Esta semana se presentó el proyecto “Votar entre balas: entendiendo la violencia político-criminal en México”, de Animal Político, Data Cívica y México Evalúa, que fue coordinado por Itzel Soto y cuya metodología fue diseñada por Sandra Ley y Amalia Pulido. En la metodología, se describe “una visión amplia de la violencia que ejerce el crimen organizado en el ámbito de la política y la administración pública, más allá de su temporalidad y o relación con los procesos electorales en curso”.
Resalta la definición propuesta de violencia político-criminal, entendida como los actos de violencia letal y no letal, cometida por organizaciones criminales contra autoridades, personas funcionarias, candidatas y/o militantes activas de partidos políticos. Esta visión, dicen las investigadoras, reemplazó a la original, definida como violencia-criminal-electoral.
Según el proyecto, de 2018 a abril de 2024 se habían registrado 1777 amenazas, asesinatos, ataques armados, desapariciones y secuestros en contra de personas que se desempeñan en el ámbito político, gubernamental o contra instalaciones de gobierno o de partidos políticos por parte de grupos de la delincuencia organizada, que ocurren antes, durante y después de procesos electorales.
En Guanajuato se registró 1 de cada 10 incidentes de violencia político-criminal documentados en el proyecto. La entidad ha tenido 176 víctimas en el periodo reportado (2018-2024), incluidas las fuerzas de seguridad fuera de combate.
Figura 1. Incidentes de violencia político-electoral en Guanajuato.
Según este proyecto, Guanajuato es la segunda entidad con el mayor número de ataques, sólo precedido por Guerrero que encabeza el listado nacional. Ya Manu Ureste ha presentado un reportaje que da cuenta de cómo la gobernanza criminal ha tomado a esta entidad (ver aquí) pero en el de Guanajuato no hay un esfuerzo que profundice en la realidad estatal y municipal.
Figura 2. Entidades federativas con mayor número de incidentes
Si bien se ha visibilizado el asesinato de policías en Guanajuato, especialmente los de policías municipales, según el proyecto, estos son sólo una dimensión de un problema más amplio en la entidad, que tiene 70 asesinatos de fuerzas de seguridad fuera de combate, 11 asesinatos de personas candidatas y 22 de funcionarias y funcionarios.
Al tener un enfoque municipal (76 % de las víctimas ocupaban o competían por puestos de elección popular a nivel municipal), el proyecto resalta el papel que ocupa Celaya en la entidad federativa. El dato es relevante no sólo en términos del ya mencionado asesinato a policías, sino en el contexto en el cual se registró el asesinato de Gisela Gaytán en San Miguel Octopan, Celaya, el 01 de abril.
Figura 3. Mapa de Guanajuato en el que se muestran los municipios con mayor número de incidentes
En conclusión, esta investigación ofrece información importante para conocer qué está sucediendo en Guanajuato, lo que podría establecer medidas preventivas y reactivas frente a posibles riesgos para las personas candidatas. Además, evidencia cómo la crisis de violencia ha impactado el proceso electoral, y la ya cada vez más avanzada gobernanza criminal en la entidad, que como ha explicado la propia Sandra Ley, implica la inserción de los grupos criminales en gobiernos municipales, incluyendo el control de la policía, puestos de administración local que va desde las finanzas al catastro o las obras públicas. Todo con la regulación de actividades económicas clave y ciertos procesos políticos locales.
Una pregunta me ronda como conclusión: ¿cuál es la situación de las y los periodistas que cubrieron estos eventos? ¿Qué pasa -por ejemplo- en Celaya, con las condiciones de riesgo de las y los periodistas como fuente de información?
La investigación puede consultarse aquí.
* Raymundo Sandoval (@ray_sandoval) es defensor de derechos humanos.
Colombia fue por años el principal aliado de Israel en la región. El anuncio de Petro se produjo ante miles de simpatizantes en Bogotá durante los actos de conmemoración del Día Internacional del Trabajo.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció este miércoles 1 de mayo que su país romperá relaciones diplomáticas con Israel.
