Justicia fiscal, ¿para qué?

“¿Cuántas veces no has escuchado que simplemente no hay recursos para la política o institución que quieres? ¿Qué si te dijera que podría haberlos?”.

No recuerdo si esa fue la conversación exacta que tuve con Carlos Brown, autor del informe que ayer publicamos en Intersecta llamado Redistribución, justicia fiscal y género en México, pero la idea se quedó en mi cabeza y me enganchó para ahondar en la justicia fiscal.

Sí es recurrente: las grandes ideas, sin financiamiento público. Las instituciones, sin personal suficiente. El personal, sin materiales para operar. Y el resultado de todo ello es la puesta en jaque de las vidas de las personas. Pensemos, por ejemplo, en la violencia obstétrica y la mortalidad materna, que son productos, en parte, de la incapacidad de los hospitales públicos de garantizar una atención adecuada. ²

La promesa, sin embargo, ahí estaba: todo esto se podía cambiar. Porque nada de esto —de esta manera de ejercer recursos— es obvio o natural. Es la concreción de una serie de decisiones sobre los recursos del Estado. Y es sobre esas decisiones que se puede incidir. Se puede incidir para que los recursos sean mayores y para que se repartan mejor. ¿Cómo? Entrándole a la justicia fiscal. Pero, ¿qué es la justicia fiscal?

Lo “fiscal” del concepto de “justicia fiscal” se refiere a dos asuntos: cómo el Estado recauda recursos y cómo los gasta. Lo primero, la recaudación, impacta cuánto dinero hay disponible. Lo segundo, cómo se reparte ese dinero. La palabra “justicia” tiene como propósito poner el foco en la cuestión ética de las formas en las que el Estado elige recaudar y redistribuir recursos: ¿hasta dónde son —valga la redundancia— justas? ¿Justas para quiénes? Para las personas y sus derechos. La justicia fiscal es, precisamente, poner “a las personas al centro de las decisiones fiscales”, como dice Brown.

¿Hasta dónde beneficia o perjudica a las personas la manera en la que el Estado se hace de recursos? ¿A quiénes? ¿Hasta dónde avanza o retrocede el ejercicio de sus derechos la forma en la que el Estado después gasta esos recursos? Esas son las preguntas clave que plantea la justicia fiscal. Al poner el foco en las personas, su complementariedad con el análisis feminista es casi instantáneo.

Cruzar el feminismo con la justicia fiscal implica ver la manera en la que las decisiones que el Estado toma sobre cómo hacerse de recursos y cómo gastarlos producen, como mínimo, desigualdades de género. Significa analizar hasta dónde lo fiscal premia o castiga a las personas por encarnar las ideas de género: por ser cierto tipo de hombres o mujeres —o ir más allá del sistema binario de género—. Es ver, también, cómo se entrelaza con otras desigualdades.

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En años recientes la colectiva #MenstruaciónDignaMx (#MDM) ha puesto en la discusión pública el trato que le da el Estado a la menstruación. ³ Es importante recordar que la menstruación es un proceso biológico por el que prácticamente la mitad de la población atraviesa durante años de sus vidas. Menstruar es un hecho cotidiano para millones de personas, como lo es ir al baño. Existen productos que permiten a las personas gestionar la menstruación, como son las toallas sanitarias, los tampones y las copas menstruales. ¿Cuál es el primer problema que la colectiva ha puesto al centro de la discusión? Que el Estado no promueve ni garantiza la provisión directa de estos productos. Aunque son tan necesarios como el papel de baño, contar con estos insumos en baños públicos —por ejemplo— no es obligación para nadie. Ni las escuelas, ni los centros de trabajo —donde pasamos gran parte de nuestras vidas— deben proporcionarlos. Vaya: ni siquiera las mujeres privadas de la libertad, que están bajo la custodia del Estado, tienen garantizado el acceso a estos. ⁴

Esta ausencia, esta falta de acceso, tiene que ver con decisiones que el Estado toma sobre los recursos. Sobre en qué sí decide gastar y en qué no. La exigencia de #MDM es por la gratuidad de los productos para sus usuarias. Esto necesariamente implica redistribuir la lana del Estado. Esa es, precisamente, la apuesta. Hasta ahora, por ejemplo, la colectiva ha logrado que once ⁵ entidades federativas reformen sus leyes para garantizar que niñas, adolescentes y otras personas jóvenes que menstrúan tengan acceso a estos productos en escuelas públicas. ⁶

Además de que el Estado no garantiza siempre la provisión de productos para la gestión menstrual, #MDM puso sobre la mesa un segundo problema: en términos de impuestos, el Estado estaba tratando estos productos como si fueran ¡un lujo!

En México, muchos productos tienen un impuesto al valor agregado —el famoso IVA que pagamos las personas cada vez que compramos algo. La cantidad de ese impuesto, sin embargo, puede variar. Las tasas van del 0 % al 16 %. ¿Qué productos tenían un IVA del 0 %? Por poner tres ejemplos: el agua, las medicinas y ciertas comidas. La lógica detrás de la tasa del 0 % en estos casos era reconocer bienes necesarios para la vivencia humana, bienes básicos, pues, sobre los cuales no habría que pagar más. Los productos de gestión menstrual, sin embargo, no estaban en esa categoría. Tenían una tasa del 16 %, ¡como si fueran caviar! Por eso #MDM empezó a llamar a este impuesto un impuesto sexista. #MDM, sin embargo, no solo visibilizó el sexismo detrás del impuesto, sino también su clasismo. ¿Por qué? Porque el impacto que tenía ese impuesto en, por ejemplo, los ingresos de mujeres de escasos recursos era mucho mayor, en proporción, que los que tiene para mujeres con mayores recursos. Según los cálculos de #MDM, se requieren, en promedio, “360 toallas o tampones al año. Asumiendo que cada uno tiene un costo de dos pesos, este gasto asciende aproximadamente a los 720 pesos anuales. Para un hogar perteneciente al decil I (el 10  % de los hogares más pobres), esto puede representar el 5 % de su gasto anual, un gasto 2.5 veces mayor, en proporción, que lo que representa para un hogar del decil X (el 10 % de los hogares más ricos)”. ⁷

Por fortuna, después de una larga lucha, el Congreso federal, reconoció finalmente el problema con el impuesto y a finales de 2021 reformó la ley para que estos productos tuvieran también una tasa 0 %.

