
En el último año pudimos ver tres cambios normativos que muestran la importancia que está adquiriendo, finalmente, el problema de la violencia laboral en México y en el mundo. A nivel nacional, en mayo del año pasado tuvimos la aprobación de una reforma a la Ley Federal del Trabajo que, entre otros asuntos, incorporó en la legislación la obligación de los centros de trabajo de contar con un “protocolo” para atender casos de hostigamiento y acoso sexual. De manera adicional, en octubre del año pasado entró en vigor la Norma Oficial Mexicana 035, que obliga a todos los centros de trabajo del país a atender los “factores de riesgo psicosocial” que afectan a las y los trabajadores, entre los que se encuentra la violencia laboral. En sede internacional, por otra parte, la Organización Internacional del Trabajo aprobó, en junio, el Convenio 190, dedicado a la violencia y al acoso en el mundo del trabajo. Es un tratado internacional único, con protecciones amplias para las personas y obligaciones claras para el Estado en lo que al combate de este problema se refiere. Si bien es un convenio que México aún no ratifica, su importancia no puede desestimarse: marca un antes y un después en la materia.
Dada la importancia normativa que está adquiriendo este problema, quisimos ver qué nos dicen los datos en México sobre su prevalencia. ¿Qué tan grande es el problema de la violencia laboral en el país? Lo primero que descubrimos al tratar de responder esta pregunta es la escasez de datos y análisis públicos que existen, en comparación con otros problemas. Con todo y esta ausencia, ¿qué podemos saber de la violencia laboral en México?
Para dar respuesta a esta pregunta, a continuación incluimos los datos más relevantes que se derivan de cuatro fuentes, todas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI): la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE 2019), la Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia (ECOPRED 2014) y la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH 2016). En conjunto estas encuestas muestran: que la violencia laboral en México afecta a miles de personas cotidianamente; que las manifestaciones de esta violencia son variadas; que proviene de una variedad de actores (no solo de las y los trabajadores), y que los centros de trabajo y los sindicatos tienen un papel importante que cumplir en la atención y resolución de este problema.
Para empezar: la violencia laboral es una razón por la cual miles de personas abandonan sus trabajos. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), durante el primer trimestre de 2019, alrededor de 23,542 personas abandonaron su lugar de trabajo debido a situaciones de acoso, con una tasa de 43.5 personas por cada 100,000 ocupadas. Es un problema que, al menos en la última década, no se ha logrado resolver: mientras que en 2010 la tasa de abandono laboral por acoso ascendía a 43.9 personas por cada 100,000 ocupadas, en el 2019 fue de 43.5. De hecho, en 2019 hubo un aumento de esta tasa de más del 60% con respecto al año anterior.

Si vemos la desagregación de este dato por sexo, podemos apreciar que, proporcionalmente, más mujeres que hombres han decidido abandonar su lugar de trabajo por esta razón.1 Este dato ha mantenido una tendencia clara al menos en los últimos diez años de registro: las mujeres son las que más abandonan —proporcionalmente— sus lugares de trabajo a causa del acoso; si bien —y esto es importante decirlo— hay años en los que la diferencia de género no es tan grande. En el 2019, por ejemplo, la tasa de abandono laboral por acoso en hombres fue de 40.3 por cada 100,000 ocupados, en contraste con 48.5 mujeres por cada 100,000 ocupadas. Tanto hombres como mujeres están optando por renunciar a sus empleos antes de seguir enfrentándose a este tipo de situaciones.

Por otro lado, otro indicador que consideramos relevante es la percepción de seguridad que mide la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE). De manera específica, vimos qué tan seguras se sienten las personas en diversos espacios —públicos y privados—, incluyendo su trabajo.

Los lugares que las personas consideran más inseguros a nivel nacional, son, en su mayoría los espacios públicos: el transporte público, la calle y los lugares de recreación. En contraste, la propia vivienda es el lugar donde las personas se sintieron más seguras. En lo que respecta al trabajo, un poco más de un tercio de las personas responden que lo perciben como inseguro. En todos los lugares hay una mayor percepción de inseguridad por parte de las mujeres.
Por otra parte, la ENVIPE muestra que en el trabajo las personas también son victimizadas. Al observar los delitos que suceden dentro del lugar de trabajo, podemos notar que la extorsión está en primer lugar tanto para hombres —representa el 42.6% de los delitos que les afectaron en el trabajo—, como para mujeres —representa el 38% de los delitos que ahí ocurrieron—. Otros en los que la diferencia por sexo es similar, son las amenazas verbales, con un promedio de 15% para ambos, fraude bancario con 9%, así como robo de accesorios y vandalismo, con 2.9% y 1.3%, respectivamente.

