Ley de desaparición y búsqueda de personas en Baja California, ¿esperanza a medias?
En 2017 cuando se promulgó la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y No localizadas se estableció, en el transitorio noveno, que las entidades federativas contarían con 180 días a partir de la entrada en vigor de dicha ley para armonizar sus legislaciones locales. Ese plazo venció el 16 de julio del año 2018. En Baja California, después de varias iniciativas legislativas que no prosperaron y una espera de más de seis años, finalmente se cuenta con un marco jurídico local que regula las obligaciones de las autoridades estatales en la materia.
La Ley de Desaparición y Búsqueda de Personas para el estado de Baja California (en adelante Ley de Desaparición de B. C.) entró en vigor el pasado sábado 10 de agosto. ¿Qué podemos esperar de la ley? ¿Qué sigue para nosotras las víctimas? ¿Las autoridades ahora sí acatarán su obligación y buscarán a nuestros tesoros?, me preguntaron hace días dos mujeres buscadoras. Estos cuestionamientos son pertinentes de cara a una realidad nacional en la que pese a existir un marco jurídico amplio que se ha ido robusteciendo, pocas cosas han cambiado. Las desapariciones no han cesado, siguen siendo las familias quienes mayormente ejecutan las labores de búsqueda y todavía no es posible hablar de verdad, ni justicia para las víctimas.
El contexto de Baja California presenta un reto enorme para la implementación de la ley: existen más de 17 mil carpetas abiertas por el delito de desaparición de personas (aunque el Registro Nacional contabiliza 2917 casos, los datos que señalo aquí fueron proporcionados por la Fiscalía General del Estado en 2022); poco más de 11 mil cuerpos sin identificar y una infraestructura insuficiente para resguardar las decenas de cadáveres humanos que, como producto de las diferentes violencias ejercidas en la entidad, engrosan a diario la lista de personas fallecidas y no identificadas que permanecen en los Servicios Médicos Forenses y que finalmente ocupan un lugar en las fosas comunes de los municipios del estado.
Dichos niveles de violencia colocan a Tijuana, la capital económica y social del estado, como una de las ciudades más violentas del mundo. Además, permanecen una serie de fenómenos estructurales que cruzan con la desaparición de personas, entre ellos el narcotráfico, la migración, el desplazamiento forzado, la habitabilidad de calle y el consumo de sustancias, más una narrativa institucional que abona a la criminalización de las personas desaparecidas y de su familiares. “Buena hubiera sido para educar a su hijo y ahorita no tendría que andarlo buscando” —comentó un funcionario a una madre buscadora en San Quintín—. Recriminaciones como esa son un sitio común para las miles de familias que buscan a un ser querido en el estado.
Tomando en cuenta lo anterior y que en los años 2018 y 2023, aún sin ley local, se crearon por decreto La Comisión Local de Búsqueda y la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares (que, pese a lo establecido en el decreto, no funciona como tal, sino únicamente como una unidad de investigación, adscrita a la Fiscalía de Unidades Especializadas), y considerando que las desapariciones han ido en aumento, es necesario decir que, dada la magnitud y complejidad del fenómeno, la Ley de Desaparición de BC, si bien representa un avance en la protección de los derechos de las personas desaparecidas, no solucionará de facto la grave crisis de violaciones a derechos humanos, forense y desapariciones que desde hace años se vive en el territorio bajacaliforniano.
¿Por qué entonces hablar de un avance? Primero, porque finalmente se atendió la obligación y añeja demanda de armonización legislativa exigida por los colectivos y organizaciones de la sociedad civil. Segundo, porque por lo menos ahora, ya existe un marco jurídico local que contempla la protección de los derechos de las personas desaparecidas y sus familias.
Sin embargo, para que esto sea una realidad son varios los factores que deben combinarse. Por un lado, que se concrete el desarrollo de la institucionalidad ya contemplado en la ley; por el otro, que la voluntad de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmedo y del Poder Legislativo del estado trascienda el discurso político y se materialice en disponibilidad de recursos humanos, económicos y de infraestructura que garanticen que los planteamientos de la ley se ejecuten con inmediatez y efectividad. Finalmente será esencial que las disposiciones de la Ley de Desaparición de Baja California se implementen atendiendo los principios de máxima protección y complementariedad. Es decir, que la Ley local funcione en concordancia con otras leyes estatales, particularmente con la Ley Estatal de Víctimas y la Ley de Declaración Especial de Ausencia.
Dicho esto, ahora sí. ¿Qué podemos esperar a partir de la entrada en vigor de la ley? y ¿en qué aspectos es necesario poner el lente? En un plazo no mayor a 60 días, es decir a más tardar el 10 octubre del año en curso, deberá instalarse el Mecanismo Estatal de Búsqueda. Por su parte, el Congreso del Estado deberá emitir la convocatoria para la elección del Consejo Ciudadano, órgano que tendrá un plazo de 30 días para elegir a la Secretaría Técnica y 60 días para emitir sus lineamientos. Dado que no quedó establecido un plazo para su creación, queda pendiente elaborar y emitir las directrices para la elección del titular de la Comisión Local de Búsqueda.
