En los últimos días hemos leído y escuchado a una gran cantidad de voces que comparten con distintos grados de orgullo que no acudirán a votar este domingo o bien que anularán su voto. Escribo este texto para cuestionar esta postura. No porque considere que los argumentos no son válidos (de hecho, me parece que todo argumento que sustenta una decisión es, por definición, válido para quien la toma), sino porque me parece que los argumentos para votar desde una postura crítica tanto frente a la reforma como frente al poder no sólo existen, sino que resulta importante al menos considerarlos. En la misma línea, aprovecho el espacio para compartir algunas ideas alternativas sobre cómo resistir activamente la concentración de poder y debilitamiento institucional que estamos presenciando.
Inicio estableciendo con claridad mi disgusto con la reforma judicial aprobada. La justicia en nuestro país es y lleva mucho tiempo siendo una tragedia. La reforma no sólo no corrige los problemas sino que los agrava. Pero esa es sólo mi opinión, la cual, aunque sea compartida por muchas otras personas, resulta irrelevante porque la reforma ya fue. Ya fue propuesta, ya fue aprobada y ya fue promulgada. Quiero también dejar en claro que esta pelea no se perdió en septiembre del año pasado tras la aprobación de la reforma. Se perdió desde antes del 2 de junio de 2024 con una serie de lamentables e irresponsables omisiones y torpezas por parte de las autoridades electorales que avalaron una sobrerrepresentación que, para fines prácticos, borró los candados constitucionales que se habían establecido desde la reforma electoral de 1993 para evitar que cualquier ocurrencia unilateral se convirtiera en texto constitucional. Esto y lo que siga es consecuencia directa de esas imperdonables faltas que abordé en su momento en este mismo espacio aquí y aquí.
Pero regreso a los hechos del presente. Este domingo se decidirá qué personas ocuparán 881 cargos del Poder Judicial de la Federación, más cientos de cargos locales. No importa cuántas personas emitan su voto o dejen de hacerlo. Este es el mecanismo vigente para definir a las personas que llevarán miles de juicios en todo el país. Lo que pase este domingo afectará, nos guste o no, a miles de personas que enfrentan o enfrentarán procesos judiciales. Con esto abordo el que quizá es el argumento más mencionado para no votar o anular el voto: “convalidar” la reforma judicial.
Vivimos, para bien y para mal, en una democracia representativa. La idea es que la ciudadanía elige a las personas que tomarán las decisiones. En este sentido, nosotras, como votantes, no convalidamos nada. La reforma fue convalidada por el Congreso y las autoridades electorales el año pasado. Si bien existen mecanismos de democracia directa en donde se pide a la ciudadanía su opinión con respecto a cuestiones públicas y/o de política pública, este ejercicio no va en ese sentido. Este domingo se trata de la elección de personas, no de recabar las opiniones de la ciudadanía. Por más loables que sean las intenciones de las personas abstencionistas, su conducta es indistinguible de la apatía. Quizá eviten la incomodidad de participar en un ejercicio plagado de problemas y con el que están en contra, pero no contribuirán en ningún sentido a cambiar aquello que no les gusta, ni mucho menos contribuir a mejorar la justicia en el país. No con esta decisión particular porque la resistencia pasiva suele ser, en cualquier contexto, la menos efectiva.
Hay quienes guardan la esperanza de que el partido en el poder –con una popularidad por los cielos y sin una oposición medianamente competente– reaccione ante una previsible baja participación. Sinceramente, no veo que existan las condiciones para que esto suceda. Si algo nos ha demostrado el oficialismo actual es que no encuentra razones para la mesura o la vergüenza. No las encuentra porque no las tiene y abstenerse de votar no cambia esta realidad.
Desde una perspectiva pragmática, no votar o anular el voto sólo contribuye, como diría una vieja canción, a darle más poder al poder. Desde una perspectiva aún más pragmática, votar, no votar o anular el voto resulta irrelevante para cualquier elección porque no incidirá en los resultados. Pero las estrategias electorales deben ser pensadas desde una lógica colectiva, no individual. Si el grupo de personas que se opone a la reforma cede voluntariamente cualquier mecanismo disponible (por viciado que esté) para definir a las personas que se ocuparán de las decisiones judiciales, no está enfrentando al poder ni lo está cuestionando, le está pavimentando el camino para adquirir aún más poder. Si una decisión se divide entre 10 personas, el peso relativo de cada una es de 10 %; en contraste, si la misma decisión se divide entre 2 personas, el peso relativo de cada una es de 50 %. Personalmente, esta me parece razón suficiente para emitir un voto este domingo. Por principio, decido contribuir con el ínfimo porcentaje marginal que me corresponde, a reducir el peso relativo del acarreo oficialista.
