Elecciones judiciales. El antecedente boliviano
En 2025 iremos nuevamente a las urnas, esta vez en un proceso novedoso en nuestro país e inédito en el mundo: elegiremos más de 1400 cargos judiciales, jueces, magistrados y ministros. Ningún país del mundo ha tenido unas elecciones de este tipo; el caso más similar en comparativa es el de Bolivia.
Aunque la organización de elecciones es una situación superada en el país, no existe un antecedente de elecciones como las que tendremos en 2025. En las últimas semanas se especuló que en los Estados Unidos o en Suiza se elegían algunos jueces, pero lo cierto es que el perfil de estos es más un híbrido con funciones administrativas menores, y no de un tribunal constitucional, por ejemplo.
Bolivia es sin duda el caso más parecido, pues en 2009 establecieron a nivel constitucional que cuatro órganos del Poder Judicial se eligieran por voto popular; estos son el Tribunal Constitucional Plurinacional, el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura.
A partir de 2011, la Asamblea Legislativa Plurinacional, órgano legislativo de dicho país, preseleccionó a las personas postulantes por cada departamento, dejando en manos de la autoridad electoral la organización del proceso. La única restricción constitucional era que las y los postulantes no podían pertenecer a organizaciones políticas; sin embargo, la intervención del legislativo, al menos, contradecía esa situación. Otra restricción legal consistía en no haber ocupado cargos directivos en empresas extranjeras transnacionales que tengan relación comercial con el Estado. La evaluación de méritos de las y los aspirantes recayó en la propia Asamblea, ésta evaluó la formación académica, la producción intelectual y la experiencia de aspirantes.
Dentro del proceso boliviano tampoco se encontraban previstas las campañas electorales, siendo la autoridad administrativa electoral la responsable de difundir los méritos de las candidaturas, habilitando la contratación de tiempos en radio y televisión, y distribuyéndolos de manera igualitaria. Si bien se entiende que con la ausencia de las campañas se trataba de no politizar un evento que es de origen político, lo que produjo fue, en palabras de un político boliviano, postulantes mudos, medios de comunicación silenciados y ciudadanía desinformada.
Así, el 16 de octubre de 2011 se realizó la primera jornada electoral para elegir, entre 348 aspirantes, los 56 cargos judiciales en disputa. Entre las candidaturas no se encontraron los mejores perfiles jurídicos, quienes habían impugnado el proceso. Aparecieron en la boleta perfiles sin experiencia, sin producción intelectual, simulaciones de candidaturas indígenas, pero seleccionados por comisiones de la misma Asamblea sin un criterio único en cuestiones como la experiencia necesaria o sin tomar en cuenta su preparación profesional, valiendo más las vivencias que las cualidades académicas.
La ciudadanía, quien no pareció particularmente involucrada en el ejercicio, decidió no participar: de poco más de 5 millones de empadronados, 1 millón no acudió a las urnas en un país donde el voto es obligatorio. No se vio el interés esperado ni en el proceso ni en las candidaturas ni en el resultado. En su momento se comentó que hubo un cierto “grado de confusión” por el alto número de candidaturas postuladas. Contando votos nulos y en blanco (60 %) los votos válidos alcanzaron, apenas, un 40%.
Tras este primer ejercicio, ocurrió un segundo en 2017, sin mayor éxito, con un 20 % de abstencionismo. No obstante, el éxito de ambos procesos fue el de legitimar un Poder Judicial controlado por el gobierno. En un análisis realizado por organizaciones de la sociedad civil boliviana, se indicó que a pesar de que aumentaron los juzgados y el presupuesto, no aumentó la capacidad de personas juzgadoras para resolver más rápido y de manera más efectiva los asuntos sometidos a su jurisdicción; en cambio, sí se incrementaron los procedimientos burocráticos y, con ello, el manejo político en la designación de jueces, juezas y personal administrativo.
En 2023 debieron llevarse a cabo nuevamente elecciones judiciales, sin embargo, estas fueron pospuestas para 2024. El balance después de 15 años de la reforma al Poder Judicial boliviano es que el mismo carece de independencia, y es altamente cuestionado pues presenta un gran rezago, ya que la justicia se ha vuelto lenta e ineficaz.
Aunque poco sabemos de las elecciones judiciales, la experiencia comparada indica que son un reto tanto en la organización, como en el funcionamiento y operación cotidiana de la justicia.
