Este abril se cumplieron tres años de la entrada en vigor de la Ley de Amnistía a nivel federal. Esta legislación quizás sea el único destello de aquellas rotas promesas de pacificación de Andrés Manuel López Obrador en 2018 y del texto del Plan Nacional de Desarrollo que apuntaba hacia el diseño de una política de verdad, justicia y reparación para el país.
El contenido de la ley se basó en la premisa de que el sistema de justicia penal y el poder punitivo del Estado han impactado de forma desproporcionada a grupos históricamente discriminados en contextos de pobreza, vulnerabilidad y exclusión. La Ley se redactó como una oportunidad de otorgar la amnistía y restituir el derecho a la libertad a personas bajo dichos contextos por conductas del fuero federal relacionadas con aborto, actividades enmarcadas el mercado ilícito de drogas, robo simple y sedición. Desde Elementa, hemos dado seguimiento a la actuación de la Comisión de Amnistías y presionado para impulsar una efectiva rendición de cuentas sobre las personas que se han visto beneficiadas a través de esta normativa.
El corte a marzo de 2023 según la base de datos publicada por la Unidad de Apoyo de Justicia de la Secretaría de Gobernación, arroja que se han presentado 2,301 solicitudes para obtener el beneficio de amnistía de las cuales, 1,256 han sido rechazadas y 1,045 han sido procedentes. No obstante, solo 249 personas han obtenido el beneficio, de las cuales 56 ya se encontraban en libertad cuando se les otorgó el mismo. Es decir, efectivamente se ha restituido el derecho a la libertad a 193 personas a través de este mecanismo. De este total, siguen sin ser claras las medidas de reinserción social en favor de las personas beneficiadas. Dichos números muestran que el alcance de la ley ha sido bastante limitado en comparación con la población penitenciaria a nivel federal y que hay un reto de socialización en la población penitenciaria para potencializar la implementación de la Ley y tener un efecto reparador a gran escala.
Asimismo, estas cifras dan cuenta que no hay claridad sobre los mecanismos y tiempos de toma de decisión que involucran tanto a la Comisión de Amnistías de la Secretaría de Gobernación, como al Poder Judicial. Esto se observa en los cientos de solicitudes procedentes que, a pesar de estar admitidas, aún no derivan en puestas en la libertad ya que están a la espera de que un juez o jueza resuelva hacer efectivo o no el beneficio. Esta falta de transparencia y claridad en cuanto a los tiempos de análisis de las solicitudes, revictimiza y mantiene en la incertidumbre a las personas que cumplen con los requisitos que prevé la ley y apuestan por este mecanismo de excarcelación para salir de prisión. Esto se evidencia, por ejemplo, frente al elemento subjetivo de la situación de pobreza, pues el 89.7 % de las solicitudes de amnistía procedentes se encuentran en dicho supuesto. ¿Cómo evitar que los vicios del sistema judicial que les encarceló se trasladen a los mecanismos de reparación para recuperar su libertad?
Estas primeras cifras a su vez nos han permitido desde Elementa analizar el impacto de esta legislación en las personas privadas de la libertad por diversas conductas relacionadas con el mercado ilícito de drogas. Específicamente para fortalecer el argumento de que la mayoría de las personas involucradas en los eslabones más expuestos de la cadena son personas en contextos de vulnerabilidad.
Hasta el corte de marzo de 2023, el 67.1 % de las solicitudes para obtener el beneficio de amnistía han sido de personas privadas de la libertad por delitos de drogas y el 98.7 % de las amnistías otorgadas también son por dichos delitos. De las solicitudes que procedieron,
La implementación de la Ley Amnistía también tiene dos deudas importantes de acuerdo a los artículos transitorios. La primera corresponde a la Secretaría de Gobernación, que tiene el deber de promover que los estados expidan leyes locales de amnistía para delitos del fuero común. Esto es fundamental pues delitos bajo la figura de narcomenudeo, robo y aborto son competencia de dicho fuero. A tres años de la amnistía, solo 12 estados del país cuentan con una ley local y no todas están armonizadas con la ley federal, en varias de estas entidades aún no hay mecanismos activos de implementación. Si se busca realmente un efecto reparador en favor de los grupos que prevé la ley federal es necesario que la amnistía aterrice en los contextos locales.
La segunda deuda está en cabeza del poder legislativo. El quinto transitorio de la ley establece que, dentro de los 180 días posteriores a la entrada en vigor de la misma, el Congreso de la Unión deberá revisar los delitos sujetos a amnistía y valorar sus elementos configurativos. Han pasado 2 años y medio y desde ninguna de las cámaras se ha realizado un ejercicio de reflexión sobre el contenido de los delitos. Una revisión juiciosa por parte del Congreso se puede traducir en cambios y adecuaciones a estos delitos para frenar el el ingreso de personas en situación de vulnerabilidad a las cárceles.
La Ley de Amnistía en contenido y objetivos es una buena práctica a nivel regional, especialmente frente a los contextos de criminalización por delitos de drogas en países productores y de tráfico. A tres años de su entrada en vigor queda el reto de que sea una prioridad para el poder ejecutivo, pero también para el Congreso y para el Poder Judicial. De los tres poderes de gobierno depende reparar a quienes la pobreza, la prohibición y la discriminación ha vulnerado su proyecto de vida y su libertad.
* Adriana Muro Polo (@adrianawall) es directora ejecutiva de @ElementaDDHH.
En un momento en el que los alquileres no dejan de subir en España y adquirir una propiedad con una hipoteca es más difícil, el gobierno de Pedro Sánchez anunció que pondrá fin al acceso a las “golden visas” a través de la compra de viviendas.
Medio millón de euros, unos US$543.000. Esa es la cifra que en España da acceso a poder vivir, trabajar o estudiar con una de las llamadas “golden visas” o “visas de oro”.
