Los océanos y su vulnerabilidad ante la geopolítica
Los océanos están en riesgo debido al juego geopolítico de quienes detentan el poder. También, por los intereses de quienes acumulan capital sin control.
Los océanos, así como los bosques y selvas, contienen lo que mal llamamos “recursos naturales” clave para el futuro del capitalismo mundial. Y antes de proseguir, quiero aclarar por qué digo que mal llamamos recursos naturales a lo que son bienes comunes.
El concepto de recursos naturales pone el énfasis en el uso de aquello que es de la tierra, los ríos y el mar. Recalca la utilidad de los materiales, ya sean piedras, maderas, minerales, plantas y animales, por encima de su beneficio ecológico.
Llamarlos bienes comunes pone de relieve dos aspectos que merecen atención. Lo primero es llamarlos un bien, con lo cual se reconoce el impacto que tienen en los seres humanos. Lo segundo es reconocerlos como comunes; es decir, de todas las personas, no de los más ricos ni de los países más poderosos.
Este reconocimiento de lo común se hizo recientemente sobre las aguas internacionales, con la firma y ratificación del Tratado de Altamar, el cual establece un piso mínimo para la exploración y explotación de dichas aguas y busca garantizar el acceso de todos los países a sus beneficios. También permite generar acuerdos para su protección mediante áreas marinas protegidas, con la aprobación de los países firmantes.
Sin embargo, es importante señalar que el contexto internacional, si bien parece no tener un impacto directo en la salud de los océanos, sí pone en riesgo los acuerdos recientes de los más de 60 países que ratificaron el Tratado de Altamar.
Las aguas internacionales contienen minerales necesarios para la transición energética. Acceder a ellos se ha convertido en una carrera entre países poderosos que quieren depender cada vez menos de los combustibles fósiles. Y si bien es deseable reducir nuestra dependencia de estos combustibles, no lo es que sea a costa de destruir ecosistemas clave para la salud del océano.
Tenemos que encontrar formas de reducir nuestra dependencia energética sin trasladar los costos a otros organismos, como ballenas, animales marinos que viven en la profundidad, entre otros.
Que el país con la mayor economía del mundo, que tradicionalmente ha consumido más energía fósil junto con los países del norte global, se salga de los tratados internacionales, sobre todo de aquellos que protegen al planeta y la vida en él, es un riesgo para el futuro de la humanidad en este planeta.
Después de más de dos décadas, decenas de naciones del mundo lograron alcanzar acuerdos para proteger los bienes comunes del océano, incluso aquellos fuera de la jurisdicción de cualquier país. Lo que suceda en los próximos años será crucial para el futuro del planeta, pero, sobre todo, para nosotros, los seres humanos.
Crecer de manera descontrolada es insostenible. El enriquecimiento y el crecimiento económico de un país son siempre a costa de otros. A la desigualdad económica que vivimos en el mundo se le suma la desigualdad ambiental.
La crisis de política internacional que vivimos demuestra lo frágiles que son los acuerdos que generamos y señala también la vulnerabilidad de los ecosistemas que sostienen la vida en el planeta, al ser vistos como recursos para ser explotados.
El océano es donde la vida comenzó y donde la vida debe seguir su curso, sin ponerle precio.
* Renata Terrazas (@Renaterra_zas) es directora ejecutiva en Oceana.
La última medida de este tipo se tomó hace 20 años y en este caso se espera que beneficie a más de 500.000 personas.
El gobierno de España anunció este martes un decreto que llevará a la regularización extraordinaria de personas extranjeras que viven en España.
“Hoy es un día histórico”, dijo la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en la rueda de prensa en la que dio a conocer la medida.
Saiz dijo que la medida era “necesaria para dar respuesta a la realidad que existe en nuestras calles”.
En declaraciones anteriores dijo que el objetivo es “reconocer, dignificar y dar garantías, oportunidades y derechos a personas que ya están en nuestro país”.
También aclaró que el procedimiento será “sencillo y persigue romper barreras burocráticas del pasado”.
No se ejecutaba una medida similar en España desde hacía más de 20 años y, en este caso, se estima que beneficiará a más de 500.000 personas.
Es fruto de un acuerdo con Podemos, partido de izquierda y socio del gobierno del socialista Pedro Sánchez, así como de una “suma de voluntades que ponen en el centro a las personas”, según afirmaron fuentes del Ejecutivo y que recogen medios españoles.
A quién beneficiará
A esta medida podrán acogerse las personas que actualmente se encuentren en España en situación irregular o sean solicitantes de asilo.