“Aquí, delante de ustedes, el presidente de la república informa que mañana se romperán las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel”.
El anuncio de Petro se produjo ante miles de simpatizantes en Bogotá, la capital colombiana, durante los actos de conmemoración del Día Internacional del Trabajo.
Petro ya había criticado duramente las acciones de Israel en Gaza en su guerra contra el grupo militante islamista Hamás.
“Hoy la humanidad, en todas las calles, está de acuerdo con nosotros. No puede volver la época del genocidio, del exterminio de un pueblo entero ante nuestros ojos, ante nuestra humanidad. Si muere Palestina, muere la humanidad y no la vamos a dejar morir”, añadió Petro en su discurso de este miércoles.
La ruptura de relaciones anunciada por el actual gobierno colombiano, el primero de izquierdas en la historia del país, supone un giro de 180 grados a las políticas de anteriores administraciones, que habían afianzado a Colombia como el principal aliado de Israel en la región.
Deterioro progresivo
Las relaciones entre Israel y Colombia se enfriaron progresivamente desde que las fuerzas israelíes respondieran con fuerza al ataque sin precedentes que Hamás ejecutó en su territorio el 7 de octubre de 2023.
La incursión de Hamás acabó con más de 1.2000 muertes y la toma de 240 rehenes. Las ofensivas de Israel en Gaza se han cobrado más de 34.000 vidas en Gaza.
Pocos días después de agudizarse el conflicto, Israel dijo que “suspendería las exportaciones de seguridad” a Colombia después de que Petro comparara el lenguaje del ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, con el que usaban “los nazis con los judíos”.
En febrero de este año, Petro suspendió la compra de armas a Israel después de que decenas de personas murieran mientras buscaban comida en Gaza durante una ofensiva israelí.
El mandatario calificó esos actos como “genocidio”, dijo que recordaban al “holocausto” y añadió que el mundo debía “bloquear” a Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelí.
Bolivia se había convertido hace unos meses en el primer país de la región en romper relaciones con Israel después del 7 de octubre.
¿Fin de una “relación especial”?
En 2020, el entonces gobierno de Iván Duque firmó un Tratado de Libre Comercio de “última generación” con Israel.
Fue el paso con el que Colombia se afianzó como principal aliado de Israel en la región, ahondando en una relación que en los 20 años anteriores se había estrechado con rapidez.
Desde comienzos del siglo XX y durante la Guerra Fría, Colombia era a su vez un aliado capital para Estados Unidos en América Latina.
“Y la conjunción de intereses entre los dos países e Israel hizo que se creara un triángulo estratégico entre los tres”, le dijo en una entrevista a BBC Mundo Marcos Peckell, profesor de diplomacia y relaciones internacionales.
Tras el ataque a las Torres Gemelas en 2001 y la llegada al poder de Álvaro Uribe en 2002, Colombia se adhirió a lo que Estados Unidos llamó la guerra global contra el terrorismo.
Desde ese momento Colombia declaró a las guerrillas “organizaciones terroristas” y pasó de ver su propia guerra como un conflicto armado a verla como una “amenaza terrorista”.
Y fue entonces cuando los militares israelíes, que durante décadas enfrentaron movimientos que consideran terroristas como Hamás y Hezbolá, entraron de lleno a apoyar a las Fuerzas Armadas colombianas.
Entre 2002 y 2006, según cifras oficiales, la importación de material militar de Israel a Colombia se duplicó.
Las cooperaciones no han sido solo militares.
Durante los últimos 24 años, por ejemplo, miles de colombianos participaron del Mashav, un programa de educación de la Cancillería israelí que entrena a extranjeros en medicina, agricultura y tecnología.
Por eso ha sido tan común ver colombianos e israelíes pasando meses o años de intercambio en el otro país en busca de enriquecer su formación.
Los intercambios de esta “relación especial” son ahora una incógnita.
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