Intersecta es una organización feminista dedicada a la investigación y a la promoción de políticas públicas para la igualdad.

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“¿Cuántas veces no has escuchado que simplemente no hay recursos para la política o institución que quieres? ¿Qué si te dijera que podría haberlos?”.
No recuerdo si esa fue la conversación exacta que tuve con Carlos Brown, autor del informe que ayer publicamos en Intersecta llamado <a href="https://www.intersecta.org/informe-justicia-fiscal/" target="_blank" rel="noopener">Redistribución, justicia fiscal y género en México</a>, pero la idea se quedó en mi cabeza y me enganchó para ahondar en la justicia fiscal.
Porque sí. Si solo pienso en asuntos feministas, la lista sobre políticas o instituciones con escasos recursos es larga. La disputa constante sobre el dinero para los refugios, la insuficiencia presupuestaria de algunos Centros de Justicia para Mujeres, <a href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a> la imposibilidad de consolidar el famoso Sistema Nacional de Cuidados, en parte porque no hay dinero para hacerlo, son solo algunos ejemplos. Ahora que si amplío este ejercicio para pensar en la garantía de todos los derechos humanos, de manera instantánea me vienen a la mente los titulares periodísticos que denuncian la escasez presupuestaria en distintos ámbitos.
Sí es recurrente: las grandes ideas, sin financiamiento público. Las instituciones, sin personal suficiente. El personal, sin materiales para operar. Y el resultado de todo ello es la puesta en jaque de las vidas de las personas. Pensemos, por ejemplo, en la violencia obstétrica y la mortalidad materna, que son productos, en parte, de la incapacidad de los hospitales públicos de garantizar una atención adecuada. <a href="#_ftn2" name="_ftnref2">2</a>
La promesa, sin embargo, ahí estaba: todo esto se podía cambiar. Porque nada de esto —de esta manera de ejercer recursos— es obvio o natural. Es la concreción de una serie de decisiones sobre los recursos del Estado. Y es sobre esas decisiones que se puede incidir. Se puede incidir para que los recursos sean mayores y para que se repartan mejor. ¿Cómo? Entrándole a la justicia fiscal. Pero, ¿qué es la justicia fiscal?
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Lo “fiscal” del concepto de “justicia fiscal” se refiere a dos asuntos: cómo el Estado recauda recursos y cómo los gasta. Lo primero, la recaudación, impacta cuánto dinero hay disponible. Lo segundo, cómo se reparte ese dinero. La palabra “justicia” tiene como propósito poner el foco en la cuestión ética de las formas en las que el Estado elige recaudar y redistribuir recursos: ¿hasta dónde son —valga la redundancia— justas? ¿Justas para quiénes? Para las personas y sus derechos. La justicia fiscal es, precisamente, poner “a las personas al centro de las decisiones fiscales”, como dice Brown.
¿Hasta dónde beneficia o perjudica a las personas la manera en la que el Estado se hace de recursos? ¿A quiénes? ¿Hasta dónde avanza o retrocede el ejercicio de sus derechos la forma en la que el Estado después gasta esos recursos? Esas son las preguntas clave que plantea la justicia fiscal. Al poner el foco en las personas, su complementariedad con el análisis feminista es casi instantáneo.
El feminismo se preocupa por los arreglos que dan forma a nuestras vidas y las distintas injusticias que generan. Como mínimo, le importan las formas en las que las instituciones, las normas, los valores y las prácticas sociales producen el género. Esto es: producen la idea y la realidad de que hay hombres y mujeres y que a cada uno le corresponde un valor, un papel y un lugar en este mundo. Al feminismo le importa ver cómo se generan esas realidades y desigualdades.
Cruzar el feminismo con la justicia fiscal implica ver la manera en la que las decisiones que el Estado toma sobre cómo hacerse de recursos y cómo gastarlos producen, como mínimo, desigualdades de género. Significa analizar hasta dónde lo fiscal premia o castiga a las personas por encarnar las ideas de género: por ser cierto tipo de hombres o mujeres —o ir más allá del sistema binario de género—. Es ver, también, cómo se entrelaza con otras desigualdades.
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¿Cuál es el resultado de hacer un análisis que cruce la justicia fiscal con el género? Valga comenzar por un ejemplo muy actual.
En años recientes la colectiva #MenstruaciónDignaMx (#MDM) ha puesto en la discusión pública el trato que le da el Estado a la menstruación. <a href="#_ftn3" name="_ftnref3">3</a> Es importante recordar que la menstruación es un proceso biológico por el que prácticamente la mitad de la población atraviesa durante años de sus vidas. Menstruar es un hecho cotidiano para millones de personas, como lo es ir al baño. Existen productos que permiten a las personas gestionar la menstruación, como son las toallas sanitarias, los tampones y las copas menstruales. ¿Cuál es el primer problema que la colectiva ha puesto al centro de la discusión? Que el Estado no promueve ni garantiza la provisión directa de estos productos. Aunque son tan necesarios como el papel de baño, contar con estos insumos en baños públicos —por ejemplo— no es obligación para nadie. Ni las escuelas, ni los centros de trabajo —donde pasamos gran parte de nuestras vidas— deben proporcionarlos. Vaya: ni siquiera las mujeres privadas de la libertad, que están bajo la custodia del Estado, tienen garantizado el acceso a estos. <a href="#_ftn4" name="_ftnref4">4</a>
Esta ausencia, esta falta de acceso, tiene que ver con decisiones que el Estado toma sobre los recursos. Sobre en qué sí decide gastar y en qué no. La exigencia de #MDM es por la gratuidad de los productos para sus usuarias. Esto necesariamente implica redistribuir la lana del Estado. Esa es, precisamente, la apuesta. Hasta ahora, por ejemplo, la colectiva ha logrado que once <a href="#_ftn5" name="_ftnref5">5</a> entidades federativas reformen sus leyes para garantizar que niñas, adolescentes y otras personas jóvenes que menstrúan tengan acceso a estos productos en escuelas públicas. <a href="#_ftn6" name="_ftnref6">6</a>
Además de que el Estado no garantiza siempre la provisión de productos para la gestión menstrual, #MDM puso sobre la mesa un segundo problema: en términos de impuestos, el Estado estaba tratando estos productos como si fueran ¡un lujo!
En México, muchos productos tienen un impuesto al valor agregado —el famoso IVA que pagamos las personas cada vez que compramos algo. La cantidad de ese impuesto, sin embargo, puede variar. Las tasas van del 0 % al 16 %. ¿Qué productos tenían un IVA del 0 %? Por poner tres ejemplos: el agua, las medicinas y ciertas comidas. La lógica detrás de la tasa del 0 % en estos casos era reconocer bienes necesarios para la vivencia humana, bienes básicos, pues, sobre los cuales no habría que pagar más. Los productos de gestión menstrual, sin embargo, no estaban en esa categoría. Tenían una tasa del 16 %, ¡como si fueran caviar! Por eso #MDM empezó a llamar a este impuesto un impuesto sexista. #MDM, sin embargo, no solo visibilizó el sexismo detrás del impuesto, sino también su clasismo. ¿Por qué? Porque el impacto que tenía ese impuesto en, por ejemplo, los ingresos de mujeres de escasos recursos era mucho mayor, en proporción, que los que tiene para mujeres con mayores recursos. Según los cálculos de #MDM, se requieren, en promedio, “360 toallas o tampones al año. Asumiendo que cada uno tiene un costo de dos pesos, este gasto asciende aproximadamente a los 720 pesos anuales. Para un hogar perteneciente al decil I (el 10  % de los hogares más pobres), esto puede representar el 5 % de su gasto anual, un gasto 2.5 veces mayor, en proporción, que lo que representa para un hogar del decil X (el 10 % de los hogares más ricos)”. <a href="#_ftn7" name="_ftnref7">7</a>
Por fortuna, después de una larga lucha, el Congreso federal, reconoció finalmente el problema con el impuesto y a finales de 2021 reformó la ley para que estos productos tuvieran también una tasa 0 %.
La historia de #MenstruaciónDignaMX es un ejemplo de cómo se pueden visibilizar las formas en las que los impuestos y el gasto público generan desigualdades. Y también de cómo se pueden modificar esas políticas. El cambio es posible.
* * *
La pregunta es: ¿de qué otras formas los impuestos o el gasto del Estado son discriminatorios? El informe busca arrojar luz al respecto, así como sobre las maneras en las que estas políticas podrían volverse un vehículo para la igualdad. Ello es clave. Importa analizar a las políticas fiscales no solo por el papel que juegan en la reproducción de las desigualdades, sino porque son indispensables para la garantía de igualdad.
Si analizamos la política tributaria, en México hay un primer problema: el Estado recauda poco. Con todo y que en el gobierno federal sí ha aumentado el cobro de impuestos, los recursos que efectivamente recauda el Estado son, en proporción, pocos. Las razones son múltiples. Entre ellas están las renuncias recaudatorias. Esto es: a quiénes el Estado decide no cobrarles impuestos, perdonarles los impuestos. Esta política, la de la condonación de impuestos, beneficia desproporcionadamente a las personas ricas. Estas personas son, en su mayoría, hombres; los dueños de la riqueza.
En este sentido, la política de impuestos puede contribuir a empobrecer más a las más pobres (como era el caso del IVA a productos de gestión menstrual), pero también puede contribuir a enriquecer más a los más ricos.
Sin embargo, el problema no es solo cómo el cobro de impuestos directamente discrimina a unas y privilegia a otros. La cuestión va más allá; es el efecto agregado de todo ello. Valga un último ejemplo: de acuerdo con <a href="https://www.intersecta.org/informe-justicia-fiscal/" target="_blank" rel="noopener">nuestro informe</a>, en 2021 las renuncias recaudatorias del Estado mexicano representaron ¡un millón de millones de pesos! Un billón de pesos. Tal cual. Esto equivale al 83 % del gasto social actual. Es decir, si el Estado dejara de renunciar al cobro de ciertos impuestos, podríamos casi duplicar, como dice Brown, lo que el Estado invierte en salud, educación, protección social, vivienda, cultura y protección ambiental. Esa renuncia fiscal, en otras palabras, es una renuncia a la igualdad, que impide invertir en políticas e instituciones que podrían contribuir a garantizar los derechos de las personas más excluidas, la mayoría de las cuales son mujeres.
Entre la recaudación y el gasto, lo que tenemos es un ciclo que canaliza más recursos hacia algunos que hacia otras. Ante ello, la apuesta debe ser la redistribución.
* * *
Como muestra el informe, aún hay mucho por saber para entender los pormenores de las políticas de recaudación y gasto del Estado, así como sus efectos sobre las desigualdades. Pero con lo que sabemos es suficiente para movilizarnos y poner el foco en las maneras en las que el Estado obtiene y gasta los recursos. Merecemos más. Merecemos justicia, incluida la fiscal.
Valga lo anterior para decir que sabemos que los informes son apenas una forma de ahondar en un asunto. Por esta razón, en Intersecta nos aliamos con Oxfam México y el Instituto de Estudios sobre Desigualdad para lanzar el Curso “<a href="https://www.intersecta.org/curso-abc-justicia-fiscal/" target="_blank" rel="noopener">El ABC de la justicia fiscal desde una perspectiva feminista</a>”. Este curso, que será en línea y no tiene límite de cupo, consta de seis sesiones de dos horas cada una. Arranca el 18 de julio y acaba el 22 de agosto (es todos los martes, de 6 a 8 p.m.). Su objetivo es proporcionar las bases teóricas para entender el concepto de justicia fiscal y vincularlo a las exigencias feministas. Además, busca ofrecer ejemplos concretos de demandas por modificar las políticas recaudatorias y las políticas de gasto. Con ello, queremos mostrar que es deseable y posible exigir un cambio en la manera en la que el Estado se hace de recursos y los gasta.
¡Esperamos encontrarles ahí!
* Estefanía Vela Barba (@samnbk) es directora de Intersecta (<a href="https://twitter.com/intersectaorg" target="_blank" rel="noopener">@intersectaorg</a>).
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<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> EQUIS, <a href="https://equis.org.mx/wp-content/uploads/2018/02/Informe-CEJUM.pdf" target="_blank" rel="noopener">Centros de justicia para las mujeres</a>, 2017.
<a href="#_ftnref2" name="_ftn2">2</a> GIRE, <a href="https://justiciaolvidada.gire.org.mx/wp-content/uploads/2022/05/Justicia-olvidada.-Violencia-e-impunidad-en-la-salud-reproductiva.pdf" target="_blank" rel="noopener">Justicia olvidada. Violencia e impunidad en salud reproductiva</a>, 2022.
<a href="#_ftnref3" name="_ftn3">3</a> Blanca Juárez, <a href="https://fundar.org.mx/wp-content/uploads/2023/05/Rojo-Menstruacio%CC%81n.-Historia-de-una-victoria.pdf" target="_blank" rel="noopener">Rojo menstruación: historia de una victoria. Guía de incidencia</a>, Friedrich-Ebert-Stiftung, Fundar, Centro de Análisis e Investigación, Menstruación Digna México, 2023.
<a href="#_ftnref4" name="_ftn4">4</a> Adriana E. Ortega, “<a href="https://front.animalpolitico.com/analisis/organizaciones/blog-de-intersecta/mujeres-unidas-por-la-libertad-y-por-una-menstruacion-digna" target="_blank" rel="noopener">Mujeres unidas por la libertad y por una menstruación digna</a>”, Animal Político: Blog de Intersecta, 29 de abril de 2021; Mujeres Unidas por la Libertad &amp; Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, <a href="https://www.copred.cdmx.gob.mx/acciones-estrategicas/menstruacion-digna" target="_blank" rel="noopener">Periodo tras las rejas</a>, 2021. Es muy importante resaltar la labor del Copred en visibilizar las barreras que existen para la gestión adecuada de la menstruación en distintas poblaciones, entre ellas, las mujeres y otras personas que están en situación de calle. Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, <a href="https://copred.cdmx.gob.mx/storage/app/media/La-vida-en-rojo-Diagnostico-sobre-gestion-menstrual-en-las-mujeres-y-personas-que-integran-las-poblaciones-callejeras.pdf" target="_blank" rel="noopener">La vida en rojo</a>, 2021.
<a href="#_ftnref5" name="_ftn5">5</a> Wikipedia, “<a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Legislaci%C3%B3n_menstrual_en_M%C3%A9xico" target="_blank" rel="noopener">Legislación menstrual en México</a>”, consultada el 16 de junio de 2023.
<a href="#_ftnref6" name="_ftn6">6</a> Anahí Rodríguez, “<a href="https://front.animalpolitico.com/analisis/organizaciones/el-ronroneo/respuesta-a-marta-lamas-que-esta-pasando-en-mexico-en-temas-de-menstruacion" target="_blank" rel="noopener">Respuesta a Marta Lamas: ¿qué está pasando en México en temas de menstruación?</a>”, Animal Político: El ronroneo, 5 de septiembre de 2022.
<a href="#_ftnref7" name="_ftn7">7</a> Estefanía Vela Barba, “<a href="https://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/menstruacion-libre-de-gravamen/?fbclid=IwAR2quuo_7x66XT3q1ce5CtzHvukFuT-227cE76O_YNEVSGM_oicgUKkpA60" target="_blank" rel="noopener">Menstruación libre (de gravamen)</a>”, Nexos: El Juego de la Corte, 27 de octubre de 2020.

