Justicia fiscal, ¿para qué?
“¿Cuántas veces no has escuchado que simplemente no hay recursos para la política o institución que quieres? ¿Qué si te dijera que podría haberlos?”.
No recuerdo si esa fue la conversación exacta que tuve con Carlos Brown, autor del informe que ayer publicamos en Intersecta llamado Redistribución, justicia fiscal y género en México, pero la idea se quedó en mi cabeza y me enganchó para ahondar en la justicia fiscal.
Porque sí. Si solo pienso en asuntos feministas, la lista sobre políticas o instituciones con escasos recursos es larga. La disputa constante sobre el dinero para los refugios, la insuficiencia presupuestaria de algunos Centros de Justicia para Mujeres, 1 la imposibilidad de consolidar el famoso Sistema Nacional de Cuidados, en parte porque no hay dinero para hacerlo, son solo algunos ejemplos. Ahora que si amplío este ejercicio para pensar en la garantía de todos los derechos humanos, de manera instantánea me vienen a la mente los titulares periodísticos que denuncian la escasez presupuestaria en distintos ámbitos.
Sí es recurrente: las grandes ideas, sin financiamiento público. Las instituciones, sin personal suficiente. El personal, sin materiales para operar. Y el resultado de todo ello es la puesta en jaque de las vidas de las personas. Pensemos, por ejemplo, en la violencia obstétrica y la mortalidad materna, que son productos, en parte, de la incapacidad de los hospitales públicos de garantizar una atención adecuada. 2
La promesa, sin embargo, ahí estaba: todo esto se podía cambiar. Porque nada de esto —de esta manera de ejercer recursos— es obvio o natural. Es la concreción de una serie de decisiones sobre los recursos del Estado. Y es sobre esas decisiones que se puede incidir. Se puede incidir para que los recursos sean mayores y para que se repartan mejor. ¿Cómo? Entrándole a la justicia fiscal. Pero, ¿qué es la justicia fiscal?
* * *
Lo “fiscal” del concepto de “justicia fiscal” se refiere a dos asuntos: cómo el Estado recauda recursos y cómo los gasta. Lo primero, la recaudación, impacta cuánto dinero hay disponible. Lo segundo, cómo se reparte ese dinero. La palabra “justicia” tiene como propósito poner el foco en la cuestión ética de las formas en las que el Estado elige recaudar y redistribuir recursos: ¿hasta dónde son —valga la redundancia— justas? ¿Justas para quiénes? Para las personas y sus derechos. La justicia fiscal es, precisamente, poner “a las personas al centro de las decisiones fiscales”, como dice Brown.
¿Hasta dónde beneficia o perjudica a las personas la manera en la que el Estado se hace de recursos? ¿A quiénes? ¿Hasta dónde avanza o retrocede el ejercicio de sus derechos la forma en la que el Estado después gasta esos recursos? Esas son las preguntas clave que plantea la justicia fiscal. Al poner el foco en las personas, su complementariedad con el análisis feminista es casi instantáneo.
El feminismo se preocupa por los arreglos que dan forma a nuestras vidas y las distintas injusticias que generan. Como mínimo, le importan las formas en las que las instituciones, las normas, los valores y las prácticas sociales producen el género. Esto es: producen la idea y la realidad de que hay hombres y mujeres y que a cada uno le corresponde un valor, un papel y un lugar en este mundo. Al feminismo le importa ver cómo se generan esas realidades y desigualdades.
Cruzar el feminismo con la justicia fiscal implica ver la manera en la que las decisiones que el Estado toma sobre cómo hacerse de recursos y cómo gastarlos producen, como mínimo, desigualdades de género. Significa analizar hasta dónde lo fiscal premia o castiga a las personas por encarnar las ideas de género: por ser cierto tipo de hombres o mujeres —o ir más allá del sistema binario de género—. Es ver, también, cómo se entrelaza con otras desigualdades.
* * *
¿Cuál es el resultado de hacer un análisis que cruce la justicia fiscal con el género? Valga comenzar por un ejemplo muy actual.
