Espacio de generación y construcción de ideas para contribuir al fortalecimiento de una cultura de trato igualitario y no discriminación en la Ciudad de México, en el país y en el mundo. Twitter: @COPRED_CMX

Capital Plural

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Repensar la política social y buscar formas innovadoras y efectivas de solución a las problemáticas que afectan a los grupos históricamente discriminados, es aceptar que los contextos han cambiado y que las necesidades de atención ya no son las mismas. La expectativa, entonces, es que la administración pública vea un nicho de oportunidad en otras estrategias, como la que ofrecen las ciencias del comportamiento, que se enfoquen en combatir temas de desigualdad, discriminación y a la contribución de un ejercicio justo de los derechos humanos.
En su natural evolución, las políticas públicas se han allegado de herramientas para dar solución a problemas públicos cada vez más complejos. La economía del comportamiento (EC) es el punto de encuentro de las ciencias del comportamiento, como lo es la psicología, con un importante descubrimiento que tuvo la economía: las personas no toman decisiones de forma racional en todo momento. Es así que las personas hacedoras de políticas públicas con enfoque de derechos humanos retoman los principios de la EC para diseñar acciones tendientes a tener una mejor comprensión del comportamiento humano, en este caso, para contribuir a eliminar las conductas discriminatorias y promover el acceso igualitario de oportunidades a los grupos en situación vulnerable.
En este sentido, las ciencias del comportamiento han estudiado cómo las <a href="https://www.bbvaopenmind.com/articulos/economia-conductual-pasado-presente-y-futuro/" target="_blank" rel="noopener">influencias sociales</a> afectan nuestras decisiones y elecciones. Por ejemplo, las influencias informativas nos ayudan en situaciones donde no tenemos mucha información del contexto y entonces observamos cómo actúan otras personas en la misma situación. Por otro lado, las influencias normativas tienen que ver con cómo respondemos a las presiones de los grupos que nos rodean. Una muestra de ello se presenta en <a href="https://www.frontier-economics.com/es/es/noticias-e-informacion/publicaciones/article-i9789-are-you-keeping-up-with-the-joneses/" target="_blank" rel="noopener">nuestros recibos de luz</a>, donde se hacen comparativos entre la energía que gasta “un vecino con menor consumo”, un “vecino promedio” y nuestro consumo, lo que tiende a reducir nuestro gasto energético para así equipararnos con el consumo ideal.
Sobre las políticas públicas con este enfoque, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) cuenta con el <a href="https://behavioral.iadb.org/es/our-projects/cerrando-la-brecha-de-genero-en-las-carreras-stem" target="_blank" rel="noopener">Grupo de Economía del Comportamiento</a> (GEC), que se ha asociado con gobiernos locales y nacionales de América Latina y el Caribe para promover el conocimiento relacionado con la toma de decisiones individual y colectiva en la región, con el objetivo de mejorar la vida de las personas, a través de los conocimientos que ofrecen la psicología y la economía, en ámbitos de salud, educación, trabajo, medio ambiente, entre otros.
La economía del comportamiento, a grandes rasgos, se refiere a esa rama de la economía que estudia la forma en la que las personas toman decisiones en un plano más acercado a la realidad, contrastando con los modelos económicos tradicionales que se basaban en la racionalidad del individuo. En una publicación anterior de <a href="https://www.animalpolitico.com/analisis/organizaciones/capital-plural/sesgos-cognitivos-discriminacion-diversidad" target="_blank" rel="noopener">Capital Plural</a>, donde se abordaron los sesgos cognitivos y cómo estos pueden llevarnos a tener conductas discriminatorias, aprendimos que nuestro cerebro se ayuda de estrategias o atajos para procesar la gran cantidad de información a la que está expuesto, y que, en ese proceso, se pueden presentar errores sistemáticos. La <a href="https://www.bi.team/wp-content/uploads/2016/09/v9-imec-vol-1-1.pdf" target="_blank" rel="noopener">EC aplicada a políticas públicas</a> explora la influencia de estos sesgos, además de la aversión al riesgo y a la incertidumbre y las motivaciones en nuestras decisiones, para así idear una serie de herramientas y alternativas que se dirijan a impactar positivamente la vida de las personas.
Es un tema relativamente nuevo, que probablemente obtuvo mayor visibilidad en 2002 y 2017, cuando Daniel Kahneman y Richard Thaler recibieron, respectivamente, el premio Nobel en economía por sus aportaciones en la materia. En este auge, los gobiernos vieron una alternativa viable de solución a los problemas públicos para implementarse en sus administraciones. En este sentido, el exprimer ministro del Reino Unido, David Cameron, estableció en su administración el Equipo de Ideas sobre Comportamiento, popularmente conocido como la <a href="https://www.instituteforgovernment.org.uk/article/explainer/nudge-unit" target="_blank" rel="noopener">Nudge Unit</a> (o unidad del “empujón”) en 2010, basado en las investigaciones de Thaler sobre la influencia en las motivaciones de las personas para tomar mejores decisiones. Vale la pena decir que esta unidad tuvo una importante labor durante las acciones que se llevaron a cabo en la pandemia por COVID-19, sobre todo en el diseño de campañas informativas sobre higiene y distanciamiento social.
En materia de derechos humanos se ha comenzado a utilizar la EC para diseñar políticas públicas en favor de grupos históricamente discriminados. Al respecto, el Grupo de Economía del Comportamiento del BID realizó una <a href="https://behavioral.iadb.org/index.php/es/our-projects/intervencion-conductual-para-mejorar-el-cumplimiento-de-la-cuota-de-empleo-de-personas" target="_blank" rel="noopener">intervención en Perú</a>, con el objetivo de promover la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Con base en los datos del BID, las personas con discapacidad tienen un acceso deficiente a la educación, lo que tiene repercusiones en el ámbito laboral, donde su tasa de participación es considerablemente baja. Aunque existe la normatividad que requieren a las empresas aplicar cuotas de contratación para este grupo, sólo el 0.5 % cumplían con la disposición.
El proyecto consistió en enviar dos tipos de cartas a 1000 empresas: el primer tipo fue con un enfoque normativo donde se destacaban las multas por incumplimiento, y en el segundo tipo se señalaban los beneficios y el rol de la empresa para revertir la exclusión laboral contratando a personas con discapacidad. Los resultados muestran que las empresas a las que se les hizo el envío de la carta implementaron medidas para la contratación de trabajadoras y trabajadores con discapacidad, en comparación con las que no recibieron ningún mensaje. Este aumento se observó en mayor medida en las empresas a las que se les envió la carta con enfoque normativo, donde se les recordó su obligación legal y las consecuencias de no cumplimiento.
Otro ejemplo se dio en <a href="https://behavioral.iadb.org/es/our-projects/animar-las-sobrevivientes-de-la-violencia-contra-las-mujeres-buscar-ayuda" target="_blank" rel="noopener">Honduras</a>, donde más de una cuarta parte de las mujeres hondureñas de entre 15 y 49 años han sufrido al menos un acto de violencia física y más de una quinta parte han sufrido violencia por parte de su pareja en una relación, entre 2019 y 2020. No obstante, un porcentaje muy pequeño buscó ayuda de las instituciones estatales. Para este caso, el equipo del BID realizó una investigación cualitativa sobre los principales factores que frenan a las mujeres a buscar ayuda. Con este fundamento, diseñaron una intervención con mujeres usuarias de Facebook, distribuidas aleatoriamente en grupos. Se enviaron mensajes distintos a cada grupo, explorando herramientas de comportamiento particulares. Los resultados arrojaron que las mujeres del primer grupo de tratamiento (de reducción de la incertidumbre), donde se mostró un mensaje que señalaba los pasos a seguir después de la llamada al número de emergencia, tenían un 19.4 % más probabilidades de visitar el sitio web de ayuda, en comparación con el grupo de control, donde se mostraba un mensaje estándar sobre las llamadas al 911.
En <a href="https://behavioral.iadb.org/es/our-projects/cerrando-la-brecha-de-genero-en-las-carreras-stem" target="_blank" rel="noopener">nuestro país</a>, el BID realizó un proyecto para impulsar la representación de las mujeres en las carreras relacionadas con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, ya que, en México, los puestos de trabajo mejor pagados se encuentran en eso ámbitos. De esta forma, se busca promover la igualdad de género en el campo laboral y así reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres. Se aplicó primero una encuesta a 12 mil estudiantes a nivel bachillerato y se encontró que las jóvenes se enfrentan a estereotipos de género, normas sociales y falta de información en cuanto al acceso a las carreras mencionadas.
Posteriormente, se formaron dos grupos de tratamiento y un grupo control. En el primero recibieron una carta personalizada donde se contaba la historia de un modelo a seguir para hacer frente a los estereotipos de género. En el segundo grupo, la carta contenía una guía práctica para solicitar el ingreso en la universidad con el fin de reducir las barreras de la falta de información y la complejidad del proceso. El grupo control recibió una carta con información básica de las carreras antes referidas. Los resultados mostraron que las cartas de tratamiento aumentaron la preferencia de las mujeres por las matemáticas en comparación con el grupo de control. También se concluyó que es fundamental exponer a las estudiantes a la información sobre carreras de ciencia, la tecnología, la ingeniería y matemáticas en una etapa temprana de la escuela secundaria; asimismo, es clave brindar información a las madres y padres, con el fin de influir en las normas sociales familiares que moldean las elecciones de carrera de las mujeres.
El Gobierno de la Ciudad de México no es extraño en el uso de las ciencias del comportamiento para cambiar conductas no deseadas en la ciudadanía. Un ejemplo de esto fue la campaña <a href="https://www.researchgate.net/publication/324536009_La_arquitectura_de_la_decision'_Economia_conductual_y_diseno_de_las_politicas_publicas" target="_blank" rel="noopener">“Menos sal, más salud”</a>, en donde se cambiaba la opción por default (tener un salero en la mesa de los restaurantes) para reducir el consumo de sal y de esta forma, tratar de disminuir las enfermedades cardiovasculares relacionadas con una alta ingesta de este condimento. Una cadena restaurantera reportó que el consumo de sal se redujo en un 70 %, porque la mayoría de comensales no solicitó un salero. Aquí se trabajó con el sesgo del status quo, en donde las personas prefieren mantener el estado de las cosas tal y como se les presenta.
Y aunque también se pueden rastrear esfuerzos de intervenciones de EC en la Secretaría de Movilidad y en la Agencia Digital de Innovación Pública que, sin duda, apuntan a promover los derechos y la seguridad de las personas que viven y transitan en la capital del país, no se han utilizado todavía este tipo de herramientas para el diseño de políticas públicas en favor de los grupos de atención prioritaria, que ayuden al cierre de brechas de desigualdad en la Ciudad de México, tal como se mostró en el trabajo que hace el BID en otras ciudades de la región.
Como instituciones del Estado se puede explorar la posibilidad de conformar laboratorios de políticas públicas con enfoques transversales (como género, derechos humanos, igualdad, entre otros), que empleen herramientas innovadoras, como lo ofrece la Economía del Comportamiento, para la creación de intervenciones que tomen en cuenta los retos actuales que enfrentan las personas en el ejercicio de derechos y que contribuyan al combate de la discriminación y la desigualdad. Como decía el psicólogo Daniel Kahneman, “Nos concentramos demasiado en lo que conocemos e ignoramos lo que no conocemos, lo cual nos hace confiar demasiado en nuestras creencias”.
* Laura Rosales es asesora en la Coordinación de Políticas Públicas y Legislativas del COPRED.

