Repensar la policía y la prensa en un estado democrático
“Antes pensaba que los periodistas eran muy irrespetuosos. Pero ha cambiado de un tiempo para acá y también creo que lo que falta es la comunicación y si cada quien pone de su parte se puede hacer el trabajo como se debe”.
Testimonio anónimo de hombre en función policial en Santiago, N.L.[1]
“Tanto polis como periodistas somos primera línea. Hay que dejar en claro la corresponsabilidad entre gremios, porque hasta ahora seguimos buscando o tratando de culpar al gremio opuesto”.
Testimonio anónimo de mujer periodista en Tlaxcala, Tlaxcala[2]
Decir que México, como muchos otros países de América Latina, tiene zonas de riesgo es, por mucho, una obviedad. Con sólo decir que 20 de las 50 ciudades consideradas “más peligrosas del mundo” se encuentran en México, según el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal se puede tener claridad de esta noción de riesgo. Quizás lo que es menos obvio es que existen ciertos gremios que, lejos de tomar medidas de seguridad y de retirarse de estos contextos, están “obligados” a acercarse: personal médico y de emergencias como los bomberos, así como la policía y la prensa.
La violencia ha afectado profundamente a los últimos dos. Del 2018 al 2024 ARTICLE 19 hemos documentado al menos 56 asesinatos de periodistas por su labor, convirtiéndolo en uno de los países más letales contra la prensa fuera de países en guerra, prácticamente sólo detrás del aniquilamiento sistemático de periodistas en Palestina. La policía, sobre todo a nivel municipal y estatal, tiene riesgos desproporcionados. Causa en Común reporta que entre 2018 a octubre 2024, han asesinado al menos 2,269 policías o ex policías en todo el país, un promedio de más de un policía cada día. [1]
Es en este entendimiento que es preciso reflexionar sobre el rol de periodistas y policías en contextos como delitos de alto impacto, episodios de violencia, e inclusive protestas: “Todos, al final de cuentas, estamos en el mismo lugar por distintas situaciones. Antes se hacían hasta caravanas, incluso entre policía y periodistas. ¡Nos íbamos acompañando! Eso se perdió”. [2]
Existen múltiples factores que han afianzado el debilitamiento de la relación entre policías y periodistas. Primeramente, desde el sexenio de Calderón hasta la fecha los gobiernos mexicanos han prácticamente abandonado la seguridad pública civil para tener un enfoque de seguridad nacional militarizada, con un rol cada vez mayor del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional. Es más, México Evalúa esta misma semana indicó que el gasto destinado al Estado de derecho será uno de los más bajos en 15 años. Reducciones o limitaciones presupuestales a la seguridad desde la visión de lo civil implican menos recursos para capacitaciones y entrenamientos, menos materiales de protección y menor capacidad de reacción a largo plazo.
Un segundo factor a considerar es la polarización social, y la estigmatización contra el gremio periodístico y policial. ¿Cuántas veces en México no se vincula a la idea de la policía con la corrupción y las “mordidas”? ¿Cuántas veces no se ha estigmatizado de “vendidos” o “chayoteros” a periodistas?
Para ello, y con la intención de repensar los roles de ambos gremios, ARTICLE 19 México y Centroamérica y la Universidad de la Policía en Sinaloa, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Tlaxcala, así como las Secretarías de Seguridad de los municipios de Apodaca, Montemorelos, General Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San Nicolás, San Pedro, Santa Catarina y Santiago Nuevo León iniciaron un proyecto en conjunto para afianzar diálogos entre policías y periodistas, en materia de actuación, protocolos de seguridad, y buenas prácticas de entendimiento.
El proyecto forma parte de un programa regional en América Latina liderado por el Centro de Ginebra para la Gobernanza del Sector de Seguridad (DCAF) en Colombia, Ecuador, Honduras, Perú y México. Todo esto con el apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Federal de Alemania.
Desde el año pasado, en conjunto nos hemos capacitado más de 200 periodistas y más de 400 policías en materia de derechos humanos, libertad de expresión y sus límites, y protocolos policiales. Además de talleres, tuvieron lugar 14 encuentros de resignificación guiados por Ernesto López Portillo Vargas, en donde se dialogó sobre la relación estructural en materia de seguridad y comunicación pública, reconociendo que una policía democrática debe entender el papel del periodismo como garante del derecho a la información, no como adversario. La participación de autoridades estatales, mandos operativos y comunicadores ha permitido abrir un espacio inédito de cooperación basado en el respeto, la transparencia y la rendición de cuentas.
Existen aún diversos retos para lidiar con la violencia. Y aún existen múltiples episodios que desatan agresiones contra la prensa en protestas y otros espacios de cobertura. En este contexto nacional donde la desconfianza entre las fuerzas de seguridad y la prensa ha sido fuente constante de tensiones y riesgos, el trabajo conjunto impulsado por todas las partes representa un paso significativo hacia la reconstrucción de un vínculo indispensable para la seguridad ciudadana y la democracia.
