de 2025 extraía en distintos proyectos unos 245.100 barriles diarios, equivalentes a 22% de la producción del país, según informaba la prensa venezolana.
La italiana ENI, la española Repsol y las chinas CNPC y Sinopec son algunas de las principales empresas internacionales que han mantenido operaciones en Venezuela en los últimos años a través de asociaciones con Pdvsa.
En cuanto a la producción que se realiza en los campos operados exclusivamente por Pdvsa, Pacheco asegura que la extracción es poca y que se realiza a través de compañías contratistas.
“Pdvsa ahora es una fachada detrás de la cual no hay nada sino las compañías privadas que están operando bajo un sistema legal frágil”, apunta.
Lo que hace falta: una década y miles de millones
Una década es el plazo que citan informes y analistas cuando se les pregunta sobre el tiempo que tomaría rescatar la industria petrolera venezolana para que esta vuelva a producir en torno a unos 3 o 3,5 millones de barriles diarios.
“Lo que hace falta es inversión, tecnología y recursos humanos y un poco más de US$100.000 millones en inversiones en esa década”, dice Luis Pacheco.
Luisa Palacios, por su parte, advierte que dado el nivel de endeudamiento del gobierno venezolano y de Pdvsa, los recursos para levantar la industria petrolera venezolana deben venir de fondos privados.
“Ni el gobierno, ni la empresa estatal petrolera tienen capacidad para invertir en el sector petrolero para aumentar la producción. Entonces, todas las inversiones que se traigan al país para poder aumentar la producción tienen que venir del extranjero porque internamente no hay capacidad para ello”, señala.
La pasada semana, Trump dijo durante una reunión con 14 empresas petroleras en la Casa Blanca que invertirían justamente US$100.000 millones en la infraestructura petrolera de Venezuela.
La dificultad estriba, en este caso, en que para hacer esas inversiones milmillonarias y a largo plazo hace falta que se cumplan una serie de condiciones y de cambios jurídicos e institucionales que generen suficiente confianza a las empresas para que decidan invertir.
“Tú no vas a atraer los capitales que necesitas si no tienes reglas claras. Y para tener reglas claras tienes que tener todas estas garantías”, apunta Palacios.
La experta advierte que, en consecuencia, la recuperación de la industria no solamente es un tema de dinero, sino que requiere un cambio institucional para modificar completamente la dinámica actual del país y de la industria.
“Tienes que cambiar las reglas del juego, las instituciones, la legislación. Tienes que establecer un régimen legal que permita a los inversionistas sentir que sus inversiones van a estar seguras”.
“Eso también requiere que haya instituciones creíbles, un sistema judicial que respete los contratos y que sirva como un árbitro de derecho comercial, que exista un ente regulador que ejerza sus funciones y que exista un sistema macroeconómico que permita la libre conversión de la moneda, la libre importación y exportación de servicios y de material. Y tiene que haber garantías sobre la seguridad del personal que trabaje en el país”, afirma Palacios.
Luis Pacheco, quien coincide en que todos esos cambios son necesarios, añade uno más a la lista: “Tienes que cambiar todo el modelo político de Venezuela”.
Él recuerda que fue el propio chavismo el que le cambió las reglas del juego a las petroleras extranjeras que operaban en Venezuela, el que expropió y estatizó a las empresas contratistas y, en muchos casos, no les pagó indemnización.
En su opinión, ese historial haría difícil que un gobierno liderado por el chavismo logre generar confianza en las empresas internacionales.
Esas dudas fueron expresadas en la reunión de la pasada semana en la Casa Blanca por el director ejecutivo de Exxon Mobil, Darren Woods. “Hemos tenido nuestros activos confiscados allí dos veces, así que pueden imaginar que volver a entrar por tercera vez requeriría cambios bastante significativos”, dijo, según reseñó The New York Times. “Hoy en día es imposible invertir allí”, agregó.
En contraste, el vicedirector ejecutivo de Chevron, Mark Nelson, dijo que su compañía esperaba poder incrementar su producción en Venezuela en un 50% en un plazo de dos años.
En todo caso, acá cabe recordar otra de las afirmaciones polémicas de Trump tras la captura de Maduro: “Nosotros [EE.UU.] vamos a gobernar el país hasta que podamos llevar a cabo una transición segura, adecuada y juiciosa (…) No podemos correr el riesgo de que otra persona se haga cargo de Venezuela sin tener en cuenta el bienestar del pueblo venezolano; eso ha ocurrido durante décadas. No vamos a permitir que eso suceda”.
Así, quizá los inversores no tengan que decidir si creen o no en la palabra de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, sino si confían en la de Donald Trump.
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