Las visas: ¿Estados Unidos llevará a los gobernadores de Morena a la justicia?
El reciente anuncio del retiro de la visa para acceder a Estados Unidos de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, sumada a las medidas espejo contra el presidente municipal de Matamoros, Tamaulipas, y al gobernador de esa entidad, Américo Villarreal, ha levantado un ambiente que podríamos considerar hasta de esperanza entre la oposición mexicana, que no sabe cómo llamar a cuentas la corrupción de Morena y sus mandatarios o combatir su persistente popularidad en las encuestas, como pudimos ver en un video casi celebratorio de la medida por parte del presidente del PAN, Jorge Romero en sus redes sociales.
No pretendo exculpar a los gobernadores oficialistas; es públicamente conocida la situación del robo de combustible en Tamaulipas así como la vinculación de cuadros de este partido con el crimen organizado. Sin embargo, es importante que tanto la ciudadanía como la oposición hagamos consciencia de que la rendición de cuentas de estos funcionarios tiene que exigirse desde México. Como comenté hace unos meses: Trump no va a venir a salvarnos. y el caso del retiro de visas es una muestra más de eso y no de una verdadera vocación de justicia por parte de nuestro vecino del norte.
En 2017, bajo el primer mandato de Donald Trump, el gobierno de Estados Unidos congeló las cuentas y prohibió hacer negocios con cualquier empresa estadounidense de dos luminarias mexicanas: el entonces capitán de la selección mexicana de futbol, Rafael Márquez, y del cantante del género de banda, Julión Álvarez. En aquella ocasión la opinión pública no esperó para hacer hogueras de ambas figuras. En especial por el apoyo de Márquez a candidatos del PAN a elección popular, y la propensión a discriminar a los artistas del género de Álvarez. Como expliqué en aquel entonces, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros de Estados Unidos tiene la costumbre de acusar primero e investigar después. 7 años después, ninguna investigación ni condena pesan sobre Márquez o Álvarez. Por supuesto que nadie les pidió disculpas ni en Estados Unidos ni en México por el daño a sus carreras. La música de Álvarez estuvo años sin poderse escuchar en las principales plataformas de streaming derivado de este caso.
Ahora se ha hecho mucho ruido a partir de un reportaje de la agencia de periodismo de investigación ProPublica sobre el caso de las visas de los gobernadores. Pero me parece que o no se está leyendo más allá del titular, o se está omitiendo en la conversación un detalle importante. La nota del periodista Tim Golden aclara que sus fuentes revelaron que -caso contrario a Márquez y Álvarez- el gobierno de Estados Unidos no tiene planeado sanciones financieras para los gobernadores morenistas. Además de documentar que estas medidas fueron tomadas como respuesta al cese de coordinación del gobierno mexicano con varias agencias mexicanas anticrimen, por lo cual podrían estar motivadas políticamente. No olvidar que ya en otros casos la administración Trump ha utilizado medidas que van desde lo mercantil hasta este tipo de acciones hostiles para presionar a gobiernos a ceder en los temas de su interés. Para no ir mas lejos, se canceló también la visa del presidente de Colombia, Gustavo Petro, después de que este se negara a aceptar un vuelo militar de migrantes deportados.
Desde la oposición organizada mal haríamos en auparnos en las acciones de Trump y ligarnos al mandatario estadounidense o como simpatizantes de sus políticas que son sumamente impopulares a nivel global. Acorde a la analista del New York Times, Matina Stevis-Gridneff, el factor Donald Trump fue determinante en las victorias de los partidos en el gobierno en las recientes elecciones en Canadá y Australia, del mismo modo que ligarse al magnate trumpista, Elon Musk, acabó siendo un freno en las encuestas para Alternativa para Alemania (AfD), el partido de la extrema derecha alemán. Es que las medidas de Trump y su grupo político lejos de propugnar por el Estado de Derecho y un auténtico combate al crimen organizado global, están realmente ordenadas en construir un orden económico mundial en torno a su ideología mercantilista, sus posiciones xenófobas sobre la migración, y el establecimiento de relaciones internacionales respecto a un paradigma transaccional: todo lo que yo gane, tú lo pierdes.