Deben acreditar estar en España o ser solicitantes de protección internacional antes del 31 de diciembre de 2025 y que lleven más de cinco meses en el país.
Para acreditar la permanencia en España, habrá que presentar “cualquier documento público, privado o una combinación de ambos”. En este caso, podrán ser documentos como el empadronamiento, contratos de alquiler, informes de citas médicas o certificados de asistencia a recursos sociales.
Pero también se podrá acreditar con los justificantes de envío de remesas, algo que es una demanda de diversas entidades sociales por las dificultades que suelen tener las personas en situación irregular para acceder al padrón o a contratos oficiales de cualquier tipo.
Otro de los requisitos será que la persona no tenga antecedentes penales “ni suponga una amenaza para el orden público”.
El plazo para presentar solicitudes arrancará a principios de abril y durará hasta fines de junio.
Sin expulsión
Una de las garantías que tendrá esta medida es que, tras presentarse la solicitud de regularización, quedarán suspendidos todos los procedimientos de retorno, así como las órdenes de expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso que la persona solicitante pueda tener.
La ministra de Seguridad Social y Migraciones dijo que con esto se hará una “integración plena y progresiva en el sistema”. Así, se dará una autorización de residencia provisional que permitirá trabajar de forma legal y acceder a otros derechos fundamentales, como la asistencia sanitaria.
La administración se da un margen de hasta tres meses para resolver las peticiones, aunque con la mera admisión a trámite, en un máximo de 15 días, los inmigrantes solicitantes ya podrán empezar a trabajar “desde el primer día en cualquier sector y en cualquier parte del país”, matizó Saiz.
“Esto beneficia al trabajador, que gana en derechos y a las empresas, que ganan en seguridad jurídica”, añadió.
Después, una vez hecho el trámite y si la resolución para la persona es favorable, el Estado concederá una autorización de residencia por un periodo de un año y, cuando esta finalice, será posible solicitar una autorización ordinaria conforme al reglamento de extranjería.
La ministra aclaró que la medida también busca la integración familiar y que por ello se amparará a hijas e hijos de los solicitantes de esta regularización, en este caso con 5 años de permiso.
Sin pasar por el Congreso
Al ser una medida que se aprobará mediante un Real Decreto, es decir, que nace del Ejecutivo, no tendrá que pasar por el Congreso, donde al gobierno y a sus socios se les hace más complejo conseguir una mayoría al tener a los Partido Popular (PP, derecha) y Vox (ultraderecha) en contra.
Esto retoma una iniciativa legislativa popular que llegó al Congreso respaldada por más de 600.000 firmas y que llegó a superar un primer trámite con el apoyo de todos los grupos parlamentarios menos Vox en abril de 2024.
Desde entonces estaba bloqueada por la falta de acuerdo parlamentario.
También llega tras el impulso de cientos de organizaciones cuya ideología ocupa un amplio espectro político y que van desde entidades religiosas, como la Conferencia Episcopal, así como asociaciones anarquista y colectivos empresariales.
Después de la aprobación del Consejo de Ministros por tramitación urgente, el documento irá a audiencia pública y la posible elaboración de informes de diversos ministerios. Luego pasará al Consejo de Estado y, de vuelta, al Consejo de Ministros.
El Partido Popular (PP) rechazó la medida. “No entendemos las regularizaciones masivas y además vinculadas a la residencia durante 5 meses y no al empleo”, dijo la portavoz del Partido Popular en el Congreso, Ester Muñoz. “Las regularizaciones masivas son ilegales (…) hay que regularizar persona a persona”.
Por su lado, Vox anunció este martes que recurrirá el real decreto ante el Tribunal Supremo. Consideran la medida como una “locura” y una “barbaridad” y que la medida es, para ellos, un atentado a la identidad nacional además de “fomentar el efecto llamada”.
El presidente de la Conferencia Episcopal de España, Luis Argüello, dijo que esto es “una buena noticia” que aportaría al “bien común de muchos inmigrantes” y que “se reconoce así su dignidad”, en declaraciones al diario El País.
Medidas similares de gobiernos anteriores
Si bien esta es la primera regularización de inmigrantes que se hace en España durante los gobiernos de Pedro Sánchez, quien llegó al poder en 2018, no es algo nuevo en el país.
La anterior tuvo lugar en 2005, durante la gestión de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) y está considerada la que a más personas benefició, por encima de 570.000.
Bajo el gobierno de José María Aznar (PP) se hicieron tres regularizaciones, en 1996, 2000 y 2001, de las que se beneficiaron más de 520.000 personas en total.
Las primeras regularizaciones ocurrieron durante el gobierno socialista de Felipe González (1982-1996).
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