En las últimas semanas hemos hablado sobre cómo los partidos han adelantado el reloj electoral con sus procesos internos para definir sus liderazgos de cara a 2024. Por un lado, se elige lo que han llamado coordinador de la defensa de la cuarta transformación, y por el otro se elige a la persona que encabezará el Frente Amplio por México integrado por el PAN, PRI y PRD.
Estamos ante ejercicios novedosos en cuanto a que es la primera vez que se hacen este tipo de procesos de cara a una elección federal. Esto ha resultado en una amplia polémica en torno a su legalidad, lo cual ha obligado a que tanto el INE como el TEPJF emitieran diferentes pronunciamientos en los que han ido definiendo lo que se puede y lo que no se puede hacer.
En principio se ha reconocido que son procedimientos políticos de los partidos políticos que por sí solos no son ilegales, aunque ya los actos y acciones particulares que se lleven a cabo en cada ejercicio sí podrían ser contrarios a la legislación electoral. Asimismo, el gasto que implique la relación de estos ejercicios y las actividades de quienes participan en ellos sí fue llamado a ser objeto de fiscalización por la autoridad electoral debido a posibles irregularidades.
Es por esto que se ha advertido la necesidad de emitir unos lineamientos mínimos para definir qué se puede hacer y qué no. Los lineamientos emitidos por el INE atienden a temas de fiscalización, propaganda, prerrogativas de acceso a radio y televisión, y, uso de recursos públicos. La intención de esta normativa es regular las actividades de los partidos políticos respecto en estos procesos, al tiempo que garantiza el respeto al principio democrático y un ecosistema equitativo, equilibrado y justo para las y los contendientes a las candidaturas.
En los lineamientos se ha establecido un monto máximo de gasto para las actividades de las y los aspirantes el cual es de 34 millones de pesos. Se contempla la participación de servidoras y servidores públicos sin necesidad de que se separen del cargo, pero observando las limitaciones en cuanto a no hacer uso de recursos públicos.
En cuanto al gasto de los recursos, lo inédito de los ejercicios ha obligado a una amalgama interesante en cuanto a la regulación estipulada por la autoridad electoral. Por ejemplo, por un lado se definió que los recursos a usarse por parte de los partidos políticos provendrán del financiamiento ordinario, pero para la fiscalización se establecieron reglas similares a las que se siguen en los procesos electorales, incluso se establecieron fechas para la presentación de informes y emisión final del dictamen de fiscalización.
Aunque los tiempos electorales se adelantaron porque el contexto así lo ha marcado, lo cierto es que estamos en presencia de ejercicios inéditos, novedosos que han puesto a prueba a las autoridades electorales. Sin embargo, como ha ocurrido en muchos otros casos, la dinamicidad del derecho electoral ha permitido que las autoridades ajusten la normativa a fin de vigilar el cumplimiento de los principios rectores de la función electoral. Veremos si los partidos se ajustan también.
Oficialmente no existe como una entidad jurídica, pero eso no impidió que el Tribunal Supremo de Rusia declarara como una organización extremista al “movimiento público internacional LGTB”.
Además, prohibió cualquiera de sus actividades en todo el país a raíz de un proceso impulsado por una moción del Ministerio de Justicia.
La audiencia se celebró a puerta cerrada sin la presencia de “la parte de demandada”, aunque sí se permitió la entrada de periodistas para escuchar la decisión del tribunal.
Hace tres años la Constitución rusa fue modificada para dejar claro que el matrimonio se refiere a la unión entre un hombre y una mujer.
Las relaciones entre personas del mismo sexo no están reconocidas en la Carta Magna rusa.
Antes de la sentencia, le pregunté a Sergei Troshin, diputado municipal en San Petersburgo, qué efecto tendría.
“Creo que esto significará que cualquiera que el Estado considere activista LGBT podría recibir una larga pena de prisión por ‘participar en una organización extremista'”, dijo el funcionario que se declaró homosexual el año pasado.