Es por esto que los mensajes nacionalistas como el del nuevo primer ministro canadiense, Mark Carney: “Canadá no está en venta” han sido tan exitosos. En ese sentido, Claudia Sheinbaum lleva las de ganar en la esfera interior en México. Los mexicanos están conscientes de cómo Trump ha perseguido a nuestros familiares en su territorio, de cómo sus aranceles han golpeado a nuestra industria centrada en el modelo exportador. Simplemente la histórica planta de Chrysler, ahora Stellantis, en mi ciudad tuvo que hacer un paro producto del anuncio de los primeros aranceles. Como opositores tenemos que preguntarnos: ¿queremos vernos como fanáticos del hombre que está golpeando a nuestros connacionales y nuestra economía?
Paradójicamente, la avenida opuesta está abierta. Desde 2016 eran evidentes las coincidencias ideológicas y programáticas entre Morena y el trumpismo. Su ataque a las agencias gubernamentales de regulación, su desdén al Poder Judicial y ahora, en 2025, Trump incluso ha comenzado a abrazar la “austeridad” que es tan popular en México, ante el desastre económico que muchas de sus políticas comerciales están causando. Esto sin dejar de lado, claro está, la exigencia de que estos gobernadores y funcionarios públicos de Morena rindan cuentas a la ciudadanía. Lo vimos hace unos cuantos meses con el proceso de desafuero contra Cuauhtémoc Blanco, el resorte automático del gobierno ante cualquier acusación a los suyos es la negación y la impunidad. Pero esa rendición de cuentas tiene que exigirse en nuestras cámaras federales y locales, en nuestras calles y en nuestros medios. De otra manera estamos abriendo la puerta discursivamente a que se nos ligue con la agenda trumpista y perdemos efectividad en el justo reclamo de rendición de cuentas.
* Saul Vazquez Torres (@sawie) es Licenciado en Relaciones Internacionales por el ITESM, Campus Santa Fe. Asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI), integrante de la Red de Norteamericanistas del CISAN-UNAM. Miembro del Consejo del PRD – Estado de México.
Sofía recibe atención médica para su grave síndrome en California gracias a un permiso humanitario con el que su familia ingresó al país desde México en julio de 2023. Ahora recibieron un aviso anunciándoles su revocación.
“En 2023 recibimos un permiso humanitario que hasta ahora le ha salvado la vida”.
La mexicana Deysi Vargas habla sobre su hija, cuya identidad se protege con el seudónimo de Sofía, ante la decena de periodistas convocados a una rueda de prensa en Los Ángeles, en California.
La niña de 4 años también está presente y la observa de reojo mientras juega con un cochecito en una mesa contigua llena de libros infantiles.
Los hoyuelos que se le forman al sonreír y su vitalidad camuflan el grave síndrome que padece, al tiempo que desvían la atención de la mochila que carga permanentemente a la espalda y que la mantiene con vida.
Es parte del tratamiento que sigue gracias a la autorización con la que ella y sus padres ingresaron a Estados Unidos desde México en julio de 2023 y a la que su madre hace referencia.
Sin embargo, el pasado abril a la familia le fue notificado que la administración Trump les revocó el también llamado parole humanitario, así como las correspondientes visas de trabajo.
“En las cartas que hemos recibido desde entonces nos dicen que corremos el riesgo de ser deportados y que lo mejor para nosotros es irnos”, dijo Vargas en la conferencia del pasado miércoles.
La abogada Gina Amato, del proyecto Derechos de los Inmigrantes de la organización Public Counsel, informó que volvieron a solicitar el permiso humanitario, algo que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) le confirmó a BBC Mundo, añadiendo que la petición está bajo evaluación y rechazando que este sea un caso “activo” de deportación.
“En México no crecía ni mejoraba”
Sofía nació prematura en Playa del Carmen, en las costas del Caribe mexicano, a donde su madre, originaria de Oaxaca, y su padre, natural de Colombia, se habían mudado por trabajo.