En años recientes la colectiva #MenstruaciónDignaMx (#MDM) ha puesto en la discusión pública el trato que le da el Estado a la menstruación. 3 Es importante recordar que la menstruación es un proceso biológico por el que prácticamente la mitad de la población atraviesa durante años de sus vidas. Menstruar es un hecho cotidiano para millones de personas, como lo es ir al baño. Existen productos que permiten a las personas gestionar la menstruación, como son las toallas sanitarias, los tampones y las copas menstruales. ¿Cuál es el primer problema que la colectiva ha puesto al centro de la discusión? Que el Estado no promueve ni garantiza la provisión directa de estos productos. Aunque son tan necesarios como el papel de baño, contar con estos insumos en baños públicos —por ejemplo— no es obligación para nadie. Ni las escuelas, ni los centros de trabajo —donde pasamos gran parte de nuestras vidas— deben proporcionarlos. Vaya: ni siquiera las mujeres privadas de la libertad, que están bajo la custodia del Estado, tienen garantizado el acceso a estos. 4
Esta ausencia, esta falta de acceso, tiene que ver con decisiones que el Estado toma sobre los recursos. Sobre en qué sí decide gastar y en qué no. La exigencia de #MDM es por la gratuidad de los productos para sus usuarias. Esto necesariamente implica redistribuir la lana del Estado. Esa es, precisamente, la apuesta. Hasta ahora, por ejemplo, la colectiva ha logrado que once 5 entidades federativas reformen sus leyes para garantizar que niñas, adolescentes y otras personas jóvenes que menstrúan tengan acceso a estos productos en escuelas públicas. 6
Además de que el Estado no garantiza siempre la provisión de productos para la gestión menstrual, #MDM puso sobre la mesa un segundo problema: en términos de impuestos, el Estado estaba tratando estos productos como si fueran ¡un lujo!
En México, muchos productos tienen un impuesto al valor agregado —el famoso IVA que pagamos las personas cada vez que compramos algo. La cantidad de ese impuesto, sin embargo, puede variar. Las tasas van del 0 % al 16 %. ¿Qué productos tenían un IVA del 0 %? Por poner tres ejemplos: el agua, las medicinas y ciertas comidas. La lógica detrás de la tasa del 0 % en estos casos era reconocer bienes necesarios para la vivencia humana, bienes básicos, pues, sobre los cuales no habría que pagar más. Los productos de gestión menstrual, sin embargo, no estaban en esa categoría. Tenían una tasa del 16 %, ¡como si fueran caviar! Por eso #MDM empezó a llamar a este impuesto un impuesto sexista. #MDM, sin embargo, no solo visibilizó el sexismo detrás del impuesto, sino también su clasismo. ¿Por qué? Porque el impacto que tenía ese impuesto en, por ejemplo, los ingresos de mujeres de escasos recursos era mucho mayor, en proporción, que los que tiene para mujeres con mayores recursos. Según los cálculos de #MDM, se requieren, en promedio, “360 toallas o tampones al año. Asumiendo que cada uno tiene un costo de dos pesos, este gasto asciende aproximadamente a los 720 pesos anuales. Para un hogar perteneciente al decil I (el 10 % de los hogares más pobres), esto puede representar el 5 % de su gasto anual, un gasto 2.5 veces mayor, en proporción, que lo que representa para un hogar del decil X (el 10 % de los hogares más ricos)”. 7
Por fortuna, después de una larga lucha, el Congreso federal, reconoció finalmente el problema con el impuesto y a finales de 2021 reformó la ley para que estos productos tuvieran también una tasa 0 %.
La historia de #MenstruaciónDignaMX es un ejemplo de cómo se pueden visibilizar las formas en las que los impuestos y el gasto público generan desigualdades. Y también de cómo se pueden modificar esas políticas. El cambio es posible.
* * *
La pregunta es: ¿de qué otras formas los impuestos o el gasto del Estado son discriminatorios? El informe busca arrojar luz al respecto, así como sobre las maneras en las que estas políticas podrían volverse un vehículo para la igualdad. Ello es clave. Importa analizar a las políticas fiscales no solo por el papel que juegan en la reproducción de las desigualdades, sino porque son indispensables para la garantía de igualdad.
Si analizamos la política tributaria, en México hay un primer problema: el Estado recauda poco. Con todo y que en el gobierno federal sí ha aumentado el cobro de impuestos, los recursos que efectivamente recauda el Estado son, en proporción, pocos. Las razones son múltiples. Entre ellas están las renuncias recaudatorias. Esto es: a quiénes el Estado decide no cobrarles impuestos, perdonarles los impuestos. Esta política, la de la condonación de impuestos, beneficia desproporcionadamente a las personas ricas. Estas personas son, en su mayoría, hombres; los dueños de la riqueza.