Además deberán crearse los Registros Estatales —el de personas desaparecidas, el de fosas, el de personas no identificadas y el Banco Estatal de Datos Forenses— cuyos plazos de creación y autoridad responsable de su implementación no se establecieron en el texto de la ley. También aquí hay que poner el lente, la falta de certeza en ello puede ocasionar que ninguna autoridad asuma la responsabilidad.
Mucho hemos insistido en que para atender la crisis de desaparición es necesario reconocerla. Citando a Roberto González Villareal, 1 es menester recordar que la desaparición cobra relevancia únicamente cuando se convierte en un problema político. Frente a las discrepancias en el número de carpetas de investigación reconocidas publicamente y de cara a las erroneas declaraciones del Fiscal Central de la FGE en las que refiere que “al menos el 80% de las personas reportadas como desaparecidas son localizadas” y que “el número de desapariciones se ha mantenido en Baja California durante los últimos tres años“; será trascendental que se concrete la creación de los registros estatales, mismos que deberán mantenerse interconectados, actualizados y homologados.
Además es necesario impulsar políticas públicas que pugnen por el desarrollo de estrategias para prevenir la desaparición de personas y para evaluar el desempeño de las autoridades. La tarea no es sencilla. Se tendrá que avanzar un paso a la vez. En el camino es indispensable que se fomenten espacios de diálogo, con familiares y colectivos de búsqueda, en los que sea posible trascender el dato, el número de caso, la estadística y empezar a analizar las condiciones específicas, prácticas, agencias y circunstancias en que ocurren las desapariciones. En tanto esto no suceda, los números seguirán creciendo y lejos se estará de resolver el problema.
Finalmente para que la ley no sea una “esperanza a medias”, como refirieron algunas víctimas después de su publicación, se requiere no solo presupuesto, también voluntad política y que se respete el derecho a la participación de las familias en todos los procedimientos relacionados con la desaparición, búsqueda e identificación de personas. Este es un reto importante si se considera la diversidad de colectivos existentes en el estado y la amplitud de sus demandas.
Las cartas están sobre la mesa y con ello las autoridades tienen frente a sí, la obligación y posibilidad de concretar e instaurar herramientas con un gran potencial para, empezar a saldar la deuda con las víctimas. Sirva este texto como recordatorio de que cada vez que no se busca a una persona desaparecida, son sus familiares quienes padecen el dolor y la incertidumbre interminable de no saber dónde está su ser querido desaparecido.
* Adriana Jaén Manuel es socióloga. Actualmente se desempeña como investigadora y enlace de @ElementaDDHH en Baja California. También es docente de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de la Universidad Autónoma de Baja California en Ensenada, B. C.
1 Roberto González Villareal. (2012). Historia de la desaparición. Nacimiento de una tecnología represiva. Colección Debate.
Uno de los raperos más influyentes de la industria musical de EE.UU. enfrenta graves acusaciones relacionadas con el tráfico sexual, algo que él rechaza. Aquí te contamos qué se espera de este juicio.
El rapero Sean “Diddy” Combs, uno de los íconos de la música de Estados Unidos, se enfrenta desde este lunes en un esperado juicio a la acusación de dirigir una extensa operación de trata de personas y explotación sexual.
Los cargos contra Combs, de 55 años, incluyen conspiración para extorsionar, trata de personas con fines de explotación sexual y proveer transporte para el ejercicio de la prostitución.
De ser declarado culpable, podría ser condenado a cadena perpetua.
El rapero también se enfrenta a decenas de demandas civiles de particulares que lo acusan de utilizar su influencia para drogar, agredir, violar, intimidar y silenciar.
Combs se declara inocente de los cargos penales y rechaza las demandas civiles que califica como intentos de “obtener un dinero rápido”.
1. ¿Cuáles son las acusaciones a Diddy Combs?
En el proceso penal federal que se instruye en Nueva York, Combs está acusado de asociación ilícita, dos cargos de trata de personas con fines de explotación sexual y dos cargos de transporte para el ejercicio de la prostitución.
Muchas de las acusaciones más graves se refieren al cargo de conspiración para la extorsión.
Se le acusa de secuestrar, drogar y coaccionar a mujeres para que realizaran actividades sexuales, a veces con armas de fuego o amenazas de violencia.
En una redada en su mansión de Los Ángeles, la policía encontró suministros que, según ellos, estaban destinados a ser utilizados en orgías, incluidas drogas y más de mil botellas de aceite para bebés.
Por otra parte, Combs se enfrenta a varias demandas en las que se le acusa de violación y agresión.
Tony Buzbee, un abogado de Texas que se ocupa de algunos de estos casos, dijo que más de 100 mujeres y hombres de todo el país han presentado demandas contra el magnate del rap o que tenían intención de hacerlo.
En diciembre de 2023, una mujer señalada en los documentos judiciales como Jane Doe alegó que fue “violada en grupo” por Combs y otras personas en 2003, cuando tenía 17 años. Afirmó que le habían suministrado “grandes cantidades de drogas y alcohol” antes de la agresión sexual.