Los delitos en los que se puede ver una diferencia marcada por sexo, es principalmente en los “otros delitos sexuales”, con 8% en donde la víctima es mujer a diferencia de 1.9% en donde la víctima es un hombre. Dicha categoría incluye las siguientes agresiones: hostigamiento sexual, manoseo, exhibicionismo e intento de violación. En contraste, resulta interesante mencionar que, en el caso de violación, no existe una diferencia tan clara como en el caso de estos últimos delitos.
La ENVIPE, por desgracia, no permite saber si quienes cometieron estas violencias tenían una relación laboral con la víctima. Esto es importante porque es posible que en el lugar de trabajo ocurran delitos perpetrados por desconocidos. Los casos los conocemos bien: están los asaltos a centros de trabajo o las extorsiones telefónicas —solo por mencionar dos ejemplos—. En la ENVIPE, sin embargo, se le pregunta a las personas el tipo de relación que tenían con los agresores, en caso de que los hayan visto y da cinco opciones: si estos eran desconocidos, conocidos de vista, conocidos de poco trato, conocidos cercanos y familiares.

Cuando se analizan los delitos que ocurren en el lugar del trabajo, por esta categoría (la relación con el agresor), hay delitos claramente perpetrados en su mayoría por “desconocidos” —robo, secuestro, extorsión—. Pero hay otros en que los “conocidos” aumentan significativamente. Entre estos delitos están las amenazas, las lesiones y los delitos sexuales. Esto nos indica que las personas pueden estar sufriendo en el trabajo dos tipos de violencia: la violencia generalizada, que también les impacta en su chamba y la violencia propiamente laboral, ejercida por quienes entran en contacto por su trabajo.
Otra encuesta que da luz acerca de la violencia que se vive en centros de trabajo, es la Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia (ECOPRED). Esta encuesta se realizó en el 2014 para medir, entre otros asuntos, la victimización sufrida por personas jóvenes, que tenían entre 12 y 29 años al momento de la encuesta.
De entrada, la agresión que más han vivido las personas que reportaron haber estado trabajando al momento de la entrevista son burlas, apodos hirientes, rumores, mentiras y/o exclusiones, ya que aproximadamente dos de cada diez personas experimentaron alguno de estos eventos durante el último año (al que se aplicó la encuesta). Es importante señalar que estos eventos no tuvieron gran diferencia por sexo, así como la incidencia en robo —con y sin violencia—, amenazas y extorsión. Por otro lado, conductas como tocamientos, son reportadas en mucho mayor medida por mujeres (6.8% contra 2.6%). Sin embargo, como indican los datos de la ENVIPE, al preguntar si vivieron algún encuentro sexual no deseado, la brecha por sexo disminuye, con 1.8% en el caso de las mujeres y 1.7% para hombres.

En lo que respecta a los responsables de las agresiones, la ECOPRED ofrece la opción de “compañero de trabajo” en su cuestionario. Más del 30% de las víctimas señalan a sus propios compañeros de trabajo como responsables de las burlas, apodos, rumores y conductas de exclusión que vivieron, mientras que para el daño a objetos personales en gran medida se señala que ellos son los responsables, sobre todo en el caso de las víctimas del sexo masculino, con 36.2%. Tratándose de ofensas sexuales, 20.1% de las mujeres señalaron a sus compañeros de trabajo como responsables de algún encuentro sexual no deseado, mientras que, para el caso de tocamientos, el 22.2% de los hombres los señalaron como agresores.

