Venezuela y Ucrania, conflictos entre el petróleo, la paz y la guerra
En los últimos días hemos visto nuevos desarrollos en dos conflictos que en apariencia son procesos distintos. Por un lado, surgió la posibilidad de un nuevo plan de paz para Ucrania impulsado por Estados Unidos, el cual consta de una ambiciosa agenda de paz de 28 puntos que buscaría poner fin al conflicto. Por el otro, vemos un aumento en las tensiones en el sur del Caribe en donde cabe la posibilidad de una escalada militar en las tensiones entre Washington y Caracas. Estos acontecimientos, más que episodios aislados, reflejan la interconexión latente de los distintos conflictos en el escenario internacional.
La posibilidad de una escalada militar en Venezuela, en paralelo a los intentos de negociar un plan de paz para Ucrania, evidencia que los conflictos contemporáneos rara vez pueden analizarse como crisis locales aisladas. Un conflicto en el Caribe no solo alteraría el equilibrio geopolítico internacional, sobre todo por los vínculos entre Caracas con Moscú, Beijing y Teherán, por lo que una operación de cambio de régimen seguramente traería alguna respuesta por parte de sus socios estratégicos. Un ataque a Venezuela también tendría otros efectos, pues es muy probable que encarecería el precio internacional de los hidrocarburos como el petróleo y el gas natural, incrementando los ingresos de Rusia y disminuyendo el impacto de las sanciones económicas que buscan limitar la capacidad de Moscú de sostener la guerra en Ucrania. Así, un ataque militar destinado a presionar o derrocar al régimen de Maduro en Caracas terminaría debilitando, paradójicamente, la posición de Ucrania en el campo de batalla y en la mesa de negociación.
La continuidad del esfuerzo militar ruso en Ucrania depende de manera estructural de los ingresos provenientes de la exportación de hidrocarburos, que constituyen la principal fuente de financiación del presupuesto federal y del gasto asociado a la guerra. Por ello Ucrania ha enfocado sus esfuerzos bélicos en atacar la infraestructura petrolera rusa. A pesar de las sanciones occidentales, Rusia ha logrado mantener flujo de efectivo gracias a la venta de petróleo y gas a mercados asiáticos, aplicando descuentos agresivos y utilizando redes logísticas alternativas para sortear restricciones. Se estima que entre el 40 % al 50 % de la economía rusa depende de estas exportaciones, por lo que cualquier cambio abrupto en los mercados internacionales del petróleo puede estimular la economía rusa o llevarla a una recesión.
La estrategia de Estados Unidos frente a Rusia se ha centrado en reducir la capacidad de Moscú para convertir su producción de hidrocarburos en ingresos disponibles para la guerra, no necesariamente eliminando su acceso a los mercados, sino encareciendo y dificultando el proceso de exportación. Washington, junto con sus aliados, ha impulsado una nueva ronda de sanciones financieras al petróleo ruso. El objetivo no es detener por completo la salida de petróleo (algo impensable sin provocar una crisis energética mundial) sino forzar a Rusia a venderlo con descuentos significativos y a depender de intermediarios costosos y menos confiables. Al limitar los márgenes de ganancia, Estados Unidos busca erosionar la capacidad del Kremlin de sostener su gasto militar prolongado. De esta forma, un incremento global del precio del petróleo provocado, por ejemplo, por una crisis en Venezuela que afecte la oferta internacional no solo compensaría las pérdidas derivadas de las sanciones, sino que fortalecería los recursos financieros de Moscú para prolongar la guerra.
En este contexto surge un nuevo plan de paz para Ucrania impulsado desde la Casa Blanca. El proyecto, negociado previamente en secreto con el Kremlin, consta de 28 puntos que hizo sonar las alarmas en Kiev y el resto de las capitales europeas, pues fue visto como muy favorable para Moscú. El plan no solo reintegraba a Moscú a la economía global y exige concesiones profundas por parte de Kiev que socavaban la soberanía ucraniana. Según el borrador, Ucrania tendría que reconocer de facto la autoridad rusa sobre los territorios conquistados en las zonas de Crimea, Donetsk y Luhansk, así como congelar otras líneas de frente y limitar su ejército a apenas 600,000 efectivos, además, incorporar en su constitución el compromiso de no ingresar a la OTAN, incluso si el acuerdo contempla garantías de seguridad externas.
