Inteligencia Artificial: debatir los desafíos y oportunidades es una necesidad, no una moda
En el marco del Foro de la Gobernanza del Internet 1 (“IGF”, por sus siglas en inglés) durante el mes de octubre en Kioto, Japón, se confabularon diversos actores -como entes gubernamentales, personajes académicos, organizaciones de la sociedad civil y plataformas digitales, entre otros- con el objetivo de reflexionar y analizar el rol de la inteligencia artificial (IA) desde distintas aristas y aplicaciones. Particularmente, hubo la necesidad de reflexionar sobre las distintas violaciones de derechos humanos relacionadas con la privacidad, la protección de datos personales y la gobernanza de la IA, hasta cuestionar el rol de esta tecnología en aspectos relativos al acceso y uso de la Internet, la ciberseguridad en tiempos de conflictos armados y la desinformación en una época de tensión global ante el estallido de guerras.
Las organizaciones de la sociedad civil enfatizamos en el IGF los desafíos y los impactos que las tecnologías emergentes 2 traen consigo si éstas no son desarrolladas, adaptadas e implementadas adecuadamente desde los sectores privado y público. Por ejemplo: el desarrollo de los grandes modelos lingüísticos 3 (conocidos como LLMs) son elementos vanguardistas para la proliferación del desarrollo de tecnologías para la vigilancia, y si esta herramienta es ingresada en contextos latinoamericanos -donde existe una inestabilidad democrática e historias de abuso y espionaje hacia personas periodistas y activistas-, resulta ser un terreno perfecto para violaciones de los derechos humanos más exponenciales y generalizadas.
Ante este contexto, fue así como en más de 300 sesiones y con alrededor de 1,240 ponentes, el IGF incluyó debates profundos sobre el tema, como el proceso de una política de IA como es el “IA Hiroshima – G7” la cual se estará discutiendo próximamente un modelo de regulación para este tipo de tecnología emergente, los dilemas de la gobernanza de datos y el punto de inflexión en la brecha digital que atiende desde la infraestructura hasta la alfabetización digital en la sociedad.
Una de las preguntas generalizadas de quienes atendieron el evento fue, ‘¿y qué pasa con la gobernanza de la IA?’ 4 Los diferentes sectores presentes en las discusiones consensuaron que la gobernanza de la IA es tanto un tema público como privado. Esto quiere decir que su abordaje debe de hacerse desde el beneficio que brinda a los seres humanos bajo una perspectiva de respecto y garantía a los derechos fundamentales y nunca desde una consideración meramente económica, de eficiencia o a cambio de violaciones a derechos humanos.
Entre las diferentes propuestas de abordar el tema, en la actualidad se han abierto debates en diversos países y regiones sobre si es necesario regular las aplicaciones de IA, sus usos o capacidades. Incluso, existen varios esfuerzos de organismos internacionales -como la OECD y la UNESCO– que han publicado principios o recomendaciones sobre el uso ético de la IA. Desafortunadamente, partir desde ‘lo ético’ para analizar este tema es insuficiente, ya que no sustituye ni exime la necesidad de un análisis desde la perspectiva de derechos humanos. Al final, ‘lo ético’ puede llegar a partir desde una cosmovisión particular de grupos dominantes, y terminar por desdibujar la diversidad, pluralidad y necesidades específicas de grupos y poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad. No así ocurre con los derechos humanos, que sientan un estándar relacionado con la dignidad, el disfrute y el ejercicio de las libertades de todas y para todas las personas.
Si el reto es proteger y garantizar continua y progresivamente los derechos humanos de las personas, los países deben de estar preparados a la rapidez en la que se genera la tecnología. La pertinencia y eficacia de marcos regulatorios sobre IA, más allá de la perspectiva de derechos, dependerá también de cómo garanticen no ser obsoletos, inaplicables e inviables conforme pasa el tiempo. No obstante, es innegable que lo anterior no puede realizarse sin conocer cómo funcionan los sistemas de IA, así como los procesos de su gobernanza: cuestiones que actualmente permanecen en la opacidad de las empresas desarrolladoras y los gobiernos que utilizan dichas tecnologías.
La gobernabilidad de la IA y su relevancia solo se logrará cuando cualquier propuesta para impulsar marcos regulatorios en torno a la agenda de IA esté basada en datos y evidencia, y cuando sea verdaderamente inclusiva, asegurando un proceso de participación sustantiva donde las voces expertas de distintos sectores sean incluidas, sobre todo de aquellas personas cuyos derechos democráticos pueden verse afectados por el uso de sistemas de IA.