Justicia fiscal, ¿para qué?

La semana pasada, la Cámara de Diputados aprobó, sin discusión en comisiones, la iniciativa enviada por Andrés Manuel López Obrador para otorgar el control financiero, administrativo y operativo de la Guardia Nacional a la SEDENA. Hoy se quiere aprobar en el Senado.
Mucho se ha dicho sobre cómo, en la práctica, la Guardia Nacional es un cuerpo militarizado. <a href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a> En este sentido, se sugiere que la iniciativa no presenta nada nuevo. ¿Por qué debería preocuparnos su aprobación? ¿Qué cambia y por qué consideramos que, de aprobarse, el Congreso estaría violando flagrantemente la Constitución?
El artículo 21 de la Constitución establece que el carácter de la Guardia Nacional deberá ser “civil, disciplinado y profesional”. Para el gobierno federal, la iniciativa respeta esta disposición, simplemente porque la Guardia Nacional sigue técnicamente adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Para nosotras, sin embargo, la iniciativa termina de convertir a la Guardia Nacional al interior de la SSPC en un cascarón vacío. La lana, la cabeza, el cuerpo y las funciones de la Guardia Nacional, en cambio, ya pasan, sin pena, a estar bajo el control de la SEDENA. Vamos por pasos.
<h2>Las funciones</h2>
Lo más obvio de la minuta es que pasa todas las tareas sustantivas de la Guardia Nacional a la SEDENA. De aprobarse el proyecto, la organización, operación, distribución territorial, ingreso, formación, capacitación, especialización y profesionalización de la Guardia Nacional estará formalmente a cargo de los militares. ¿De qué se encargará la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana? De formular la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, en colaboración con la SEDENA.
Ahí no paran los cambios, sin embargo.
<h2>Se otorga a SEDENA el control directo de la gran mayoría de los recursos de la Guardia Nacional</h2>
Uno de los elementos más importantes a considerar al analizar a cualquier institución es su presupuesto. Cuando hablamos de presupuesto es importante analizar no sólo el monto total asignado, sino quién ejerce estos recursos y cómo lo hace. Al final, quien tiene el control de los recursos es quien toma las decisiones. Quien tiene el poder. Así de fácil.
Uno de los puntos más novedosos del paquete de reforma es que le pasa a la SEDENA, precisamente, mucho del dinero de la Guardia Nacional. Esto ocurre en los artículos transitorios, en donde se incluyen instrucciones para la SSPC, para la SEMAR e incluso para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
La SSPC, por ejemplo, deberá transferir a SEDENA todos los recursos necesarios para “cubrir las erogaciones por concepto de servicios personales y gastos de operación de la Guardia Nacional, así como los recursos materiales destinados a su operación”. A la SHCP se le ordena “realizar las acciones que correspondan para que la Secretaría de la Defensa Nacional cuente con los recursos presupuestarios” necesarios para cubrir estas vacantes.
Incluso, en los artículos transitorios del proyecto se establece que todo el personal naval adscrito actualmente a SEMAR que deseé participar o se encuentre actualmente asignado a la Guardia Nacional y no solicite su reasignación, pasará a formar parte de la SEDENA formalmente y estas plazas serán transferidas. En otras palabras, la SEDENA se quedará con todos los recursos de SEMAR asignados al personal naval que participa en la Guardia Nacional.
Uno de los argumentos para decir que la Guardia Nacional mantiene su carácter civil es que sigue adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Pero si la inmensa mayoría de los recursos asignados a la Guardia Nacional son directamente controlados por SEDENA, es absurdo afirmar que ésta se encuentra adscrita al ramo de Seguridad.
El problema no es sólo que el presupuesto que ejercerá SEDENA aumente drásticamente (muy por encima de los importantes aumentos observados en los <a href="https://twitter.com/intersectaorg/status/1566776637626228738" target="_blank" rel="noopener">últimos tres años</a>), sino las herramientas con las que cuentan para evadir la transparencia y rendición de cuentas. Argumentar motivos de seguridad nacional resulta muy atractivo para eludir la fiscalización.
<h2>Se formaliza el mando militar de la Guardia Nacional y sus tareas sustantivas pasan a manos de SEDENA</h2>
Además del presupuesto, el perfil de la persona que encabeza una institución es sumamente importante para definir el rumbo y las acciones concretas que se llevarán a cabo. Este perfil suele estar definido en las reglas institucionales para asegurar su adecuado funcionamiento. En este sentido, los requisitos que debe cumplir la persona titular de la Guardia Nacional establecidos en la Ley de la Guardia Nacional ya eran controversiales. La ley actualmente establece que la Presidencia de la República es la encargada de nombrar a la cabeza de la Guardia Nacional, quien deberá tener al menos 50 años y comprobar una experiencia mínima de 20 años en materia de seguridad. Surgieron muchas críticas diciendo que esto era un guiño al personal militar, precisamente porque era casi imposible que alguien proveniente de la policía federal los cumpliera. Las críticas se recrudecieron ante el nombramiento del general Luis Rodríguez Bucio como comandante de la Guardia Nacional.
El proyecto que se discute en el Senado elimina cualquier duda sobre el origen y perfil con el que debe cumplir la cabeza de la Guardia Nacional. Ahora se plantea que la Comandancia sea asignada por la Presidencia, a propuesta de SEDENA. Además, se agrega a los requisitos el que la persona cuente con el grado jerárquico de Comisario General, equivalente a un General de División del Ejército.
La Guardia Nacional es una institución joven. Por lo tanto, no hay, ni habrá en los siguientes años, nadie que haya pasado por todos los niveles jerárquicos dentro de la Guardia Nacional. En los transitorios dicen explícitamente que “en tanto no exista personal con formación de Guardia Nacional con grado de Comisario General en activo”, la Comandancia será designada por la Presidencia a propuesta de la SEDENA. Dada la equivalencia jerárquica estipulada en la propia iniciativa, se espera que proponga un General de División de la SEDENA. Esto daría mando militar a la Guardia Nacional. En otras palabras, en los próximos 20 años, será ilegal que una persona civil dirija la Guardia Nacional.
<h2>El personal operativo de la Guardia Nacional será completamente militar, conservando su fuero</h2>
Además del presupuesto y la cabeza, una institución está conformada por personas. En este sentido, quien forma parte de la institución define, en buena medida, el carácter de esta. Hasta ahora, la Guardia Militar había tenido una conformación tripartita: 60 % SEDENA, 28 % Guardia Nacional y 12 % SEMAR. <a href="#_ftn2" name="_ftnref2">2</a> Sin embargo, en los transitorios del proyecto se eliminan a todos los ex policías de la extinta Policía Federal y a todos los marinos, dejando a la Guardia Nacional conformada al 100 % por personal en activo de SEDENA.
Actualmente, la Ley de la Guardia Nacional establece que el personal militar asignado a la Guardia Nacional debe estar “funcionalmente separado” de su institución de origen. Adicionalmente, la Ley establece que el personal debe estar “sujeto a la disciplina, fuero civil y cadena de mando establecidos en esta Ley”. <a href="#_ftn3" name="_ftnref3">3</a>
De aprobarse el proyecto en discusión, todas las personas que conforman el cuerpo de la Guardia Nacional pertenecerían formalmente a SEDENA, conservando el fuero militar, ya sin pena. Esto implica que se abre un margen más amplio para que la violación de derechos humanos perpetrada por la Guardia Nacional quede impune.
Aquí, vale la pena mencionar que la propia naturaleza de las fuerzas armadas genera fuertes incentivos para la impunidad y la protección de todos sus elementos, particularmente aquellos que ocupan los rangos jerárquicos más altos. Para que una persona llegue al grado de general en el Ejército, debe pasar por todos los niveles jerárquicos de la institución, empezando como soldado. Esto requiere una inversión de alrededor de 20 años de pertenecer al Ejército, seguir sus reglas y aprender sus formas, lo cual tiene varias implicaciones.
Por naturaleza, las fuerzas armadas son una institución muy estática, particularmente en los altos mandos. A diferencia de cualquier otra dependencia de gobierno, donde los directivos y altos mandos cambian con cada sexenio, las fuerzas armadas no pueden cambiar. Los altos mandos del Ejército de López Obrador son exactamente las mismas personas que los altos mandos del Ejército de Peña y buena parte de los altos mandos del de Calderón. Con esto en mente, es fácil comprender <a href="https://front.animalpolitico.com/2020/11/eu-acuso-perdono-salvador-cienfuegos-razones-diplomaticas-mexico/" target="_blank" rel="noopener">la reacción </a>de este gobierno frente al general Salvador Cienfuegos, secretario de Defensa de Peña Nieto. No es que no exista corrupción entre los altos mandos del Ejército, es que existen todos los incentivos para ocultarla y protegerla, independientemente de los cambios de partido y titular de la Presidencia de la República. Y el fuero militar es clave para garantizar esta protección. Si su argumento es que ya no se violan los derechos humanos, entonces ¿por qué tanto interés en que todo el personal operativo de la Guardia Nacional cuente con fuero militar?
Por si esto no fuera suficiente, argumentando la necesidad de una “adecuada colaboración de las Fuerzas Armadas con la Guardia Nacional”, el proyecto establece la equivalencia jerárquica entre el personal de la Guardia nacional y de las Fuerzas Armadas de la siguiente manera:
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Esta estructura jerárquica en espejo facilitará el traslado directo de militares y marinos a la Guardia Nacional, sin perder su rango. El problema con esto es que, en principio, la Guardia Nacional debe ser una corporación policial, con una formación específica para atender problemas relacionados con la seguridad pública. Sin embargo, si la Guardia Nacional está conformada por militares que sólo reclasificaron su rango al equivalente dentro de esta corporación, el cuerpo de la Guardia Nacional no estará capacitado para realizar trabajo policial, sino para el combate. No parece haber ningún plan o incentivo para transformar la formación de los elementos de la Guardia Nacional en un cuerpo policial civil. Se trata de una policía militarizada que lleva ya años de entrenamiento orientado al combate.
<h2>La carta en blanco a las fuerzas armadas</h2>
Por último, y por si no fuera suficiente, el proyecto permite que todo el personal militar -no solo los adscritos a la Guardia Nacional- realice funciones de seguridad pública.
Como se recordará, en el artículo quinto transitorio de la reforma constitucional de 2019 se incorporó el estándar para el uso de las fuerzas armadas que la Corte Interamericana desarrolló en el caso Alvarado, un caso relacionado con la desaparición de tres personas en Chihuahua a manos del Ejército. La Corte estableció —y nuestra Constitución lo retomó— que extraordinariamente se pueden usar a las fuerzas armadas para estas labores, pero se deben cumplir con condiciones muy específicas. En concreto: su uso debe ser regulado, fiscalizado, subordinado y complementario, además de excepcional.
El paquete de reformas actual, a nuestro parecer, no cumple con ninguna de las condiciones que marca la Constitución. Es una carta en blanco sin ninguna clase de límite.
Y esa, quizá, es una de nuestras mayores preocupaciones. Se habla una y otra vez de cómo la violencia exige una intervención militar. Lo que rara vez se discute son los términos y condiciones en las que esto debe ocurrir. Los controles que deben existir. Parece que quieren poder sin límites. Y eso es lo que más vulnera el espíritu de nuestra Constitución.
* Nuria Valenzuela (<a href="https://twitter.com/nuriav" target="_blank" rel="noopener">@nuriav</a>) es co-fundadora de Crucigrama y Estefanía Vela (<a href="https://twitter.com/samnbk" target="_blank" rel="noopener">@samnbk</a>) es Directora de Intersecta.
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<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> El artículo 21 de la Constitución es muy claro: la Guardia Nacional será una institución civil. A pesar de ello, es cierto que ha habido distintos esfuerzos por militarizar esta institución, desde las normas hasta la práctica. Por ejemplo, en la misma reforma constitucional de 2019, en un artículo transitorio, se permite explícitamente que, además de los elementos de la Policía Federal, la Guardia Nacional pueda ser integrada por policías navales y militares. Asimismo, la Ley de la Guardia Nacional permite que: 1) los elementos militares y navales formen parte de la Guardia Nacional simplemente con estar “funcionalmente separados” y 2) la capacitación de la Guardia Nacional se lleve a cabo en centros de adiestramiento militar. Además de la parte normativa, la evidencia recopilada por medios y sociedad civil, muestran que los soldados y marinos continúan adscritos a sus dependencias y se encuentran “comisionados” a la Guardia Nacional. Además, la SEDENA ha estado encargada del reclutamiento todo este tiempo. En otras palabras, en lugar de que durante este tiempo la Guardia Nacional desarrollara estructura y capacidades propias, ésta se ha militarizado cada vez más. Muestra de ello es que el 4to Informe de Gobierno de López Obrador presume que la Guardia Nacional está conformada por 118,188 integrantes, de los cuáles sólo 37,478 elementos pertenecen a la Guardia Nacional. El resto, es decir, el 68%, necesariamente continúa adscrito a SEDENA o SEMAR, las cuales cuentan con 219,499 y 71,459 integrantes respectivamente. Por si esto fuera poco, el comandante actual de la Guardia Nacional es un general de brigada.
<a href="#_ftnref2" name="_ftn2">2</a> Respuesta a la solicitud de acceso a la información pública con folio número 2800100015420, del 8 de junio de 2020.
<a href="#_ftnref3" name="_ftn3">3</a> En la práctica, esta disposición se vulneraba cotidianamente. Tanto SEDENA, como SEMAR, reconocían que sus elementos <a href="https://front.animalpolitico.com/2022/02/guardia-nacional-solo-23-mil-elementos-propios/" target="_blank" rel="noopener">seguían adscritos a su institución</a> y estaban simplemente comisionados. También reconocían que seguían teniendo fuero militar. A nuestro parecer, sin embargo, la ley actual permitiría alegar, ante cualquier incidente, que mientras estos elementos realicen tareas de la Guardia Nacional, deben atenerse a la justicia civil.