La economía del comportamiento para los derechos humanos

Uno de los ejes de los derechos humanos de las mujeres es el derecho a decidir, se trata de un principio ético y político que nos reconoce como sujetas con toda la capacidad para tomar determinaciones sobre nuestra vida. Los derechos sexuales dan cuenta de la libre soberanía de las mujeres (mujeres adultas, jóvenes, adolescentes, niñas y mujeres de las diversidades sexuales e identitarias), sobre nuestro cuerpo, evitando que se impongan sobre nosotras valores de otras personas que condenen dicha autonomía.
Interrumpir un embarazo forma parte de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas con capacidad de gestar, sin embargo, aún se estigmatiza y no se han armonizado las leyes a pesar de que, desde septiembre de 2021, la penalización del aborto consentido es inconstitucional por lo que ningún juez en las 32 entidades federativas del país, sin importar lo que se señale en la ley, puede condenar a ninguna mujer o persona por interrumpir su embarazo.
Organismos internacionales de derechos humanos han calificado las leyes que penalizan el aborto como discriminatorias y como un obstáculo para que las mujeres podamos acceder a la atención médica. Por ello, las recomendaciones emitidas por dichos organismos solicitan que se eliminen estas leyes.
En México, el movimiento se abrió a debate público y los logros obtenidos se han fortalecido con la participación activa de miles de mujeres, jóvenes, adolescentes, niñas y personas con capacidad de gestar que se han ido integrando a la lucha y a la demanda colectiva por el reconocimiento del aborto legal en el marco de los derechos humanos, como un asunto de justicia reproductiva.
Actualmente, son nueve los estados donde, sin importar la causa de la decisión, se puede efectuar la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) durante las primeras 12 semanas de gestación: Ciudad de México, Oaxaca, Baja California, Coahuila, Veracruz, Colima, Hidalgo, Guerrero, Baja California Sur, Sinaloa, Quintana Roo y Aguascalientes, quedan 20 estados pendientes en armonizar sus leyes.
La Ciudad de México se convirtió en 2007 en la primera entidad federativa en despenalizar el aborto, se estableció la ILE como un derecho humano garantizado para las mujeres y personas gestantes que enfrentan un embarazo no deseado con lo que se reconoce el derecho a decidir sobre el cuerpo, la sexualidad y la libertad reproductiva; sin importar los motivos que lleven a tomar esta decisión, siempre y cuando no exista coacción.
La ILE es una práctica voluntaria que debe realizarse de forma LIBRE, SEGURA Y GRATUITA, bajo condiciones médicas específicas, que resguarden la integridad de las mujeres y personas gestantes; es decir, contar con las condiciones higiénicas, tecnológicas y humanas, y ser realizada por personal de salud capacitado y, sobre todo, sensible. El Estado, a través de los servicios de salud tiene la obligación de garantizar la ILE, tomando en cuenta la privacidad, confidencialidad y dignidad de las mujeres.
De acuerdo a la normativa vigente en la Ciudad de México, las instituciones de salud, además de cumplir con la solicitud de ILE, pondrán a disposición de las mujeres y personas gestantes servicios de consejería médica, psicológica y social con información de las opciones con que cuentan. Cuando la mujer o persona gestante decida practicarse la interrupción del embarazo, la institución debe realizarla en un término no mayor a cinco días, contados a partir de que sea presentada la solicitud. También se contemplan servicios de salud sexual, reproductiva y de planificación familiar a quienes hayan practicado ILE.
En el caso de la Ciudad de México, las instituciones de salud del gobierno deben atender las solicitudes de ILE a todas las mujeres y personas gestantes solicitantes aun cuando cuenten con algún otro servicio de salud público o privado, ya sea que vivan en la ciudad, vengan de otros estados o estén de paso. El servicio es universal, gratuito y sin condicionamiento alguno.
Aunque el acceso a este derecho no es igual en todo el país, ya sea por falta de difusión, capacitación del personal de salud o por múltiples barreras sociales, económicas, administrativas, culturales o discriminatorias, las mujeres y personas con capacidad de gestar que viven en la república mexicana tienen derecho a exigir el acceso a un aborto en los casos que se encuentran dentro del marco legal.
Existen ocho causales por las que el aborto es permitido en el país, a nivel nacional todas las mujeres tienen derecho a interrumpir su embarazo cuando fue producto de violencia sexual. En este sentido, es importante mencionar que la única causal que aplica en todo el país, para que el aborto no se considere un delito, ocurre cuando el embarazo es producto de una violación y en este caso se nombra Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), el cual es un procedimiento médico a solicitud de la mujer o persona embarazada como consecuencia de una violación sexual, este procedimiento puede ejercerse en cualquier momento y no es necesario haber denunciado el hecho para poder acceder al servicio de salud, lo anterior en términos de lo previsto en la NOM-046-SSA2-2005.
Respecto a la objeción de conciencia, en los casos en los que sea urgente la interrupción del embarazo para salvaguardar la salud o la vida de la mujer o persona gestante no podrá invocarse la objeción de conciencia. Además, es obligación de las instituciones públicas de salud garantizar la oportuna prestación de los servicios y la permanente disponibilidad de personal de salud no objetor de conciencia.
Las clínicas privadas y públicas deben dar un trato empático, respetuoso, con perspectiva de género y apegado a los derechos humanos a quienes soliciten una interrupción legal del embarazo, pues aunque están accediendo a un derecho que les pertenece, muchas de estas personas viven en una realidad que no le facilita el acercamiento a una clínica, ya sea por estigma o violencia.
En la Ciudad de México la marea continúa, la ILE es un gran avance, sin embargo existen situaciones que no han podido trascender como la centralización de los servicios de salud, el mal empleo de la objeción de conciencia por el personal médico, la discriminación y violencia obstétrica relacionadas con etnia, tonalidad de piel, situación económica o identidad de género, así también es necesario analizar la conciliación entre la vida laboral y reproductiva, la reproducción asistida y una adecuada educación sexual integral en distintos ámbitos.
Contar con leyes que declaren legal la interrupción del embarazo no es el fin del camino porque aún hay mujeres que siguen abortando solas, en condiciones inseguras e insalubres, sintiéndose juzgadas o teniendo que justificarse en los espacios de salud sobre su decisión, aún persisten la regulación de ciertos cuerpos y tabúes en relación al aborto y la sexualidad, la marea verde aún tiene un largo camino por recorrer en pro de la justicia reproductiva.
* Berenice Vargas Ibáñez es subdirectora de planeación del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (<a href="https://twitter.com/COPRED_CDMX" target="_blank" rel="noopener">@COPRED_CDMX</a>).