En este sentido, la política de impuestos puede contribuir a empobrecer más a las más pobres (como era el caso del IVA a productos de gestión menstrual), pero también puede contribuir a enriquecer más a los más ricos.
Sin embargo, el problema no es solo cómo el cobro de impuestos directamente discrimina a unas y privilegia a otros. La cuestión va más allá; es el efecto agregado de todo ello. Valga un último ejemplo: de acuerdo con nuestro informe, en 2021 las renuncias recaudatorias del Estado mexicano representaron ¡un millón de millones de pesos! Un billón de pesos. Tal cual. Esto equivale al 83 % del gasto social actual. Es decir, si el Estado dejara de renunciar al cobro de ciertos impuestos, podríamos casi duplicar, como dice Brown, lo que el Estado invierte en salud, educación, protección social, vivienda, cultura y protección ambiental. Esa renuncia fiscal, en otras palabras, es una renuncia a la igualdad, que impide invertir en políticas e instituciones que podrían contribuir a garantizar los derechos de las personas más excluidas, la mayoría de las cuales son mujeres.
Entre la recaudación y el gasto, lo que tenemos es un ciclo que canaliza más recursos hacia algunos que hacia otras. Ante ello, la apuesta debe ser la redistribución.
* * *
Como muestra el informe, aún hay mucho por saber para entender los pormenores de las políticas de recaudación y gasto del Estado, así como sus efectos sobre las desigualdades. Pero con lo que sabemos es suficiente para movilizarnos y poner el foco en las maneras en las que el Estado obtiene y gasta los recursos. Merecemos más. Merecemos justicia, incluida la fiscal.
Valga lo anterior para decir que sabemos que los informes son apenas una forma de ahondar en un asunto. Por esta razón, en Intersecta nos aliamos con Oxfam México y el Instituto de Estudios sobre Desigualdad para lanzar el Curso “El ABC de la justicia fiscal desde una perspectiva feminista”. Este curso, que será en línea y no tiene límite de cupo, consta de seis sesiones de dos horas cada una. Arranca el 18 de julio y acaba el 22 de agosto (es todos los martes, de 6 a 8 p.m.). Su objetivo es proporcionar las bases teóricas para entender el concepto de justicia fiscal y vincularlo a las exigencias feministas. Además, busca ofrecer ejemplos concretos de demandas por modificar las políticas recaudatorias y las políticas de gasto. Con ello, queremos mostrar que es deseable y posible exigir un cambio en la manera en la que el Estado se hace de recursos y los gasta.
¡Esperamos encontrarles ahí!
* Estefanía Vela Barba (@samnbk) es directora de Intersecta (@intersectaorg).
1 EQUIS, Centros de justicia para las mujeres, 2017.
3 Blanca Juárez, Rojo menstruación: historia de una victoria. Guía de incidencia, Friedrich-Ebert-Stiftung, Fundar, Centro de Análisis e Investigación, Menstruación Digna México, 2023.
4 Adriana E. Ortega, “Mujeres unidas por la libertad y por una menstruación digna”, Animal Político: Blog de Intersecta, 29 de abril de 2021; Mujeres Unidas por la Libertad & Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, Periodo tras las rejas, 2021. Es muy importante resaltar la labor del Copred en visibilizar las barreras que existen para la gestión adecuada de la menstruación en distintas poblaciones, entre ellas, las mujeres y otras personas que están en situación de calle. Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, La vida en rojo, 2021.
5 Wikipedia, “Legislación menstrual en México”, consultada el 16 de junio de 2023.
6 Anahí Rodríguez, “Respuesta a Marta Lamas: ¿qué está pasando en México en temas de menstruación?”, Animal Político: El ronroneo, 5 de septiembre de 2022.
7 Estefanía Vela Barba, “Menstruación libre (de gravamen)”, Nexos: El Juego de la Corte, 27 de octubre de 2020.
Hasta 7 naciones o territorios en el Caribe están dando apoyo logístico al ejército estadounidense en su despliegue militar.