Según le contó Vargas al Los Angeles Times, uno de los primeros medios en hacerse eco del caso, la niña pronto mostró complicaciones de salud y tuvo que ser sometida a seis cirugías para aliviar su bloqueo intestinal.
Aquello desembocó en un síndrome del intestino corto, una afección grave por la cual el cuerpo no absorbe los nutrientes que necesita.
Cuando Sofía tenía siete meses, un médico le recomendó a la familia mudarse a Ciudad de México, donde encontrarían la mejor atención médica del país para su condición.
Allí, permaneció prácticamente confinada en el hospital, sobreviviendo pero sin mostrar avances. Para cuando cumplió dos años, “mi hija no crecía ni mejoraba”, relató Vargas en español, durante la cita ante los medios.
Fue en ese tiempo que la madre supo que en otros países pacientes como su hija llevaban una vida normal y que uno de ellos era EE.UU.
También averiguó que había una forma de migrar legal— un programa impulsado por el gobierno entonces encabezado por Joe Biden—, y que implicaba pedir cita a través de la aplicación telefónica CBP One y presentarse en un cruce fronterizo determinado el día indicado.
La cita se la otorgaron para el 31 de julio de 2023. Y ese día ingresaron a territorio estadounidense desde el puerto de entrada Tijuana-San Ysidro, donde solicitaron el permiso humanitario.
Más conocido con parole, se otorga de manera discrecional a extranjeros que, pese a no cumplir los requisitos para obtener una visa, soliciten ser admitidos en EE.UU. de forma transitoria por “razones humanitarias urgentes o por un beneficio público significativo”.
El mecanismo migratorio no abre la puerta a la ciudadanía pero permite vivir y trabajar durante dos años en EE.UU., y fue uno de los recursos usados por la administración Biden para aliviar la presión en la frontera con México. Con él ingresaron al país legalmente unas 532.000 personas, entre ellos los Vargas.
Siendo ya beneficiarios de este permiso, Sofía fue hospitalizada primero en un centro de salud de San Diego, donde el tratamiento inicial implicó estar conectada las 24 horas del día a un sistema de alimentación.
Una vez fortalecida, sus médicos la refirieron al Hospital Infantil de Los Ángeles, donde le asignaron el tratamiento que hoy puede seguir en su casa situada a 160 kilómetros al norte de la ciudad, en Bakersfield.
Ahora la niña pasa 14 horas cada noche conectada a un sistema intravenoso, y cuatro veces al día, durante una hora, su madre le administra una solución con otros nutrientes a través de una sonda conectada a su estómago.
Sofía carga el líquido de aspecto lechoso en una mochila allá donde va, y cuando acude a su clase de preescolar es la enfermera de la escuela quien se lo suministra.
“Con la ayuda que ha recibido en EE.UU., mi hija tiene la oportunidad de salir del hospital, conocer el mundo y vivir como una niña de su edad”, dijo Vargas en la rueda de prensa.
Una oportunidad que la familia teme se desvanezca, y con ella la salud y, según apuntan los médicos, potencialmente también la vida de su hija.
Revocación del permiso humanitario
Desde que el republicado Donald Trump llegara a la Casa Blanca habiendo prometido llevar a cabo “la mayor deportación de la historia de EE.UU.”, las detenciones de indocumentados se han multiplicado y se registran incluso cuando estos acuden a citas en los tribunales que son parte de su proceso de regularización.
Asimismo, la administración ha despojado a miles de las protecciones humanitarias con las que ingresaron a EE.UU. bajo varios programas de la era Biden.
En esa línea, la Corte Suprema de Estados Unidos le dio luz verde el viernes al gobierno para revocar este estatus legal que protegía a inmigrantes provenientes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití.
Son miles los que, como los Vargas, recibieron ya avisos del gobierno federal en los que se les informa que ya no cuentan con estatus legal y se les insta a abandonar el país por sus propios medios antes de ser perseguidos y deportados.