Ahora sí: la guardia militar

En 2020, el Inegi realizó el Censo de Población y Vivienda para actualizar la información sobre los principales aspectos demográficos, socioeconómicos y culturales de cada una de las viviendas en el territorio mexicano, así como de la población que las habita. Los datos que arroja este ejercicio nos permiten construir una aproximación de la composición de las familias en México. Con el fin de conocer esta diversidad, en este texto nos dimos a la tarea de contabilizar las diferentes configuraciones familiares mediante la identificación de las personas jefas del hogar y de las personas que cohabitan en la vivienda —ya sean parejas, hijes, otres parientes o compañeres del hogar sin parentesco—, así como el sexo de quienes conforman la pareja y su situación conyugal <a href="#_ftn1">1</a>.
La muestra del Censo reporta que en 2020 había 34.9 millones de viviendas particulares habitadas en México. A nivel nacional, el 64.7% de los hogares están compuestos por personas adultas en situación de pareja, mientras que en un 12% las personas jefas del hogar viven con otres adultes en situación no conyugal. Aunado a esto, los hogares con personas que viven solas representan el 12.2%. Finalmente, los hogares monoparentales, es decir, en los que una persona adulta vive sola con sus hijes, son el 11.1% <a href="#_ftn2">2</a>.
De los hogares de personas que viven por su cuenta, en el 60% viven hombres solos. Por lo que respecta a los hogares monoparentales, 8 de cada 10 tienen jefatura femenina. De hecho, el tipo de familia más común después de los hogares encabezados por una pareja heterosexual es el conformado por las mujeres solas con hijes (casi el 10% a nivel nacional). Solo en Yucatán, Quintana Roo, Baja California y Baja California Sur los hogares más comunes después de las parejas heterosexuales son de hombres solos sin hijes.
La mayoría de los hogares encabezados por una pareja están conformados por un hombre y una mujer con o sin hijes (98.4%). De estas familias con jefatura de una pareja heterosexual, el 55.5% se apegan al modelo “tradicional”, es decir, una familia de un hombre y una mujer casades, con hijes. Por su parte, el 14% están conformadas por familias de parejas heterosexuales también casadas, pero sin hijes. Finalmente, de los hogares de parejas heterosexuales, 30.5% viven en unión libre, de los cuales 8 de cada 10 viven con hijes. En su conjunto, los hogares encabezados por una pareja de un hombre y una mujer representan el 63.7% a nivel nacional; sin embargo, existen diferencias significativas entre entidades. La Ciudad de México es la entidad con porcentaje más bajo de viviendas encabezadas por estas parejas (53.6%), mientras que Chiapas es la entidad con mayor proporción de dichos hogares (70.3%) <a href="#_ftn3">3</a>.
Aproximadamente 1% de los hogares a nivel nacional están conformados por parejas del mismo sexo (con o sin hijes), de los cuales la mayoría son de parejas de dos hombres (62.75%) <a href="#_ftn4">4</a>. Además, los datos a nivel nacional indican que, de los 127 mil 827 hogares encabezados por una pareja de mujeres, en el 60.3% viven con hijes. Por su parte, de las 215 mil 282 familias con jefatura de una pareja de hombres el porcentaje asciende a 68%. Así, de cada 10 hogares homoparentales con hijes, en casi 7 la jefatura es de una pareja de hombres. Esta proporción es interesante en contraste con la observada en los hogares conformados por una persona adulta con hijes, en los que únicamente en 2 de cada 10 la jefatura es masculina. En ese sentido, la brecha de género vista en la jefatura de familias monoparentales se invierte en estos hogares encabezados por parejas del mismo sexo.    
En conjunto, en 5 de cada 10 familias de parejas del mismo sexo las personas están casadas. Los estados con mayor proporción de este tipo de familias son Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León. Por el contrario, en Puebla, Baja California y Campeche, las proporciones de estas familias son las más bajas, a pesar de que estas entidades sí contemplan en su legislación el matrimonio como la unión entre dos personas. Cabe recordar que, en Durango, Guerrero, Estado de México, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz, las parejas del mismo sexo pueden casarse, pero deben obtener un amparo judicial.
El Censo reportó 5 mil 270 hogares con personas jefas en relaciones no monógamas. Este tipo de estructura familiar representa apenas el 0.02% del total de viviendas a nivel nacional, y en 8 de cada 10 de estas familias viven con hijes. Por otro lado, 11.1% de las familias en México están encabezadas por una persona adulta que vive con parientes que no son su pareja, y en el 67.7% de estos además vive con sus hijes. Finalmente, los hogares conformados por compañeres (sin parentesco) representan el 0.9% a nivel nacional.
<h2>¿Cómo han cambiado los hogares en el tiempo?</h2>
En 2015, el Inegi realizó la Encuesta Intercensal para actualizar la información sobre las características sociodemográficas de la población. Esta encuesta permitió identificar, por primera vez, el número de familias homoparentales que había en México. Con esta información, José Merino, Óscar Elton y Víctor Sahagún publicaron un análisis en el que contabilizaron las diferentes estructuras familiares en el contexto de las movilizaciones del Frente Nacional por la Familia. En ese sentido, aquí le damos continuidad a ese ejercicio actualizando las cifras con datos del Censo 2020. 
La gráfica 2 muestra el cambio en los porcentajes respecto a 2015. En comparación con los datos de la Encuesta Intercensal, las familias unipersonales con jefaturas femeninas crecieron 0.8 puntos porcentuales, mientras que los de jefatura masculina aumentó 1.3 puntos. En ese mismo periodo, el porcentaje de hogares monoparentales de madres pasó de ser 8.8% en 2015 a 9.5% en 2020. El porcentaje de familias monoparentales de padres tampoco fue sustancialmente diferente, al aumentar 0.3 puntos porcentuales en el mismo periodo. Asimismo, observamos que la disparidad de género en estos hogares es una constante: casi 9 de cada 10 familias monoparentales estaban formadas por madres solas con hijes tanto en 2015 como en 2020. Estos datos retratan que hablar de familias monoparentales continúa siendo fundamentalmente hablar de situaciones en las que una mujer es responsable en solitario de su hogar.
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Los hogares encabezados por una pareja heterosexual en 2015 representaban 65.7% del total de las familias mexicanas. Para 2020 estos hogares conformaban el 63.7%, es decir, tuvieron un descenso de 2 puntos porcentuales en esos años.  Los datos muestran una preferencia de las parejas heterosexuales por vivir en unión libre, aumentando su porcentaje 2.5 puntos porcentuales; en contraste con la disminución de 4.6 puntos de las parejas heterosexuales casadas. De la misma forma, podemos notar que estas parejas se inclinan por no tener hijes: el porcentaje de las parejas sin hijes aumentó 0.9 puntos porcentuales, mientras que la proporción de aquellas con hijes disminuyó 3 puntos. Paralelamente, cabe destacar que el cambio en el porcentaje de parejas heterosexuales con hijes fue el de mayor magnitud respecto de los movimientos del resto de estructuras familiares. Estos hogares pasaron de constituir 40% a 35.4% en el mismo periodo, por lo que en realidad estas familias no son la mayoría y su proporción va en descenso. 
Entre 2015 y 2020, los hogares con parejas del mismo sexo pasaron de ser 0.7% a alcanzar casi el 1% a nivel nacional. Respecto de las familias de parejas de dos mujeres (con o sin hijes), su porcentaje bajó 0.04 puntos porcentuales en este periodo. Si solo tomamos a estas últimas familias, observamos una tendencia similar al de las parejas heterosexuales por preferir vivir en unión libre: el porcentaje de familias conformadas por una pareja de dos mujeres casadas pasó de ser 56.6% a 37.6%. Por su parte, el porcentaje de hogares de parejas de dos hombres en 2020 era de 0.6%, dos veces la proporción que representaban en 2015 (0.3%). Este cambio significó que en 2020 la mayoría de las parejas del mismo sexo fueran conformadas por parejas de dos hombres, contrario a las proporciones encontradas en años anteriores.
A propósito, los datos muestran una desaceleración en el crecimiento de los hogares en que la persona jefa del hogar vive con otres adultes con quienes no tiene una relación de pareja. El porcentaje de familias conformadas por parientes que no son pareja ha bajado 0.5 puntos porcentuales desde 2015. Asimismo, para las viviendas habitadas por compañeres de casa el porcentaje disminuyó 0.7 puntos en el mismo periodo.
Los datos aquí expuestos son un esfuerzo por reconocer y visibilizar la diversidad cada vez mayor de los perfiles de los hogares en México. La familia “tradicional” representa apenas el 35% del total de las familias en el país. El número de hogares unipersonales sigue en aumento, habitando el 23.3% del total de viviendas a nivel nacional. Por su parte, las familias conformadas por parejas de dos hombres crecieron de manera destacada: en 2020 el número de estos hogares era 2.5 veces el número que había en 2015. Asimismo, notamos una tendencia general en las familias de parejas de preferir vivir en unión libre (su porcentaje creció 2.6 puntos), así como de no vivir con hijes (una disminución 2.8 puntos porcentuales). Es evidente que la estructura y la conformación de las familias en México está en constante cambio, y el reconocimiento de esta diversidad es un primer paso para la construcción de políticas públicas que atiendan las necesidades reales y particulares de cada estructura familiar en el país. 
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* María Fernanda Torres Montañez <a href="https://twitter.com/Fera_TorresM" target="_blank" rel="noopener">(@Fera_TorresM</a>) es egresada de la licenciatura en Políticas Públicas del CIDE Región Centro y realizó su servicio social en Intersecta.
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<a href="#_ftnref1">1</a> En específico, utilizamos los datos públicos de la muestra del Cuestionario Ampliado, mediante el cual el instituto profundiza sobre las características de las viviendas particulares habitadas. Para identificar el sexo, parentesco y situación conyugal, utilizamos las preguntas 3, 5 y 28 del módulo II, respectivamente. Los datos y códigos del análisis pueden consultarse <a href="https://github.com/IntersectaOrg/Guiones-Publicos.git" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref2">2</a> Las cifras aquí presentadas son aproximaciones, por lo que no captan en su totalidad la complejidad de la composición de las familias mexicanas. Por ejemplo, utilizar la vivienda como unidad de análisis no permite considerar que existen familias que no residen en el mismo lugar, así como existen personas que cohabitan en la misma vivienda sin mantener una relación familiar. Sin embargo, los datos del Censo nos brindan una aproximación respecto a la diversificación que han tenido las estructuras familiares en México, que, si bien, siempre ha existido, ha tenido mayor visibilidad en años recientes.
<a href="#_ftnref3">3</a> En el 2006, la CDMX se convirtió en la primera entidad en el país en reconocer uniones entre personas del mismo sexo, con la Ley de Sociedad de Convivencia. En 2009, se convirtió en la primera entidad en reconocer tanto el concubinato como el matrimonio entre personas del mismo sexo, dándoles a estas parejas la posibilidad de adoptar.
<a href="#_fntref4">4</a> Es probable que se refleje una subrepresentación de los hogares con parejas del mismo sexo, dados los errores en la captura de las respuestas o por la autocensura por miedo al rechazo social. De la misma manera, es importante notar que las parejas capturadas en estos números son únicamente aquellas que están al frente de las viviendas.