Interrupción Legal del Embarazo: el derecho a decidir

El Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar el 30 de marzo se estableció en el Primer Encuentro Latinoamericano y del Caribe de Trabajadoras del Hogar, llevado a cabo del 23 al 30 de marzo en Bogotá, Colombia en 1988. En este encuentro se reunieron trabajadoras del hogar de 11 países de Latinoamérica, entre ellos México. Decididas, creamos la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar (CONLACTRAHO), primera organización regional que dio paso a la posterior creación de la Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar y a la creación del Convenio 189 en la Organización Internacional Trabajo (OIT).
Desde hace 36 años, año con año, el Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar (CACEH) ha conmemorado esta fecha emblemática en México haciendo alianzas con gobiernos y sociedad civil para el avance de los derechos de las personas trabajadoras del hogar, con lo que han ido saldando la deuda histórica con nuestro sector y por eso hoy celebramos con México los siguientes avances:
En julio de 2019 se publicó en el Diario Oficial el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de las personas trabajadoras del hogar en la Ley Federal del Trabajo a favor de contrato por escrito, salario digno, jornada de trabajo justa, no discriminación, vacaciones, aguinaldo.
La Ley del Seguro Social contempla cinco seguros como derechos humanos de las personas trabajadoras del hogar y entró en vigor ya: riesgos de trabajo; enfermedades y maternidad; invalidez y vida; retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y guarderías.
El 3 de julio de 2020 el Gobierno mexicano depositó ante la Organización Internacional del Trabajo el Convenio 189 para su ratificación, el cual entró en vigor el 3 de julio de 2021. El Convenio 189 ofrece protección específica a las trabajadoras y los trabajadores domésticos. Establece los derechos y principios básicos, y exige a los Estados tomar una serie de medidas con el fin de lograr que el trabajo decente sea una realidad para trabajadoras y trabajadores domésticos.
En cuestión de datos, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) registra a las personas que realizan trabajo del hogar. Según la ENOE, al cuarto trimestre de 2022 había 2,358,330 personas realizando trabajo del hogar a nivel nacional. Al cuarto trimestre de 2022, el ingreso promedio de las personas realizando trabajo a nivel nacional es de $4,478.1 pesos, y en la Ciudad de México es de $5,107.9.
De cada 100 trabajadoras del hogar, 98 prestan sus servicios sin un contrato escrito, solo 4 de cada 100 tienen acceso a servicios de salud, 36 de cada 100 tienen algún otro tipo de prestación, como aguinaldo o vacaciones.
Es una actividad principalmente realizada por mujeres: a nivel nacional, equivale al 91.9 % del total, mientras que en la Ciudad de México representan el 89.3 %. Se destacan los cambios a la Ley del Seguro Social para incorporar a las personas trabajadoras del hogar como sujetas de aseguramiento del régimen obligatorio y deja de ser un seguro voluntario.
Al mes de diciembre de 2022, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportó que el total de personas trabajadoras del hogar afiliadas al programa piloto es de 53,584 registradas con un salario promedio diario de 231.5 pesos.
El 16 de marzo de 2022 la aprobación de la reforma a la Ley del Seguro Social en el Senado logra que este derecho sea obligatorio para las más de 2.3 millones de trabajadoras del hogar en México. Por unanimidad la Cámara de Diputados en aprobación y posteriormente publicado por el Ejecutivo en el Diario Oficial de la Federación en noviembre 2022.
Además, el 15 de marzo también se logró la ratificación del Convenio 190 sobre la violencia y el acoso en los lugares de trabajo de la Organización Internacional del Trabajo, un instrumento que busca eliminar la violencia y el acoso en los lugares de trabajo, un tema particularmente sensible para las trabajadoras del hogar, cuyo espacio laboral es la casa de nuestros empleadores.
Lograr esta reforma tomó cuatro años, durante los cuales, desde CACEH, estuvimos acompañando y presionando el proceso legislativo, esta reforma da cumplimiento a la sentencia de inconstitucionalidad presentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 5 de diciembre de 2018, que declaró como discriminatorio e inconstitucional el que las personas trabajadoras del hogar no estuvieran incluidas dentro del régimen obligatorio de la seguridad social.
Frente a este escenario, podemos decir que si nos guiáramos por la Ley, este sería el mejor momento en la historia de México para ser trabajadora del hogar; sin embargo, en la realidad sigue imperando una cultura de discriminación y falta de respeto a los derechos, por lo que necesitamos que las personas empleadoras se sumen radicalmente a estos cambios, que firmen un contrato con la trabajadora de su hogar, paguen un salario justo y la inscriban al seguro social.
Toca hacer conciencia en las personas empleadoras para que contribuyan a la eliminación de la discriminación empezando por sus hogares y en la práctica afilien a las personas trabajadoras del hogar a la seguridad social como obligación.
Para celebrar este día también, desde hace un año CACEH ha transformado su estructura con el propósito de impulsar una agenda de cambio en todo el territorio nacional. Por eso dejamos de ser el Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar y nos constituimos como el Centro Nacional para la Capacitación Profesional y Liderazgo de las Empleadas del Hogar, CACEH NACIONAL. Con nuestra Agenda nacional por una nueva concepción del trabajo en el hogar para las personas trabajadoras del hogar para promover un trabajo digno, difundir las leyes logradas y la inscripción al Seguro Social obligatoria para todas las personas trabajadoras del hogar de México.
<h2>Agenda nacional por una nueva concepción del trabajo en el hogar para personas trabajadoras del hogar</h2>
<ol>
<li>Promover el trabajo digno como un derecho humano laboral e inalienable para personas trabajadoras del hogar y vigilar el cumplimiento del Convenio 189 de la OIT, la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social.</li>
<li>Incidir en la elaboración, diseño y aplicación de políticas públicas que implementen de manera efectiva el Convenio 189 de la OIT, en la legislación laboral a nivel nacional, generando proyectos que puedan contemplarse en la planeación presupuestal del desarrollo en los distintos niveles de gobierno.</li>
<li>Incidir y defender la propuesta de un ingreso mínimo vital y que se garantice un seguro de desempleo para las personas trabajadoras del hogar frente a las crisis derivadas de la pandemia del COVID-19, siniestros u otras emergencias naturales.</li>
<li>Promover la Implementación efectiva del Convenio 190 y su Recomendación 206 de la OIT para erradicar todo tipo de violencia y acoso en el mundo del trabajo.</li>
<li>Garantizar la integridad física, la libre movilidad y los derechos humanos laborales de las personas trabajadoras del hogar migrantes a través de la capacitación en las normas nacionales y convenios internacionales.</li>
<li>Incidir en la reforma de la Ley Federal del Trabajo que incluya el derecho a la vivienda y la inspección en los hogares donde laboramos las personas trabajadoras del hogar.</li>
<li> Promover la inscripción de la Ley del Seguro Social obligatoria y sin discriminación para las personas trabajadoras del hogar.</li>
<li>Capacitar a las personas trabajadoras del hogar sobre sus derechos humanos laborales, la profesionalización para el trabajo y la formación de liderazgos.</li>
<li>Realizar campañas de sensibilización con personas empleadoras hacia una nueva cultura del trabajo en el hogar y garantías de los derechos humanos laborales de las personas trabajadoras del hogar.</li>
<li>Promover un cambio cultural del paradigma laboral, la revalorización del trabajo del hogar, el reconocimiento pleno de los derechos de las personas trabajadoras del hogar, y fortalecer alianzas con otras asociaciones, entidades públicas y organismos internacionales.</li>
</ol>
No obstante lo anterior, siguen existiendo retos y acciones hacía la garantía de los derechos de las personas trabajadoras del hogar, las cuales enunciamos a continuación:
<ul>
<li>Informar a las personas empleadoras que es su responsabilidad la inscripción de la trabajadora al IMSS.</li>
<li>Capacitación al personal del IMSS para dar una atención adecuada e informada a las personas trabajadoras del hogar.</li>
<li>Capacitar al personal de los Centros laborales para una atención jurídica con perspectiva de los derechos de las personas trabajadoras del hogar.</li>
<li>Llevar a cabo una campaña permanente de concientización y sensibilización a las personas trabajadoras del hogar y personas empleadoras sobre sus derechos y obligaciones ante la ley.</li>
<li>Capacitar a las personas trabajadoras y empleadoras sobre sus derechos y obligaciones establecidas en la Ley.</li>
</ul>
* Marcelina Bautista (<a href="https://twitter.com/MarceBautistaB" target="_blank" rel="noopener">@MarceBautistaB</a>) es directora y fundadora del Centro Nacional para la Capacitación Profesional y Liderazgo de las Empleadas del Hogar (CACEH), activista por los derechos de las personas trabajadoras del hogar.

Personas trabajadoras del hogar: “Los derechos no se piden ni se conceden, se conquistan”

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, la reflexión y el reconocimiento de la lucha contra el racismo en los diversos ámbitos públicos y privados de la vida cotidiana es importante para generar una sociedad más igualitaria y consciente de las necesidades y preocupaciones de las personas y grupos que son víctimas de la discriminación racial.
En ese mismo sentido, es necesario que conversemos del impacto de la discriminación racial en la prestación de bienes y servicios, y de cómo vulnera los derechos de las personas consumidoras de bienes y servicios en los espacios privados como lo son los establecimientos mercantiles.
Antes de entrar en materia, ¿qué es la discriminación racial? De acuerdo con la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, entendemos a esta como “toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en la esfera política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública (ICER, 1965)”.
Con la definición de la ICER, podemos comprender que la discriminación racial es un fenómeno estructural que se encuentra sustentado en el racismo, un sistema de opresión que se basa en prejuicios y estereotipos hacia las personas por su tono de piel, forma de vestir, su lengua, sus costumbres y por su apariencia física.
La discriminación racial ha tenido un impacto notorio en la permanencia y en acceso a bienes y servicios. Esto de acuerdo a la<a href="https://copred.cdmx.gob.mx/storage/app/media/EDIS-2021-26Nov21.pdf" target="_blank" rel="noopener"> Encuesta de Discriminación de la Ciudad de México</a>, los grupos que se ven vulnerados por la discriminación racial al interior de los establecimientos mercantiles son principalmente, personas afromexicanas, personas indígenas y personas morenas (<a href="https://copred.cdmx.gob.mx/storage/app/media/EDIS-2021-26Nov21.pdf" target="_blank" rel="noopener">EDIS,2021</a>). Estos datos contrastan a nivel nacional, ya que la <a href="https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2023/ENADIS/ENADIS_Nal22.pdf" target="_blank" rel="noopener">Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS, 2022)</a> señala que el 19 % de la población indígena, seguido del 16 % de la población afrodescendiente, así como el 2.3 % de las personas de tonos de piel más oscuras se les ha negado la entrada o la permanencia en algún negocio, centro comercial o banco.
Las prácticas por discriminación racial en establecimientos no es fenómeno nuevo o ajeno a los derechos humanos. Al contrario, los datos anteriores reflejan la presencia de estas prácticas comerciales en la prestación de bienes y servicios en muchos establecimientos.
Ahora bien, es pertinente preguntarnos, ¿de qué manera se manifiesta la discriminación racial en la prestación de servicios? Las prácticas comerciales de discriminación racial culturalmente se han reproducido y legitimado a través de la publicidad, siempre se nos ha mostrado un ideal de personas consumidoras que acuden a tiendas departamentales, cines, restaurantes, teatros, antros, cafeterías, hoteles, etc.
La mayoría de personas que encontramos en comerciales de ciertos servicios o bienes en su mayoría son personas blancas, con corporalidades estilizadas, “deseables”, “sanas”, que denotan cierto poder adquisitivo y que además se sobreentiende que son “personas exitosas&#8221;.
Esporádicamente visualizamos en la publicidad la representación diversa y real de la clientela que quiere o frecuenta estos establecimientos. Según Hernán Gómez, el 70 % de quienes aparecieron en anuncios comerciales durante el 2019 tenían un tono de piel clara y tan sólo el 30 % alguna tonalidad morena. Estos datos lejos de disminuir o aumentar se continúan perpetuando. Por ende, no es un hecho aislado que la representación estereotípica en la publicidad ha contribuido a la aceptación social de quién accede y quién no a un servicio o bien.
Sin embargo, las prácticas comerciales de discriminación racial no sólo se encuentran en la publicidad. También, suceden durante y antes de establecer una relación de consumo. Por ejemplo, cuando se le prohíbe la entrada a una persona por su apariencia, argumentando que la forma en la que se ve “no representa el tipo de clientela que asiste al establecimiento” o “no cumple con el código de vestimenta”. Otro caso frecuente en tiendas departamentales sucede cuando el personal de seguridad revisa o pide el ticket a la clientela que se ve “sospechosa” o que se dude que haya comprado algo en la tienda o bajo los mismos juicios se sigue a la clientela durante toda su estancia en el negocio. En los anteriores ejemplos no existe ninguna justificación objetiva y razonable para impedir el paso o vigilar su estancia en el lugar con base en la apariencia, puesto que ese requisito está construido sobre prejuicios y estereotipos sobre “cómo debe verse la clientela deseable”.
Sin embargo, la reproducción continua de las prácticas discriminatorias raciales en establecimientos mercantiles no sólo es responsabilidad de los medios de comunicación que consumimos y/o visualizamos o de los establecimientos. También, es corresponsabilidad de la clientela que consensúa y demanda este tipo de servicios que se esconden en una etiqueta de “exclusividad”
Entonces, qué podemos hacer… En realidad, no hay soluciones individuales ante esta problemática. Las acciones deben ser en conjunto, es esencial hacer un ejercicio de reflexión colectiva e individual que reconozca que el fenómeno discriminatorio existe en los establecimientos mercantiles de la Ciudad de México y en el resto del país. El reconocimiento de esta problemática por la sociedad, personas dueñas y clientela es crucial para poder cuestionar y accionar de manera concreta ante las prácticas de discriminación racial.
El año pasado se reformó la fracción II, de la sección B del artículo 10 de la Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México para prohibir la discriminación por motivo de tono de piel. Este ajuste es un precedente histórico para el reconocimiento de la lucha contra el racismo que permea en la prestación de bienes y servicios.
Por todo lo anterior, no debemos normalizar y/o aceptar este tipo de prácticas ni como clientela o como persona dueña de un establecimiento mercantil porque se encuentran totalmente prohibidas por la Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México. Ambos deben participar en la protección del derecho a la igualdad, pero principalmente las personas dueñas deben cumplir con sus obligaciones para prevenir la discriminación mediante la capacitación, de acuerdo con la fracción X bis de la sección A del artículo 10 donde se subraya la obligación legal de contar con personal capacitado para la atención de hechos relacionados con actos de discriminación.
Finalmente, para combatir la discriminación racial en la prestación de servicio es primordial que se denuncie a los establecimientos mercantiles que continúan sosteniendo prácticas comerciales de discriminación racial en las instancias correspondientes. En el caso de la Ciudad de México, ante el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED).
*Selene González Carmona. Asesore de la Secretaría Técnica del <a href="https://twitter.com/COPRED_CDMX" target="_blank" rel="noopener">@COPRED_CDMX</a>.