Entiendo perfectamente la reticencia a participar en un procedimiento opaco, injusto y perfectamente mal planteado desde donde se le mire. Mi primera respuesta es que ningún procedimiento es perfecto o se ajusta a lo que nos gustaría observar. Aún así, la evidencia nos muestra que la manera más efectiva de propiciar cambios es, por un lado, la participación, y por el otro la identificación clara de los problemas a corregir para poder establecer exigencias puntuales de cambio. Ahora bien, más allá de las críticas de forma y fondo a todo el proceso electoral, existen también problemas prácticos que deben ser abordados para poder ejercer un voto de resistencia. Quizá uno de los más mencionados es la imposibilidad de evaluar el perfil de todas las candidaturas que disputan algún puesto judicial. Empiezo diciendo que, efectivamente, resulta imposible evaluar a todos los perfiles. Sin embargo, aquí debemos preguntarnos qué nos motiva a votar. En mi caso, de las dos décadas que llevo votando, me parece que nunca he votado por una persona que me convenza completamente. Nunca me ha motivado la selección del mejor perfil. En realidad, la mayor parte de las veces he elegido a quien me parece menos peor. Esta vez no es la excepción.
En particular, en esta ocasión, mi motivación principal es votar en contra del oficialismo. En ese sentido, la creación y distribución de acordeones facilita enormemente la tarea. Si quien me lee desea ejercer un voto de resistencia dedicándole la menor cantidad de tiempo posible, mi recomendación sería que consiga un acordeón oficialista y lo lleve el día de la elección para votar por personas que no aparezcan en dichos acordeones. Si se desea dedicar un mayor esfuerzo, recomendaría buscar algunos sitios que han compilado información para descartar a aquellas personas que tengan posturas o vínculos que nos parezcan insostenibles. Evitaría dedicarle demasiado tiempo a las propuestas porque éstas no tienen realmente sentido, dada la naturaleza de los puestos judiciales.
Adicionalmente, puede usarse la información de postulación para generar atajos de decisión. Para la Suprema Corte, el Tribunal de Disciplina y el Tribunal Electoral sugeriría priorizar las postulaciones del poder judicial, seguidas del poder legislativo y dejar al último el poder ejecutivo. Al analizar los acordeones oficialistas que se han hecho públicos, es posible identificar que la mayoría de las candidaturas apoyadas por el oficialismo fueron postuladas por el poder ejecutivo. En el caso de las magistraturas y las y los jueces puede priorizarse a las personas en funciones, seguidas del poder judicial, legislativo y ejecutivo. ¿Es información perfecta, completa y garantiza sin lugar a dudas que no se cuelen perfiles indeseables? No. ¿No estaré descartando a buenos perfiles? Seguramente. Pero, siendo realistas, no es como que no hubiera ya perfiles indeseables y, a estas alturas, no se trata de garantizar que lleguen los mejores perfiles, se trata de seguir la lógica de los contrapesos al poder. Los acordeones nos indican con precisión las apuestas del oficialismo. Votemos en contra de sus apuestas.
Reitero que me parece que no ir a votar es tirar la toalla, es renunciar a uno de los mecanismos institucionales para protestar y resistir. Me parece que las condiciones actuales nos obligan a hacer uso de todos los mecanismos de resistencia posibles. Si la apuesta es por una democracia constitucional, entonces la resistencia debe ser a partir de las reglas constitucionales vigentes, por deficientes y aberrantes que nos parezcan. Históricamente, así ha sido. Los logros democráticos no se heredan, se defienden y se ejercen.
* Nuria Valenzuela Márquez (@nuriav) estudió Economía y Ciencia Política en el ITAM y actualmente cursa el doctorado en Análisis Experimental del Comportamiento Social en la Facultad de Psicología de la UNAM. Es analista, consultora y cofundadora de Crucigrama.
P. D. En un texto posterior, abordaré algunos de los problemas electorales que identifico en la elección judicial, con el afán de contribuir a la identificación puntual de exigencias de cambio.
México celebrará el 1 de junio una elección única en el mundo en la que se elegirá a los jueces del país. ¿Qué está en juego con este proceso?
A las 8 de la mañana de este 1 junio, en México se iniciará una votación única en el mundo.
Cien millones de electores están habilitados para participar en la elección de los ministros de la Suprema Corte, magistrados regionales y jueces de distrito, en un tipo de comicios que no existe en ningún otro país.
Bolivia, el país con el sistema de votación de jueces más parecido, solo abre la elección a la ciudadanía para los cargos de los altos tribunales. Otros países, como EE.UU., limitan la votación a la elección de algunos jueces estatales.
En México, la elección por voto popular de todos los miembros de la judicatura se convirtió en una de las banderas políticas más importantes del movimiento político Cuarta Transformación (4T) del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Durante su gobierno (2018-2024), López Obrador planteó la idea de “democratizar” al Poder Judicial para que fueran los ciudadanos los que eligieran directamente a sus integrantes. Los votos en el Congreso, sin embargo, no lo favorecían.