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La ausencia del ejército regular en la crisis actual plantea interrogantes sobre la capacidad de las instituciones del Estado libanés para enfrentar un conflicto de grandes dimensiones.
El conflicto actual entre Israel y el grupo armado chiita Hezbolá se basa en dos posiciones claramente definidas, que se han mantenido afianzadas durante más de cuatro décadas.
Israel dice que está decidido a eliminar la amenaza que Hezbolá representa desde el vecino Líbano, mientras que Hezbolá sigue atacando posiciones israelíes en un esfuerzo por destruir el Estado de Israel.
Durante los últimos 11 meses, las hostilidades transfronterizas diarias entre ambos bandos han aumentado aún más la tensión.
Ahora que está en marcha una invasión israelí en Líbano, por primera vez desde 2006, muchos se preguntan dónde está el ejército libanés en toda esta situación y qué hizo para evitar que esto sucediera, dadas las ramificaciones de tal escalada para toda la región.
Sin recursos
A primera vista, el ejército libanés ha estado ausente de las hostilidades, mientras que Israel y Hezbolá (que está proscrito como organización terrorista por Estados Unidos, el Reino Unido y otros países) han asumido el centro de atención.
En teoría, es tarea del ejército luchar contra el enemigo de la nación, e Israel es oficialmente el enemigo de Líbano.
Pero el ejército libanés carece de equipo y del arsenal necesario para semejante enfrentamiento.
El ejército israelí está sólidamente equipado y posiblemente cuenta con el mayor apoyo de las potencias occidentales, tanto financieramente como en términos del arsenal más avanzado.
Además, existe una creencia generalizada, apoyada por testimonios de varios exoficiales de alto rango, que acusa a Estados Unidos de presionar activamente a sucesivos gobiernos libaneses para impedir que el Estado adquiera armas sofisticadas que puedan suponer una amenaza para Israel.
Una profunda crisis económica, agravada por la devastadora explosión del almacén de fertilizantes de Beirut en 2020, ha empeorado mucho las cosas para el ejército libanés.
La falta de fondos ha afectado a su personal y a sus necesidades operativas más básicas, como el combustible.
Donaciones
Para complicar aún más las cosas, EE.UU., considerado por Hezbolá como su mayor enemigo, es el principal donante del ejército libanés.
Durante un tiempo, Washington contribuyó a los magros salarios del personal de este ejército.
Pero su ayuda se limita a vehículos, accesorios y armas individuales y no se compara con la ayuda que proporciona a Israel.
Mientras tanto, algunos observadores señalan que la ineficacia del ejército libanés contra Israel es similar a la de todos los demás ejércitos nacionales de la región.
“Ni el ejército libanés ni ningún ejército árabe tiene la capacidad para enfrentarse al enemigo israelí”, señala el general Mounir Shehade, excoordinador del gobierno libanés en la Fuerza Provisional de Naciones Unidas en el Líbano (FPNUL).
“Con el ejército israelí, ninguna lucha es adecuada, salvo la guerra de guerrillas, similar a la que ocurrió en Gaza”.
Khalil El Helou, general retirado del ejército libanés, afirma que “el papel del ejército libanés es mantener la estabilidad interna, porque hoy la situación interna es delicada”.
“El desplazamiento de medio millón de partidarios libaneses de Hezbolá a zonas que están en contra de Hezbolá crea fricciones que podrían derivar en disturbios de seguridad y quizás en una guerra civil”, agrega.
Tras la muerte del líder de Hezbolá, Hassan Nasrallah, a manos de Israel, el ejército libanés se desplegó en gran medida en muchas zonas consideradas “sensibles” donde había una gran posibilidad de tensión entre los diferentes grupos del país.
El domingo también emitió un comunicado en el que instaba a “los ciudadanos a preservar la unidad nacional”, subrayando que seguía tomando medidas para preservar la paz civil en el país.
El frente de combate
¿Tiene entonces el ejército algún papel en las hostilidades actuales? En realidad no.
Sin embargo, está presente en el sur y en cantidades significativas.
El ejército anunció recientemente que un soldado libanés murió por un dron israelí que atacó una motocicleta cuando pasaba por un puesto de control.
Además, es probable que cualquier alto el fuego futuro implique un mayor despliegue del ejército en el sur, algo que el primer ministro libanés ha insinuado recientemente.
Todo esto, sin embargo, implicará su propio conjunto de desafíos. Se necesita más personal y, para ello, se requiere más dinero, fondos que el ejército simplemente no tiene.
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