Discriminación racial en la prestación de bienes y servicios

En México, la Constitución Política establece desde el primer artículo el derecho a no ser discriminado, discriminada o discriminade, entre otras cosas, por el género de las personas. Por otro lado, en la Ciudad de México, la Constitución local reconoce como uno de sus principios rectores la no discriminación. Además de los documentos citados, existen leyes tanto locales como federales que protegen, promueven y garantizan este mismo derecho.
En la práctica, si bien todes tenemos la obligación de cumplir con lo descrito, aún existe una gran resistencia al reconocimiento social de algunas identidades de género, pero ¿de dónde vienen estas resistencias? ¿Cómo se reproducen? Y ¿De qué forma se manifiesta la discriminación en ellas?
Durante siglos se ha construido la idea de que sólo existen dos géneros asignables a las personas según sus características sexuales visibles, invalidando así la existencia, por ejemplo, de variaciones sexuales únicas y, por tanto, no reconociendo a las personas intersexuales. Y mientras la ciencia ha evolucionado para reconocer estas vivencias únicas, socioculturalmente seguimos casades con la idea binaria de la existencia única de dos sexos y, por ende, dos géneros únicos.
Es cierto que los conceptos de género y sexo no son lo mismo, sin embargo, en la práctica van tan ligados que parece que uno depende del otro, o al menos eso hemos creído durante tantos años.
Hoy, hay mucha más visibilidad de personas no binarias y aunque la palabra puede ser relativamente nueva, las vivencias más allá del género binario (hombre-mujer) existen desde hace siglos; por ejemplo, las personas dos espíritus en Norteamérica o les muxes en Oaxaca y así inumerables ejemplos documentados alrededor del mundo con herencias históricas milenarias.
Pensando en lo anterior es válido preguntarnos, ¿de dónde surge el no reconocimiento sociocultural de las personas no binarias? Es posible responder a esa pregunta desde diversos frentes, pero concentrémonos en dos; la historia y el lenguaje.
Históricamente ha sido más fácil clasificar a las personas en dos grandes grupos generales y aunque las razones de esto son variadas, de forma general se ha establecido un sistema político, cultural, médico/científico y social que reafirma esta clasificación binaria y aunque nos encantaría decir que no es más que una simple forma de “acomodar” a personas por grupos, lo cierto es que en la práctica ha generado asimetrías de poder claras, en donde quienes tienen el poder (es decir, los hombres) deben de actuar de cierta forma para reafirmar ese poder, mientras que quienes no lo tienen (es decir, las mujeres) tienen que mantenerse al margen de lo que los primeros ordenen. Pero ¿en dónde quedan las culturas y clasificaciones milenarias antes mencionadas?
Esta última pregunta resume muy bien el problema del que hablamos y la respuesta es muy clara: no son tomadas en cuenta, si pensamos el mundo en blanco y negro jamás podremos ver el abanico de colores y tonalidades existentes. Y es que así ha sido pensado el mundo, sólo en hombres y mujeres, dando nula posibilidad a observar a grupos de personas que salen de estas clasificaciones, algunas incluso desde antes de la existencia de conceptos como “hombre” y “mujer”.
Entonces, pensando que el sistema sexo-género es una construcción que lleva siglos establecida en nuestro pensamiento (tanto individual como colectivo) es comprensible que a muchas personas les cueste tanto reconocer “nuevos” conceptos para nombrar a personas que antes ni siquiera podían ver. Sin embargo, el que sea complejo para algunas personas no significa que ellas tengan derecho de continuar sin verles, ignorarles o pasar de largo ante su existencia.
Lo anterior es visible claramente en la forma en la que hemos construido un lenguaje común, también en términos binarios (al menos en el español) y es por eso que, aunque ahora son reconocibles sustantivos neutros, casi todas las palabras tienen un género gramatical, incluso aquellas que no hablan de personas o seres vivos.
“Es que se deforma el lenguaje”, dicen quienes abogan por mantener un sistema lingüístico binario y tienen razón si pensamos en “deformar” como sinónimo de cambiar o, incluso, de evolucionar, pero esta “deformación” no es otra cosa que lo que mantiene vivo al lenguaje. Si no existiera la posibilidad de “deformar”, cambiar y reordenar la forma en la que nos comunicamos, el español sería una lengua muerta, como el latín o muchas otras lenguas en desuso.
Por otro lado, para quienes insisten en mantener una postura inamovible bajo argumentos pseudo históricos con frases como “así ha sido siempre”, lo único que demuestran es la falta de reconocimiento histórico del lenguaje, pues no notan que ya no se habla ni escribe como se hacía hace dos siglos, ni siquiera se hace de la misma forma que hace 20 años.
Por lo tanto, el no reconocimiento de identidades no binarias no parte ni del lenguaje ni de la historia, sino de la negativa a reconocer y respetar a las personas según sus identidades de género y, al no reconocer y respetar estas identidades, es probable que se reproduzcan actos discriminatorios.
Pensemos, por ejemplo, en un hombre cisheterosexual que se llame José, al llegar a un lugar nuevo y después de presentarse todas las personas a su alrededor le llaman Marcos, a pesar de la insistencia de José que ese no es su nombre. ¿No nos parece legítimo nombrar a José por su nombre correcto? Pues lo mismo sucede con las personas no binarias. ¿No será legítimo también nombrar a las personas como nos lo piden?
Alguien podría pensar que no se trata de lo mismo ya que las palabras usadas para nombrar a personas no binarias “no existen”, pero ¿cómo validamos la existencia de una palabra? ¿En que ley, reglamento o estatuto se define si existe o no una palabra? “En la RAE o en los diccionarios” pensarán algunes, sin embargo, es importante recordar que las instituciones lingüísticas como la RAE o cualquier otra, no regulan el lenguaje, sino que lo describen. Es decir, ninguna institución de ningún tipo puede decirnos si algo está bien dicho o no.
Lo anterior no significa que las reglas gramaticales no sirvan, significa que esas reglas -y muchas otras que intenten “regular” el lenguaje- pueden ser modificadas por les hablantes y luego escritas en diccionarios, pero eso, bajo ninguna circunstancia, las convierte en leyes.
En conclusión, el no reconocer y respetar las identidades de género no binarias sólo reproduce la discriminación que las personas de este grupo poblacional enfrenta cotidianamente. Mientras se continúe pensando al mundo como un sistema binario, continuarán invalidándose vivencias individuales y grupales de personas que también son sujetes de derechos.
Por estas razones es legítimo pensar que para algunas personas puede ser complejo cambiar la forma en la que se comunican, pero si queremos contribuir a la creación de una sociedad libre de prejuicios, violencias y discriminación, resulta fundamental reconocer, nombrar e incluir en nuestros espacios la existencia de personas no binarias.
* Samuel Cabral es defensore de derechos humanos y excolaborador del COPRED.