La ECOPRED no permite saber más sobre la relación entre la víctima y su “compañero de trabajo”: ¿era su par, su jefe directo, el patrón? No sabemos. Solo sabemos que son personas con las que se tiene una relación laboral.
Por otra parte, la ECOPRED mide las violencias según el lugar en el que ocurrieron. Usando esta categoría, podemos ver que más del 35% de las burlas, apodos, rumores y exclusiones ocurrieron en el lugar de trabajo. Es interesante notar que para ambos sexos la incidencia es alta.
Otro tipo de agresión relativamente común en este contexto es el daño a objetos personales: el 40.2% de los hombres dijeron haberlo vivido en su trabajo, mientras que 34.4% de las mujeres pasaron por la misma situación. Algunas de las conductas en las que la diferencia es más notoria por sexo, es la extorsión2, el encuentro sexual no deseado, las agresiones físicas y los tocamientos. Las primeras dos tienen una mayor concentración de mujeres como víctimas, mientras que para las últimas existe una mayor representación de hombres. ¿Qué nos podrían indicar estos resultados?
Parece ser que algunas de las conductas características de la violencia laboral se viven de igual manera por hombres y mujeres. No obstante, es interesante observar que las mujeres representan el doble de las víctimas en comparación con los hombres que vivieron algún tipo de extorsión. Es posible que, debido a los roles de género tradicionales, así como la disparidad en las relaciones de poder, este tipo de eventos sean perpetrados mayormente hacia mujeres. En cuanto a los encuentros sexuales no deseados, las víctimas de sexo masculino representan solo una tercera parte de las mujeres que vivieron esta agresión (7.3% contra 20.8%), lo que coincide con la tendencia general de los delitos de carácter sexual.

Algo que llama la atención es que los hombres representan el 23.8% de las víctimas de tocamientos en comparación con 7.6% de las mujeres. Una explicación posible es que, si bien las mujeres representan el grueso de las víctimas de delitos sexuales, muchas de ellas las viven en otros espacios, tales como la vía pública y en sus propios hogares. En hombres, en cambio, cuando sí son víctimas de violencia sexual, es mucho más común que lo sean en sus lugares de trabajo, espacios, precisamente, en los que pueden estar imbricados en dinámicas de poder.
Por último, está la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH). Si bien esta encuesta solo se le aplicó a mujeres mayores de 15 años, por lo que no permite entender las experiencias de los hombres, proporciona de cualquier manera información importante sobre las violencias que ocurren en el ámbito laboral.
De entrada, los datos revelan que aproximadamente el 17% de las mujeres han sufrido algún tipo de violencia durante su vida laboral, además de que, durante el último año (2016), 22% de las mujeres reportaron haber vivido algún incidente de discriminación.
De manera específica, al observar los incidentes de discriminación, el más común fue que las mujeres han tenido menos oportunidad que un hombre para ascender de puesto, con 11.5%. En segundo lugar, indican en un 10.3%, que no se les ha pagado lo mismo que a sus pares del sexo masculino por el mismo trabajo. En lo que respecta al embarazo, 5.3% dijeron que en su empleo les solicitaron una prueba al momento de contratarla y/o para conservar su empleo, y 2.2% señalan que, por haber estado embarazada, la despidieron, no le renovaron el contrato, o le bajaron el salario.3
Tratándose de los eventos de violencia, lo que las mujeres reportan que sucede con mayor frecuencia son los piropos ofensivos, con 7.4%. En segundo lugar, con 4.4%, se posicionan eventos de agresión emocional, tales como que la hayan humillado por el hecho de ser mujer, o que la hayan ignorado por esta misma razón, que le hayan dicho que las mujeres no pertenecen en el lugar de trabajo, o incluso que sus logros o ascensos se debieron a que sostuvo relaciones sexuales con algún superior.

En tercer lugar de incidencia, está el hecho de que superiores o compañeros le hayan ofrecido beneficios a cambio de relaciones sexuales, con 4.3%. En mucho menor medida, se presentan agresiones físicas como patadas o golpes con el puño, o que la hayan pellizcado, jalado el cabello o abofeteado, con 2%, así como los ataques con cuchillo o arma de fuego, con 0.5%. Los intentos de violación y las violaciones también se reportaron muy poco, con 0.7%.
Ahora, al indagar quiénes son los responsables de las agresiones, podemos ver que más de una tercera parte de estos son los propios compañeros y compañeras de trabajo, con 35.2%. Esta proporción se asemeja a los resultados previamente mencionados de ECOPRED. Por otro lado, las perpetradas por superiores o aquéllos que cuentan con un puesto de dirección —ya sea patrones o jefes, supervisores o gerentes—, suman 37.6%. Los responsables menos señalados son otras personas del trabajo, con 5.8%, y familiares del patrón, con 3.2%. El hecho de que la mayor parte de los eventos de violencia sean cometidos por personas que cuentan con autoridad dentro del lugar de trabajo de las mujeres nos indica que las relaciones dispares de poder siguen estando presentes aun cuando más y más mujeres incursionan en el ámbito laboral.
De manera más específica, la ENDIREH también nos permite cruzar el perpetrador para cada tipo de agresión. Si bien se puede apreciar que los compañeros tienen más peso en agresiones como piropos ofensivos, insinuaciones sexuales a través de mensajes o redes sociales, agresiones emocionales o discriminación, así como agresiones físicas y sexuales, hay otras en donde las dinámicas ameritan una posición de poder más consolidada. Este tipo de agresiones son: la oferta de beneficios por sostener relaciones sexuales, actos de venganza por haberse negado e incluso los intentos de violación y la violación consumada. En su mayoría son perpetrados por jefes o por patrones.
Por otro lado, aquellas mujeres que reportaron haber sido seguidas al salir de su trabajo, señalaron como principal perpetrador a alguna persona desconocida de su lugar de empleo, con 26.7%, seguido de algún compañero de su trabajo, con 24.2%. En este sentido, tratándose de los ataques con arma de fuego o cuchillo, la mayoría de los señalados fueron personas desconocidas de su empleo, con casi la mitad de los incidentes.