La historia de #MenstruaciónDignaMX es un ejemplo de cómo se pueden visibilizar las formas en las que los impuestos y el gasto público generan desigualdades. Y también de cómo se pueden modificar esas políticas. El cambio es posible.

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La pregunta es: ¿de qué otras formas los impuestos o el gasto del Estado son discriminatorios? El informe busca arrojar luz al respecto, así como sobre las maneras en las que estas políticas podrían volverse un vehículo para la igualdad. Ello es clave. Importa analizar a las políticas fiscales no solo por el papel que juegan en la reproducción de las desigualdades, sino porque son indispensables para la garantía de igualdad.

Si analizamos la política tributaria, en México hay un primer problema: el Estado recauda poco. Con todo y que en el gobierno federal sí ha aumentado el cobro de impuestos, los recursos que efectivamente recauda el Estado son, en proporción, pocos. Las razones son múltiples. Entre ellas están las renuncias recaudatorias. Esto es: a quiénes el Estado decide no cobrarles impuestos, perdonarles los impuestos. Esta política, la de la condonación de impuestos, beneficia desproporcionadamente a las personas ricas. Estas personas son, en su mayoría, hombres; los dueños de la riqueza.

En este sentido, la política de impuestos puede contribuir a empobrecer más a las más pobres (como era el caso del IVA a productos de gestión menstrual), pero también puede contribuir a enriquecer más a los más ricos.

Sin embargo, el problema no es solo cómo el cobro de impuestos directamente discrimina a unas y privilegia a otros. La cuestión va más allá; es el efecto agregado de todo ello. Valga un último ejemplo: de acuerdo con nuestro informe, en 2021 las renuncias recaudatorias del Estado mexicano representaron ¡un millón de millones de pesos! Un billón de pesos. Tal cual. Esto equivale al 83 % del gasto social actual. Es decir, si el Estado dejara de renunciar al cobro de ciertos impuestos, podríamos casi duplicar, como dice Brown, lo que el Estado invierte en salud, educación, protección social, vivienda, cultura y protección ambiental. Esa renuncia fiscal, en otras palabras, es una renuncia a la igualdad, que impide invertir en políticas e instituciones que podrían contribuir a garantizar los derechos de las personas más excluidas, la mayoría de las cuales son mujeres.

Entre la recaudación y el gasto, lo que tenemos es un ciclo que canaliza más recursos hacia algunos que hacia otras. Ante ello, la apuesta debe ser la redistribución.

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Como muestra el informe, aún hay mucho por saber para entender los pormenores de las políticas de recaudación y gasto del Estado, así como sus efectos sobre las desigualdades. Pero con lo que sabemos es suficiente para movilizarnos y poner el foco en las maneras en las que el Estado obtiene y gasta los recursos. Merecemos más. Merecemos justicia, incluida la fiscal.

Valga lo anterior para decir que sabemos que los informes son apenas una forma de ahondar en un asunto. Por esta razón, en Intersecta nos aliamos con Oxfam México y el Instituto de Estudios sobre Desigualdad para lanzar el Curso “El ABC de la justicia fiscal desde una perspectiva feminista”. Este curso, que será en línea y no tiene límite de cupo, consta de seis sesiones de dos horas cada una. Arranca el 18 de julio y acaba el 22 de agosto (es todos los martes, de 6 a 8 p.m.). Su objetivo es proporcionar las bases teóricas para entender el concepto de justicia fiscal y vincularlo a las exigencias feministas. Además, busca ofrecer ejemplos concretos de demandas por modificar las políticas recaudatorias y las políticas de gasto. Con ello, queremos mostrar que es deseable y posible exigir un cambio en la manera en la que el Estado se hace de recursos y los gasta.

¡Esperamos encontrarles ahí!

* Estefanía Vela Barba (@samnbk) es directora de Intersecta (@intersectaorg).

¹ EQUIS, Centros de justicia para las mujeres, 2017.

² GIRE, Justicia olvidada. Violencia e impunidad en salud reproductiva, 2022.

³ Blanca Juárez, Rojo menstruación: historia de una victoria. Guía de incidencia, Friedrich-Ebert-Stiftung, Fundar, Centro de Análisis e Investigación, Menstruación Digna México, 2023.

⁴ Adriana E. Ortega, “Mujeres unidas por la libertad y por una menstruación digna”, Animal Político: Blog de Intersecta, 29 de abril de 2021; Mujeres Unidas por la Libertad & Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, Periodo tras las rejas, 2021. Es muy importante resaltar la labor del Copred en visibilizar las barreras que existen para la gestión adecuada de la menstruación en distintas poblaciones, entre ellas, las mujeres y otras personas que están en situación de calle. Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, La vida en rojo, 2021.

⁵ Wikipedia, “Legislación menstrual en México”, consultada el 16 de junio de 2023.

⁶ Anahí Rodríguez, “Respuesta a Marta Lamas: ¿qué está pasando en México en temas de menstruación?”, Animal Político: El ronroneo, 5 de septiembre de 2022.

⁷ Estefanía Vela Barba, “Menstruación libre (de gravamen)”, Nexos: El Juego de la Corte, 27 de octubre de 2020.