Identidades no binarias y el respeto al derecho a la no discriminación

La discriminación por apariencia en los procesos de reclutamiento y contratación es una práctica común, normalizada, sistemática y culturalmente aceptada. Este fenómeno tiene como consecuencia la negación del acceso al empleo a personas pertenecientes a grupos históricamente discriminados, por lo tanto, es necesario cuestionarnos si a las personas reclutadoras sólo les interesa la experiencia laboral, o hay más motivaciones para negar un empleo.
Este fenómeno tiene dos caras, una muy visible y la otra que es más difícil de identificar. La primera se encuentra en las vacantes en las que se establecen requisitos relacionados con la apariencia, por ejemplo, “personas delgadas y altas”, con “excelente presentación” o “perfil empresarial”, los cuales son requisitos subjetivos y no cuentan con una razón justificable, o cuando en la entrevista laboral se le menciona a la persona que no será aceptada por cómo se ve.
La otra cara es más sutil y casi invisible, se manifiesta cuando se rechaza a una persona en un empleo sin darle una explicación, aun sabiendo que se le rechazó por sesgos y prejuicios basados en su apariencia.
Hablar de los retos para el acceso a un empleo por los prejuicios sobre la apariencia no es algo nuevo. Ya en 1994 Daniel Hamermesh y Jeff Biddle escribían sobre su impacto en entrevistas laborales y mencionan la importancia de la “belleza” para el acceso a un empleo. Es importante reconocer que, aunque ya no debería ser así, la belleza como construcción social está asociada a un fenotipo hegemónico, blanco, delgado, de “apariencia saludable”, sin modificaciones corporales y dentro de los estereotipos asociados al género.
Visibilizar y denunciar este tipo de discriminación tiene su complejidad en que, en un gran número de casos, las personas no saben por qué no se les ha contratado; además, estos requisitos asociados a la belleza se solicitan muy a discreción. Sin embargo, se han realizado diversos esfuerzos para medir el impacto de la discriminación por apariencia en la contratación, dando como resultado el reconocimiento de que estás prácticas están basadas en prejuicios y estereotipos racistas, clasistas y gordofóbicos en la mayoría de los casos.
Mediante estudios de auditoría se han realizado diversas investigaciones que exploran por qué son rechazadas las personas en los procesos de reclutamiento, más allá de la experiencia laboral o las calificaciones. Estos estudios se llevan a cabo enviando currículums ficticios con fotografía a diferentes vacantes. Las fotografías representan diferentes fenotipos, para entender quiénes son las personas que reciben más llamadas para entrevistas. Estos estudios han revelado que en efecto existe una correlación entre el fenotipo y la tasa de respuesta a las solicitudes de empleo.
En el 2012 Eva Arceo y Raymundo Campos llevaron a cabo la  investigación “Discriminación en el mercado laboral mexicano: un experimento de campo”, con la intención de conocer la existencia de sesgos racistas, de género y clasistas en los procesos de contratación. Su estudio revela que las mujeres con apariencia europea, es decir blancas, delgadas y con un fenotipo asociado a la belleza hegemónica, tienen 23 % más llamadas a entrevista que las mujeres con fenotipo indígena; para los hombres la apariencia no representa un reto a la hora de conseguir un trabajo.
En la misma línea en el año 2020, Raymundo Campos y Eva González realizaron un ejercicio similar para entender si existía una correlación entre ser una persona gorda y tener dificultades en el acceso al empleo. Los resultados del estudio demuestran que las mujeres no gordas reciben 37 % más llamadas que una mujer gorda, al igual que con el tema del racismo: para los hombres ser gordos no representa tanto una problemática en la búsqueda del empleo.
Con estos estudios podemos visibilizar que la apariencia es un factor fundamental a la hora de conseguir empleo sobre todo para las mujeres, ya que la construcción del estándar de belleza para ellas es mucho más alto que para los varones. Además, ayuda a reforzar los prejuicios sobre cómo deben verse las mujeres exitosas o trabajadoras y la respuesta es “bonitas”.
También hay un reconocimiento de la discriminación por apariencia, que tiene su base en prejuicios racistas y clasistas. Sobre el tema, la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) con sede en México realizó un estudio sobre xenofobia y discriminación en el proceso de contratación de personas migrantes. Mediante un enfoque participativo y basado en la evidencia con personas empleadoras, recolectaron datos sobre por qué las personas migrantes no son contratadas. Entre las principales razones para no contratarlas se mencionaron su forma de vestir o su arreglo personal, su color de piel, el lugar de donde provienen y por su acento al hablar.
Otra de las razones frecuentes respecto a la apariencia por la cual las personas no son aceptadas en los empleos es por tener modificaciones corporales como tatuajes y perforaciones. Esto derivado de los prejuicios aún existentes que consideran a las personas con modificaciones corporales como menos “profesionales”.
Esta forma de discriminación no solo tiene consecuencias en el acceso a un empleo, también en el trabajo que se otorga a las personas con base en su físico. Por ejemplo, se han conocido casos en los que a las personas de “mejor apariencia” se les pone en puestos de servicio a la clientela o de atención al público, mientras aquellas que se ven “menos profesionales” son enviadas a puestos en los que no sean vistas.
Desde el Copred se llevó a cabo el estudio <a href="https://copred.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Como_pensamos_y_evitamos_discriminacion_en_el_trabajo_copred03-1.pdf" target="_blank" rel="noopener">¿Cómo pensamos y evitamos la discriminación en el trabajo?</a> Experiencias de personas trabajadoras de la Ciudad de México, en el cual también se pudieron recabar datos y testimonios sobre la discriminación por apariencia. El 16 % de los casos de discriminación que se mencionaron fueron por racismo y clasismo.  Es predominante la mención de comentarios ofensivos y negación de un empleo por la apariencia, algunos de los testimonios que mencionan el tema son los siguientes:
<ul>
<li>«En el reclutamiento, hay una percepción de que si no se cumple con un cierto estatus socioeconómico o incluso aspecto (tono de piel, apariencia en la vestimenta o fenotipo) no se puede entrar a la empresa».</li>
<li>«Un jefe decidió no contratar a una persona por su forma de vestir y hablar».</li>
<li>«Me ha tocado escuchar que por tono de piel algunas personas tienen que estar en línea de servicio telefónica, no presencial».</li>
</ul>
En los procesos de reclutamiento y selección, deben ser las capacidades y las aptitudes para el empleo los requisitos fundamentales. Negar el empleo a una persona por su apariencia es discriminación, por lo cual, es necesario que las personas empleadoras busquen alternativas para llevar a cabo procesos de contratación incluyentes y no discriminatorios, que abonen a la construcción de una ciudad más segura y de espacios laborales diversos.
El cambio en los procesos de reclutamiento y contratación puede traer modificaciones sustanciales en la forma en la que se construyen espacios laborales seguros, por lo cual, es fundamental seguir realizando acciones de inclusión laboral que ayuden a la atención y prevención de la discriminación en el trabajo.
* Maricela Hernández Martínez es responsable de vinculación con el sector privado del <a href="https://twitter.com/COPRED_CDMX" target="_blank" rel="noopener">@COPRED_CDMX</a>.

Lo invisible de lo que vemos: la discriminación por apariencia en los procesos de contratación

Desde el año 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclama el 11 de febrero como el Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia. Este día tiene como objetivos no sólo el reconocer la importancia y necesidad del trabajo de las mujeres en la ciencia, sino también revisar las acciones que faciliten, garanticen y promuevan su participación en el ámbito.
Si bien desde entonces han existido contribuciones importantes para la participación de las mujeres en la ciencia, las barreras continúan existiendo. En este marco, resulta importante mencionar y recapitular algunas problemáticas y situaciones a las que se ven enfrentadas las mujeres en el ámbito científico, las cuales llegan a impedir o dificultar su acceso, participación, contribución y progreso plenos.
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) estima que a nivel mundial las mujeres representan el 33,3 % en el área de investigación y de los países con datos disponibles respecto a mujeres investigadoras, sólo un 30 % habían alcanzado la paridad en 2016. En otros datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se menciona que existe una brecha salarial en las carreras de las investigadoras al ser peor pagadas y ser más cortas, así como en las becas de investigación que suelen ser menores para las mujeres. Otra problemática mencionada se relaciona con el ascenso y progreso en sus carreras, pues difícilmente ocupan espacios de altos cargos o se les considera para tener ascensos en el ámbito.
De acuerdo con Lidia Barajas, doctora y académica de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, en los campos de vanguardia las mujeres representan sólo el 28 % en campos relacionados a las ingenierías y el 40 % en los relacionados a la computación e informática. A su vez, son minoría en campos de tecnología, información digital, la física y las matemáticas, los cuales representan una mejor y mayor oportunidad de empleo y crecimiento económico en el futuro.
El Instituto Nacional de las Mujeres en México (INMUJERES), en su boletín “Desigualdad en cifras. Las mujeres en la ciencia”, menciona que sólo el 35.8 % de quienes pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) son mujeres y el porcentaje de mujeres disminuye conforme aumenta el nivel dentro del sistema.
Las problemáticas también se extienden hacia la visibilidad de sus trabajos, pues estos tienen poca presencia en revistas de alto nivel. Hasta la fecha sólo 22 mujeres han recibido un premio Nobel en una disciplina científica, según datos de UNESCO.
A pesar de las innovaciones y los esfuerzos para garantizar el acceso de las mujeres y niñas a la ciencia, estos datos representan información relevante que visibiliza la desigualdad y la brecha de género todavía existentes dentro del ámbito científico.
Desde el campo de la psicología, y de acuerdo con lo expresado en el “Glosario para la igualdad” del INMUJERES, existe el término “techo de cristal” utilizado para referir a las barreras invisibles que deben enfrentar y atravesar las mujeres en el ámbito profesional, las cuales no se relacionan a sus habilidades y capacidades, sino a estructuras sociales, culturales, políticas e institucionales.
En palabras de Lidia Barajas, estas barreras se relacionan con características y realidades poco visibles o tomadas en cuenta dentro de la vida de las mujeres como lo son la maternidad, los cuidados, entre otros. Estas también pueden relacionarse con la doble jornada y el trabajo no remunerado de las mujeres, los cuales tienen que ver con las actividades y responsabilidades dentro del hogar, por ejemplo.
Resulta importante también pensar que, históricamente, en los espacios de producción y divulgación del conocimiento científico las vivencias y necesidades de las mujeres han sido ignoradas o relegadas y, además, diversas autoras como Andreu Ballús y Marta Roqueta han criticado que las necesidades que sí se han representado en la academia fueron de mujeres de tonalidades de piel blancas, pues ellas han tenido mayores oportunidades para acceder a altos niveles de educación formal.
En relación a ello, es necesario destacar que la barrera del género también se ve atravesada por las diferentes vivencias en torno a la interseccionalidad, pues no existe una sola y única forma de ser, existir y vivenciarse mujer. Angela Davis problematiza el uso del término “techo de cristal”, pues menciona que las interseccionalidades colocan en la parte más inferior del orden jerárquico a las mujeres que han sido abandonadas por la historia, como lo son las mujeres pobres, mujeres de clase trabajadora, mujeres racializadas y mujeres trans.
Así entonces, valdría la pena pensar y cuestionar no sólo ¿cuántas mujeres científicas conocemos? o ¿de cuántas hemos escuchado algo sobre su trabajo?, sino también ¿cuántas de ellas son mujeres trans, mujeres racializadas, mujeres con discapacidad, mujeres indígenas, etc.? Y pensar entonces en las barreras y dificultades que ellas tendrán o tienen por atravesar, a diferencia de las mujeres, en palabras de Davis, que ya se encuentran cercanas a la cima y únicamente deben empujar el techo de cristal.
Del mismo modo, resulta importante cuestionarnos ¿cuál es el conocimiento que se valida o tiene mayor visibilidad? ¿Por quiénes ha sido construido? ¿Hacia quién o quiénes va dirigido? Y ¿cómo y desde dónde se transmite? El acceso al conocimiento también es un derecho humano y no tiene mucho sentido un conocimiento que se construya desde la academia o las sociedades científicas y que exista únicamente para mantenerse ahí, en función a determinados sectores que a partir de esas delimitaciones pueden acceder a él, dejando fuera a quienes no pertenecen al mismo.
En este marco del Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia es necesario nombrar y visibilizar las desigualdades aún existentes en los ámbitos científicos para las mujeres y niñas diversas, pues es necesario replantear los lugares y los espacios de creación y divulgación del conocimiento científico para construir y garantizar espacios seguros, libres de discriminación y desigualdad, hechos por y para las mujeres en todas sus diversidades dentro del ámbito científico. Espacios que, a su vez, incentiven su integración y participación plena, y que respondan a sus diferentes intereses y necesidades. En réplica a la consigna de la Asamblea de Mujeres Organizadas de la Facultad de Ciencias, es necesario plantear: “Que nunca más exista una ciencia sin nosotras”.
* Karla Eecaterina Corral Linares es asesora educativa en la Subdirección de Educación del COPRED.

Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia: las brechas de la desigualdad

Al ser un fenómeno complejo, la discriminación requiere de un tratamiento multidisciplinario para entenderla y abordarla con soluciones óptimas. Conocemos una gran variedad de investigaciones que se han hecho desde el campo jurídico o de la sociología, entre otras disciplinas, pero en esta ocasión, echaremos mano de la Psicología para entender qué son los sesgos cognitivos y cómo estos pueden llevarnos a tener conductas discriminatorias hacia otras personas y grupos de población.
La discriminación es un fenómeno que también se puede estudiar a nivel cognitivo (procesamiento mental de la información). Nuestro cerebro tiene una capacidad limitada para procesar la gran cantidad de información a la que está constantemente expuesto. Al mismo tiempo, está tratando de hacer categorías para que todas las cosas que se le presentan, tengan coherencia y orden. Para ayudarse en esta tarea, hace uso de estrategias, reglas o atajos que le permiten procesar la información y, con esto, tomar decisiones de forma más rápida, aunque no siempre acertada. Estas estrategias se llaman heurísticas y fueron estudiadas en la década de los setenta, por los psicólogos Daniel Kahneman y Amos Tversky, y sus investigaciones al respecto están plasmadas en el libro «Pensar rápido, pensar despacio», publicado en 2011.
Ahora bien, esas heurísticas se basan en experiencias propias, creencias, emociones o intuiciones y, generalmente, nos son útiles en las decisiones comunes de la vida diaria, pero en otros momentos podemos hacer simplificaciones o generalizaciones erróneas. A esos errores sistemáticos se les llama sesgos cognitivos. 
Si bien el estudio de los sesgos se originó en la investigación sobre cómo las personas toman decisiones y cómo este proceso no es tan racional como la economía clásica suponía, estos errores también pueden ayudarnos a explicar la formación de prejuicios y estereotipos hacia las personas o grupos de población, considerando que se fundan en suposiciones y en información incompleta. Las teorías que explican la formación de estas ideas preconcebidas apuntan a un legado evolutivo que, en su momento, les fue útil a los grupos para sobrevivir frente a otros grupos distintos. No obstante, con el crecimiento en número de personas de los grupos y el establecimiento de sociedades con valores y reglas morales, las dinámicas de convivencia cambiaron, aunque subsistieron los prejuicios.
El Instituto sobre Percepción (2019) hace una distinción entre los sesgos implícitos y los explícitos. Los primeros se refieren a aquellos que se presentan aun y cuando las personas no son conscientes de tenerlos o expresarlos hacia ciertos grupos. Por ejemplo, existen estudios que señalan que las personas blancas estadounidenses asocian la criminalidad con las personas afrodescendientes, sin darse cuenta de dicha asociación. Los sesgos explícitos se dan cuando las actitudes negativas hacia ciertos grupos son conscientes y, de acuerdo al Instituto, se debe a que las personas perciben que su seguridad o bienestar está siendo amenazado. Por ejemplo, en el desarrollo de la pandemia de COVID aumentaron las expresiones de desprecio por las personas de origen asiático, al asociar a las personas asiaticodescendientes como “culpables” de propagar la enfermedad que tuvo su origen en una ciudad en China.
En la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2022, el 33.9 % de la población de 18 años y más estuvo de acuerdo con la frase “Los pobres se esfuerzan poco por salir de su pobreza”. Asimismo, el 28.7 % aseguró que “Convivir con personas con SIDA o VIH siempre es un riesgo”. El 24.3 % señaló que “Cuando se pierde algo en una casa, generalmente es culpa de la empleada doméstica”. Estos son ejemplos de juicios que se emiten sin contar con información verídica, científica o precisa, pero que pueden estar influenciados por elementos que se observan en las redes sociodigitales, en la televisión, en la radio o que son temas de conversación en las pláticas familiares o con amigos y que apelan a una reflexión emocional o intuitiva, más que una racional. Incluso pueden ser ideas que se nos han inculcado desde la niñez y que se refuerzan en nuestros círculos sociales.
En 2018 se llevó a cabo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) el 1er coloquio sobre «Discriminación, sesgos cognitivos y derechos humanos», en donde se reunieron a exponentes nacionales e internacionales de sectores académicos, artísticos, tecnológicos y del activismo social que expusieron sus ideas sobre la relación de los sesgos cognitivos y la violación de los derechos humanos de los grupos históricamente discriminados. Los hallazgos y reflexiones que surgieron de este ejercicio se encuentran plasmados en el libro «Discriminación, sesgos cognitivos y derechos humanos: Perspectivas y debates transdisciplinarios» (2022), coordinado por la Mtra. Alexandra Aguilar Bellamy, académica de la UNAM.
En esta obra pionera, se abre el debate y espacios donde se promueven la investigación para explorar otras aristas del fenómeno discriminatorio. Tal y como lo dice la Mtra. Aguilar (2022) “Estas investigaciones señalan claramente que los sesgos cognitivos son precursores de decisiones que pueden no solo generar desigualdad sistémica, sino modificar las consideraciones que una persona tiene de otra, debilitando su sentido moral y ético, asumiendo actitudes que pueden justificar la violencia o, por lo menos, hacer que una persona mantenga una actitud pasiva ante ella”.
Más adelante, en 2021, Ana Laura Martínez y César Reséndiz, ambos investigadores del Laboratorio Nacional de Políticas Públicas (LNPP) del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), publicaron el estudio «Inclusión financiera sin discriminación: hacia un protocolo de trato incluyente en sucursales bancarias de México», donde destacan “el papel transversal de estereotipos y prejuicios que operan en el mantenimiento y la operatividad de esquemas discriminatorios” en el sector financiero. En un experimento realizado para medir el trato diferenciado que reciben las personas por su color de piel, encontraron evidencia de que, efectivamente, existe un trato arbitrariamente desigual hacia las personas de un tono de piel oscura que acudieron a solicitar la atención de un ejecutivo bancario, en contraste con las personas con un tono de piel más claro, las cuales recibían un trato más amable y se les ofrecía con mayor frecuencia la apertura de un crédito para pequeñas y medianas empresas. Uno de los hallazgos de este trabajo es que las conductas discriminatorias tienen como consecuencia un bajo nivel de bancarización en México, en comparación con otros países.
Otro caso lo expone el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que en 2023 publicó el informe sobre los hallazgos del Índice de Normas Sociales de Género (INSG), donde se observa la prevalencia de prejuicios que se tienen sobre las mujeres -“La mitad de la población mundial todavía cree que los hombres son mejores líderes políticos que las mujeres, y más del 40 por ciento opina que los hombres son mejores ejecutivos empresariales”- además, el 25 % de la población considera que está justificado que un hombre golpee a su esposa.
Es cierto que las personas siempre van a tener sesgos y reproducir prejuicios. Sin embargo, el aumento en las investigaciones que se gestan en las ciencias sociales y las ciencias del comportamiento, incorporando una perspectiva de derechos humanos, impulsan el diseño de medidas y políticas públicas que contribuyen a prevenir la presencia y los efectos de los sesgos.
En este sentido, un ejemplo concreto con el cual se evitan estos errores en el campo laboral se da cuando, en procesos de contratación, las áreas de recursos humanos y de selección de personal utilizan currículos “ciegos”, en otras palabras, que no contienen datos como género, edad o fotografía, siendo características que pudieran generar una conducta discriminatoria derivada de un prejuicio. A nivel general, el aprendizaje es una herramienta poderosa, por ello, es importante educar, ya sea mediante procesos de capacitación o campañas de comunicación social, enfocándose, sin duda, a la población en general, pero también a actores clave como las personas del servicio público, impartidoras de justicia, personas que brindan servicios en el sector privado, personal de salud, personal educativo y hasta líderes de opinión.
Con todo lo mencionado en mente, tal vez uno de nuestros propósitos de año nuevo pueda ser pensar dos veces antes de emitir un juicio negativo hacia una persona, ser conscientes de nuestros sesgos y tratar de identificarlos -también- en nuestra esfera social. Nuestro cerebro está siempre aprendiendo cosas y exponernos a nueva información sobre otros grupos de población, sobre otros contextos y realidades, nos ayudará a trabajar nuestros prejuicios y estereotipos. Valoremos la diversidad, siempre en búsqueda de una sociedad más justa e inclusiva.
* Laura Rosales es asesora en la Coordinación de Políticas Públicas y Legislativas del COPRED.
 
Fuentes:
Aguilar Bellamy, A. (2022). Discriminación, sesgos cognitivos y derechos humanos: Perspectivas y debates transdisciplinarios. Liga de consulta, <a href="http://www.librosoa.unam.mx/handle/123456789/3474?fbclid=IwAR3DbnISM0Vtp5-6fumZE58eGTvfqSB87HIC-PusrAWTZ-XfS8mBT2ZxpQc" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
Instituto sobre Percepción (2019). Explicit bias. Fuente de consulta, <a href="https://perception.org/research/explicit-bias/?fbclid=IwAR1GPWakbTq72zVbv7mvikVw5rI0FmuLwhHI4c3Hgk_dGp6KBfemH1byLaY" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
Instituto sobre Percepción (2019). Implicit bias. Fuente de consulta, <a href="https://perception.org/reserch/implicit-bias/?fbclid=IwAR18X4IxZPdJWyh0X6ybI0f4he0UkYz3bFaSC5m_YmVGse7iv-dYMcRNLZA" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
Kahneman, D. (2011). Pensar rápido, pensar despacio. Liga de consulta, <a href="https://www.ecomportamiento.org/resenas2/thinkingfastandslow" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
Martínez, A.L. y Reséndiz, C. (2021). Inclusión financiera sin discriminación: hacia un protocolo de trato incluyente en sucursales bancarias de México. Liga de consulta, <a href="https://www.cepal.org/es/publicaciones/46980-inclusion-financiera-sin-discriminacion-un-protocolo-trato-incluyente-sucursales" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2023). Una década de estancamiento: el PNUD presenta nuevos datos que muestran la persistencia de los sesgos de género. Liga de consulta, <a href="https://www.undp.org/es/mexico/noticias/una-decada-de-estancamiento-el-pnud-presenta-nuevos-datos-que-muestran-la-persistencia-de-los-sesgos-de-genero?fbclid=IwAR3DbnISM0Vtp5-6fumZE58eGTvfqSB87HIC-PusrAWTZ-XfS8mBT2ZxpQc" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
Universidad Nacional Autónoma de México (2018). I Coloquio Universitario sobre discriminación, sesgos cognitivos y derechos humanos. Liga de consulta, <a href="https://www.juridicas.unam.mx/actividades-academicas/1860-i-coloquio-universitario-sobre-discriminacion-sesgos-cognitivos-y-derechos-humanos?fbclid=IwAR0C-1m68WC-eCJ3PQl0nGJYE5hHns94f95YZ8QSiNB2JfKBtUXrPkfZSsQ" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.