No fue hasta la abrumadora victoria que consiguió la coalición de la 4T en 2024, en la que la presidenta Claudia Sheinbaum fue electa, que la coalición gobernante obtuvo los escaños suficientes para impulsar una reforma judicial constitucional.
Para quienes la apoyan, es un esquema pionero que abre al escrutinio social las decisiones y la actuación de los jueces de todos los niveles, dando a la ciudadanía el poder de destituirlos si no hacen bien su trabajo.
Para los críticos, es una amenaza a los contrapesos que el Poder Judicial ejerce frente al Ejecutivo y el Legislativo, que tiene el potencial de abrir las puertas a jueces que respondan a poderes fácticos, incluido el crimen organizado.
“Para mí ha sido un gran reto intelectual tratar de entender la reforma sin prejuicios”, le dice a BBC Mundo la analista mexicana Viri Ríos, doctora de la Universidad de Harvard especializada en políticas públicas y gobierno.
“Estamos viviendo un momento trascendental en la historia de México. Y es un momento para cuestionarnos muchos de los dogmas sobre los que yace la democracia liberal”, añade.
Para la académica, a partir de la votación del domingo, Sheinbaum y el movimiento de la 4T podrían ser señalados por el desempeño del Poder Judicial.
“Es el inicio de un momento muy complejo para la coalición gobernante, porque anteriormente el Poder Judicial no funcionaba bien, pero nadie atribuía esa disfuncionalidad a una coalición política. Se le atribuía al propio Poder Judicial”, advierte.
“Pero del 1 de junio en adelante, se va atribuir a la coalición gobernante. Porque ellos crearon esta fórmula y promovieron la idea de que se iba reducir la impunidad a partir de esta reforma”.
El analista político Héctor Alejandro Quintanar, por su parte, dice que la nueva etapa del Poder Judicial mexicano va más allá de la disputa política actual en el país.
“Yo creo que lo que está en juego rebasa a la Cuarta Transformación. Es la idea de que ahora vivamos en una etapa de México más politizada donde el voto ciudadano toma otra dimensión y otro papel”, señala el también profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México.
“Es verdad que el Poder Judicial es un contrapeso al Ejecutivo y al Legislativo, pero pareciera que el Judicial no tiene contrapesos en sí mismo. Y es aquí donde entra la variable del voto ciudadano que sí puede convertirse en uno y en un paso a la eliminación de sus élites”, sostiene.
Aunque el objetivo de la reforma judicial es la renovación total del Poder Judicial a través del voto popular, el Congreso estableció que esta se realizaría de forma escalonada.
Por ello, a nivel federal, el domingo solo se elegirán 386 jueces y la mitad de los magistrados de circuito (464).
La Suprema Corte de Justicia de la Nación sí se renovará por completo, pero ahora en lugar de tener 11 integrantes tendrá 9.
También se votará por dos magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, la cual tiene otros cuatro integrantes. Se renovarán la totalidad de las 15 magistraturas de las salas regionales de dicho tribunal.
Y los votantes elegirán a los cinco magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, el nuevo organismo que controlará el desempeño de jueces, magistrados y ministros.
En 19 de los 32 estados del país, se elegirá a los jueces locales (casi 1.700), además de celebrarse elecciones a alcaldías y otros cargos locales.
De esta manera, habrá ciudadanos que recibirán hasta 13 papeletas de votación para llenar.
Con reglas muy estrictas para las campañas, conocer los perfiles de los cientos de candidatos que concurren a las elecciones ha sido un reto mayúsculo.
Una estimación del Instituto Nacional Electoral (INE), que organiza la elección de jueces federales, señaló que los ciudadanos tardarán unos 9 minutos en seleccionar a sus candidatos.
Y en México, votar no es obligatorio, lo que se ha reflejado en el abstencionismo en elecciones pasadas como la presidencial (38%, en promedio) y mucho más en las intermedias (47%) y consultas populares (82%).
De ahí que la participación este 1 de junio se anticipa baja. El INE prevé que acudan entre el 8% y el 15% de los votantes.
La autoridad electoral también ha ordenado detener la distribución de “acordeones”, unas tarjetas que presuntamente han repartido funcionarios y operadores de partidos políticos que indican a los ciudadanos a qué candidatos elegir.
La reforma judicial fue uno de los temas más relevantes de las elecciones de 2024, con la coalición gobernante de la 4T (Morena-PT-PVEM) haciendo una férrea defensa de sus beneficios, frente a las críticas de los partidos de oposición y de un importante bloque de los actuales ministros, jueces y funcionarios del Poder Judicial.