Diversidad familiar: ¿qué sabemos de la composición de los hogares en México?

“El más largo corredor en esta represión es la tortura”.
Carlos Montemayor
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Micaela Cabañas Ayala —hija única del maestro rural y fundador del Partido de los Pobres, Lucio Cabañas Barrientos— <a href="https://front.animalpolitico.com/2022/06/discursos-familias-desaparecidos-funcionarios-comision-verdad/" target="_blank" rel="noopener">relata</a> en las propias instalaciones del Campo Militar Número 1 cómo en 1974 fue levantada junto con su madre, su abuela, tíos y primos por elementos militares para ser llevados al mismo lugar donde ella pronuncia este discurso,  48 años más tarde. Micaela indica que llegó a ese lugar con apenas dos meses de nacida. En este campo militar aprendería a caminar y a decir sus primeras palabras. También aprendería muy temprano lo que significa la persecución política estatal y viviría en carne propia la tortura infligida por elementos castrenses.
“En este lugar y con el cobijo de mi madre y de toda la familia Cabañas que aquí nos encontrábamos en la clandestinidad, porque así lo dijeron el gobierno de ese entonces, sufrimos tortura, tortura física, moral y sicológica, y muchas otras violaciones, incluida la sexual, puesto que mi madre salió de aquí embarazada del gobernador de ese entonces del estado de Guerrero (&#8230;)”.
La desaparición forzada de <a href="https://cmdpdh.org/publicaciones-pdf/cmdpdh-la-sentencia-de-la-corte-idh-caso-radilla-pacheco-vs.-estados-unidos-mexicanos.pdf">Rosendo Radilla Pacheco</a> en Atoyac, Guerrero, sucedió en este mismo contexto, donde la tortura era utilizada sistemáticamente como método de interrogación e intimidación hacia comunidades enteras.
“Debido a que el preso no era nunca puesto a disposición de la autoridad competente, se le podría aplicar todo tipo de tortura, incluyendo, desfiguraciones en el rostro, quemaduras de tercer grado, darles de tomar gasolina, romperles los huesos del cuerpo, cortarles o rebanarles la planta de los pies, darles toques eléctricos en diferentes partes del cuerpo, amarrarlos por los testículos y colgarlos, introducir botellas de vidrio en la vagina de las mujeres y someterlas a vejación, introducir mangueras por el ano para llenarlos de agua y luego golpearlos”.
Más de 50 años han transcurrido desde el comienzo de la Guerra Sucia, periodo durante  el que se perpetraron incontables eventos de tortura, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y otros eventos de disolución de organización social, principalmente en las entidades de Guerrero y Chihuahua. La magnitud de estos hechos aún permanece en la opacidad. <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a>
¿La tortura sigue vigente?
Desde entonces, las estrategias de seguridad en México se han ido adaptando a los tiempos, creando nuevos enemigos nacionales. A pesar de la implementación de las reformas encaminadas a respetar los derechos de las personas que entran en contacto con el sistema penal, lo cierto es que una característica que permanece constante en los contextos de las detenciones es la perpetración de violencia por parte de las autoridades que las realizan. Con base en la <a href="https://www.inegi.org.mx/programas/enpol/2021/" target="_blank" rel="noopener">Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) </a>2021, podemos observar que, de manera general, el 67.7% de los hombres reportaron haber vivido algún tipo de violencia —ya sea psicológica, física o sexual—, mientras que el 65.7% de las mujeres indicaron lo mismo. La mayor parte de las personas privadas de la libertad pasó por alguna situación de este tipo.
Aunque no podemos conocer los detalles de cada detención, podemos darnos una idea de la magnitud con la que la tortura <a href="#_ftn2" name="_ftnref2">2</a> es utilizada durante las detenciones en el país. La ENPOL nos permite conocer desde la incidencia de patadas o golpes, hasta conductas más complejas como la violación sexual o la aplicación de descargas eléctricas. Con el fin de dimensionar de mejor forma los tipos de violencia y poder analizar las agresiones de manera amplia, las agrupamos en tres categorías: violencia psicológica, violencia física y violencia sexual.
Las agresiones psicológicas son las más comunes, según las respuestas de las personas privadas de la libertad, con 62.9% en el caso de los hombres y 63.6% en el de las mujeres. Al observar las conductas de manera más específica, podemos ver que a casi la mitad de la población en prisión la incomunicaron o aislaron al momento de su detención. Otra forma común de intimidación es la amenaza: a casi el 40% se le amenazó con levantarle cargos falsos, a un poco más de un tercio se le amenazó con herirle, a un cuarto con privarle de su vida y a casi un tercio de las mujeres se les amenazó con hacerle daño a su familia, en comparación con 21.2% de los hombres. En este sentido, el 8.6% de las mujeres y 5.1% de los hombres dijeron que algún familiar suyo había sido agredido por las autoridades, mostrando el cumplimiento de esta amenaza. El testimonio de Micaela se sigue presentando en las prácticas de detención que suceden hoy en día.
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En lo que respecta a la violencia física, de manera general, casi la mitad de los hombres indican haberla vivido, mientras que 37.9% de las mujeres señalan lo mismo. Al observar qué tipo de agresiones se perpetran en esta categoría, las acciones más comunes son las patadas o golpes con las manos, con un 39% para los hombres y 29.8% para las mujeres; seguido de asfixia o ahorcamiento con una bolsa de plástico u otro objeto, donde casi un cuarto de los hombres y 15.3% de las mujeres lo reportan. Otras prácticas comunes tienen que ver con golpes con palos o cachas de pistolas, ataduras y aplastamiento con algún objeto o el cuerpo de otra persona. Aunque en menor medida, también se registran descargas eléctricas, reportadas en un 12.9% por hombres y 6.8% por mujeres. Varias de las prácticas ejecutadas en la Guerra Sucia se siguen poniendo en práctica actualmente.
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Por último, nos encontramos con la violencia sexual. Este tipo de violencia es la menos reportada por las personas privadas de su libertad. Para esta categoría, tal como se describe en el <a href="https://hchr.org.mx/wp/wp-content/themes/hchr/images/doc_pub/ProtocoloEstambul.pdf" target="_blank" rel="noopener">Protocolo de Estambul</a>, incluimos agresiones como el ser obligado u obligada a desnudarse, el que los órganos sexuales fueran lastimados con golpes, descargas eléctricas u otros medios, además de los actos de acoso y violación sexual. En este sentido, una mayor proporción de hombres declara haber sido víctima de este tipo de violencia, con 33.1%, en comparación con las mujeres (28.4%). Cuando lo vemos por tipo de agresión, nos damos cuenta de que los hombres suelen ser mayormente víctimas de lesiones a órganos sexuales (11.4%), así como desnudos obligatorios (29.2%), mientras que las mujeres reportan en mayor medida que fueron agredidas mediante acoso, manoseo, exhibicionismo e intento de violación, con un 15.5% —cinco veces más que los hombres en sus detenciones— así como violación, con 4.8% en comparación con 1.9% reportado por hombres.
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¿Existen diferencias por tipo de autoridad?
Si bien estas proporciones son en sí preocupantes, al mirar los datos por el tipo de autoridad que realiza las detenciones, también notamos contrastes. De manera general, aquellas autoridades que infligen mayor violencia durante las detenciones son los operativos conjuntos, <a href="#_ftn3" name="_ftnref3">3</a> con 88.5%; la Marina, con 87.1% y el Ejército, con 81%. En menor medida se encuentran las policías locales —fuerzas municipales y estatales— con 70%, y las federales con un 76.4%.
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Al  realizar un análisis más minucioso de los datos sobre quién realiza —en mayor medida— qué tipo de prácticas, nos percatamos de varios patrones. Tomemos como ejemplo las patadas o golpes, una de las agresiones más comunes. En el caso de la Marina, la prevalencia es cerca de 20% mayor que la media nacional —tanto en hombres como en mujeres—. En lo que respecta a las agresiones más complejas, como las descargas eléctricas, un tercio de las personas que fueron detenidas por la Marina vivieron este tipo de prácticas, una proporción casi tres veces mayor que la media nacional en el caso de los hombres y casi cinco veces mayor para las mujeres. Asimismo, la perpetración de lesiones como quemaduras, se dispara al doble en el caso del Ejército y al triple en el caso de los hombres al ser detenidos por la Marina.
De igual forma, hemos visto que la violencia sexual es una constante dentro de las detenciones, sobre todo en aquellas realizadas por las fuerzas armadas. El 20% de las mujeres que fueron arrestadas por la Marina vivieron una violación sexual —una proporción cuatro veces mayor a la media nacional—, mientras que aquellas que fueron detenidas por miembros de la Sedena, reportan el doble de incidencia de este tipo de agresiones.
¿Hay alguna relación entre la perpetración de violencia y la fabricación de culpabilidad?
Tal y como se reprimía a las comunidades chihuahuenses y guerrerenses en el marco de la Guerra Sucia, al detenerles de manera arbitraria y torturarles con el fin de criminalizarles y “obtener información”, lo que sucede actualmente sigue siendo alarmante. Con base en la ENPOL, alrededor del 43.9% de las personas privadas de la libertad indica que se encuentra en prisión por acusaciones falsas.
En este sentido, al tomar en cuenta solamente esta proporción de la población y cruzarla con aquellas personas que reportaron algún incidente de violencia durante su detención, nos encontramos con patrones que sugieren cuál es el objetivo por el cual se perpetran estas agresiones. Nuevamente, nueve de cada diez personas detenidas por la Marina que dijeron estar en prisión por acusaciones falsas, vivieron algún tipo de violencia. Esta proporción es prácticamente la misma para aquellas personas que fueron detenidas por miembros del Ejército o en el marco de un operativo conjunto.
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¿De aquí para dónde?
Las políticas de seguridad mexicanas no son ajenas a basarse, casi completamente, en la fabricación de enemigos nacionales. Durante la Guerra Sucia eran los “comunistas” o “guerrilleros” que <a href="https://front.animalpolitico.com/2022/06/discursos-familias-desaparecidos-funcionarios-comision-verdad/" target="_blank" rel="noopener">“amenazaban al orden y al estado de derecho”</a>. Durante la guerra contra las drogas han sido los “narcotraficantes”, aquellos ligados al “crimen organizado”, incluso los “narcomenudistas” y “drogadictos”. ¿Qué es lo que hemos obtenido tras implementar dichas estrategias?
Aunque sabemos muy bien que la tortura y otras agresiones son prácticas que difícilmente van a erradicarse en un periodo corto de tiempo, desde Intersecta creemos que es indispensable un mayor control de las detenciones, desde el momento del arresto hasta la puesta a disposición y presentación con una o un juez que determine la legalidad de la misma. De igual manera, se requiere completa transparencia del actuar de todas las fuerzas de seguridad, además del apego de las fuerzas armadas a los criterios especificados en la sentencia de la CoIDH <a href="https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_370_esp.pdf" target="_blank" rel="noopener">“Caso Alvarado Espinoza y Otros Vs. México”</a>, en cuanto a que su uso excepcional sea de forma extraordinaria, subordinada y complementaria, regulada y fiscalizada.
Tomar decisiones con base en la evidencia y aprendiendo del dolor del pasado, es la mejor forma de asegurar que la historia no se repita. Si los objetivos de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990 han de cumplirse, sobre todo el derecho y garantía de que estos hechos no vuelvan a ocurrir, no podemos permitir que la tortura siga siendo el pan de cada día en las detenciones, sobre todo cuando la seguridad pública se militariza cada día más.
* <a href="mailto:aortega@intersecta.org" target="_blank" rel="noopener">Adriana E. Ortega</a> (<a href="https://twitter.com/adriananana_" target="_blank" rel="noopener">@adriananana_</a>) es coordinadora del Área de Datos en Intersecta.
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<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> Al momento de la redacción de este texto, <a href="https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5631865&amp;fecha=06/10/2021#gsc.tab=0">la </a><a href="https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5631865&amp;fecha=06/10/2021#gsc.tab=0" target="_blank" rel="noopener">Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a </a><a href="https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5631865&amp;fecha=06/10/2021#gsc.tab=0" target="_blank" rel="noopener">1990 estaba</a> iniciando operaciones. Uno de sus objetivos principales es conocer los detalles sobre lo sucedido durante la Guerra Sucia.
<a href="#_ftnref2" name="_ftn2">2</a> Tal como se define en la <a href="https://www.corteidh.or.cr/tablas/28835.pdf" target="_blank" rel="noopener">Convención Internacional contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes</a>, la tortura es “todo acto por el cual se inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimiento graves, ya sean físicos o mentales con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas”.
<a href="#_ftnref3" name="_ftn3">3</a> Los operativos conjuntos pueden componerse de dos o más fuerzas de seguridad, ya sean locales o federales, incluyendo a las fuerzas armadas.