Este proceso ha cumplido el objetivo de generar capacidades institucionales, comprensión mutua y próximamente se estarán presentando varías guías de actuación con el objetivo de reducir la conflictividad y fortalecer la libertad de prensa. Este proceso, sostenido por el compromiso y el apoyo técnico de la cooperación alemana, demuestra que sí es posible construir confianza entre quienes cuidan el orden público y quienes documentan la realidad. La seguridad y la libertad de expresión no son objetivos opuestos, sino que deben re-pensarse como pilares complementarios de un Estado verdaderamente democrático.
*Leopoldo Maldonado es director regional de ARTICLE 19 MX-CA y Pedro Cárdenas es oficial del Programa de protección y espacio cívico.
[1] Causa en Común. Registro de Policías Asesinados. Visto por última vez el 28 de octubre de 2025.
[2] Testimonio otorgado a ARTICLE 19 el 8 de noviembre de 2024.
[1] Testimonio otorgado a ARTICLE 19 el 4 de abril de 2025.
[2] Testimonio otorgado a ARTICLE 19 el 26 de junio 2024.
Perú se ha convertido en pocos años en un gran exportador de productos agrícolas, pero se mantienen las dudas sobre cuánto podrá mantener su modelo.
Las vastas llanuras desérticas de la región de Ica, Perú, se han llenado en las últimas décadas de extensos cultivos de arándanos y otras frutas.
Hasta la década de 1990 resultaba difícil imaginar que esta zona del desierto costero peruano, donde a primera vista se ve poco más que polvo y mar, pudiera convertirse en un gran centro de producción agrícola.
Pero eso es lo que ha ocurrido no solo aquí, sino en la mayoría del litoral desértico peruano, donde han proliferado grandes plantaciones de frutas no tradicionales aquí, como los espárragos, los mangos, los arándanos o los aguacates (o paltas, como les llaman en Perú).
La enorme franja que atraviesa el país en paralelo a las olas del Pacífico y las elevaciones andinas se ha convertido en un inmenso huerto y en el epicentro de una pujante industria agroexportadora.
Según las cifras del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego de Perú, las exportaciones agrícolas peruanas crecieron entre 2010 y 2024 un promedio anual del 11%, alcanzando en 2024 la cifra récord de US$9.185 millones.
Perú se ha convertido en estos años en el mayor exportador mundial de uvas de mesa y de arándanos, una fruta que apenas se producía en el país antes de 2008, y su capacidad para producir a gran escala en las estaciones en las que es más difícil hacerlo en el Hemisferio Norte lo han llevado a erigirse en una de las grandes potencias agroexportadoras y proveedora principal de Estados Unidos, Europa, China y otros lugares
Pero, ¿qué consecuencias tiene esto? ¿Quién se beneficia? ¿Es sostenible el boom agroexportador peruano?
Cómo empezó todo
El proceso que llevaría al desarrollo de la industria agroexportadora peruana comenzó en la década de 1990, cuando el gobierno del entonces presidente Alberto Fujimori impulsaba profundas reformas liberalizadoras para reactivar a un país golpeado por años de crisis económica e hiperinflación.
“Las bases se sentaron al reducir las barreras arancelarias, promover la inversión extranjera en Perú y reducir los costos administrativos para las empresas; se buscaba impulsar a los sectores que tuvieran potencial exportador”, le dijo a BBC Mundo César Huaroto, economista de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.
“Al principio, la atención se centró en el sector minero, pero a finales de siglo ya aparece una élite empresarial que ve el potencial del rubro agroexportador”.
Pero no bastaba con leyes más propicias ni con la intención.
La agricultura a gran escala en Perú se había enfrentado tradicionalmente a obstáculos como la escasa fertilidad de los suelos de la selva amazónica y la accidentada orografía de la sierra andina.
Ana Sabogal, experta en ecología vegetal y cambios antrópicos en los ecosistemas de la Pontificia Universidad Católica del Perú, explicó a BBC Mundo que “la inversión privada de grandes agricultores, menos reacios al riesgo que los pequeños, facilitó innovaciones técnicas como el riego por goteo y el desarrollo de proyectos de riego”.
La solución del problema de la escasez de agua en el desierto permitió empezar a cultivar en una zona donde tradicionalmente no se había contemplado la agricultura y empezar a explotar sus particulares condiciones climáticas, que lo convierten en lo que los expertos describen como un “invernadero natural”.
“La zona no tenía agua, pero con agua se convertía en una tierra muy fértil”, indica Huaroto.
Todo eso, sumado a innovaciones genéticas, como la que permitió el cultivo local del arándano, posibilitó que Perú incorporara grandes extensiones de su desierto costero a su superficie cultivable, que se amplió en alrededor de un 30%, según la estimación de Sabogal.