Plantearnos los desafíos y oportunidades de la inteligencia artificial es una necesidad, no una moda, la cual ha emergido a raíz de la transformación y evolución tecnológica en los últimos años. Los debates alrededor de la agenda de la IA son prioritarios para cualquier gobierno responsable, dejando de lado las agendas políticas y los protagonismos, y considerando vincular todas las voces en el tema como parte de la participación ciudadana y el fortalecimiento de la democracia.
* Priscilla Ruiz Guillén es Coordinadora Legal de Derechos Digitales en ARTICLE 19 México y Centroamérica.
1 IGF es una plataforma globla donde convergen múltiples partes interesadas que facilita el debate de política pública relacionado con Internet.
2 “Las tecnologías emergentes son aquellas que se encuentran en la fase inicial del ciclo de vida de la tecnología; nacen cuando surgen propuestas innovadoras de desarrollo de procesos, habilidades o aplicaciones diferentes que cambian las concepciones ya establecidas dentro del mercado y son capaces de modificar industrias ya constituidas y técnicas afianzadas”.
3 Los grandes modelos lingüisticos son un tipo de modelo de inteligencia artificial diseñado para tareas de procesamiento del lenguaje natural (NLP). Se entrenan con grandes cantidades de datos de texto para comprender y generar respuestas o salidas similares a las humanas.
4 Se considera que la gobernanza en inteligencia artificial resulta un modelo de relaciones entre las empresas, el gobierno y la comunidad de investigación involucradas en el avance y desarrollo de esta tecnología.
El atentado al aspirante presidencial, Miguel Uribe Turbay, recordó los peores años de la violencia política que se vivió en Colombia a finales de los 80 con Pablo Escobar.
Que en 2025 atenten contra la vida de un precandidato presidencial en Colombia es reabrir una herida dolorosa que muchos creían cerrada.
Fuera de la Fundación Santa Fe de Bogotá, colombianos depositan flores, velas, banderas nacionales y rezan en vigilia por Miguel Uribe Turbay.
Este senador de 39 años del partido Centro Democrático permanece grave en esa clínica tras ser baleado este sábado durante un acto político en Bogotá.
Su salud y los motivos de su intento de homicidio tienen en vilo al país. Se sabe que el sospechoso, menor de edad, fue arrestado inmediatamente.
Para aquellos que vivieron los peores años de la violencia política de finales de los 80, con Pablo Escobar en guerra contra las instituciones públicas, el atentado recuerda a aquella sangrienta campaña presidencial de 1989 cuando, en seis meses, fueron asesinados tres candidatos presidenciales.
A pesar de la barbarie cometida contra Uribe Turbay, es osado comparar la Colombia de hoy a la de entonces.
“En datos, no tenemos la gran amenaza del narcotráfico de esa época. Aunque el acto fue vil, no estamos en el nivel de sometimiento estatal a las oleadas de violencia que tuvimos en el pasado”, aclara Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) en Colombia.
“Pero sí llaman la atención algunas coincidencias de entonces con la situación actual del país”, añade la investigadora para BBC Mundo.
Colombia vive en medio de una tensa disputa política protagonizada por el gobierno izquierdista de Gustavo Petro contra un amplio sector del Congreso y miembros de la oposición, enfrentados por las reformas del presidente que, en su mayoría, no alcanzan los consensos necesarios para concretarse.
Uribe Turbay, político de la agrupación de derecha Centro Democrático, critica a Petro con frecuencia.
Tanto su partido como el expresidente fundador del mismo, Álvaro Uribe Vélez, son también blanco frecuente de los reproches del presidente contra sus adversarios.
La disputa política alcanzó una tensión crítica en esta semana que acaba con todo un país pendiente de la supervivencia de un líder político baleado en público.
La polémica reforma laboral
Después de que el proyecto de reforma laboral de Petro se hundiera en el Congreso el pasado marzo, éste lleva intentando lanzar una consulta popular para que sea el pueblo colombiano quien se pronuncie y apoye, o no, sus reformas.
Dicha consulta fue también rechazada por el Congreso en mayo, pero Petro, alegando irregularidades en la votación, anunció esta semana que firmaría lanzar la consulta popular por decreto.
Esto generó un rechazo inmediato desde la oposición, varios juristas y expertos, quienes alertaron que, como poco, el “decretazo” podría romper el orden constitucional.
Horas antes del atentado, Uribe Turbay dijo en X que demandaría por prevaricato a los ministros que firmaran el decreto con el que Petro pretende lanzar una consulta popular en Colombia.
Esto ocurrió justo después de que el mandatario dijera en la misma plataforma que “ministro que no firme el decreto presidencial, de inmediato se va”.