La creciente campaña de presión militar del presidente estadounidense Donald Trump sobre Nicolás Maduro en Venezuela cuenta con la oposición de muchos líderes latinoamericanos, pero el apoyo logístico de varias naciones en el Caribe.
En el arco geográfico que va de República Dominicana a Trinidad y Tobago han surgido distintos aliados a la “Operación Lanza del Sur” de Estados Unidos con roles disímiles.
El enorme despliegue de fuerzas militares de la primera potencia del mundo necesita todo tipo de asistencia: pistas de aterrizaje, puntos de abastecimiento, radares en puestos avanzados, maniobras o campamentos para sus soldados. También misiones de reconocimiento o espacio para almacenar equipos.
En agosto de este año, Trump ordenó el envío de tres buques de guerra de la Armada al Caribe Sur para interceptar embarcaciones sospechosas de transportar drogas que salían de Venezuela. Hasta la fecha Estados Unidos realizó más de 20 ataques contra estos botes en aguas internacionales, que causaron la muerte de más de 80 personas.
Desde entonces, el despliegue acumula en aguas de la región al menos 12 buques de guerra, un submarino nuclear, aviones, helicópteros y drones, además dos portaviones: el USS Gerald R. Ford y el Iwo Jima. Se cree que el número de efectivos militares supera ya los 15.000.
“En general, es probable que los aliados en el Caribe proporcionen vigilancia, logística o apoyo de contingencia, siendo la República Dominicana la nación que más explícitamente lo está haciendo”, le dice a BBC Mundo Evan Ellis, profesor e investigador de estudios latinoamericanos en el Instituto de Estudios Estratégicos de la Escuela de Guerra del Ejército de Estados Unidos.
“Pero todos evitarán ser puntos de lanzamiento de ataques ofensivos, a menos que las circunstancias cambien”, añade.
Washington asegura que su objetivo es frenar el tráfico de drogas hacia EE.UU., pero tanto Caracas como numerosos observadores creen que lo que se pretende es forzar un cambio de gobierno en Venezuela.
De hecho, la mayor parte del tráfico de drogas que los carteles latinoamericanos envían al norte el pasa por el Océano Pacífico oriental -el 74% de los envíos según la DEA- y no es ahí donde se concentran ahora mismo las operaciones militares.
“El hecho de que la administración Trump presente las operaciones antidroga como un acto de autodefensa nacional marca un giro profundo en la política exterior estadounidense”, afirma Björn Beam, responsable de Investigación Tecnológica y analista geopolítico senior de la firma Arcano Research.
Beam explica que al declarar un “conflicto armado” contra actores no estatales que operan desde territorio venezolano, Washington ha difuminado la frontera entre la lucha contra el terrorismo y el cambio de régimen.
“El resultado es una operación jurídicamente flexible, que podría evolucionar desde ataques limitados en el mar hasta acciones selectivas en tierra, todo ello sin necesidad de contar con la aprobación del Congreso”, añade.
Hasta el momento, además de Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses, República Dominicana y Trinidad y Tobago le han dado acceso a EE.UU. a sus infraestructuras, pero hay más.
Estas son hasta la fecha las islas y territorios que están dando cobertura al ejército estadounidense:
Aruba, Curazao y Bonaire
Aruba, Curazao y Bonaire están a 80 kilómetros de Venezuela. Son territorios de ultramar que pertenecen a los Países Bajos y aunque poseen un estatus especial y de autogobierno, su uso para cualquier ataque requeriría, en teoría, autorización del país europeo.
Estados Unidos tiene una base de operaciones avanzada en Curazao y una más pequeña en Aruba. Su misión, según fuentes oficiales, es la detección y monitoreo aéreo de presuntas actividades de narcotráfico aéreo y marítimo.
En sus conversaciones con diplomáticos y altos rangos del ejército, Ellis nota nerviosismo.
“Creo que parte de su preocupación radica en que si Venezuela percibe que apoyan militarmente a Estados Unidos, podría dirigir operaciones contra ellos. Aunque probablemente Maduro no sería tan insensato, hay inquietud ante un posible escenario como este”, dice el experto militar.
Hace tan solo unas semanas, el portal de monitoreo aéreo Flightradar24 documentó la presencia de bombarderos estadounidenses sobrevolando el espacio aéreo entre Aruba y Curazao.