Piénsalo dos veces: sesgos cognitivos y discriminación

Existen innumerables problemas en la vida cotidiana que afectan tanto a individuos como a comunidades o colectivos. Dependiendo de criterios como el nivel de impacto en la sociedad, la evidencia empírica, la complejidad, prioridad en la agenda pública, la sostenibilidad de la intervención y los recursos con que se cuenta, por mencionar algunos, es que pueden ser atendidos desde el ámbito gubernamental a través de las políticas públicas.
Una política pública es un plan de acción o una estrategia articulada por el gobierno o una institución pública para abordar un desafío específico en la sociedad, con el fin de atender un problema público, cumplir con la ley, hacer más eficiente el servicio público, promover el bienestar social, promover la igualdad de oportunidades y generar cambios positivos en la calidad de vida de las personas.
Las políticas públicas como disciplina académica resurgen después de la Segunda Guerra Mundial. Esta nueva rama de las Ciencias Sociales surge para llenar el vacío de rigor metodológico que no había sido cubierto por otras áreas científicas afines, vacíos, sobre todo, en los procesos y acciones de gobierno que buscan dar respuesta a las necesidades sociales, así como en las problemáticas derivadas de su conceptualización y diseño.
Posteriormente, se perfilaron diversas teorías sobre las políticas públicas desde diferentes enfoques como el filosófico, sistémico, conductual, organizacional, incremental, pluralista-racional, etcétera, para dar mayor explicación, valor público y respuestas a las nuevas demandas o necesidades sociales que trajeron consigo las olas democratizadoras de los siglos XIX y XX en América del Norte y Europa, respectivamente.
El interés por este nuevo campo de conocimiento se diseminó por varios continentes hasta llegar a América Latina. En México, Luis Fernando Aguilar Villanueva, formalizó la investigación sobre la racionalidad de la gestión pública a través de sus estudios sobre la “hechura de las políticas”, para conocer cómo se toman decisiones de gobierno: bajo cuáles supuestos, consideraciones y procedimientos; con cuáles formas de interacción entre los actores políticos y sociales, y para saber si las decisiones se toman con base en datos, análisis y cálculos racionalmente probados, que favorecen la eficacia de la acción decidida, o si, en cambio, se sustentan en otros criterios que podrán perjudicar no solo su eficacia real sino su mismo carácter público.
Toda la teoría y metodología que existe atrás de la formulación de las políticas, puede resumirse a un hecho: la toma de decisiones, que puede ser influenciada por factores políticos, sociales, económicos, ambientales y culturales, y tiende a reflejar los valores y las preferencias de la sociedad en un momento dado.
Partiendo sobre la base de que las políticas públicas son decisiones y acciones del gobierno que buscan resolver problemas y satisfacer necesidades de la sociedad, expresando la voluntad estatal y tomando en cuenta la dimensión colectiva, es aquí donde la incidencia ciudadana juega un papel relevante, ya que las necesidades de los grupos que histórica y sistemáticamente vulnerables recobran voz, a la vez que se reafirma la obligación del gobierno de involucrarlos en la toma de decisiones que afectan a la comunidad, la sociedad o el país en el que viven.
Estas políticas son diseñadas, ejecutadas y evaluadas por entidades gubernamentales a nivel local, regional, nacional o incluso internacional, y pueden abordar una amplia gama de asuntos que van desde el ámbito social, económico, educativo, de salud, seguridad, medio ambiente, entre otros.
“Nada de nosotros sin nosotros” se ha convertido en una de las premisas de los gobiernos actuales porque enarbola la participación ciudadana como un componente esencial democrático y una forma de empoderar a los ciudadanos, permitiéndoles influir en la construcción de las políticas, en la supervisión de las instituciones públicas y en la promoción de sus propios intereses y valores. Asimismo, la inclusión social se integra también como un principio fundamental en este ciclo. Por ende, la adopción de políticas públicas inclusivas no solo es una cuestión ética para con los derechos humanos, sino que también es el resultado de una histórica y valida necesidad para abordar las desigualdades y promover la cohesión social en la sociedad contemporánea.
Una política pública efectiva debe respetar, proteger y promover los derechos humanos de todas las personas. Este tipo de políticas inclusivas buscan garantizar que todos los miembros de la sociedad, independientemente de su origen, género, orientación sexual, capacidad o cualquier otra característica, tengan igualdad de oportunidades y acceso a los beneficios que se brindan. Esto implica la eliminación de barreras que excluyen a ciertos grupos y la promoción de una sociedad donde cada individuo pueda participar plenamente en la vida económica, social y política.
Sin embargo, la implementación de políticas públicas inclusivas no está exenta de desafíos. Uno de los obstáculos más notorios es la resistencia al cambio. Las estructuras de poder establecidas a menudo se resisten a las políticas que amenazan su posición, lo que puede dificultar ejecutarlas y tener resultados exitosos.
Para superar este y otros obstáculos, es fundamental la sinergia entre gobierno, sociedad civil y otros actores relevantes. Es decir, los problemas complejos requieren el involucramiento de diversos sectores y la coordinación entre diferentes áreas de gobierno.
A mediano y largo plazos, las políticas públicas inclusivas implican un compromiso continuo con la igualdad y la justicia, lo que requiere la evaluación constante de sus programas y estrategias para garantizar que sean efectivos en la promoción de la inclusión. Además, se deben considerar y abordar las nuevas dimensiones de la desigualdad que puedan surgir.
En última instancia, las políticas públicas inclusivas son un paso hacia un futuro en el que todos los individuos, independientemente de sus características particulares, tengan igualdad de oportunidades y acceso a los beneficios de la sociedad.
A medida que evolucionan las dinámicas sociales, económicas, ambientales y tecnológicas, las políticas inclusivas se vuelven aún más relevantes. Ya que la promoción de la inclusión no solo es una cuestión de justicia o un fin, sino también un medio para construir sociedades más fuertes y cohesionadas.
* María del Carmen López Mendoza, es Subdirectora de Evaluación en el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED).

Políticas públicas, ¿para qué?

Más de la mitad de la humanidad vive en zonas urbanas actualmente, en concreto alrededor del 56 % de la población mundial, y para el año 2050 se estima que 7 de cada 10 personas en todo el mundo habiten en ciudades, según estimaciones del Banco Mundial en su informe de Desarrollo Urbano de 2022.
Sólo en la Ciudad de México viven más de nueve millones de personas, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Esta población necesitará estrategias, políticas, campañas y procesos que den a conocer y garanticen el conocimiento y ejercicio de sus derechos.
De acuerdo con el <a href="https://censo2020.mx/" target="_blank" rel="noopener">Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI</a>, en México existen <a href="https://www.milenio.com/politica/personas-situacion-calle-cdmx-censo-inegi" target="_blank" rel="noopener">5 mil 700 personas en situación de calle</a>, de las cuales se calcula que <a href="https://www.sibiso.cdmx.gob.mx/storage/app/media/inforgrafia-conteo-calle2020.pdf" target="_blank" rel="noopener">900 personas habitan en la Ciudad de México</a>. Sin embargo, es importante señalar que no existen cifras ni cálculos definitivos que contabilicen de forma real a las personas en situación de calle, pues sus propios contextos dificultan poder censar dicha población.
El no conocer de forma certera la cantidad de personas que viven en calle es un problema que genera invisibilización y desplazamiento de las personas de la ciudad, negando de forma sistemática sus derechos y libertades, no sólo en la ciudad de México sino en todos los espacios en donde las personas en condiciones de calle no puedan acceder a, por ejemplo, servicios de salud integral, vivienda digna, educación, trabajo, cultura, etcétera.
Resulta indispensable no olvidar los sistemas de opresión, violencias y discriminaciones que viven las personas en situación de calle y que, como causa y consecuencia, reproducen un ciclo de negación de derechos e invisibilidad. De forma general, las personas en situación de calle son personas racializadas a quienes se les asigna una serie de prejuicios negativos y estigmas que reproducen discriminación racista, clasistas, aporofóbica y, si tomamos en consideración las intersecciones particulares de cada persona, pueden agregarse otras estructuras de opresión como el capacitismo o las LGBTfobias, por poner algunos ejemplos.
Datos de la organización El Caracol documentan que sólo en los primeros nueve meses de 2022 <a href="https://www.animalpolitico.com/sociedad/personas-situacion-calle-muertes-mexico" target="_blank" rel="noopener">mil personas en situación de calle murieron en México</a>, de las cuales 899 murieron como desconocidas lo cual hace imposible recuperar sus cuerpos. Anteriormente bastaba con demostrar que la persona tenía una red de conocidos que reclamaban el cadáver, pero ahora se exige la presentación de un familiar por lo que en el actual sexenio la asociación no ha logrado recuperar los cuerpos.
A ello se suma la discriminación y violencia que sufren las personas en situación de calle al ser forzadas a desplazarse del espacio público bajo <a href="https://animalpolitico.com/estados/limpieza-social-sandra-cuevas-cuauhtemoc-colectivos" target="_blank" rel="noopener">argumentos de “limpieza social” fundamentados en una falsa idea de seguridad o “embellecimiento” del espacio público</a>, ya que argumentos como esos esconden en el fondo fundamentos racistas, clasistas y aporofóbicos.
Urge reconocer a las personas en situación de calle como personas sujetas de derechos, víctimas de procesos estructurales que, en la mayoría de los casos, obligan a las personas abandonar sus hogares o ser desplazadas de sus viviendas, por ejemplo, según información del <a href="https://copred.cdmx.gob.mx/storage/app/media/informe-impactos-diferenciados-por-covid19-dialogos-con-organizaciones-de-la-sociedad-civil.pdf" target="_blank" rel="noopener">Informe de Impactos Diferenciados por Covid-19: Diálogos con Organizaciones de la Sociedad Civil</a> publicado en 2020, durante la pandemia de COVID-19 y gracias a las medidas de seguridad sanitaria como el cierre de hoteles, muchas tuvieron que ser desplazadas al no poder acceder a estos espacios para pasar la noche, sin contar por supuesto que no existen registros exactos de personas en situación de calle que hayan fallecido a causa del covid o por alguna otra enfermedad o condición de salud pues sólo se cuentan con estimaciones y aproximaciones.
Resulta indispensable reconocer que el derecho a la ciudad es un derecho humano cuyo alcance impacta a todas las personas que viven y transitan en la Ciudad de México. En términos concretos el uso, por ejemplo, de parques y espacios públicos no es ni debe ser bajo ninguna circunstancia exclusivo de algún sector poblacional, sino que al tratarse de espacios públicos debe ser accesible para todas las personas.
El derecho a la ciudad establece el ejercicio pleno de los derechos de todas las personas en espacios públicos, colectivos, urbanos y su relación con su entorno, es decir, derecho a la movilidad, a espacios verdes -como jardines o parques-, a una identidad colectiva, a ser consultado/a/e para obras y presupuesto público, a presentar denuncias, a la vista y el paisaje, a un hábitat culturalmente diverso, y a una calidad de vida digna en espacios públicos, entre muchas otras dimensiones.
No reconocer el derecho a la ciudad de las personas en situación de calle es, por tanto, imposibilitar que accedan a otros derechos y libertades como el derecho a la libre asociación, al trabajo, a la salud, a la educación, a una vida libre de violencia, al libre desarrollo de la personalidad y, por supuesto, a la no discriminación.
En conclusión, es urgente y necesario políticas integrales de desarrollo, acompañamiento y no estigmatización para personas en situación de calle, así como desarticular prejuicios sobre poblaciones callejeras que sólo reproducen prácticas racistas y aporofóbicas al mismo tiempo que deshumaniza a las personas, cosificándolas y reduciéndolas a algo que hay que retirar, como si se tratara de objetos sucios o descuidados en lugar de personas que merecen derechos, respeto y goce de los espacios públicos como cualquier otra persona.
* Alexis Samuel Cabral Acosta es asesore educative en la Subdirección de Educación del <a href="https://twitter.com/COPRED_CDMX" target="_blank" rel="noopener">@COPRED_CDMX</a>.