Por su parte, las potencias europeas han rechazado partes sustanciales del acuerdo. Los líderes de Alemania, Francia y Reino Unido, entre otros países, manifestaron que reducir el potencial militar de Ucrania y aceptar cambios territoriales sin condiciones debilitaría la seguridad europea. Con el fin de no quedar al margen de la negociación, estos Estados presentaron una contrapropuesta durante la cumbre en Ginebra entre Estados Unidos, Ucrania y sus socios europeos, tras la cual solo se acordó continuar trabajando en un nuevo borrador que no comprometa la posición estratégica de Kiev, especialmente en temas de cesiones territoriales que claramente es una línea roja para Ucrania. Sin embargo, lo que el plan de los 28 puntos propuesto por Estados Unidos revela es que Washington considera inevitable reconocer parte de las conquistas rusas como condición para poner fin a la guerra. Al aceptar esta lógica, Estados Unidos termina conviniendo con la postura de Moscú en la mesa de negociación.
Al otro lado del Atlántico, el sur del Caribe experimenta una creciente tensión entre Estados Unidos y Venezuela, ocasionada por un amplio despliegue militar estadounidense. Bajo la operación “Southern Spear”, el Comando Sur (SOUTHCOM) ha llevado a cabo más de veinte ataques contra pequeñas embarcaciones que Washington califica como “narco-terroristas” vinculadas a Venezuela, acciones cuya legalidad ha sido puesta en entredicho por juristas y organismos internacionales. La escalada de tensiones no se detuvo allí, pues la Marina estadounidense ha desplegado frente a las costas venezolanas al portaaviones USS Gerald Ford, uno de los buques de guerra más grandes del mundo. Paralelamente Washington designó al llamado “Cartel de los Soles” y al presidente Nicolas Maduro como terroristas, creando así el fundamento jurídico para una eventual intervención armada.
Caracas, por su parte, sostiene que estas maniobras militares son un pretexto para desestabilizar al gobierno de Maduro y realizar un cambio de régimen en Venezuela. En respuesta, ha advertido que interpreta el despliegue estadounidense como una amenaza, acusando a Washington de buscar una intervención encubierta para derrocarlo bajo el discurso de la lucha contra el narcotráfico. La idea de derrocar a Maduro mediante una intervención armada es popular en ciertos círculos tanto dentro como fuera de Venezuela. Sin embargo, un gobierno de transición a un régimen post-Maduro emanado de una intervención militar estadounidense carecería de la legitimidad necesaria para estabilizar al país. Por lo que, si se busca un cambio de régimen, una salida negociada parecería ser la opción más viable, solo que esta no sucedería sin la presión de la cúpula político-militar venezolana.
Es muy probable que veamos algún tipo de agresión contra Venezuela. Lo que aún está por definirse es el alcance de dicha operación, sobre todo si se limitará al uso de drones o bombardeos puntuales, o si incluirá algún tipo de invasión terrestre. Lo más probable sería ver una ofensiva selectiva con drones, en conjunto con operaciones encubiertas, las cuales ya han sido autorizadas, y quizá una intervención terrestre limitada al estilo de la invasión de Panamá para derrocar a Noriega en 1989. Es difícil imaginar una intervención militar a gran escala, en primer lugar, por lo difícil que sería para Estados Unidos controlar territorio venezolano de forma sostenida. El terreno favorece la guerra de guerrillas, un tipo de conflicto para el cual un ejército moderno como el estadounidense no está especialmente preparado, aunado a la cantidad de actores armados que existen en el territorio. En el caso de que se presente una intervención militar a gran escala, esta tendría consecuencias humanitarias sumamente graves, pues el vacío de poder que seguiría a la caída abrupta del régimen podría generar un escenario de colapso estatal que abre la puerta a un escenario peor para la población venezolana.
Cabe mencionar que Estados Unidos no responde a un interés en el petróleo venezolano per se, pues su propio mercado está saturado por su producción interna, sino que responden a un tema de política interna estadounidense. Si bien la Casa Blanca considera que los precios del petróleo bajarían “si algo pasa en Venezuela”, la realidad es que es muy probable que suceda lo contrario, y no solo los precios del petróleo, sino también los del gas, esto debido a los posibles efectos en la infraestructura gasera de Trinidad y Tobago. Especialmente debido a los posibles efectos en la explotación de reservas transnacionales de gas subacuáticas explotadas por empresas como Shell, NGC y BP. La explotación de estas reservas depende en gran medida de la cooperación entre Puerto España y Caracas. Sin embargo, esta cooperación se ha detenido debido al apoyo del gobierno trinitense a las operaciones militares estadounidenses en la zona, al punto de realizar ejercicios militares conjuntos en medio de las tensiones con Caracas. Hecho que el gobierno venezolano consideró como una “agresión” por parte de Trinidad y Tobago.