“Fue un aumento sorprendente y enorme de la agroindustria”, resume la experta.
Hoy, regiones como Ica o la norteña Piura se han convertido en grandes centros de producción agrícola y la agroexportación en uno de los motores de la economía peruana.
Qué consecuencias ha tenido
Según la Asociación de Exportadores ADEX, las exportaciones agrícolas representaron en 2024 un 4,6% del Producto Interno Bruto (PIB) peruano, cuando en 2020 no era más que un 1,3%.
El impacto económico y ambiental ha sido notable y ambivalente.
Sus defensores subrayan que ha traído beneficios económicos, pero los críticos apuntan a sus costes medioambientales, como su elevado consumo de agua en zonas donde escasea y la población no tiene garantizado el suministro.
El economista César Huaroto dirigió un estudio para evaluar el boom agroexportador en la costa de Perú.
“Una de las cosas que encontramos es que la industria agroexportadora había actuado como dinamizador de la economía local, ya que incrementó el nivel de empleo de calidad en amplias zonas donde dominaba la informalidad, y se registró un incremento de los ingresos promedios de los trabajadores”, dijo.
Aunque esto no beneficia a todo el mundo por igual.
“A los pequeños agricultores independientes les cuesta más encontrar trabajadores porque los salarios son más altos y también tienen más dificultades en el acceso al agua que necesitan sus campos”.
Efectivamente, la agroexportación parece estar arrinconando las formas tradicionales de trabajar el campo y cambiando la estructura social y de la propiedad en amplias zonas de Perú.
“Muchos pequeños propietarios ven que sus campos ya no son rentables por lo que están vendiendo sus campos a grandes compañías”, indica Huaroto.
Sin embargo, según el mismo economista, “incluso muchos pequeños agricultores se mostraban satisfechos porque la agroindustria les había dado trabajo a miembros de su familia”.
El problema del agua
En los últimos años se cuestionan cada vez más los beneficios para el país del negocio agroexportador.
Pero la principal fuente de crítica es el agua.
“En un contexto de escasez hídrica, en que una parte importante de la población de Perú no tiene agua en su casa, el debate en torno a la industria agroexportadora se ha vuelto muy vivo”, señala Huaroto.
La activista local Charo Huaynca le dijo a BBC Mundo que “en Ica se está dando una disputa por el agua porque no hay para todos”.
En esta árida región la cuestión del agua es polémica hace tiempo.
Mientras muchos asentamientos humanos deben arreglárselas con la que llega en camiones cisternas y almacenarla para satisfacer sus necesidades, grandes áreas de cultivos destinados a la agroexportación tienen garantizada la que necesitan a través de pozos en sus fundos y acceso prioritario al agua de riego que se trasvasa desde la vecina región de Huancavelica.
“Se supone que está prohibido excavar pozos nuevos, pero cuando los funcionarios de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) llegan a inspeccionar las grandes explotaciones les niegan el acceso alegando que se trata de propiedad privada”, denuncia Huanca.
BBC Mundo solicitó sin éxito comentarios a la ANA y al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego de Perú.
Huanca ve indicios de que el acuífero subterráneo que abastece gran parte del agua de Ica se está agotando.
“Antes bastaba con cavar cinco metros, pero ahora hay que llegar hasta 10 ó 15 metros de profundidad para que aparezca el agua”.
En Ica apenas llueve, por lo que gran parte del agua se obtiene bajo tierra.
“Los pequeños agricultores se quejan de que a ellos se les exige pagar grandes cantidades por el agua, mientras que las grandes explotaciones cuentan con reservorios y grandes piscinas que llenan y cuya agua luego optimizan con sistemas de riego tecnificado”, indica Huanca.
En esta región se cultivan las uvas con las que se produce el famoso pisco, el aguardiente cuya fama se ha convertido en fuente de orgullo nacional para los peruanos, pero incluso eso es ahora cuestionado.
“Hay quien critica que la uva es básicamente agua con azúcar y, si exportas la uva y sus derivados, estás exportando agua”, señala Sabogal.
En Ica, el reto es hacer sostenible el próspero negocio agroexportador con el medio ambiente y las necesidades de la población.
“Cada vez que hay elecciones se habla de este tema, pero nunca llegan las soluciones. Se debe resolver cómo se va a hacer la economía de Ica sostenible a largo plazo, porque si no hay agua la economía se va a caer”, pide Huanca.
El desafío, en realidad, lo es para todo el Perú agroexportador.
“La situación actual no es sostenible a largo plazo. Está muy bien que haya industria agroexportadora porque genera ingresos y divisas, pero siempre y cuando se destine la cantidad de agua requerida para la población y los ecosistemas”, zanja Sabogal.
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