En cuanto al espacio en donde ocurren las agresiones, ocho de cada diez suceden dentro de los lugares de trabajo de las mujeres. El segundo lugar de incidencia son los lugares públicos, con casi 15%. De estos, 11.5% de las veces se trata de un lugar público cercano al trabajo. En menor medida se menciona alguna vivienda particular, con 4.3%, y el transporte público, con 1.1%.
Al observar las agresiones por lugar de incidencia, podemos ver que la que tiene mayor concentración en las instalaciones del trabajo son las agresiones emocionales y otros eventos de discriminación, con 86%, seguido de haberse vengado por negarse a tener relaciones sexuales (84.2%), y de haber ofrecido beneficios a cambio de esta misma condición (83.8%). La agresión que se registra en mayor medida fuera de las instalaciones de trabajo es haber sido vigilada o seguida, con 52.3% en lugares públicos cerca del trabajo.

Estos datos nos dan un panorama más amplio acerca de las diferentes situaciones de violencia que experimentan las mujeres en sus empleos. Vemos que, dependiendo del tipo de agresión, las personas responsables suelen tener diferentes tipos de relación con las víctimas.
Después de que ocurren las agresiones, los datos indican que seis de cada diez mujeres le cuentan a alguna persona sobre lo ocurrido. ¿Quiénes son las principales redes de apoyo de las mujeres? En su mayoría las mujeres se apoyan en su familia: 63.1% de ellas reportó haberlo compartido con algún familiar. En segundo lugar, aproximadamente el 49% le contó a alguna amiga o compañera, mientras que en un 40% le contaron a su pareja. Es interesante ver que aproximadamente 40% lo comunicó con algún superior, autoridad del trabajo, o alguna persona de su sindicato. Esto indica que un poco menos de la mitad de las mujeres podrían estar dispuestas a denunciar la violencia que ocurre en estos espacios —al menos internamente—.
En contraste con estas cifras, solamente 3.3% de las mujeres optaron por pedir apoyo en alguna institución, organización o asociación civil. De estas, 52.5% se dirigió a una institución pública no mencionada en el cuestionario, 21.6% se dirigieron a la Defensoría Pública, y, en tercer lugar, con 8.1% acudieron a algún centro de salud público. Otro 6.4% se apoyó de algún organismo o asociación civil, 3.5% recurrió a alguna línea de atención telefónica, y otro 24% lo hizo en otras instancias de gobierno, tales como Centro de Justicia para las Mujeres, INMUJERES y en el Instituto de las Mujeres de su estado o municipio.
En lo que respecta a las denuncias formales, solo el 6% de las víctimas decidió hacerlo. Es interesante que la mayor parte de las denuncias —seis de cada diez— se presentaron ante autoridades del propio lugar de trabajo o ante el sindicato. En este sentido, otro 10.2% presentó su denuncia en la Procuraduría de la Defensa del Trabajo. En menor medida, se recurrió al Ministerio Público, con 23.8%, y solo en uno de cada diez casos se llamó a la policía. Por último, el 7.2% presentó la acusación con autoridades municipales o delegacionales.
Los incidentes que más se denuncian son las agresiones emocionales y los eventos de discriminación, con 30.3%. En segundo lugar, se presentaron acusaciones por agresiones sexuales, con 23.6%. Resulta importante mencionar que las conductas que tienen que ver con el ofrecimiento de beneficios a cambio de relaciones sexuales, así como la perpetración de conductas de venganza por haberse negado, son denunciadas en menor medida, con 9% y 4.4% respectivamente. Otra agresión que parece no tener mucha incidencia en las denuncias es el intento de violación y la violación en sí, ya que esta proporción solo representó el 1.1%.
Al explorar lo que ocurre cuando las mujeres denuncian en sus espacios laborales, más del 80% reportó que les recibieron su denuncia. De este porcentaje, el 61.3% indicó que se inició una investigación para esclarecer su caso.