El desarrollo de los conflictos en Europa del Este y en el Caribe demuestran lo paradójica y contradictoria que puede ser la política internacional, y al mismo tiempo, demuestra que no puede entenderse de forma aislada. Las guerras, los precios del petróleo, las sanciones económicas y las negociaciones de paz forman parte de un mismo entramado estratégico. El plan de paz de 28 puntos para Ucrania refleja la apuesta de Washington por estabilizar el conflicto aceptando parte de las conquistas rusas, una lógica que fortalece la posición de Moscú precisamente en el momento en que su economía bélica depende de un petróleo caro. A la vez, la posible escalada militar contra Venezuela abre un escenario capaz de elevar los precios del crudo, aliviando la presión económica sobre Rusia y prolongando su capacidad de mantener su maquinaria de guerra. Esta situación, en última instancia, obliga a reconocer que ya ningún conflicto es exclusivamente local.
* Adrián Marcelo Herrera Navarro (@adrianmarcelo96) es maestro en Ciencia Política por El Colegio de México, con especialización en temas de seguridad nacional y relaciones internacionales.
Mas de 350 palestinos han muerto desde el pasado 10 de octubre en Gaza, donde seis semanas después del inicio del alto el fuego la situación sigue siendo desesperada para la gran mayoría de sus habitantes.
Israel y Hamás sellaron el pasado 10 de octubre un acuerdo de cese el fuego que debía poner fin a dos años de un conflicto que ha devastado la Franja de Gaza.
Seis semanas después del inicio de ese cese de hostilidades, el derramamiento de sangre no ceja en Gaza, donde civiles palestinos siguen muriendo a diario por disparos o ataques israelíes.
La intensidad del conflicto se ha reducido, pero eso no ha evitado que la cifra de víctimas palestinas siga creciendo, aunque más lentamente.
La ayuda humanitaria, tras meses de férreo bloqueo, vuelve a entrar a la Franja, pero no en el volumen necesario para hacer frente a las necesidades de una población que sigue, en su gran mayoría, desplazada y en un territorio que se ha quedado prácticamente sin infraestructuras.
El alto el fuego ha permitido que la ONU empiece a reabrir las escuelas que opera en la Franja, la mayor parte de ellas dañadas por los bombardeos y que siguen sirviendo de refugio para muchas familias. El sistema sanitario también sigue siendo muy precario. Solo 36 de los hospitales de Gaza están parcialmente operativos, según Naciones Unidas.
Hamás, aunque ha quedado muy debilitado, se niega a desarmarse, como demostró al día siguiente de iniciarse el alto el fuego, cuando sacó a 7.000 milicianos armados a las calles para reafirmar el control sobre zonas de Gaza desocupadas por las tropas israelíes. Pero su hegemonía está siendo cuestionada por un nada desdeñable número de grupos armados han proliferado en la Franja dispuestos a hacerle frente.
En medio de todo esto, los palestinos aguardan a que el plan de paz que propuso el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, del que el alto el fuego solo constituía una primera fase, avance y pueda comenzar la reconstrucción de un territorio controlado aún en su mayoría por el ejército israelí.
Más de 350 muertos en ataques israelíes
El goteo de víctimas desde el día en que entró en vigor el alto el fuego no se ha detenido.
Más de 350 personas han muerto en Gaza en ataques israelíes desde entonces, lo que elevan la cifra total de víctimas palestinas desde el inicio del conflicto el 7 de octubre de 2023 a 70.100, muchas de ellas mujeres y niños, según cifras del ministerio de Sanidad de Gaza.
Los milicianos de Hamás continúan siendo objetivo del ejército israelí, pero la enorme mayoría de víctimas siguen siendo civiles, como el fotógrafo Mahmud Wadi, fallecido este martes en un ataque con dron en Jan Yunis. O los hermanos Fadi y Juma Abu Assi, de 8 y 11 años que, según su familia, estaban buscando leña para cocinar al este de esta misma ciudad cuando fueron alcanzados el pasado sábado por el fuego israelí.