El equipo legal de Combs desestimó la avalancha de demandas como “claros intentos de conseguir publicidad”.
Los problemas legales actuales de Combs comenzaron a finales de 2023, cuando fue demandado por abuso violento y violación por su exnovia Cassie Ventura.
Esa demanda se resolvió por una cantidad no revelada de dinero un día después de que se presentó, aunque Combs sostenía que era inocente.
Desde entonces, docenas de personas han presentado demandas acusando a Combs de agresión sexual, incluidos algunos señalamientos que se remontan a 1991.
Combs niega todas las acusaciones.
Su controvertida historia con Ventura resurgió en 2024, cuando la cadena de noticias CNN filtró imágenes de cámaras de seguridad de 2016 en las que se veía a Combs pateando a su exnovia mientras yacía en el suelo del pasillo de un hotel.
Entonces el músico se disculpó por su comportamiento, diciendo: “Asumo toda la responsabilidad por mis acciones en ese video”.
2. ¿Cómo ha respondido Combs a las denuncias?
En una declaración a la BBC sobre los cargos penales federales, el abogado de Combs dijo: “El señor Combs y su equipo legal confían plenamente en los hechos y en la integridad del proceso judicial.
“En los tribunales prevalecerá la verdad: que el señor Combs nunca agredió sexualmente ni traficó con nadie, ni hombres ni mujeres, ni adultos ni menores”.
Los abogados presentaron posteriormente una moción para desestimar una parte de la acusación federal en la que se le acusa de proveer transporte para el ejercicio de la prostitución. Su equipo argumentó que se le acusaba injustamente por su raza.
En una vista celebrada en Nueva York una semana antes del inicio oficial del juicio, sus abogados declararon ante el tribunal que el rapero llevaba el “estilo de vida” de un swinger y que no era un delincuente.
Dijeron que le parecía “apropiado” tener múltiples parejas sexuales, incluidas trabajadoras sexuales.
Los abogados de Sean “Diddy” Combs han negado en todo momento las acusaciones formuladas contra él en las demandas civiles, calificándolas de “repugnantes” y sugiriendo que fueron hechas por “individuos que buscaban dinero fácil”.
3. ¿Qué posible condena tendría Diddy?
Si es declarado culpable del delito de conspiración, Combs se enfrenta a cadena perpetua.
Se enfrenta a otra pena mínima de 15 años si es declarado culpable de trata de personas. El transporte con fines de prostitución conlleva además una pena máxima de 10 años.
Combs está recluido en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, Nueva York, desde su detención el 16 de septiembre de 2024.
La prisión ha sido denunciada por organizaciones civiles e incluso por jueces de estar superpoblada y no tener personal suficiente, además de mantener una cultura de violencia.
Sus abogados defienden su puesta en libertad, citando las “horribles” condiciones de la cárcel, pero un juez federal de Nueva York denegó la solicitud de libertad bajo fianza, alegando que Combs representa un “grave riesgo de fuga”.
Los fiscales habían alegado anteriormente que Sean Diddy Combs había infringido las normas penitenciarias al ponerse en contacto con posibles testigos. Lo acusaron de realizar “esfuerzos incesantes” para “influir de forma corrupta en el testimonio de los testigos”.
Un juez concedió a Combs permiso para llevar ropa no carcelaria durante el juicio, en lugar del uniforme que usan los internos.
Cuando compareció ante el tribunal para la selección del jurado, el rapero llevaba un suéter azul y una camisa blanca con gafas en la cabeza.
4. ¿Quién es Sean “Diddy” Combs?
Combs, también conocido como Puffy, Puff Daddy, P Diddy, Love y Brother Love, reescribió las reglas del hip-hop poco después de aparecer en la escena musical en la década de 1990.
Sus primeros éxitos musicales los consiguió al lanzar las carreras de Mary J Blige y Christopher Wallace, también conocido como Biggie Smalls o Notorious B.I.G.
Su sello discográfico Bad Boy Records se anotó un triunfo temprano con el álbum de Biggie Smalls Ready to Die, que alcanzó un disco platino. Pronto se convirtió en uno de los sellos más importantes del rap e incorporó a figuras como Faith Evans, Ma$e, 112, Mariah Carey y Jennifer Lopez.
Combs también ha desarrollado una prolífica carrera empresarial al margen de la música. En 2007 firmó un acuerdo con la empresa británica de bebidas Diageo para promocionar la marca francesa de vodka Cîroc en Estados Unidos.
En 2023 publicó su quinto disco, The Love Album: Off The Grid, y obtuvo su primera nominación como solista en los premios Grammy. También fue nombrado icono mundial en los premios MTV de ese año.
Durante décadas de logros, Combs también se enfrentó a múltiples desafíos legales.
En mayo de 1999 fue detenido como sospechoso de agresión. En marzo de 2001 fue declarado inocente de los cargos de posesión de armas y soborno en relación con un tiroteo ocurrido en 1999 en un club de Nueva York.
En 2003, fue demandado por amenazar a su socio comercial con un bate de béisbol, y en 2015 fue detenido por cargos de agresión contra el entrenador de fútbol de su hijo.
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