Una vez que la investigación inicia, el 23% de las mujeres reportaron que no tuvieron una resolución final. De manera específica, en 17.6% de los casos no hicieron nada para indagar y tratar de resolver el caso, y, en menor medida, la denuncia no prosperó por no haberse ratificado. Solo en 2.5% de los casos las mujeres no saben qué sucedió con el proceso. Por otro lado, la mayor parte de las denuncias tuvieron algún tipo de resolución: 35.2% de las investigaciones resultaron en castigo para el agresor, 22.5% de los casos concluyeron en cambiar a la víctima de área, y, en menor medida, (12.5%), se cambió al agresor de área. Es relevante notar que casi en el doble de los casos se opta por mover a la afectada por encima de cambiar al agresor.

Por último, nos resulta necesario saber cuáles son las razones por las que las mujeres no denuncian los incidentes de violencia en su trabajo. La mayor parte de ellas —casi 30%—, señalan que fue porque se trató de algo sin importancia.

La segunda causa es el miedo a las amenazas o consecuencias que esto pueda conllevar (13.5%). Otro 19% piensa que este proceso es una pérdida de tiempo o simplemente no lo hace porque no confía en las autoridades gubernamentales. Definitivamente hay algunos tipos de violencia que se encuentran normalizadas en todos los entornos y sin duda muchas mujeres temen a que sus agresores tomen represalias al exponerlos.
¿Qué es lo que podemos concluir con esta información? Si bien la información con la que contamos actualmente acerca de las violencias que suceden en el ámbito laboral no es exhaustiva, estos datos nos presentan un panorama en el que podemos vislumbrar algunos patrones.
Primero: el acoso es una razón por la que hombres y mujeres dejan sus trabajos. Es un problema que no hemos podido resolver. Vaya: ni siquiera reducir. Segundo: las violencias que afectan a los y las trabajadoras son variadas, e incluyen a la violencia física, emocional, sexual y económica, incluso. También, podemos ver que para algunas manifestaciones de la violencia la incidencia por sexo es muy parecida. Usualmente las conductas en las que empieza a haber una mayor representación de mujeres es en las agresiones de tipo sexual.
Otro punto importante son quienes perpetran estas conductas. Tanto ECOPRED como ENDIREH pudieron darnos un indicio de que entre pares los incidentes de violencia son comunes. Por otro lado —algo que por el momento solo sabemos gracias a la ENDIREH— las conductas suelen diferenciarse cuando hay algún elemento de poder. Esto afecta también qué incidentes se denuncian y cuáles se siguen quedando en silencio. Consideramos que también sería importante explorar en qué magnitud estas situaciones las viven los hombres en sus espacios de trabajo.
Para poder lograr tener un panorama más detallado y completo es importante impulsar la gestión de fuentes confiables de información que nos ayuden a completar los vacíos que aún faltan por explorarse. La visibilidad normativa que está adquiriendo la violencia en el trabajo tiene que acompañarse de una visibilidad estadística también, por decirlo de alguna manera. Si queremos combatir este problema adecuadamente, tenemos que entenderlo. Y eso solo es posible con datos y análisis que arrojen luz a cómo se perpetra.
* Adriana Ortega (@adriananana_) es analista de datos de Intersecta (@IntersectaOrg).
1 Al observar los números totales de hombres que abandonan su trabajo por acoso, parecería que ellos son los más afectados. Sin embargo, al calcular la tasa con base en la población ocupada, vemos que las mujeres tienen menor representación en el mercado laboral, por lo que, en proporción, ellas resultan más afectadas.
2 En el cuestionario, ECOPRED hace referencia a la conducta de extorsión de la siguiente manera: “Alguien te ha exigido dinero, objetos o favores para que deje de molestarte o te deje hacer tus actividades”.
3 El filtro que se tomó para realizar el análisis de información es que la mujer encuestada haya trabajado al menos una semana durante los últimos cinco años a la fecha de aplicación de la encuesta (2011 a 2016).