El ya llamado “decretazo” de esta consulta popular es el origen de la tensión agravada esta semana.
“El alegato de Petro no parece convencer mucho a especialistas y juristas. Da la impresión que está cruzando la frontera en su enfrentamiento con el Congreso por más que ya tenía una retórica agresiva en contra del mismo”, le dice a BBC Mundo Yann Basset, politólogo de la Universidad del Rosario en Colombia.
“Retórica violenta”
El presidente es frecuentemente criticado por sus largos trinos en X y en televisión, donde a menudo emplea un lenguaje hostil contra sus adversarios.
El atentado, precisamente, fue utilizado por algunos de sus rivales para criticar este estilo de gobierno.
Uno de los pronunciamientos más fuertes se produjo desde el exterior de Colombia.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dijo en X que “esta es una amenaza directa a la democracia y el resultado de la violenta retórica izquierdista proveniente de los niveles más altos del gobierno colombiano”.
Petro, durante su alocución presidencial en la noche del sábado, criticó -por su parte- a quienes politizan la tragedia:
“Tengo también que rechazar el intento oportunista, bajo, de truhan, de utilizar con fines políticos el dolor de la familia y del mismo Miguel Uribe Turbay (…) Los patrones del crimen repiten los patrones de la muerte de la mayoría de los dirigentes políticos de Colombia”.
Pero el presidente no es el único en utilizar sus redes para lanzar dardos contra sus oponentes.
En el caso de la reforma laboral, por ejemplo, mientras que los críticos más cautos han tildado la consulta popular como anticonstitucional, los más fervientes lo han acusado de autoritario y “dictador”.
“¡Petro cruza la línea y se convierte en dictador! Convocar su consulta por decreto es un zarpazo a la democracia, un abuso de poder descarado (…) Las Fuerzas Armadas de Colombia deben estar alerta ante cualquier golpe contra la Constitución y la democracia por parte de Petro y su Gobierno”, dijo en un par de publicaciones entre el 3 y 4 de junio en X la precandidata derechista Vicky Dávila.
Un pasado traumatizante
Aunque pide no frivolizar, Laura Bonilla, de Pares, ve en el clima político colombiano de 2025 coincidencias con la violencia de fines de los 80.
“Que esto se produzca en la llegada del primer gobierno de izquierdas de la historia moderna de Colombia hace que en la memoria colectiva fluya el pasado”, explica.
En aquellos fatídicos seis meses entre 1989 y 1990, los tres candidatos asesinados eran de corte izquierdista.
El primero, Luis Carlos Galán Sarmiento, abanderado de la lucha contra el narcotráfico y la corrupción, murió el 18 de agosto de 1989 tras ser baleado por sicarios en una acción atribuida al cartel de Medellín con apoyo de sectores corruptos del Estado.
Menos de un año después, el 22 de marzo y el 26 de abril 1990, fueron asesinados respectivamente Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro Leongómez.
Jaramillo Ossa era miembro de la Unión Patriótica, alianza fundada por miembros de las Farc-EP y del Partido Comunista Colombiano en 1985.
Pizarro Leongómez era candidato de la Alianza Democrática M-19, surgida a raíz de la desmovilización de la guerrilla izquierdista M-19.
La propia madre de Uribe Turbay, Diana Turbay, murió en 1991 durante un intento de rescate tras pasar meses secuestrada por hombres comandados por Pablo Escobar.
Aquellos años fueron el punto más álgido que se recuerda de una historia política bañada en sangre en Colombia, siendo el asesinato del líder Jorge Eliécer Gaitán en 1948 el desencadenante para muchos de la violencia y la guerra que por décadas ha estigmatizado al país.
Desde entonces, políticos, miembros de la fuerza pública, sindicalistas, medioambientalistas y líderes sociales viven bajo frecuentes amenazas de muerte, presiones y atentados.
La tasa de asesinatos en Colombia sigue siendo, junto a Ecuador y Brasil, de las más altas de la región.
Según la fundación Insight Crime, dedicada a la investigación de la seguridad en América Latina y el Caribe, en 2024 Colombia registró una tasa de asesinatos de 25.4 por cada 100 mil habitantes, la más baja de los últimos cuatro años.
En 1990 la tasa de homicidios superaba los 70 por cada 100 mil habitantes.
Con una clara tendencia a la baja, comparar a esta Colombia con la del pasado es, cuanto menos, prematuro.
Podría incluso argumentarse que solo el hecho de que el país haya elegido hace tres años a su primer presidente izquierdista es signo de madurez democrática.
Pero los datos difícilmente tranquilizarán a quienes en las últimas horas viven, traumados, fantasmas de otros tiempos.
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