La vieja confiable: el uso sistemático de la tortura

Resistiendo en los márgenes: mujeres trans en contacto con el sistema penal mexicano

Mujeres trans en contacto con el sistema penal mexicano

La violencia en el mundo del trabajo es un fenómeno que prevalece en el país, afecta a miles de personas y se manifiesta de <a href="https://front.animalpolitico.com/blog-de-intersecta/la-invisibilidad-de-la-violencia-laboral-en-mexico/" target="_blank" rel="noopener">múltiples formas</a>. En los últimos años se han reformado distintas disposiciones laborales para reconocer que la prevención, atención y erradicación de este tipo de violencia es una cuestión de derechos —no solo de voluntades— a partir de la creación de salvaguardas para las y los trabajadores, así como del establecimiento de obligaciones claras para los centros de trabajo.<a href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a>
Uno de los esfuerzos legislativos más relevantes es, sin duda, la <a href="https://comunicacionsocial.senado.gob.mx/informacion/comunicados/2126-pleno-del-senado-aprueba-convenio-190-de-la-oit-elimina-violencia-y-acoso-laboral" target="_blank" rel="noopener">reciente ratificación del Senado</a><a href="https://comunicacionsocial.senado.gob.mx/informacion/comunicados/2126-pleno-del-senado-aprueba-convenio-190-de-la-oit-elimina-violencia-y-acoso-laboral" target="_blank" rel="noopener"> mexicano</a> del <a href="https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C190" target="_blank" rel="noopener">Convenio sobre violencia y acoso núm. 190</a> de la OIT. Este instrumento, creado en 2019, es un documento único con protecciones amplias e integrales frente a la violencia en el mundo del trabajo, el cual recoge años de esfuerzos en torno a la  prevención y erradicación. La innovación del Convenio radica en que reconoce el derecho de todas las personas a un mundo del trabajo libre de violencia. Esto pone al centro todas las violencias de todas las personas, sin dejar de reconocer que, como veremos más adelante, existen ciertas violencias que afectan desproporcionadamente a ciertos grupos. Pero ¿por qué es tan innovador? Y aún más importante, ¿cómo beneficia a las personas trabajadoras que México lo haya ratificado? Van siete razones.
La primera razón es cómo define a la violencia.<a href="#_ftn2" name="_ftnref2">2</a> Tiene tres elementos a destacar. Primero: para considerar que existe violencia, no se requiere que se cause un daño. Basta con que una conducta o comportamiento sea susceptible de causar un daño físico, psicológico o económico para que se le considere violencia. ¿Por qué es importante? Porque en algunas disposiciones, como las penales, se utiliza al daño para determinar si existió o no la conducta.<a href="#_ftn3" name="_ftnref3">3</a> Para demostrarlo, además, se ha sometido a las víctimas a exámenes y procesos revictimizantes que finalmente desestiman sus experiencias porque no se adecuan al estereotipo de víctima o de daño. Esto, con el Convenio, se evita en el ámbito del trabajo.
Segundo: se reconocen múltiples formas de violencia que pueden acontecer en el contexto del trabajo, como la física, la psicológica y la económica. Esto es importante porque, hasta ahora, la legislación ha dado prioridad a ciertos tipos de violencia, cuando en realidad sabemos que las personas se enfrentan a una multiplicidad de violencias. Por ejemplo, cuando se habla de violencia por razón de género contra mujeres en el ámbito laboral, solemos pensar únicamente en violencia sexual que, si bien las afecta desproporcionadamente, en definitiva no es la única que experimentan.
Tercero: no importa si es un solo comportamiento o conducta o si son varios. ¿Por qué importa esto? Retomemos la legislación penal. En ese ámbito, la definición del acoso requiere de la existencia de conductas reiteradas y sistemáticas para que se configure el delito. Con el Convenio 190, en cambio, basta con que la violencia se manifieste una sola vez para poder atenderla, independientemente de si es o no persistente.
La segunda razón es por las personas a quienes protege este Convenio. Contempla, por un lado, a personas voluntarias, que buscan o postulan a un empleo e incluso a trabajadores que fueron despedidos y que propiamente no forman parte de la plantilla de trabajadores.
Además, considera a todas las personas que trabajan, sin importar: 1) su situación contractual, incluyendo a las personas en formación; 2) el sector donde se desenvuelven —sea público o privado, convirtiéndose en el primer documento en nuestro país que protege a ambos sectores por igual—; 3) la economía donde se desarrollan —ya sea formal o informal, constituyéndose como el primer documento que prevé esta protección para los últimos—; y 4) en zonas tanto urbanas como rurales. Esto es crucial si tomamos en cuenta la realidad de la economía del país, ya que, de acuerdo con los datos de la <a href="https://www.inegi.org.mx/programas/enoe/15ymas/#Documentacion" target="_blank" rel="noopener">ENOE</a>, para el último trimestre de 2021, existe una tasa de 55.8% de personas trabajadoras que cuentan con un empleo informal.<a href="#_ftn4" name="_ftnref4">4</a>
La tercera razón es que reconoce explícitamente que hay ciertas violencias que afectan desproporcionadamente a determinados grupos. Si nos tomamos en serio el espíritu protector del Convenio, esto implicaría hacernos cargo, en armonía con otras disposiciones constitucionales y convencionales, de la violencia capacitista, la homofóbica y transfóbica, la racista o la violencia por razón de género, por nombrar algunas. A la par, el Convenio impone la obligación de adoptar legislación que garantice el derecho a la igualdad y no discriminación en el empleo que incluya, precisamente, a estos grupos.
La cuarta razón por la que es transformador el Convenio son las situaciones en las que aplica. La protección que brinda comprende todo acto que ocurra 1) durante el trabajo; 2) en relación con el trabajo; o 3) como resultado de éste. Esto implica que protege a las personas no sólo en el lugar del trabajo, sino también en un evento social, en el trayecto al trabajo, así como en todas las comunicaciones que se den en relación con el trabajo, incluidos los medios electrónicos, como el propio convenio señala.
Su amplitud es sumamente relevante, considerando las múltiples formas, momentos y espacios donde se manifiestan  las violencias en el trabajo. Por ejemplo, de acuerdo con datos de la <a href="https://www.inegi.org.mx/programas/endireh/2016/default.html" target="_blank" rel="noopener">ENDIREH</a> 2016 sobre violencia física o sexual <a href="#_ftn5" name="_ftnref5">5</a> ejercida contra mujeres, si bien mayoritariamente ésta sucedió en las instalaciones del centro de trabajo (79.1%), éste no es el único espacio donde tuvo lugar. También ocurrió en la calle, parque o lugar público —cerca (11.1%) o lejos (3%) del trabajo—, en una casa particular (4.3%) o, incluso, en el transporte público (1.4%). <a href="#_ftn6" name="_ftnref6">6</a>
Quinta razón: frente a quiénes brinda protección  este Convenio. Protege no sólo frente a las y los empleadores, sino también frente otras personas trabajadoras y terceros. Esto resulta fundamental si se toma en cuenta que las violencias en el trabajo son ejercidas por diferentes actores. De acuerdo con datos de la ENDIREH, en 2016, quienes ejercieron violencia física o sexual contra mujeres en el ámbito laboral iban desde las y los compañeros de trabajo (29.1%) y personas empleadoras (26.1), hasta clientes (8.7%), personas desconocidas del trabajo (7%) y familiares de la persona empleadora (4.3%). Por ejemplo, pensemos en la industria restaurantera y las meseras y meseros que cotidianamente se enfrentan a diferentes formas de violencia que es ejercida por clientes o proveedores. Este Convenio, por su diseño, ahora les va a proteger.
La sexta razón por la que este Convenio nos beneficia: su enfoque en la reparación cuando estas violencias acontecen. Esto es importante porque, por una parte, incorpora explícitamente este concepto en la legislación laboral aplicable, que actualmente no lo incluía. Además,  esto es relevante porque el concepto permite crear medidas que no solo se enfoquen en el castigo, sino que se centren en lo que efectivamente requieren las víctimas, tanto a nivel individual como en los cambios institucionales para evitar que suceda.
La séptima razón, que es quizá una de las aportaciones más importantes, es el énfasis que el Convenio hace en que, para abordar las violencias en el trabajo, se requiere una visión sistemática del fenómeno a través de un enfoque inclusivo e integral con miras en la prevención, más allá de la reacción institucional frente a las violencias concretas.
De este modo, se necesita que, ahora que ya lo ratificó, el Estado mexicano adopte  una serie de medidas <a href="#_ftn7" name="_ftnref7">7</a> en diversos ámbitos, principalmente —aunque no de manera exclusiva— a través del fortalecimiento de la normativa laboral. Estas medidas, como señala el Convenio, van desde la implementación de disposiciones legales que prevean políticas, diagnósticos, mecanismos de prevención adecuados en los centros de trabajo, siempre de la mano de las personas trabajadoras, hasta la existencia de mecanismos de inspección efectivos a través de organismos estatales.
Como vemos, la ratificación del Convenio 190 de la OIT plantea una reconfiguración de las protecciones jurídicas frente a la violencia en el mundo del trabajo, en la medida en que amplía las concepciones tradicionales de lo que protege —y no protege— el derecho del trabajo. Su relevancia no es menor considerando los datos disponibles con respecto a quiénes ejercen esas violencias, contra quiénes las ejercen y cuáles son los tipos de violencia que prevalecen en el ámbito laboral.
Si queremos tomar en serio los derechos de las personas en el ámbito laboral, en especial su derecho a un mundo del trabajo libre de violencia, la adhesión a este tratado internacional es un parteaguas fundamental para garantizar el goce efectivo de estos derechos. No obstante, es importante resaltar que este es solo el primer paso. Su adopción debe ir acompañada de modificaciones a la legislación nacional para hacerlo aplicable, así como de reconfiguraciones al interior de los centros de trabajo que permitan erradicar la violencia. De lo contrario, esto se quedará en el papel, como tantas otras disposiciones jurídicas en nuestro país. De nosotras y nosotros depende crear condiciones para que la violencia se vuelva inaceptable y los derechos de todas las personas sean respetados. Hacia allá vamos.
* Haydeé Gómez (<a href="https://twitter.com/_almendri" target="_blank" rel="noopener">@_almendri</a>) es abogada por la Facultad de Derecho de la UNAM. Actualmente es analista legal en Intersecta.
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<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> Destacan tres reformas. La primera creó la Norma Oficial Mexicana 0-35 que obliga a los centros de trabajo a atender los “factores de riesgo psicosocial” que afectan a los y las trabajadoras, incluyendo la violencia laboral. Esta norma, sin embargo, excluye explícitamente el acoso sexual que se vive en el mundo del trabajo. La segunda añadió a la Ley Federal del Trabajo el deber de “garantizar un ambiente laboral libre de discriminación y violencia”, así como la obligación de las personas empleadoras de implementar, en conjunto con las personas trabajadoras, protocolos para 1) prevenir la discriminación por razones de género; 2) atender la violencia y el acoso u hostigamiento sexual que ocurren el mundo del trabajo.
<a href="#_ftnref2" name="_ftn2">2</a> El Convenio señala que la violencia y acoso en el mundo del trabajo “designa un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables, o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto, que causen o sean susceptibles de causar, un daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de género (…)”.
<a href="#_ftnref3" name="_ftn3">3</a> Véase, por ejemplo, el artículo 259 bis del Código Penal Federal que señala: “(&#8230;) Sólo será punible el hostigamiento sexual cuando se cause un perjuicio o daño. (&#8230;)”.
<a href="#_ftnref4" name="_ftn4">4</a> De acuerdo con la terminología de la ENOE, la tasa de informalidad laboral es el porcentaje de personas que por el carácter de la unidad económica para la que trabajan y personas cuyo vínculo o dependencia laboral no le da acceso a la seguridad social o no es reconocido por su fuente de trabajo.
<a href="#_ftnref5" name="_ftn5">5</a> De acuerdo con la terminología de la ENDIREH, se entiende por violencia física las agresiones dirigidas a dañar o intentar dañar el cuerpo de la mujer, tales como empujones, jalones de pelo, golpes con la mano, el puño, patadas o golpes con algún objeto o arma punzocortante como cuchillo, navaja o arma de fuego. La violencia sexual, por su parte, se refiere a cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o la sexualidad de la víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física.
<a href="#_ftnref6" name="_ftn6">6</a> Estos datos fueron extraídos del texto Regina I. Medina et. al. “La violencia laboral”, en Estefanía Vela Barba (coord.), Manual para juzgar con perspectiva de género en materia laboral, México, SCJN, 2021. Puede consultarse <a href="https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/sites/default/files/Publicaciones/archivos/2021-12/Manual%20para%20juzgar%20con%20perspectiva%20de%20ge%CC%81nero%20en%20materia%20laboral_0.pdf" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref7" name="_ftn7">7</a> De acuerdo con su artículo 14.3, el Convenio entrará en vigor doce meses después de que se registre su ratificación por lo que aún no es vigente para el Estado mexicano. Entrará vigente, entonces, a partir del 15 de marzo de 2023.