La tasa de suicidio en Chile en 2024 llegó a alrededor de 10.5 muertes por 100 mil habitantes, cuatro puntos por sobre la tasa de fallecimientos por homicidios en ese mismo periodo. Pero, ¿cómo se caracteriza este complejo problema de salud pública en el país sudamericano?
“No sé si ustedes saben que en Chile hay más suicidios al año que homicidios. En Chile se suicida más gente que la que muere en condiciones o víctima de la delincuencia”, dijo el presidente Gabriel Boric semanas atrás.
La afirmación, que podría ser simplemente un dato de salud pública, no lo es si se considera el contexto en el que se dijo: una campaña electoral donde la principal preocupación de los chilenos es la inseguridad.
“Los dos, por cierto, son terribles, no se trata de que una valga más que la otra, pero de una se habla mucho, de la otra se habla poco. Y por eso es importante hablar muy firme y muy fuerte de salud mental, es para cuidarnos, es para cuidarnos entre todos”, agregó Boric.
La sensación de inseguridad ha aumentado en los últimos años en ese país, entre otros factores, por el incremento de los niveles de violencia en delitos comunes como el robo y la reciente presencia de grupos criminales como el Tren de Aragua.
La contracara de aquello es que las cifras de delitos violentos han ido a la baja respecto del año pasado, según datos del Ministerio de Seguridad Pública de Chile.
La agenda de seguridad ha estado en el centro del debate nacional en el marco de las elecciones presidenciales, cuyo balotaje se celebrará el próximo 14 de diciembre entre la comunista Jeannete Jara y el derechista ultraconservador José Antonio Kast.
Y, aunque en mucha menor medida, el tema de la salud mental también ha sido parte de la discusión. Jara ha puesto especial énfasis en el tema. Ella tiene una historia personal al respecto: su primer marido se suicidó poco después de haberse casado.
“Un fallecimiento por suicidio es un duelo casi eterno”, ha dicho.
En su programa de gobierno propone justamente fortalecer la estrategia de prevención del suicidio y la implementación de un nuevo modelo de atención de salud mental en urgencias.
Kast, por otro lado, tiene entre sus propuestas fortalecer el plan nacional de salud mental y dar apoyo principalmente a adultos mayores.
La tasa de suicidio en Chile en 2024 llegó a alrededor de 10,5 muertes por 100.000 habitantes.
El número es un poco mayor al promedio mundial (≈9,0), pero se encuentra entre los más altos de América Latina, de acuerdo al último informe de la Organización Mundial de la Salud de 2019.
Chile está por debajo de Uruguay, país que tiene de las tasas más altas de la región (21,35), pero por sobre países como México, Colombia o Brasil.
A la vez, tiene una tasa similar a las estimaciones para Europa, pero menor a la de Estados Unidos, la que ronda entre los 14 y 16 suicidios por 100.000 habitantes, de acuerdo a cifras del Centers for Disease Control and Prevention (CDC).
Más allá de la comparativa global, hace años y ya de manera sostenida se ha observado que el suicidio representa una mayor cantidad de muertes que los homicidios en el país, siendo la primera la principal forma de muerte violenta entre el 2018 y el 2024, de acuerdo a cifras del Ministerio de Salud de Chile.
“Esto implica que, pese a la creciente preocupación pública por la violencia interpersonal y el crimen, la violencia autoinfligida continúa representando una carga mayor desde la perspectiva de salud pública. En promedio, Chile enfrenta aproximadamente el doble de muertes por suicidio que por homicidio”, se lee en el Informe violencia autoinfligida e interpersonal, elaborado por el gobierno del país sudamericano.
En 2024 se registraron 1.984 suicidios, mientras que en el mismo periodo se registraron 1.207 víctimas de homicidios, lo que equivale a una tasa de 6,0 muertes por 100.000 habitantes.
De acuerdo a un estudio de académicos de la Universidad Adolfo Ibáñez, que indagó en la evolución histórica del fenómeno del suicidio en Chile (1920-2020), este ha ido aumentando significativamente en el porcentaje total de muertes en el país.
Si a inicios del siglo XX ocupaba una parte casi insignificante en el porcentaje total de decesos (0,2%), hoy se ubica en torno a un 2%.
El perfil de quienes más se suicidan hoy en Chile se concentra en la población masculina, algo que coincide con las tendencias mundiales.
Manuel Alberto Llorca, uno de los investigadores a cargo del estudio historiográfico del suicidio en Chile, explica a BBC Mundo por qué este es un fenómeno “eminentemente masculino”.