Trinidad y Tobago
A 11 kilómetros de la costa este venezolana, estas islas son las más cercanas a Venezuela y por lo tanto las más expuestas. Durante mucho tiempo han sido uno de los países más perjudicados por el flujo de migrantes venezolanos y las actividades de diferentes grupos criminales.
El gobierno de Kamala Prisad-Bisisier -que asumió en mayo- ha mostrado posiciones muy proestadounidenses desde el principio. En sus primeros meses al frente del país, se reunió con el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, para estrechar lazos y favorecer el intercambio de datos de inteligencia militar.
Recientemente el gobierno de Trinidad y Tobago recibió buques de guerra estadounidenses y facilitó entrenamiento de fuerzas especiales de Estados Unidos. Prisad-Bisisier confirmó que infantes de marina estadounidenses operan en el aeropuerto de Tobago, trabajando en una pista, en una carretera y que están instalando y modernizando un radar. Además, varios aviones militares han usado la isla para reabastecerse de combustible.
El gobierno justifica el proyecto como parte de la seguridad nacional y la lucha contra el narcotráfico en sus aguas.
“Han apoyado mucho la operación de las fuerzas estadounidenses y ven con buenos ojos la presencia de infantes de marina en el territorio, pero han dejado muy claro que, a menos que Venezuela los ataque, no se lanzarán operaciones ofensivas estadounidenses desde su territorio. Esa es la línea trazada”, explica Ellis.
República Dominicana
Es otro de los países que se ha visto gravemente afectado por el flujo de drogas, el crimen organizado y la migración en la región y es el que más abiertamente ofreció apoyo logístico a la “Operación Lanza del Sur”.
Desde la primera administración de Trump, el gobierno de Luis Abinader siempre ha estado muy alineado con Washington. República Dominicana se beneficia enormemente del turismo que llega desde Estados Unidos y del acceso al mercado estadounidense a través del Tratado de Libre Comercio CAFTA-DR.
“Esta lucha contra el narcotráfico constituye una prioridad para su administración [la de Trump], por tratarse de una amenaza que afecta la estabilidad nacional y regional”, afirmó Abinader.
“Esta lucha es esencial para proteger a nuestras familias y para preservar la estabilidad. Ningún país puede ni debe enfrentarla sin aliados”, añadió.
En medio de la escalada con Venezuela, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, visitó República Dominicana y firmó una serie de acuerdos, que incluían el uso militar de zonas restringidas de la Base Aérea de San Isidro y del Aeropuerto Internacional de Las Américas.
Además, República Dominicana permite el reabastecimiento de combustible a naves estadounidenses, traslado de equipos y de personal técnico a través de su territorio.
“A Abinader le interesa la cooperación de Trump para contener el problema de Haití, pero la estrategia de las autoridades de República Dominicana de posicionarse como un aliado clave de Washington responde a la ambición de tener un papel más importante en los asuntos regionales”, estima el profesor de la Escuela de Guerra del Ejército de Estados Unidos.
“Por ejemplo, recientemente, el país solicitó integrarse como miembro asociado de Caricom, un espacio clave para el comercio y la cooperación de las naciones del Caribe, lo que aumentaría considerablemente su cooperación en temas como el intercambio de información de inteligencia contra el crimen organizado”, dice Ellis.
El apoyo a las operaciones de Estados Unidos se presenta como temporal, técnico y limitado, enfocado en reforzar vigilancia aérea y marítima contra el crimen organizado transnacional.
Granada
La distancia entre la isla de Granada y Venezuela es de aproximadamente 145 km en línea recta a través del mar Caribe.
EE.UU. solicitó instalar equipos de radar y personal técnico de forma temporal en el Aeropuerto Internacional Maurice Bishop. Ellis señala que esta solicitud se remonta al mandato de Biden o incluso antes, pero al parecer está siendo efectiva ahora.
“Como parte de la lucha contra el narcotráfico, Granada necesita un radar para su aeropuerto que le dé visibilidad sobre vuelos con posibles cargamentos. El ejército estadounidense estaba de visita, pero no ha trascendido públicamente si era para la instalación o se llevaron a cabo conversaciones técnicas que ayuden a instalarlo”, afirma Ellis.
Washington es uno de los principales socios comerciales de Granada. El país se beneficia de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC), que otorga entrada libre de aranceles a muchos de sus productos.