Siete razones por las que nos beneficia la ratificación del Convenio 190 de la OIT

7 razones por las que nos beneficia la ratificación del Convenio 190 de la OIT

Como cualquier fenómeno estructural, la discriminación se manifiesta en distintos espacios y los datos no son una excepción. A pesar del esfuerzo inicial por presentar a las tecnologías de información y análisis de datos como herramientas neutrales que ayudarían a aliviar problemas sociales, ha quedado claro que, por el contrario, tienden a replicar patrones que exacerban la desigualdad. De una manera muy concreta, las disparidades se hacen visibles al analizar el estatus de los datos públicos que producen las autoridades. Si bien las instituciones mexicanas han demostrado que tienen una amplia capacidad para producir datos precisos de la más alta calidad —como sucede, por ejemplo, con los indicadores económicos—, estos recursos y conocimientos técnicos no se han invertido de la misma manera para la producción de datos sobre las experiencias de los grupos históricamente discriminados. De hecho, en muchas ocasiones no es posible conocer las experiencias de personas trans, personas afrodescendientes o personas que viven con una discapacidad, entre otras, en México. Aunque la brecha de datos en cuanto a la cantidad (o mera existencia) es la más evidente, las brechas también se manifiestan en otros criterios como la periodicidad con la que se actualizan y el grado de accesibilidad de aquellos que sí existen. Dado que la información estadística constituye un insumo indispensable para el diagnóstico de los problemas públicos, el diseño de intervenciones y la evaluación de políticas, dichas asimetrías inhiben su aprovechamiento. La responsabilidad de mejorar la calidad y accesibilidad de los datos recae en todas las autoridades y en los tres niveles de gobierno. A su vez, las organizaciones de la sociedad civil deben apropiarse de la información existente y evaluarla.
Antes de examinar con más detalle las desigualdades entre datos de distintos temas, vale la pena ahondar cómo la información estadística ayuda a comprender mejor los problemas sociales. Para ilustrar esta capacidad, se puede tomar como ejemplo a los movimientos de mujeres. De manera puntual, los datos han permitido detectar que la forma en la que las mujeres son asesinadas han cambiado en los últimos años: ahora 6 de cada 10 mueren por ataques con arma de fuego y mueren más en las calles que en sus casas. <a href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a> Esta información se traduce en la necesidad de que el movimiento feminista incorpore en su agenda el desarme del país, así como la desmilitarización de la seguridad pública. La información estadística también ha evidenciado que las mujeres prefieren denunciar eventos de violencia ante las autoridades de sus escuelas o centros de trabajo antes que hacerlo en un Ministerio Público. <a href="#_ftn2" name="_ftnref2">2</a> Un último ejemplo es que la prisión preventiva oficiosa afecta de manera desproporcionada a las mujeres. <a href="#_ftn3" name="_ftnref3">3</a> Así pues, los datos permiten ajustar el diagnóstico respecto a cuáles son las causas de las violencias que viven las mujeres, favorecer las intervenciones que son preferidas por ellas y evaluar los efectos perniciosos de políticas inadecuadas.
Aunque existe mucha más información para estudiar los efectos que el género tiene en distintos fenómenos sociales, aunado a otros rubros —como orientación sexual, raza o discapacidad— y a pesar de la innegable importancia que los datos mencionados han tenido en el debate público, los datos siguen siendo insuficientes. Prueba de ello es la dificultad para diagnosticar el impacto que tuvo la pandemia de COVID-19 en la violencia doméstica, debido a que los instrumentos que miden este tipo de fenómenos, como la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), no se levantan con la suficiente periodicidad. De hecho, la ENDIREH solo se ha levantado en cuatro ocasiones en los últimos 20 años y los datos más recientes son de hace seis (la publicación más reciente fue en 2016). Lo mismo sucede con otros instrumentos que son esenciales para el análisis de la situación de derechos humanos, como la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL), la cual ha sido levantada en dos ocasiones o la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS), que solo se levantó en 2017. La ausencia de datos, o la demora en su actualización, no es una característica inherente de la infraestructura digital en México. De hecho, la amplia disponibilidad de indicadores económicos demuestra la sólida capacidad de las autoridades para producir y publicar información. Por ejemplo, hoy en día es posible acceder a más de 15 indicadores distintos sobre el <a href="https://www.inegi.org.mx/app/indicesdeprecios/Estructura.aspx?idEstructura=112001300030&amp;T=%C3%8Dndices%20de%20Precios%20al%20Consumidor&amp;ST=Inflaci%C3%B3n%20Mensual" target="_blank" rel="noopener">nivel de inflación en México</a> mes a mes y consultar gráficas interactivas que muestran su desarrollo desde 1969. Aquí hay que destacar la brecha en accesibilidad. Mientras que para consultar datos sobre inflación (u otros indicadores económicos) solo hace falta saber cómo navegar un sitio web para acceder a las visualizaciones, el sitio del INEGI no ofrece ninguna herramienta de generación automática de gráficas para los resultados de encuestas como la ENDIREH, la ENPOL o la ENADIS. Si bien es cierto que se ofrecen tabulados y reportes sobre los resultados generales, acceder a indicadores más específicos y construir series de tiempo requiere que la persona interesada tenga un conocimiento de softwares especializados en análisis estadístico (como R o Python), creando así una barrera de acceso al conocimiento.
Por supuesto, han existido esfuerzos para hacer que la información estadística en temas de género sea más accesible. Sin embargo, estos no han sido consistentes. Un caso relevante es el de la plataforma web <a href="http://gaia.inegi.org.mx/atlas_genero/" target="_blank" rel="noopener">Atlas de Género</a> (impulsada por el INMUJERES, ONU Mujeres, la CEPAL y el propio INEGI), que ofrece a las personas usuarias un menú de más de 40 indicadores sobre el estatus socioeconómico de las mujeres en México. El sitio contempla tablas que facilitan la comparación entre hombres y mujeres e incluye mapas con el desagregado estatal. A pesar de ser un sitio accesible y amigable, una exploración más detallada evidencia deficiencias en la calidad del portal. En primer lugar, los datos no han sido actualizados: los indicadores con datos más recientes tienen más de cuatro años de antigüedad, mientras que otros tienen ya casi diez años, tal es el caso de las cifras sobre el número de regidoras en las entidades federativas que datan del 2012. Este rezago no se debe a una falta de actualización de las fuentes originales. Por ejemplo, la plataforma reporta el número de juezas en el país según los datos del Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal de 2014, cuando la versión más actual de dicho Censo es de 2021 y el INEGI ha hecho levantamientos anuales. Esto sugiere que la plataforma fue lanzada sin un plan para actualizar las cifras reportadas. En segundo lugar, el navegador no ofrece series de tiempo, por lo que no es posible analizar cómo han cambiado los indicadores a través de los años. Por último, las bases descargables no siempre son claras sobre el año específico que se está reportando y tampoco hay documentación disponible que transparente cómo se procesó la información tomada de las fuentes originales.
La desigualdad de los datos genera barreras al conocimiento, pues impide que las personas que no cuenten con una formación específica en análisis de datos accedan a la información más actual de manera rápida y sencilla. Estas críticas tienen el único objetivo de llamar la atención sobre el estatus de los datos relacionados con derechos humanos para atraer interés y recursos a su producción. El hecho de que la información sea escasa o desactualizada no desestima su enorme valor, en particular cuando se toma en cuenta que no existen plataformas públicas equivalentes para conocer la situación de personas afrodescendientes, LGBT+ o con discapacidades en México. Además, se debe enfatizar que la labor del INEGI es invaluable —de hecho, es una de las mejores instituciones a nivel mundial en la generación de información estadística— y reconocer que la producción de conocimiento desde la academia, el sector público, el sector privado y sociedad civil no podría existir sin este Instituto. Es indispensable reconocer los esfuerzos que ha hecho para generar más información, como el levantamiento de la <a href="https://www.inegi.org.mx/endiseg/default.html" target="_blank" rel="noopener">Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género Web</a> (que podrá ser respondida hasta el 21 de abril de 2022). Estos esfuerzos se han dado, además, dentro del contexto de<a href="https://front.animalpolitico.com/2019/01/recorte-presupuesto-inegi-cancela-proyectos/" target="_blank" rel="noopener"> recortes presupuestales que pusieron en riesgo el levantamiento de distintas encuestas</a>, incluida la ENPOL. Esto significa que la responsabilidad de producir datos pertinentes y accesibles es de todas las autoridades mexicanas y no solo de un Instituto. De hecho, fortalecer las capacidades de producción de información y transparencia de los gobiernos locales es un pendiente urgente en materia de políticas de datos —dado que mucha de la información relacionada con derechos humanos depende de instituciones como centros penitenciarios o fiscalías—. También es imperativo exigir que el gobierno federal destine los recursos necesarios y reconozca su relevancia para la salud democrática del país.
Las autoridades mexicanas cuentan con la capacidad técnica para producir más y mejores datos sobre las experiencias de las poblaciones históricamente discriminadas, así como las herramientas para hacer más accesible la información disponible. Para contar con los mismos estándares de calidad que ya existen para los datos económicos, debe haber una redistribución de recursos técnicos. Es decir que debe haber un debate serio sobre qué políticas de datos se deben implementar en materia de derechos humanos para fortalecer los diagnósticos, soluciones y evaluaciones de intervenciones. Dado que los datos son indispensables para las políticas públicas efectivas, las políticas públicas de datos deben ser, en sí mismas, una prioridad. Como parte del esfuerzo por contribuir a la discusión sobre políticas públicas de datos, recientemente se publicó el informe <a href="https://s3.us-east-1.amazonaws.com/media.datacivica.org/assets/pdf/InformeDatosParaLaVida2022.pdf" target="_blank" rel="noopener">Datos para la Vida</a> de las organizaciones <a href="https://datacivica.org/" target="_blank" rel="noopener">Data Cívica</a> e <a href="https://www.intersecta.org/" target="_blank" rel="noopener">Intersecta</a>, que analiza hasta qué punto los datos públicos de homicidios en México son útiles para diagnosticar el impacto de  la violencia en distintos grupos sociales históricamente discriminados, acompañado también de una serie de recomendaciones. Algunos de los hallazgos del informe indican que las pocas variables que existen para identificar aspectos esenciales de la identidad de una persona (como si hablaba una lengua indígena) o sobre el contexto (si existen antecedentes de violencia doméstica) suelen dejarse vacías, por lo que no hay información disponible. Este informe es un primer ejercicio que demuestra que, mientras no se mejore la cantidad, la calidad y la accesibilidad de los datos, estos seguirán reflejando las mismas desigualdades que se manifiestan en las esferas económicas, políticas y sociales. Contar con datos estadísticos abiertos y accesibles sobre distintos fenómenos sociales es un requisito para una democracia sana. Mientras haya más datos y más accesibilidad, habrá más personas usuarias que podrán apropiarse de la información y realizar sus propios análisis de los problemas públicos y diseñar estrategias para aliviarlos.
* Regina Isabel Medina Rosales (<a href="https://twitter.com/regi_medina" target="_blank" rel="noopener">@regi_medina</a>) es analista de datos en Intersecta y egresada de la Licenciatura en Políticas Públicas del CIDE Región Centro.
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<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> Esta cifra se basa en los Registros de Mortalidad del INEGI y se retoma en el artículo “Seis de las diez” de Estefanía Vela Barba, que a su vez retoma el análisis del informe Claves para entender y prevenir los asesinatos de mujeres en México de Data Cívica y el Área de Derechos Sexuales y Reproductivos del CIDE, disponible <a href="https://www.datacivica.org/assets/pdf/claves-para-entender-y-prevenir-los-asesinatos-de-mujeres-en-mexico.pdf" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref2" name="_ftn2">2</a> El dato proviene de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) del INEGI y se explora a fondo en el artículo “La (invisibilidad de la) violencia laboral en México” de Adriana Ortega disponible <a href="https://www.intersecta.org/la-invisibilidad-de-la-violencia-laboral-en-mexico/" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref3" name="_ftn3">3</a>  Los datos de la proporción de mujeres que se encuentran encarceladas sin sentencia provienen de los Cuadernos mensuales de información estadística penitenciaria nacional del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS) y se analizan a profundidad en el informe La condena sin sentencia, disponible <a href="https://www.intersecta.org/pp-covid/" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.