“En Chile el suicidio afecta principalmente a hombres. De cada cinco suicidios, aproximadamente cuatro los cometen ellos”, sostiene.
Llorca explica que esta brecha se da, por un lado, porque “los hombres tienden a ser más violentos, pero también tienen más acceso a armas letales, es decir, son más efectivos al momento de intentarlo, mientras que las mujeres lo son menos”.
“También los hombres consumen mucho más alcohol que la mujeres, lo que normalmente es un gatillante. El hombre recurre menos a atención psicológica y tiene menor tolerancia a la frustración, sobre todo, en países machistas donde se espera que sea el proveedor”, agrega.
Según el Ministerio de Salud de Chile, los hombres de 65 y más años se han mantenido como el grupo con mayor tasa de mortalidad desde 2004, con excepción de los últimos dos años, donde de acuerdo a números preliminares los hombres de los grupos de 40 a 64 años y de 20 a 39 se suicidaron más.
En contraste con aquello, de acuerdo a cifras del Ministerio de Salud de Chile, la prevalencia de trastornos depresivos, por ejemplo, es mayor en mujeres que en hombres. Lo mismo si se mira el riesgo de tener una lesión autoinfligingida con intención suicida, la que es el doble en la población femenina respecto de la masculina.
En Chile también se ha reportado una disminución del suicidio entre adolescentes, aunque sigue encontrándose entre las primeras causas de mortalidad para la población entre 15 y 29 años, según el Ministerio de Salud.
La subsecretaria de Salud Pública de Chile, Andrea Albagli, explica a BBC Mundo la importancia que ha tenido la creación del Programa Nacional de Prevención del Suicidio, que desde 2013 ha permitido institucionalizar una política específica a nivel estatal.
Bajo ese marco el país se fijó como meta sanitaria disminuir la mortalidad por suicidio entre los jóvenes, algo que dio resultados positivos.
“Tenemos una disminución general de la mortalidad por suicidio y, por sobre todo, una disminución mayor en la población joven”, señala Albagli.
A la vez, el país ha registrado un aumento en el riesgo de fallecimiento por suicidio entre la población masculina adulta y adulta mayor, y en particular en mayores de 80 años.
“Si uno mira la tasa de mortalidad por suicidio según sexo y según edad, que es otra manera de medir el riesgo específico, ahí te surge interesantemente otro grupo poblacional prioritario -y esto no solo ocurre en Chile sino que a nivel mundial- y es que es mucho mayor en población adulta mayor entre hombres”, explica Albagli.
La subsecretaria y psicóloga de profesión recalca que “la cifra es muy elocuente: para el periodo 2018-2022, la tasa de mortalidad acumulada en mujeres sobre 80 años fue de 1,4 por 100.000 habitantes, en el caso de los hombres de ese mismo tramo de edad fue de 31,1”.
“Si evalúas por sexo y por edad, no hay riesgo más alto que el riesgo de muerte por suicidio en población adulta mayor masculina”, agrega.
De acuerdo a la autoridad, uno de los factores de riesgo significativos entre la población de hombres adultos mayores es una mayor tendencia al aislamiento, la soledad, la ausencia de red de apoyo y la precariedad económica.
Si se mira el fenómeno desde una perspectiva geográfica, en tanto, se puede ver que las regiones del sur del país como Aysén, La Araucanía y Los Ríos exhiben tasas consistentemente superiores al promedio nacional en las últimas dos décadas, de acuerdo a cifras de la Subsecretaría de Salud Pública.
“Las causas del suicidio son múltiples, ya que incluyen factores sociales, culturales, biológicos, psicológicos y ambientales presentes a lo largo de la vida”, dice la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre este fenómeno.
Está bien documentado en la experiencia comparada que las tasas de suicidio son mayores en países menos desarrollados.
A nivel mundial, se cometen unos 720.000 suicidios por año, y más de tres cuartas partes ocurren en países de ingreso bajo o medio, de acuerdo a la Organización Panamericana de Salud (OPS).
En el caso de los países de ingresos medios y altos, como ese el caso de Chile, la OMS ha informado sobre una relación entre el suicidio y los trastornos mentales, “en particular, la depresión y los trastornos por consumo de alcohol, si bien el principal factor de riesgo es, con diferencia, un intento previo de suicidio”.
El organismo destaca que, sin embargo, muchos casos ocurren de forma impulsiva en situaciones de crisis derivadas de problemas económicos, desempleo, desigualdad, dolor crónico, suicidio de una persona cercana, exposición a la violencia, falta de acceso a los servicios de salud mental y el estigma.