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) aseguraron a la BBC que habían disparado sobre dos sospechosos que cruzaron la Línea Amarilla.
Esta demarcación, que delimita el territorio al que Israel aceptó retirarse tras el alto el fuego, no está claro para muchos palestinos, a veces con consecuencias fatales.
Pero las muertes no solo se han producido en las inmediaciones de la Línea Amarilla. Israel ha llevado a cabo bombardeos de zonas densamente pobladas en Gaza en respuesta, según las FDI, a ataques de Hamás.
En uno de ellos, en la noche del pasado 28 de octubre, murieron 104 palestinos en una oleada de bombardeos en Ciudad de Gaza, Beit Lahia, Bureij, Nuseirat y Jan Yunis, según el ministerio de Sanidad de la Franja. Israel alegó que actuó contra “decenas de objetivos terroristas”.
Tanto las FDI como Hamás se han acusado mutuamente de violar el alto el fuego en repetidas ocasiones.
El pasado 21 de noviembre, el portavoz de Unicef, Ricardo Pires, recordó que, desde el cese el fuego, dos niños han muerto de media cada día en Gaza.
“Esto no son estadísticas. Cada uno de ellos era un niño con una familia, un sueño, una vida truncada repetidamente por la violencia continuada”, dijo Pires a los periodistas.
Qué ha pasado con la ayuda humanitaria
El estricto bloqueo que Israel impuso en Gaza durante meses antes del alto el fuego, impidiendo el acceso de ayuda humanitaria a la Franja, provocó una hambruna que mató a más de 200 personas, según la propia denuncia de la ONU.
El acuerdo de alto el fuego alcanzado entre Israel y Hamás establecía que 600 camiones de ayuda humanitaria debían entrar diariamente a la Franja para satisfacer las necesidades básicas de sus 2,1 millones de habitantes.
Sin embargo, aunque desde el 10 de octubre Israel ha aflojado los controles y se ha permitido la entrada de ayuda, no se han alcanzado los niveles necesarios, según la ONU.
El acceso humanitario sigue estando muy restringido, tal y como denunciaron recientemente un grupo de expertos de Naciones Unidas, entre otras cosas porque solo se han reabierto dos de los seis pasos fronterizos.
“El volumen de camiones de ayuda que entran en Gaza nunca ha alcanzado el objetivo acordado de 600 al día y, con frecuencia, ha sido inferior a la mitad de esa cifra”, afirmaron los expertos, entre los que se encuentra Francesca Albanese, relatora especial de la ONU para los territorios palestinos.
Amnistía Internacional también ha denunciado que Israel sigue bloqueando “la entrada de equipos y materiales necesarios para reparar las infraestructuras vitales y retirar municiones sin explotar, escombros contaminados y aguas residuales”, señaló recientemente la organización en un comunicado.
Israel asegura que desde el inicio del alto el fuego han entrado en Gaza una media de 600 a 800 camiones diarios con alimentos, suministros para refugios y material médico, según la Coordinadora de Actividades Gubernamentales en los Territorios (COGAT). El 41% de esos camiones van al sector privado, según sus propias cifras.
Según la OCHA, la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, aunque la frecuencia con la que los gazatíes comen ha mejorado en la mayoría de los hogares, “el consumo de alimentos sigue estando muy por debajo de los niveles anteriores al conflicto”, y la dieta se basa principalmente en cereales, legumbres y cantidades moderadas de lácteos y aceite, con un acceso muy limitado a alimentos nutritivos como la carne, las verduras y las frutas.
Tal y como relató a la BBC Sami Matar, de la ONG Anera, que gestiona una cocina comunitaria en Gaza, “nos vemos obligados a cocinar principalmente tres tipos de comidas a la semana: arroz, pasta y lentejas (…) Necesitamos que la comida sea más variada, para garantizar verduras frescas y proteínas esenciales como la carne y el pollo”.
Estos productos, asegura, “no pueden entrar en Gaza para su distribución como ayuda humanitaria”, y solo las importan vendedores locales, aunque muchos gazatíes no tienen dinero para comprarlas.
Quien ha dejado de operar en Gaza seis meses después de ponerse en marcha es la polémica Fundación Humanitaria de Gaza (GHF, por sus siglas en inglés), que crearon Estados Unidos e Israel para eludir el sistema tradicional de ayuda de la ONU. Cientos de personas murieron por disparos israelíes durante sus caóticas entregas de cajas de ayuda humanitaria.