La desigualdad de los datos

Beatriz Maldonado Cruz es una mujer exprivada de la libertad y activista a favor de los derechos de las mujeres dentro y fuera de prisión en <a href="https://www.facebook.com/Mujeres-Unidas-x-la-Libertad-107104784201804/" target="_blank" rel="noopener">Mujeres Unidas x la Libertad</a>. En su experiencia, así como en las de las mujeres en situación de reclusión con las que actualmente trabaja, en estos espacios hay todo tipo de carencias en cuanto a artículos de primera necesidad, incluidos los productos de gestión menstrual.
Ante la escasez de estos artículos, indica que es usual que las mujeres recurran a una forma casi obligada de “menstruación libre”, <a href="#_ftn1">1</a> al uso de papel higiénico e incluso a adaptar pañales encontrados, en ocasiones, en los servicios médicos de los centros. Beatriz nos dice que también es común que algunas mujeres opten por usar su propia ropa —pedazos de camisetas, calcetines, entre otras prendas— para gestionar sus periodos. Como consecuencia de esta carencia y sumando a ello la falta de acceso a agua corriente y limpia dentro de las celdas, es usual que las mujeres presenten infecciones de manera frecuente.
Si bien actualmente no existe una cifra exacta y actualizada que muestre el nivel de acceso de las mujeres privadas de la libertad a productos de higiene básica, incluyendo productos de gestión menstrual, a nivel nacional la <a href="https://www.inegi.org.mx/programas/enpol/2016/" target="_blank" rel="noopener">Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2016</a> estima que, de aquellas mujeres que reportaron haber recibido visitas —alrededor del 77% del total de mujeres privadas de su libertad—, aproximadamente el 63% declaró que tuvo la necesidad de solicitar artículos tales como jabón, papel higiénico, pasta de dientes, entre otros, ante la falta disponibilidad dentro de los centros penitenciarios.
Tomando en cuenta este escenario, ¿existe alguna normatividad que regule el acceso a este tipo de bienes, particularmente a los productos para la gestión menstrual de mujeres privadas de la libertad?
La <a href="http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LNEP_090518.pdf" target="_blank" rel="noopener">Ley Nacional de Ejecución Penal</a> plantea ciertos lineamientos básicos de bienestar que deben de cumplirse en estos espacios. En este sentido, el artículo 9 reconoce en su fracción VII el derecho de las personas privadas de la libertad a “(r)ecibir un suministro de artículos de aseo diarios necesarios”. De manera más específica, el artículo 10, sobre los derechos de las mujeres en situación de reclusión, en su fracción III, menciona la necesidad de “(c)ontar con las instalaciones adecuadas y los artículos necesarios para una estancia digna y segura, siendo prioritarios los artículos para satisfacer las necesidades de higiene propias de su género”.
Por su parte, a nivel internacional las <a href="https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Bangkok_Rules_ESP_24032015.pdf" target="_blank" rel="noopener">Reglas de Bangkok</a> señalan en sus normativas de aplicación general que “(l)os recintos destinados al alojamiento de las reclusas deberán contar con las instalaciones y artículos necesarios para satisfacer las necesidades de higiene propias de su género, incluidas toallas sanitarias gratuitas y el suministro permanente de agua para el cuidado personal de niños y mujeres, en particular las que cocinen, las embarazadas y las que se encuentren en período de lactancia o menstruación”.
El marco jurídico mexicano es favorable para los derechos de las mujeres privadas de la libertad en lo que a su gestión menstrual se refiere. En la práctica, sin embargo, observamos que estos derechos no se respetan.
Tomando en cuenta el contraste existente entre lo que debería garantizarse en los centros penitenciarios con lo que nos relata Beatriz y las pistas que nos arroja la ENPOL, desde Intersecta, junto con <a href="https://www.facebook.com/Menstruaci%C3%B3n-Digna-M%C3%A9xico-104656754633210" target="_blank" rel="noopener">Menstruación Digna México</a>, decidimos realizar un total de 33 solicitudes de información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia a aquellas instituciones encargadas de gestionar el funcionamiento de estos espacios. En concreto, preguntamos si cuentan con una partida específica en su presupuesto para cubrir esta necesidad, si poseen comprobantes de estos gastos, así como los criterios que se toman en cuenta para la adquisición de estos productos. <a href="#_ftn2">2</a>
En este sentido, recibimos respuesta de 26 entidades federativas y del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS) —el cual está encargado de la gestión de los centros penitenciarios federales—. <a href="#_ftn3">3</a> ¿Cómo fueron las respuestas?
De manera general, ninguna entidad ni institución respondió por completo a todas nuestras preguntas y algunas de ellas solamente tocaron el tema de manera superficial.
De los detalles que se pudieron rescatar de sus respuestas, obtenemos que: el 63% (17) de los sujetos obligados indicaron no contar con una partida presupuestaria específica para la compra de productos de gestión menstrual; el 14.8% (4) mencionaron que estos productos se consideran dentro de los gastos de los centros penitenciarios, pero en rubros más generales, tales como “Higiene y salud”, “Material de curación” o “Servicios integrales de Capacidad Penitenciaria”. Por otro lado, en el 22.2% (6) restante de los casos, no queda claro si estas instituciones adquieren —o no— estos artículos.
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Ahora, si los centros penitenciarios no siempre tienen, siquiera, una partida presupuestaria para adquirir estos productos, ¿cómo es que cubren esta necesidad de las mujeres privadas de la libertad?
Si bien más de una tercera parte de los centros penitenciarios indican que ellos mismos proporcionan estos artículos, al revisar de manera minuciosa sus respuestas, casos como Campeche y los centros penitenciarios federales indican que se les entrega un kit mensual con toallas sanitarias. Para estos últimos, el OADPRS indica que se les otorgan diez piezas de toallas sanitarias y en caso de que haya en existencia “por donaciones” se les asignan extra para cubrir sus necesidades; de lo contrario, las mujeres deben comprar estos productos en la tienda del centro de reclusión “siempre y cuando cuente con saldo a favor en su cuenta bancaria”. En este sentido, al haber estado privada de la libertad en el Complejo Penitenciario Islas Marías —un centro penitenciario federal ahora clausurado—, Beatriz menciona que, si bien sí se les entregaba esta dotación de toallas sanitarias por mes, esta cantidad no era suficiente para cubrir la duración completa de sus periodos. Ella nos cuenta que “(&#8230;) entre nosotras íbamos a otras naves a preguntar a quién le sobraban toallas y a decir ‘te lo cambio por una fruta, por un cigarro’ y así obteníamos nuestros productos de higiene personal”.
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Por otro lado, respuestas de entidades como Aguascalientes, Chiapas, Jalisco, Michoacán, Morelos, San Luis Potosí y Sinaloa explícitamente indican que estos productos son cubiertos por donaciones o por visitas. Sinaloa, en lo particular menciona que “(&#8230;) la demanda es nula, las personas privadas de la libertad del sexo femenino prefieren solicitar a sus familiares los suministros de su preferencia”.
Por si este contexto no fuera lo suficientemente adverso, el último año, con el surgimiento de la pandemia por covid-19, Beatriz nos confirma que las visitas a las personas privadas de la libertad han disminuido de manera considerable, dejando en especial situación de vulnerabilidad a las mujeres que dependen de sus familiares para proporcionarles artículos de primera necesidad. Asimismo y de manera paralela, lo que nos indican los registros de los <a href="https://www.gob.mx/prevencionyreadaptacion/documentos/cuaderno-mensual-de-informacion-estadistica-penitenciaria-nacional" target="_blank" rel="noopener">Cuadernos Mensuales de Información Estadística Penitenciaria Nacional</a> que genera el propio OADPRS es que los ingresos penitenciarios han aumentado de manera considerable desde principios de 2020, afectando de manera desproporcionada a las mujeres. Mientras que la tasa promedio de hombres privados de la libertad creció en un 2.9% de 2019 a 2020, en el caso de las mujeres esta cifra aumentó en un 7.4% —a más del doble. No deja de ser preocupante, más aún, que este aumento es atribuible en exclusiva al abuso de la prisión preventiva.
Actualmente, hay un total de 12,253 <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn4">4</a> mujeres en centros penitenciarios mexicanos, de las cuales, con base en datos del <a href="https://www.inegi.org.mx/programas/cngspspe/2020/" target="_blank" rel="noopener">Censo Nacional de Gobierno Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales</a>, se estima que alrededor del 89.4% (10,954) se encuentran aún en edad reproductiva. En este sentido, no hay duda de que existe una demanda creciente de productos de gestión menstrual en estos espacios.
Con el fin de subsanar los vacíos persistentes del Estado, por un lado la organización Mujeres Unidas x la Libertad ha abordado esta problemática de manera pública. Beatriz nos comenta que a la fecha han logrado conseguir donaciones para los centros penitenciarios de Santa Martha y Tepepan con un total de 8 mil toallas y 26 mil rollos de papel higiénico. Estos insumos se fueron entregando entre junio de 2020 y enero del presente año en el marco de su campaña “Con derecho a un periodo menstrual digno”. Por parte de Menstruación Digna México contamos con un eje enfocado exclusivamente al impulso de la garantía de la gratuidad de estos productos para las mujeres privadas de su libertad. Concretamente se exige el cumplimiento de los lineamientos antes mencionados de la Ley Nacional de Ejecución Penal, así como el apego a los estándares internacionales.
Este segmento de la población no debería estar sujeto a un castigo adicional al de la privación de la libertad. El vacío estatal ante esta situación representa una amenaza tanto para la salud como para la dignidad de casi 11 mil mujeres a nivel nacional. Todas ellas merecen —al menos— librarse de la carga que representa tener que prever de manera improvisada la gestión de sus periodos mes con mes. Por parte de Mujeres Unidas x la Libertad y la colectiva Menstruación Digna México, estamos conscientes de que el reto es grande, pero no imposible. Todas las mujeres y personas que menstruamos merecemos poder gestionar nuestros periodos de manera digna.
* Adriana E. Ortega (<a href="https://twitter.com/adriananana_" target="_blank" rel="noopener">@adriananana_</a>) labora en el área de análisis de datos de <a href="https://www.intersecta.org/" target="_blank" rel="noopener">Intersecta</a>. Vanessa Gómez (<a href="https://twitter.com/VaneGG" target="_blank" rel="noopener">@VaneGG</a>) es consultora, periodista especialista en comunicación incluyente y vocera en <a href="https://twitter.com/FFemmex" target="_blank" rel="noopener">Fundación Femmex</a>.
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1 La “menstruación libre” se refiere a la forma de gestión del periodo que consiste en abstenerse de usar algún producto como toallas, tampones, entre otros. Si bien este método, teniendo acceso a agua corriente y limpia, así como papel de baño y demás condiciones básicas de higiene, no representa un riesgo para la salud de las mujeres que lo practican, en el caso de la población femenina privada de la libertad sí puede llegar a serlo.
2 Los folios de las solicitudes elaboradas se pueden encontrar <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1a6qpjcINAaLRwSVjV-ylpo9veOhY0RE9FA-jDeg8SF4/edit?usp=sharing" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
3 Aquellas entidades de las cuales no obtuvimos una contestación después de la fecha de término de plazo, fueron Hidalgo y Puebla. Por su parte, Coahuila y Tamaulipas se declararon incompetentes para responder estos cuestionamientos, mientras que la Ciudad de México y Coahuila entregaron respuestas con documentos erróneos o faltantes.
4 Esta cifra corresponde al corte de febrero de 2021 de los Cuadernos Mensuales de Información Estadística Penitenciaria Nacional.