Granada y Estados Unidos han firmado varios tratados para facilitar la cooperación policial y el intercambio de información y el ejército de EE.UU. ha proporcionado capacitación y equipo a las fuerzas de seguridad granadinas.
Puerto Rico e Islas Vírgenes de EE.UU.
Los dos territorios estadounidenses, que se encuentran aproximadamente a 800 kilómetros de Venezuela, se están utilizando para albergar personal militar y brindar apoyo logístico a las operaciones.
Según una investigación gráfica realizada por la agencia Reuters, la estación naval estadounidense Roosevelt Road -una antigua base de la Guerra Fría clausurada en 2004- se encuentra en proceso de modernización, con la repavimentación y la ampliación de las pistas, en las que ya están operando aeronaves de gran tamaño, como el gigantesco Boeing C-17 Globemaster, usado por las fuerzas estadounidenses para el transporte rápido de tropas y de suministros.
Además, la Administración Federal de Aviación (FAA) anunció una zona de vuelo restringida que afectará el espacio aéreo frente a la costa sureste de Puerto Rico desde el 1 de noviembre de 2025 hasta el 31 de marzo de 2026.
Esto facilitaría las operaciones militares de alta intensidad cerca del Aeropuerto José Aponte de la Torre. Allí han sido desplegados los cazas F-35 de última generación movilizados por el Pentágono y se han visto operaciones de aviones de combate y transporte.
En estas instalaciones se queda la mayor parte del personal terrestre.
También hay registro de aviones militares en el Aeropuerto Henry E. Rohlsen de Islas Vírgenes, que funciona como plataforma operativa y logística para despliegues regionales.
En Saint Croix, la mayor de las Islas Vírgenes estadounidenses, se aloja personal militar adicional en el “Man Camp” de Port Hamilton Refining and Transportation (PHRT).
Y el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) reportó que la Base Naval que Estados Unidos tiene en la Bahía de Guantánamo (Cuba) ha aumentado el número del personal militar estacionado permanentemente.
¿Desde donde se lanzaría?
Todo este progresivo aumento de fuerzas lleva a una pregunta. Si hay una operación de Estados Unidos, ¿cuál es el punto en el que se lanzararía?
“Cualquier operación se lanzaría desde múltiples puntos. Personalmente, creo que podríamos ver ataques terrestres limitados antes de una operación de derribo importante”, cree Ellis.
“Si hubiera ataques terrestres limitados, probablemente provendrían de misiles estadounidenses, tal vez los misiles Tomahawk. Porque Venezuela aún tiene algunas defensas aéreas bajo su control. No son las mejores, pero los sistemas rusos S-300, por ejemplo, representan una amenaza para las aeronaves de Estados Unidos”, añade.
Por eso, cree el experto, no se lanzarían los F-18 de los portaaviones mientras esas defensas aéreas siguieran funcionando.
“Quizás podríamos ver el despliegue militar de algunas Fuerzas de Operaciones Especiales en el terreno, pero si tuviera que adivinar, diría que los ataques iniciales serían con misiles, simplemente porque es la forma más segura de hacerlo”.
“También se podrían lanzar misiles desde submarinos, ya que con un submarino se puede llegar relativamente cerca. Pero si se realizara una operación mayor, probablemente se necesitarían múltiples bases”.
Según el CSIS, las fuerzas estadounidenses comprometidas actualmente son insuficientes para un desembarco anfibio o una invasión terrestre. Esto requeriría al menos 50.000 soldados. “Sin embargo, los recursos aéreos y navales acumulados en los últimos tres meses han proporcionado suficiente potencia de fuego al Caribe para lanzar ataques aéreos y con misiles contra Venezuela”, explican los expertos del think tank.
Mapas por Caroline Souza y diseño de imagen por Daniel Arce, del Equipo de periodismo visual de BBC Mundo
Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.
Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.
Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.
- Cuál es la capacidad militar de Venezuela y cómo puede responder a un eventual ataque de EE.UU.
- Así es el USS Gerald Ford, el buque de guerra más grande del mundo que EE.UU. envió a las costas del Caribe y que costó US$13.000 millones
- “EE.UU. pretende apoderarse de las vastas reservas de petróleo de Venezuela”: la carta que Maduro le envió a la OPEP denunciando la amenaza militar de Washington