Dónde está el ejército israelí
El acuerdo de alto el fuego establecía que el ejército israelí se retiraría de Gaza “en base a estándares, hitos y plazos” que debían ser acordados por todas las partes.
Un mapa que distribuyó la Casa Blanca entonces mostraba las tres etapas propuestas para la retirada de las tropas israelíes, que dejaba en la primera fase, la única que se ha acordado por el momento, bajo control israelí un 53% de Gaza, toda la franja que se extiende a lo largo de la frontera con Israel.
En las siguientes fases, este territorio debería reducirse hasta el 40% en la segunda etapa y hasta el 15% en la última, una suerte de “perímetro de seguridad” que “permanecería hasta que Gaza esté debidamente protegida frente a cualquier resurgimiento de la amenaza terrorista”.
Actualmente, las FDI permanecen tras la conocida como Línea Amarilla, en un territorio que, según una investigación de BBC Verify que analizó videos e imágenes satelitales, es mayor de lo previsto en el acuerdo con Hamás.
En algunos puntos, los marcadores colocados por las tropas israelíes para señalizar la división se encontraban cientos de metros más al interior de la Franja de lo que se esperaba según la línea de retirada.
En este territorio, Israel ha destruido además barrios enteros en lo que parecen demoliciones intencionadas. Según un análisis de BBC Verify, al menos 1.500 edificios fueron derribados en el primer mes tras el alto el fuego.
Israel alega que estas demoliciones no violan lo acordado ya que según los términos del cese al fuego, “todas las infraestructuras del terror, incluyendo túneles, deben ser desmantelados en Gaza. Israel actúa en respuesta a las amenazas, violaciones y la infraestructura del terror”, dijo un portavoz de las FDI.
Pero algunos analistas y expertos en derecho internacional opinan que estas demoliciones podrían estar violando las leyes de la guerra, que prohíben la destrucción de propiedad civil por parte de una potencia ocupante, así como poniendo en peligro el acuerdo de alto el fuego.
Más del 90% de la población de Gaza se ha visto desplazada durante los dos años de conflicto y la mayoría sigue viviendo en tiendas de campaña improvisadas.
Muchos no pueden regresar a sus hogares porque ya no están ahí. Según cifras de la ONU, el 80% de los edificios de la Franja han sido destruidos. En la Ciudad de Gaza, el principal núcleo urbano del territorio, esta cifra se eleva hasta el 92%.
Proliferación de grupos armados rivales de Hamás
En los últimos meses y, especialmente desde el inicio del alto el fuego, una serie de facciones armadas enfrentadas a Hamás han proliferado en la Franja de Gaza.
Entre ellos hay grupos que se apoyan en clanes familiares, bandas criminales y nuevas milicias, algunas de las cuales cuentan con el respaldo de Israel, como ha admitido el propio primer ministro Benjamin Netanyahu.
Hamás no parece estar dispuesto a ceder el control de la Franja y en las semanas posteriores al alto el fuego se han podido ver videos en redes sociales de sus milicianos propiciando palizas o ejecutando a plena luz del día de miembros de grupos rivales a los que acusan de colaborar con Israel.
Estas nuevas formaciones operan, cada uno en su porción de territorio, dentro de la Línea Amarilla, la parte de la Franja que sigue controlada por el ejército israelí.
Están, por ejemplo, las Fuerzas Populares, el grupo que lidera Yaser Abu Shabab en la zona de Rafah, que ha sido acusado de haber saqueado camiones de ayuda humanitaria enviados a Gaza durante la guerra. O las Fuerzas de Ataque Antiterrorista, que dirige Hossam al Astal en los alrededores de Jan Yunis. Otro de los grupos es el Ejército del Pueblo – Fuerzas del Norte, que está liderado por Ashraf al Mansi y que opera en el norte de la Franja.
Algunos de estos grupos aspiran a acabar formando parte de las futuras fuerzas policiales de Gaza y aseguran, aunque no está confirmado, que trabajan en coordinación con la Junta para la Paz, el organismo internacional que deberá administrar Gaza bajo el plan del presidente estadounidense Donald Trump.
Su despliegue despierta recelos entre parte de la población gazatí y de la Autoridad Nacional Palestina, que desconfía del apoyo que Israel parece prestar a algunos de estos grupos.