Mujeres unidas por la libertad y por una menstruación digna

De Nuevo Laredo a Mazapa de Madero: el índice de letalidad de la SEDENA crece

A partir de la implementación de las —ya conocidas— políticas de seguridad militarizada promovidas por el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, los patrones de la violencia letal en México cambiaron drásticamente. Mientras que de 2000 a 2006, tres de cada diez homicidios de mujeres se llevaban a cabo a mano armada, para los dos últimos años de registro esta manera de comisión de asesinatos pasó a ser la norma: ya hoy seis de cada diez asesinatos de mujeres se perpetran con un arma de fuego. Lo que representan los homicidios con arma de fuego para las mujeres se duplicó.<a href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a>
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En este sentido, los lugares en donde suceden estos incidentes también se han ido transformando, particularmente en el caso de las mujeres. De manera previa a 2007, la vivienda sobrepasaba a la vía pública como el lugar en donde más se cometían los asesinatos de mujeres con arma de fuego. Esto, por un lado, concuerda con estudios regionales e internacionales que documentan las características de los homicidios de mujeres: la mayor parte de estos se lleva a cabo dentro de sus propios hogares a mano de sus parejas o familiares.<a href="#_ftn2" name="_ftnref2">2</a>
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Sin embargo, lo que se observa en el caso mexicano es que este ‘tradicional’ patrón de violencia contra las mujeres cambió de manera drástica después de 2006. Para 2011, año en el que se vivió una violencia sin precedentes, un poco más del 60% de los asesinatos de mujeres con arma de fuego se perpetró en la vía pública. Actualmente, vemos que esta es una tendencia que permanece.
Si bien este periodo no fue el más violento en lo que a homicidios se refiere, lo que se ha visto a partir de 2018 —año en que se registró la tasa más alta de asesinatos en alrededor de cuatro décadas—, podemos ver que las entidades en donde hay incidencia de violencia letal armada, se han diversificado en comparación con el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. Actualmente, vemos que, en entidades como Colima y Guanajuato, por ejemplo, ocho de cada diez asesinatos de mujeres se cometen de este modo.
Ante este contexto, necesitamos preguntarnos cómo es que llegamos hasta aquí. ¿Qué hay de la disponibilidad de armas en México? ¿Cómo es su regulación? ¿A quién se le permite poseer o portar armas?
De entrada, el Artículo 10 constitucional indica que las personas “tienen derecho a poseer armas en su domicilio, para su seguridad y legítima defensa” —con sus excepciones—.<a href="#_ftn3" name="_ftnref3">3</a> Sin embargo, para poder hacer efectivo este derecho de manera lícita, la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos indica que todas las armas de fuego deben ser registradas ante la Dirección General del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). Esta norma indica que, en el caso de la posesión de armas en el domicilio, toda persona estará obligada <a href="#_ftn4" name="_ftnref4">4</a> a manifestarlo por escrito ante esta institución en un plazo de treinta días.<a href="#_ftn5" name="_ftnref5">5</a> En el caso de la portación de armas, las personas físicas que deseen hacerlo, deberán cumplir con una serie de requisitos entre los cuales se encuentran: haber cumplido con el Servicio Nacional Militar; no tener impedimento físico o mental para el manejo de las armas; no haber sido condenado por algún delito con el empleo de armas; no consumir drogas, enervantes o psicotrópicos; así como acreditar la razón por la que la persona necesita portar dicho artefacto, entre otros.<a href="#_ftn6" name="_ftnref6">6</a>
Ahora, ¿es posible saber cuál es el universo de armas registradas ante la SEDENA en el país? Observando el sitio oficial de la Dirección General del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos, pensaríamos que la publicación de una base de datos sobre la cantidad de armas registradas y licencias otorgadas para la portación de armas —al menos en términos generales, en desagregaciones anuales y estatales— sería un elemento básico dentro del sitio. Sin embargo, este no es el caso.<a href="#_ftn7" name="_ftnref7">7</a> Ante la falta de información activamente pública, realizamos una búsqueda en la Plataforma Nacional de Transparencia con el fin de indagar si esta información ya había sido solicitada.
De las solicitudes que logramos recuperar, la SEDENA informa que, en total, cuentan con un registro de 2,983,854 armas de fuego desde que se implementó la Ley Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos en 1972.<a href="#_ftn8" name="_ftnref8">8</a> De esta cantidad —cabe mencionar— el 40% han sido algún tipo de arma corta, mientras que el 60% restante correspondió a registros de armas largas. De manera más específica, también encontramos esta información con desagregación para algunos años <a href="#_ftn9" name="_ftnref9">9</a> y lo que indican los datos, es que el número de registros por año puede variar de manera importante. Desde el año 2000 a 2019, se han registrado poco menos de 900,000 armas de fuego en todo el país.
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Tomando en cuenta los últimos ocho años de información disponibles,<a href="#_ftn10" name="_ftnref10">10</a> los registros parecen  concentrarse en mayor medida en los estados de Michoacán (45,911), Ciudad de México (34,869), Estado de México (34,024), Jalisco (31,976) y Guerrero (20,235). Estas cinco entidades representan casi la mitad de la totalidad de los registros.
Considerando que estas cifras son apenas la punta del iceberg en lo que se refiere a la totalidad de armas disponibles en el país, otra fuente de información que podría darnos algunas pistas para contrastar los datos oficiales de la SEDENA, es la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE). Este ejercicio capta, desde 2012, la proporción de hogares<a href="#_ftn11" name="_ftnref11">11</a> que han adquirido un arma de fuego como “medida para protegerse de la delincuencia”. Las estimaciones indican que, de 2012 a 2019, la cantidad de hogares que lo han hecho asciende a poco más de dos millones a nivel nacional. En comparación con las armas registradas por la SEDENA, en este mismo periodo de tiempo, estas representan solamente el 17%; para 2018 —el año en el que se registró el mayor número de adquisiciones por parte de la ENVIPE—, la proporción de armas registradas, en contraste, baja solo a una de cada diez. Si se compara esta estimación con la totalidad de hogares a nivel nacional, aproximadamente un poco más del 6% poseen un arma de fuego.
<img decoding="async" loading="lazy" class="alignnone size-large wp-image-1266897" src="https://panel.animalpolitico.com/wp-content/uploads/2022/09/homicidios-4-1-1024x683.png" alt="" width="640" height="427" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2022/09/homicidios-4-1-1024x683.png 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2022/09/homicidios-4-1-1536x1024.png 1536w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2022/09/homicidios-4-1-2048x1365.png 2048w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2022/09/homicidios-4-1-600x400.png 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2022/09/homicidios-4-1-768x512.png 768w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" />
Investigaciones como Gun Acquisition in Mexico 2012-18: Findings from Mexico’s National Crime Victimization Survey,<a href="#_ftn12" name="_ftnref12">12</a> abordan justamente este tema. Lo que se realizó en este estudio fue un análisis cuantitativo que explica los factores que interfieren detrás de la decisión de adquirir un arma de fuego. En este sentido, se tomaron en cuenta —por mencionar algunos—, la condición de victimización de los miembros de dichos hogares, si estos eventos ocurrieron a mano armada, el sexo y nivel educativo de los/las jefas de los hogares, así como su ubicación geográfica.
Los resultados indican que, algunos de los que llegan a explicar en mayor medida la adquisición de armas, son: si algún miembro del hogar fue víctima de un delito —especialmente si esto se vivió más de una vez—, la percepción de inseguridad dentro del propio hogar e incluso la desconfianza hacia agentes públicos de seguridad, particularmente hacia las policías municipales. En cuanto a las características sociodemográficas relacionadas, se menciona que es más probable que un hogar con jefatura masculina haya tomado esta decisión que algún hogar con jefatura femenina. De igual manera, hay más peso en aquellos que reportan contar con mayores niveles de educación y ubicarse en zonas conurbadas e incluso rurales. Tal como se estima en esta investigación y con base en los últimos datos de la ENVIPE, la cifra aproximada de personas que podrían tener acceso a un arma de fuego actualmente podría llegar a ser cercana a ocho millones.
¿Qué implicaciones ha tenido la disponibilidad de armas en la vida de las mujeres? Gracias a la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH 2016) sabemos que seis de cada diez mujeres han vivido algún tipo de violencia durante sus vidas. De manera específica, esta encuesta ha procurado incluir varias manifestaciones de agresiones en diversos ámbitos de la vida de las mujeres en México, incluida la violencia con armas. En este sentido, se ha registrado que un poco más de un millón de mujeres reportaron haber sido atacadas o agredidas con armas blancas o de fuego dentro de su contexto comunitario; 102,424 dentro del ámbito familiar (violencia ejercida por padres, hermanos/hermanas, familia extendida y política); 42,484 en su entorno laboral y 14,032 dentro del ámbito escolar. En lo que respecta a la violencia por parte de la pareja, 124,656 mujeres reportaron haber vivido esta situación y casi 25,000 dijeron que les dispararon con un arma de fuego. Todas estas cifras se refieren tan sólo al año previo al levantamiento de la encuesta (2015).<a href="#_ftn13" name="_ftnref13">13</a>
Tras el desborde de la violencia suscitada en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa —y la reconfiguración de la misma desde entonces—, como feministas, nos urge voltear a ver el tema de la violencia armada. Si bien la mayor parte de estos incidentes suceden en espacios públicos, aún sigue existiendo una desproporción de mujeres que son privadas de la vida a mano armada dentro de sus propios hogares —en comparación con hombres que han sido asesinados de la misma forma—. De manera conjunta, varias organizaciones de la sociedad civil hemos tratado de comenzar a visibilizar a nivel internacional las implicaciones que tiene esta manifestación de violencia en la vida de las mujeres.<a href="#_ftn14" name="_ftnref14">14</a> En este sentido, algunos de los temas que nos parecen más apremiantes, son: la militarización de la seguridad pública y su impacto directo con el aumento de la violencia letal;<a href="#_ftn15" name="_ftnref15">15</a> las lagunas existentes en cuanto a la intersección de la violencia doméstica y la violencia armada, especialmente la falta de perspectiva de cuidados, así como un control efectivo de armas, ante la evidente falta de registro de estos artefactos a nivel nacional.
Si bien sabemos que estos ejercicios representan solamente algunas aproximaciones para conocer un fenómeno tan complejo como lo es la violencia armada, sus dinámicas y la caracterización de sus usuarios, estos indicios son suficientes para captar un patrón preocupante y persistente de violencia. No podemos explicar el crecimiento de la proporción de asesinatos a mano armada sin la militarización de la seguridad pública. No podemos, de igual forma, entender el fenómeno de la violencia armada sin la masculinidad. Para comenzar a prevenir la mayor parte de los asesinatos de mujeres, debemos entender las reconfiguraciones de la violencia y replantearnos nuestras propias narrativas.
* Adriana E. Ortega (<a href="https://twitter.com/adriananana_" target="_blank" rel="noopener">@adriananana_</a>) labora en el área de análisis de datos de <a href="https://www.intersecta.org/" target="_blank" rel="noopener">Intersecta</a>.
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<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> Las bases de datos así como los guiones con los que se realizó el análisis y la construcción de las gráficas, pueden ser encontrados en esta <a href="https://drive.google.com/drive/folders/14JiWMbfkNcAWSS9OJS-3gWZ_O6vdQtwV?usp=sharing" target="_blank" rel="noopener">carpeta</a>.
<a href="#_ftnref2" name="_ftn2">2</a> Ver “<a href="https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/gsh/Booklet_5.pdf" target="_blank" rel="noopener">Global Study on Homicide: Gender-related killing of women and girls</a>” de UNODC.
<a href="#_ftnref3" name="_ftn3">3</a> Se prohíbe el uso de las armas reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. El Artículo 11 de la Ley Federal de Armas de Fuego especifica cuáles son los artefactos de de uso exclusivo del ejército. En términos generales, se prohíbe el uso civil de “todas las armas, municiones y materiales destinados exclusivamente para la guerra”.
<a href="#_ftnref4" name="_ftn4">4</a> (Ibídem) El Artículo 77 menciona que aquéllas personas que no manifiesten la posesión de algún arma de fuego, serán sancionadas con diez a cien días de multa.
<a href="#_ftnref5" name="_ftn5">5</a> (Ibídem) Artículo 17.
<a href="#_ftnref6" name="_ftn6">6</a> (Ibídem) Artículo 26.
<a href="#_ftnref7" name="_ftn7">7</a> Algo que no sorprende dada la opacidad sistemática de la SEDENA. Para ver más ejemplos en términos de opacidad, ver el informe “<a href="https://www.intersecta.org/falsas-salvaguardas/" target="_blank" rel="noopener">Falsas salvaguardas</a>”, elaborado por Equis Justicia para las Mujeres, Data Cívica e Intersecta.
<a href="#_ftnref8" name="_ftn8">8</a> Solicitud de información dirigida a la SEDENA con folio:0000700030220. El corte de los datos es a febrero de 2020.
<a href="#_ftnref9" name="_ftn9">9</a> Cabe mencionar que la gráfica que se muestra se construyó a partir de dos solicitudes de información distintas. Para los años en los que coinciden una y otra (2012 y 2013) los totales no coinciden, a pesar de que se está solicitando la misma información. Esto, para 2013 puede significar que al momento de la solicitud aún no concluía el año y el dato aún no estaba completo. Para 2012, no queda claro.
<a href="#_ftnref10" name="_ftn10">10</a> Solicitud de información dirigida a la SEDENA con folio:0000700175619. Los datos desagregados por entidad se encuentran disponibles a partir de 2012.
<a href="#_ftnref11" name="_ftn11">11</a> Si bien esta pregunta se encuentra desde la primera edición de la encuesta, el factor de expansión para hogares no fue incluido hasta el ejercicio de 2013.
<a href="#_ftnref12" name="_ftn12">12</a> Eugenio Weigend Vargas y Carlos Pérez Ricart, “<a href="https://academic.oup.com/bjc/advance-article-abstract/doi/10.1093/bjc/azaa102/6105006?redirectedFrom=fulltext" target="_blank" rel="noopener">Gun Acquisition in Mexico 2012-18: Findings from Mexico’s National Crime Victimization Survey</a>”. Oxford University Press, The British Journal of Criminology, azaa102 (enero, 2021).
<a href="#_ftnref13" name="_ftn13">13</a> Ver: Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, tabulados 2016.
<a href="#_ftnref14" name="_ftn14">14</a> En conjunto con las organizaciones Centro de Estudios Ecuménicos, Data Cívica, Equis Justicia para las Mujeres e Intersecta, se realizó el informe “Violencia de género con armas de fuego en México” con apoyo de IM Swedish Development Partner que se encuentra en espera de ser publicado en su completitud. Una versión sintetizada, junto con la participación de casos de estudio de Sudáfrica, Nigeria y El Salvador, puede ser consultada <a href="https://humanium-metal.com/app/uploads/2021/02/Voices-of-Women-by-IM.1.pdf" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref15" name="_ftn15">15</a> Ver el informe de Intersecta “<a href="https://www.intersecta.org/lasdosguerras/" target="_blank" rel="noopener">Las dos guerras</a>”.

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