Estos últimos insistieron en que el objetivo último de la reforma de López Obrador era “apoderarse” de la Suprema Corte y otros tribunales que durante su gobierno declararon inválidas reformas de leyes e iniciativas de todo tipo, desde nacionalización energética hasta cambios en las elecciones.
Hubo protestas y duros debates en el Congreso en los que los detractores de la reforma advertían que los puestos de juzgador requieren la especialización de la carrera judicial y que abrirlos a la elección popular permitiría la entrada de jueces que respondieran a los intereses de los partidos políticos, los grupos económicos o el crimen organizado.
“Defensorxs”, una organización que revisó los perfiles de candidatos que compiten en las elecciones del domingo, identificó a 19 aspirantes de “alto riesgo” por sus posibles vínculos con narcotraficantes o por señalamientos de violencia y corrupción.
La oposición también denunció que la mayoría absoluta de la coalición de la 4T dejaría bajo su control la aprobación de las candidaturas, que vinieron de propuestas del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, pero que finalmente pasaron por el filtro del Congreso.
También advirtieron de que el país tendría una mala imagen en el extranjero, por ejemplo a ojos de las calificadoras financieras que evalúan el riesgo de inversión en países sin independencia judicial.
“Para mí es un engaño para la ciudadanía. No van a elegir a sus jueces y magistrados. Falso”, dijo esta semana el ministro de la Suprema Corte Javier Laynez, uno de los principales críticos de la reforma.
“Lo señalé desde el principio, hay un riesgo de cooptación de la justicia federal y local. No les gusta que alguien les diga esto está mal hecho, esto es ilegal, esto es inconstitucional”, señaló en entrevista con la cadena Radio Fórmula.
Entre quienes rechazan la reforma, en los últimos días se abrió un debate sobre asistir o no a las urnas para participar en el proceso. El ministro Laynez dijo que no habrá garantías del buen conteo de votos, por lo que él no votará.
Otros consideran que no participar no ayudará en nada en el objetivo de revertir la reforma judicial o para contar con ministros y jueces que hagan de contrapeso frente a las decisiones de los otros poderes.
López Obrador argumentó durante mucho tiempo que el Poder Judicial era “ajeno” a los intereses del pueblo y que abrirlo a una votación le permitiría “limpiarse, purificarse”.
Al sucederlo, la presidenta Sheinbaum continuó con la defensa de los cambios, argumentando que el modelo pasado le permitía nominar a los jueces de la Suprema Corte y que la coalición de la 4T tenía la mayoría para aprobarlos, por lo que su objetivo no era controlar el Poder Judicial.
“Las personas que vayan a votar van a decidir quién va a estar en el Poder Judicial. Y quienes resulten triunfadores en esta elección, que resulten elegidos por el pueblo, elegidas, pues van a responder al pueblo. Esa es la gran diferencia”, dijo la presidenta mexicana el miércoles.
La creación de un tribunal para vigilar la actuación de jueces, aseguran desde el bloque de la 4T, permitirá detectar casos de corrupción y sancionar a los juzgadores como nunca antes.
Para una parte de los analistas del país, la elección del Poder Judicial ya ha superado la discusión de sus pros y contras, ya que para que la oposición pudiera revertirla debería conseguir una mayoría parlamentaria.
De esta manera, el país avanza hacia un escenario inédito.
Viri Ríos señala que la coalición de la 4T ha promovido este cambio constitucional como uno que va a “reducir la impunidad” del país y si eso no ocurre, los malos resultados ya no serán solo atribuidos al propio Poder Judicial. “Se van a atribuir a la coalición gobernante. Porque ellos crearon esta fórmula”, sostiene.
Desde su perspectiva, el nuevo Poder Judicial será un reflejo del país, igual que lo son los otros poderes.”¿Va a haber narcotraficantes que sean jueces? Hagamos un ejercicio de honestidad intelectual: ¿hay presidentes municipales que le responden al narco en México? Claro que sí, hay cero dudas”.
“Cuando a mí me dicen que se va a destruir al Poder Judicial prístino y profesional que teníamos, pienso ‘¿En qué país vive esta gente?'”, añade.
Quintanar, por su parte, argumenta que la previsible baja participación en las elecciones del domingo no será un reflejo del rechazo ciudadanos a la reforma judicial, pues esta ya fue validada con la abrumadora votación de 2024 a favor de la coalición gobernante. En su opinión, se abrirá un nuevo espacio de escrutinio de los ciudadanos a un Poder Judicial que tradicionalmente estaba cerrado.
“La reforma judicial y la votación del domingo por supuesto que son ampliamente criticables. Va a ser complicado para el ciudadano por las boletas y los candidatos a elegir, tiene mucho de perfectible. Pero la democracia es así”, considera.
“Yo creo que lo que está en juego rebasa a la Cuarta Transformación. Es la idea de que ahora vivamos en una etapa de México más politizada, en la que el voto ciudadano toma otra dimensión y otro papel”.
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