Los solicitantes seleccionados y sus familias no solo conseguen un permiso “acelerado” para residir en territorio español, sino que también pueden viajar libremente por la Unión Europea y por el espacio Schengen, que forman hasta 26 países.
Otros beneficios implican acceso a los sistemas públicos de salud y educación, así como mejores tasas en las universidades públicas.
Conseguir una “visa de oro” requiere comprar una vivienda en España con un valor mínimo de 500.000 euros, tener instrumentos financieros equivalentes a 1 millón de euros en territorio español o invertir al menos 2 millones en deuda del Estado.
También se obtiene estableciendo en España una empresa que cree puestos de trabajo porque el objetivo de este tipo de visado es atraer capital extranjero.
Pero en un momento en el que los alquileres no dejan de subir en las principales ciudades españolas y adquirir una propiedad con una hipoteca es más difícil por las elevadas tasas de interés, el gobierno de Pedro Sánchez anunció esta semana que pondrá fin al acceso a las “golden visas” a través de la compra de viviendas.
Sánchez afirmó que la medida tiene como objetivo “garantizar que la vivienda sea un derecho y no un mero objeto de especulación empresarial”.
Dijo que la mayoría de los visados concedidos estaban relacionados con la compra de propiedades en lugares como Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Alicante y las Islas Baleares, zonas todas ellas donde el mercado inmobiliario “está bajo una enorme presión”.
“Son las ciudades que se están enfrentando a un mercado de la vivienda altamente tensionado, donde es casi imposible encontrar una vivienda digna para quienes viven y trabajan en ellas y pagan sus impuestos cada día”, aseguró el mandatario.
“Ese no es el modelo de país que necesitamos, el de la inversión especulativa en vivienda, porque es un modelo que nos conduce al desastre y sobre todo nos conduce a una desigualdad lacerante como consecuencia de la inaccesibilidad de muchos jóvenes y familias a una vivienda”, dijo el presidente español.
Medida “efectista”
Los expertos creen que es poco probable que la medida afecte al mercado inmobiliario, ya que menos del 0,1% de los 4,5 millones de viviendas vendidas desde que las “golden visas” entraron en vigor en 2013 se compraron bajo este plan, según el sitio web inmobiliario Idealista.
“El problema de la vivienda en España no fue causado por el programa de visas doradas, sino más bien por la falta de oferta y un aumento en la demanda”, le dijo a la agencia Reuters el portavoz de Idealista , Francisco Inareta.
Por su parte, Guillermo Santos Aramburo, socio de iCapital, una agencia de valores dedicada al asesoramiento financiero y patrimonio, considera que “las cifras demuestran que el cambio de norma ahora es una medida efectista y solo de cara a la galería, para quedar bien”.
“La especulación inmobiliaria no se crea por una pocas miles de visas en 11 años. El problema es más complejo”, le dijo Santos Aramburo a BBC Mundo.
En 2022, la Comisión Europea instó a los países miembros de la UE a poner fin a todos los programas similares, citando riesgos de seguridad en el contexto de la invasión rusa de Ucrania.
Ahora España se suma a otras naciones europeas que han eliminado en los últimos años las “golden visas” asociadas a la compra de vivienda.
En 2022, el gobierno del Reino Unido puso fin a un plan que permitía a extranjeros ricos establecerse en el país si traían activos consigo.
Al año siguiente, Irlanda eliminó su “golden visa”, mientras que Portugal dejó de ofrecer la residencia a cambio de la compra de propiedades.
Momento de crisis financiera
Las “golden visas” fueron creadas en España en 2013 por el gobierno del Partido Popular después del estallido de la burbuja inmobiliaria, para fomentar la entrada de capitales al país.
“Era un momento en el que empezaron a quebrar las cajas de ahorros y el Estado tuvo que inyectar dinero para rescatar a los bancos”, explica Santos Aramburo.
En un informe publicado el año pasado, la organización Transparency International señalaba que “estos programas de inversión a cambio de la ciudadanía o permisos de residencia gestionados de forma adecuada pueden, en teoría, beneficiar tanto a los países anfitriones como a los solicitantes”.
“Sin embargo, en la práctica, estos programas presentan graves riesgos inherentes a la cleptocracia y, particularmente, al blanqueo de capitales, seguridad, fraude, evasión fiscal y corrupción, entre otros”, añadía.
Según el informe, el mayor número de visados de este tipo en España fue otorgado a inversores chinos y rusos.
Mexicanos y venezolanos
Entre 2013 y 2023, España concedió un total de 2.712 “golden visas” a inversores chinos, de los cuales el 99,33% fueron otorgados en virtud del supuesto de adquisición de bienes inmuebles.
Les siguieron los inversores rusos con 1.159 y los iraníes con 203.
Los mexicanos y venezolanos también aparecen en la lista de Transparency International, ocupando el puesto 9 y 10 con 114 y 98 “golden visas” respectivamente.
Igual que en el resto de las nacionalidades, la gran mayoría de las peticiones estuvieron asociadas a la compra de una vivienda de más de 500.000 euros.
Según cálculos del gobierno español, sólo el 6% de las visas se otorgaron por motivos distintos a la adquisición de propiedades.
Para Jorge Galindo, director adjunto de EsadeEcPol, la razón de que las “golden visas” no sean un recurso especialmente empleado por ciudadanos de países de América Latina se debe a los lazos históricos con España.
“Es mucho más probable que exista otra vía alternativa (para obtener la residencia) más frecuentemente usada por quienes quieren venir a residir en España”, dice en referencia a la Ley de Memoria Democrática o a la Ley de Nietos.
Solo con esta última, hasta finales del 2023 más de 182.400 personas habían solicitado la nacionalidad española.
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