Sobre ese estigma es que la administración del presidente Gabriel Boric ha enfocado su estrategia de prevención.
De hecho, en octubre pasado se lanzó la primera campaña comunicacional nacional dedicada a la salud mental. Con el lema “Estigmatizar cierra puertas. Abramos la conversación a la salud mental”, el gobierno chileno busca justamente generar mayor conciencia sobre la prevención del suicidio en ese país.
El mandatario chileno ha jugado un rol activo en hablar del tema, haciendo público su Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC) e incluso abordando abiertamente una internación voluntaria en un hospital psiquiátrico antes de llega a la presidencia.
“Durante mucho tiempo el tema de la salud mental se ha vivido en silencio, con estigmas, de manera prejuiciosa, siendo que es parte esencial de la salud integral de toda la población. Si alguien está haciendo deporte y se fractura y se va a operar lo cuenta sin ningún problema…Pero si alguien estuvo internado en un hospital psiquiátrico, como yo, que estuve internado tres semanas en un hospital psiquiátrico voluntariamente, el solo hecho de decirlo como que provoca escozor”, dijo en septiembre pasado en la inauguración de un centro de salud primaria especializado en salud mental en la capital chilena.
Pese a que en sectores del mundo académico y de la salud mental se ha valorado que el gobierno chileno tenga entre sus prioridades este tema, también advierten que hay muchos desafíos pendientes.
A la administración actual se le ha cuestionado por poner demasiado énfasis en el relato y no así en políticas públicas concretas.
“Aquí no ha habido ningún aumento significativo en inversión en términos de salud mental durante este gobierno. Y la atención psiquiátrica en el sector público sigue siendo bien miserable. Eso no ha cambiado en absolutamente en nada”, dice Llorca.
Esto último coincide con las conclusiones del último informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Chile, el que detectó que “en el sistema público de salud una mujer o un hombre adulto deben esperar 236 días -en promedio- para recibir atención psiquiátrica. Mientras que un niño, niña o adolescente tiene que esperar 292 días”.
“Se trata de situación que afecta la accesibilidad a ayuda, algo fundamental para garantizar el derecho a la salud mental”, agrega un reporte del organismo.
En su informe el INDH también advierte sobre el hecho de que “pese a los esfuerzos y compromisos del Estado de aumentar el presupuesto destinado a salud mental, existe poca claridad respecto de su progreso en relación con las necesidades existentes”.
En el 2025 el Estado de Chile destinó un 4,5% de su gasto público en salud a la salud mental, por debajo del 6% recomendado por la OMS, aunque por sobre lo que destinan en promedio los países a nivel mundial.
La académica de la Universidad de Chile y Directora del Centro Colaborador OPS/OMS para el Desarrollo, Capacitación e Investigación en Salud Mental, Olga Toro, ha advertido sobre los desafíos pendientes.
“Aun cuando se reconoce que hay más conciencia, persisten la barrera del estigma, el limitado reconocimiento de la participación de personas con experiencia vivida y los débiles mecanismos de coordinación intersectorial que disminuyen la efectividad de los esfuerzos públicos”, afirmó en octubre pasado.
Otro de los desafíos pendientes que reportan expertos es la falta de especialistas en el sistema de salud pública.
La subsecretaria Albagli asegura que la estrategia adoptada por el gobierno chileno ha tenido buenos resultados.
Para ella, poner el foco en el relato va en línea con la primera prioridad en materia de salud mental: terminar con el estigma social que lo rodea y que así las personas no teman a pedir ayuda.
De hecho, destaca que entre 2021 y 2025 la red pública de salud mental experimentó un aumento histórico en su actividad asistencial, con las prestaciones ambulatorias pasando de 3,2 millones en 2021 a 6,3 millones en 2024.
Asimismo, las hospitalizaciones psiquiátricas se incrementaron de 34.000 en 2021 a más de 50.000 en 2024.
Por otro lado, la autoridad recalca que el gobierno ha impulsado políticas específicas que han tenido resultados concretos. Entre otros, el establecimiento en 2023 de la Línea de prevención del suicidio *4141, la que opera 24 horas al día y ya suma más de 227.000 llamadas gestionadas y miles de personas conectadas con atención de salud.
Si tú o alguien de tu entorno piensa en el suicidio, busca ayuda. Puedes encontrar recursos de apoyo en este enlace.
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