Y la app que la familia de Sofía usó para ingresar al país se ha convertido en CBP Home, un sistema para ayudar a los inmigrantes a “autodeportarse”. Si no lo hacen, “el gobierno federal los encontrará”, avisa.
“Accedieron a EE.UU. por un período limitado (…) y DHS está ejerciendo ahora su discreción para terminar su parole”, reza la notificación que recibió la familia de Sofía y a la que BBC Mundo tuvo acceso.
“Si no sale de los Estados Unidos de inmediato, estará sujeto a posibles acciones de orden público que resultarán en su deportación de EE.UU., a menos que haya obtenido de otra manera una base legal para permanecer aquí. Cualquier beneficio que reciba en los Estados Unidos relacionado con su libertad condicional, como la autorización para trabajar, también se terminará. Estará sujeto a posibles acciones penales, multas civiles y sanciones, y cualquier otra opción legal disponible para el gobierno federal”, dice la carta fechada el 11 de abril.
Tal como se les adviritió, al poco de recibir la notificación sobre la revocación del permiso humanitario, los Vargas también se quedaron sin autorización para trabajar.
La desesperación los llevó a contactar a la firma legal sin ánimo de lucro Public Counsel y su proyecto de Derechos de los Inmigrantes, y a través de ellos han solicitado la continuación de su permiso humanitario por la condición médica de la niña.
“Nuestro objetivo es evitar que Sofía sea deportada y muera. Ahora que el gobierno ha revocado el estatus legal de ella y sus padres, están en riesgo de ser detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en cualquier momento bajo esta administración. Manejar las necesidades médicas de Sofía es un proceso muy complejo, por lo que si ella y su madre fueran siquiera detenidas por ICE, se pondría en riesgo la salud de Sofía”, le dice la abogada Gina Amato a BBC Mundo.
“Deportar a esta familia en estas condiciones no solo es ilegal, sino que constituye un fracaso moral que viola los principios básicos de humanidad y decencia”, subrayó ella misma en la conferencia de prensa de la semana pasada.
“Sería letal en cuestión de días”
El Hospital Infantil de Los Ángeles, que sigue asistiendo a Sofía de forma regular, rechazó la petición de BBC Mundo para hacer comentarios sobre el caso.
Sin embargo, en una carta solicitada por la familia y a la que tuvo acceso el LA Times, el médico que ve a la niña cada seis semanas, John Arsenault, escribió que “los pacientes que reciben Nutrición Parenteral Total en casa no se les permite salir del país porque la infraestructura para proporcionarlo o hacer una intervención inmediata si hay un problema con el acceso depende de los recursos sanitarios con sede en Estados Unidos y no se transfiere a través de las fronteras”.
Y agregó que una interrupción de esa alimentación “sería letal en cuestión de días” para la niña.
El caso de Sofía ha acaparado titulares y focos en un contexto en el que los dramas migratorios se acumulan día a día.
El jueves de la semana pasada 38 congresistas demócratas firmaron una carta dirigida a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en la se urge a la administración reconsiderar el estatus de los Vargas.
“Creemos que la situación de esta familia responde claramente a la necesidad de ayuda humanitaria. Es nuestro deber proteger a los enfermos, vulnerables e indefensos”, reza la misiva.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México también se ha pronunciado al respecto, recordando que la familia de Sofía “no ha incumplido las condiciones de su estancia”.
Los abogados “están en contacto con el consulado general de México en Los Ángeles y el consulado de México en Fresno para interceder ante legisladores estatales y federales a fin de evitar la deportación”, informó el jueves la SRE.
En una declaración enviada a BBC Mundo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) asegura que “cualquier reporte que diga que la familia está en (proceso de) deportación activa es falso”.
“Esta familia solicitó un permiso humanitario al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) el 14 de mayo de 2025 y la petición aún está siendo considerada”.
Mientras se evalúa la solicitud, la madre de Sofía advierte: “Si nos deportan y le quitan a mi hija el acceso a su sistema especializado, ella morirá”.
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