“Para el organizador de un grupo así, la pena de prisión será aún mayor”, agregó.
“Esto es una represión real. Hay pánico en la comunidad LGBT de Rusia. La gente está emigrando con urgencia. La palabra real que estamos utilizando es evacuación. Estamos teniendo que salir de nuestro propio país. Es terrible”, lamentó Troshin.
En los últimos años, la comunidad LGBT de Rusia se ha visto sometida a una presión cada vez mayor por parte de las autoridades. En 2013, se aprobó una ley que prohibía “la propaganda [dirigida a menores] de relaciones sexuales no tradicionales”.
El año pasado, esas restricciones se ampliaron a todos los grupos de edad en Rusia.
Las referencias al colectivo LGBT se han eliminado de libros, películas, anuncios y programas de televisión. A principios de este mes, un canal de televisión ruso decoloró un arco iris en un vídeo de una banda de kpop surcoreana para evitar ser acusado de violar la ley de “propaganda gay”.
En la Duma, la cámara baja del Parlamento ruso, Vitaly Milonov, famoso diputado del partido gobernante y que es conocido por sus posturas homófobas, afirmó que la prohibición de los grupos LGBT “no tiene que ver con las minorías sexuales ni con la vida privada de las personas”.
“Se trata más bien de la agenda política proclamada por este movimiento internacional LGBT”, me dijo.
“Tienen sus propias tareas, sus propios objetivos. Actúan como una fuerza política, una estructura política, y los objetivos de esta estructura contravienen la Constitución rusa”, aseguró.
En ese momento le aclaré que “no existe un movimiento llamado ‘Movimiento público internacional LGBT’. ¿Cómo puedes prohibir algo que no existe?”.
“Oh, es fácil”, respondió Milonov. “Podemos prohibir cualquier actividad de las organizaciones internacionales LGBT aquí en Rusia. Eso está muy bien. No las necesitamos”, dijo asegurando que todavía no había llegado al final de su lucha.
“Estoy deseando dar el siguiente paso: prohibir la bandera arco iris de seis colores. No necesitamos esta bandera. Es un símbolo de la lucha contra la familia tradicional. Espero que nadie pueda mostrar esta bandera en Rusia”, concluyó.
Desde que Vladimir Putin gobierna Rusia, el Kremlin se ha volcado en defender una ideología centrada en el pensamiento conservador y los “valores familiares tradicionales”.
Para las autoridades rusas el activismo LGBT es algo inherentemente occidental y que es hostil a las costumbres de Rusia y la presión que ejercen sobre la comunidad la presentan como un medio para defender la estructura moral del país.
Otro aspecto es la popularidad de estas medidas de cara a las elecciones presidenciales del próximo marzo.
“Creo que [la audiencia judicial] está relacionada”, opinó Sergei Troshin. “[Las autoridades] están creando un enemigo artificial”.
“Dicen: ‘Estamos luchando contra Occidente’. La batalla contra las personas LGBT encaja en esta retórica antioccidental. Luchar tanto contra Occidente como contra la comunidad LGBT es popular entre la parte conservadora y antioccidental de la sociedad. Así que este tema se impulsará en el periodo previo a las elecciones”, agregó.
Maxim Goldman, quien trabaja para una organización rusa que ofrece apoyo personas transgénero y no binarias, añade que “intentan distraer la atención de problemas más importantes, en los que las autoridades rusas no quieren que la gente piense”.
“En cuanto nos enteramos de la vista en el Tribunal Supremo, las personas que dirigen nuestra organización se dieron cuenta de que tendríamos que abandonar el país urgentemente. Se convirtió en una emergencia”, contó Goldman.
Hablé con Maxim, que se identifica como no binario, en su último día en Rusia. Había hecho una pequeña maleta y estaba a punto de dirigirse al aeropuerto.
“Me siento totalmente rechazado por mi propio país“, lamenta. “Se supone que aquí tenemos una democracia. Se supone que la gente que ponemos en el poder debe cuidar de nosotros”.
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