“Israel podría exigir la integración de estas milicias, debido a sus propias consideraciones políticas y de seguridad específicas”, señaló el general Anwar Rajab, portavoz de las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina, a la corresponsal de la BBC en Medio Oriente Lucy Williamson.
Pero las exigencias de Israel, prosiguió, “no necesariamente benefician a los palestinos. Israel quiere seguir imponiendo su control de una u otra manera en la Franja de Gaza”.
Retorno de cuerpos de rehenes y de palestinos
En el acuerdo de alto el fuego, Hamás se comprometió a devolver en un plazo de 72 horas a los 20 rehenes israelíes vivos y los cadáveres de los 28 secuestrados que aún se encontraban en Gaza.
Según los términos de lo pactado, Israel debería devolver 15 cadáveres de palestinos en su poder por cada rehén fallecido en manos de Hamás.
Todos los rehenes vivos fueron liberados el 13 de octubre a cambio de 250 presos palestinos y 1.718 detenidos de Gaza.
Hasta ahora se han entregado los restos mortales de 26 secuestrados, 23 de ellos israelíes, así como un tailandés, un nepalí y un tanzano.
A cambio, Israel ha devuelto los cadáveres de 330 palestinos muertos durante la guerra. En su mayoría son cuerpos sin identificar de los que no está claro si fallecieron en Gaza o bajo custodia israelí, y algunos muestran signos de tortura, según han denunciado los doctores que los recibieron.
Israel ha acusado a Hamás de retrasar deliberadamente la recuperación de los cadáveres de los rehenes, mientras que Hamás ha insistido en que está luchando por encontrarlos bajo los escombros.
La lentitud de los avances ha supuesto que no se haya avanzado en la segunda fase del plan de paz del presidente Donald Trump para Gaza. Este incluye planes para la gobernanza de Gaza, la retirada de las tropas israelíes y el desarme de Hamás y la reconstrucción.
Hamás tomo 251 rehenes el 7 de octubre de 2023, cuando lanzó un ataque sorpresa sobre el sur de Israel en el que mató a más de 1.200 personas -en su mayoría civiles- que desencadenó una respuesta militar de una intensidad sin precedentes del ejército israelí sobre Gaza.
En qué punto se encuentra la negociación de la segunda fase del plan de paz
El cese de las hostilidades, el retorno de los rehenes, la retirada del ejército israelí de zonas de Gaza y la entrada de ayuda humanitaria forman parte de la primera fase del conocido como plan de paz de Trump para Gaza, que cuenta con 20 puntos.
Una vez alcanzado, la partes debían avanzar hacia las siguientes etapas, que prevén el despliegue de una Fuerza Internacional de Estabilización (FIE) y, en un futuro, el posible camino hacia el establecimiento de un Estado palestino, algo que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha rechazado.
El pasado 17 de noviembre, el plan presentados por Estados Unidos recibió el espaldarazo del Consejo de Seguridad de la ONU, lo que permitiría avanzar desde el alto el fuego hacia la reconstrucción de la Franja.
La resolución prevé la creación de una “Junta para la paz” que supervisaría la gobernanza de un comité tecnocrático y apolítico palestino y supervisaría la reconstrucción de Gaza y la entrega de ayuda humanitaria, aunque no especifica quién formaría parte de esa junta.
Tampoco está claro por ahora qué países aportarían efectivos para esas fuerzas de estabilización, ni el papel que tendrá en Gaza la Autoridad Nacional Palestina, a la que el plan exige una reforma profunda.
El plan también prevé la desmilitarización de Hamás y otros grupos en la Franja, algo a lo que la milicia islamista se ha negado.
Según la resolución, la fuerza de estabilización colaborará con Israel y Egipto, junto con una fuerza policial palestina de nueva formación debidamente seleccionada, para ayudar a proteger las zonas fronterizas y garantizar el proceso de desarme permanente de los grupos armados no estatales, incluido Hamás.
La incertidumbre en torno a todas estas cuestiones ha frenado el inicio de la segunda fase del plan de paz, para la que aún no hay fecha.
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- El video que muestra cómo fuerzas israelíes matan a dos palestinos en Cisjordania luego de que estos parecieran rendirse
- Los grupos armados palestinos enfrentados a Hamás en Gaza que son apoyados por Israel y EE.UU.
- Las imágenes de satélite que muestran que Israel ha destruido al menos 1.500 edificios en Gaza desde el inicio del alto el fuego