Derecho a la ciudad, un derecho para las personas en situación de calle

Como cada octubre en el marco del Día Mundial de la Salud Mental, se busca exhortar a las poblaciones del mundo a atender este problema de salud pública. Para este año la Organización Mundial de la Salud (OMS) subrayó que el lema sería: “La salud mental es un derecho humano universal”, el cual hace un llamado a mejorar y continuar visibilizando los conocimientos en la materia, sensibilizar e impulsar medidas que promuevan y protejan la salud mental de todas las personas sin distinción alguna.
La salud mental es un elemento esencial en cada uno de los ámbitos donde nos relacionamos y desempeñamos. No obstante, la sociedad y el contexto de cada uno de estos espacios puede impactar de forma positiva o negativa en la salud mental, es decir, esta no sólo se determina por factores individuales sino también sociales y estructurales.
Los espacios laborales pueden tener y/o reproducir factores de riesgo para la salud mental de las personas trabajadoras, por ello es importante recordar y reconocer que los espacios de trabajo tanto privados como públicos pueden ser detonantes de una mala salud mental. Por otro lado, el tema continúa siendo un tabú en muchos espacios de trabajo, porque existen resistencias de empresas y personas directivas en reconocer cómo los aspectos laborales y la salud mental se correlacionan, y que, por tanto, es un tema del que se tienen que hacer responsables.
<h2>Pero, ¿qué relación tiene la salud mental y los entornos laborales?</h2>
La salud mental al ser un derecho humano se encuentra relacionado con otros derechos como lo es el derecho al trabajo. Ambos se encuentran protegidos por el Convenio 155 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual señala que todas las personas trabajadoras tienen derecho a un entorno laboral seguro y sano. Por ende, los entornos laborales son determinantes en el cuidado de la salud mental.
En 2022, la OMS publicó el <a href="https://www.who.int/es/publications/i/item/9789240050860" target="_blank" rel="noopener">Informe mundial sobre la salud mental: transformar la salud mental para todos</a>, el cual destacó que los espacios laborales son entornos clave y prioritarios que necesitan medidas que incentiven la salud mental de las personas colaboradoras, pues cuestiones como la discriminación, la falta de oportunidades laborales, el acoso y hostigamiento laboral y/o sexual entre otros problemáticas que se dan al interior de las organizaciones se han convertido en catalizadores de una mala salud.
En el caso del mobbing o acoso laboral, el COPRED señala que éste tiene un impacto directo en la salud emocional y mental del personal, ya que las personas que se encuentran expuestas ante esta situación enfrentan repercusiones en la autoestima, su integridad, libertad o seguridad ocasionando la mayoría de las veces humillación, frustración, ofensa, miedo, incomodidad o estrés en la persona a la que se dirige o en quienes lo presencian. Al mismo tiempo, esta práctica interfiere en el rendimiento laboral y/o genera un ambiente negativo en el trabajo.
Las personas que viven acoso laboral y no cuentan con mecanismos de denuncia al interior de sus organizaciones o por falta de información no conocen las instancias a las que pueden denunciar este tipo de violencias laborales optan casi siempre a la renuncia sin obtener una reparación del daño.
De acuerdo con Cecilia Colunga Rodríguez, doctora en ciencias de la salud pública e investigadora en salud ocupacional, el mobbing o acoso laboral ha sido identificado como una de las formas de violencia psicológica más sutil y devastadora en el ámbito de trabajo. Tiene repercusiones severas en los espacios laborales, ya que afecta el medio social donde se desenvuelve el personal, así como el clima organizacional y, con ello, la productividad y el desarrollo económico de las organizaciones.
Es necesario que las empresas e instituciones públicas realicen acciones para prevenir y eliminar las diversas formas de violencia laboral que se manifiestan en los entornos laborales. Algunas de las acciones que se pueden implementar son: realizar un compromiso público de garantizar el derecho a espacios de trabajo sanos y seguros; realizar acciones de capacitación y prevención de la violencia laboral dirigida a todo el personal; crear medidas para mejorar la conciliación entre la vida laboral y personal; así como implementar apoyos y herramientas que puedan ayudar al personal a gestionar emociones recurrentes como el estrés o la ansiedad.
De acuerdo con la OMS, los espacios laborales que promueven y cuidan la salud mental de las personas colaboradoras tienen beneficios como: un entorno más digno e incluyente, oportunidades para las relaciones laborales positivas, fidelización del personal, buen rendimiento laboral, incremento de la productividad e incluso pueden establecer rutinas de trabajo estructuradas para la inclusión de todo el personal al interior de la organización, ya sean del ámbito privado o público.
Por todo lo anterior, la salud mental debe ser reconocida como un derecho humano que tiene que ser garantizado, respetado y promovido en todos los espacios laborales tanto privados como públicos de la Ciudad de México y del resto del país. No hay salud mental si no hay esfuerzo más allá de lo que dicta la ley o los organismos internacionales.
* Selene González Carmona es asesore de vinculación con entes privados de la Secretaría Técnica del <a href="https://twitter.com/COPRED_CDMX" target="_blank" rel="noopener">@COPRED_CDMX</a>.

El mobbing: un factor determinante en la salud mental de las personas trabajadoras

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo primero la prohibición de la discriminación por cualquier motivo que atente contra la dignidad humana y el reconocimiento del derecho a la igualdad. Este fundamento busca limitar el actuar de la autoridad para evitar un trato diferenciado injustificado y llevar a cabo las tareas propicias para eliminar las barreras históricas que grupos de atención prioritaria, como lo son las personas trans, han enfrentado en el disfrute y ejercicio de sus derechos y libertades.
En México existe una situación de violencia generalizada en contra de las personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diferentes a la cisgénero y heterosexual; particularmente preocupa la violencia contra las mujeres trans pues persisten los prejuicios y estigmas hacia esta población cuya identidad difiere de los modelos hetero-cis-normativos, los que les excluyen e impiden el acceso a sus derechos.
De acuerdo con datos del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra personas LGBT, para junio de 2021 el 44.5 % de los crímenes de odio registrados en México fueron cometidos contra mujeres trans, ubicando a nuestro país en el segundo lugar en el mundo con mayor número de transfeminicidios. De acuerdo con fuentes extra oficiales, en la Ciudad de México durante 2023 han sido asesinadas 13 mujeres trans.
Las personas trans son aquellas cuya identidad de género no coincide con la asignada al momento de nacer, y hacen una transición de un género a otro u otros y que a pesar de que el derecho a la identidad de género está reconocido y protegido en nuestro país, existen aún estereotipos y prejuicios construidos desde sistemas sexistas, cis-heteronormativos que pretenden imponer a las personas formas de identificarse y expresarse que les excluyen y violentan.
Esta discriminación y violencia exacerbada no solo se encuentra en los espacios públicos (escuelas, trabajo, servicios médicos y establecimientos mercantiles, etc.), también se encuentra en el ámbito privado y familiar (padres, hermanos, abuelos, etc.), afectando a las personas trans en todas las esferas de la vida, orillándolas a situaciones de extrema pobreza, maltrato y privación de sus derechos sociales, políticos, culturales y económicos. La esperanza de vida de las mujeres trans se ubica por debajo del promedio, y ello está asociado a una serie de factores, incluida la discriminación, la violencia y las disparidades en el acceso a la atención médica y los servicios de salud mental.
En este sentido, se señalan claramente como discriminatorias las medidas que buscan excluir del uso de baños para mujeres a las mujeres trans, simplemente por el hecho de ser mujeres trans. Esta práctica está anclada en prejuicios transfóbicos que tienen que ver con temores asociados a la supuesta inseguridad que representa su presencia en estos espacios. Ello no solo es generalmente falso, sino que acarrea un desconocimiento de lo que implica una transición para una persona cuyo género no se identifica con el asignado al nacer.
Pensar que una mujer trans transiciona solamente para violentar mujeres en los baños resulta absurdo, pues en realidad una transición implica la adecuación del cuerpo y su apariencia y expresión a la identidad con la que una persona se percibe y se siente. En fechas recientes hubo un acto en la Cineteca Nacional donde se impidió el uso del baño a una mujer trans; la institución condenó los hechos y se encuentra en fase de reparar el daño generado a las personas involucradas.
Todo ello llevó a una serie de comentarios en las redes sociales donde se violentó de muchas formas la dignidad de las personas afectadas. Desde este Consejo hacemos un llamado a respetar, reconocer y garantizar los derechos de las personas trans en todos los espacios públicos y ámbitos donde se desenvuelvan.
Exhortamos a asumir con responsabilidad que las expresiones que excluyen, injurian, desacreditan, ofenden o menosprecian a las personas trans, y en específico a las mujeres trans, tienen efectos en la violencia y discriminación que ellas viven, pues reproducen los sistemas de opresión en que se sostienen. No debe perderse de vista que la discriminación y la violencia se alimentan y refuerzan con discursos discriminatorios y de odio.
La fiscalización de los cuerpos al ingresar y usar un baño pasa precisamente por una construcción sesgada del uso de determinados espacios. Y el argumento de la seguridad resulta falso cuando consideramos que no tenemos datos sobre supuestos ataques de mujeres trans en los baños de mujeres, pero sí se cuenta con datos sobre las violencias que se ejercen contra las mujeres trans y que se ven reforzadas por narrativas que las asocian con un riesgo para otras mujeres y niñas o un engaño para la sociedad.
Las mujeres y las niñas tienen derecho de ocupar espacios seguros para ellas y los datos muestran que las violencias que ellas viven no provienen de mujeres trans que usan un baño público para mujeres, sino principalmente de hombres que se ubican en sus círculos cercanos.
La transfobia es un fenómeno político, es un sistema que opera dentro de un orden social patriarcal, hetero/cisexual que sirve como medio de control biopolítico. La transfobia es una forma de discriminación, prejuicio o hostilidad dirigida hacia las personas transgénero o de género diverso. Se manifiesta a través de actitudes negativas, comportamientos discriminatorios, estereotipos dañinos y estigmatización hacia estas personas debido a su identidad de género, que no coincide necesariamente con el género que se les asignó al nacer. La transfobia puede manifestarse de diversas maneras, incluyendo:
<ul>
<li>Discriminación: Trato diferenciado injustificado o arbitrario basado en prejuicios transfóbicos.</li>
<li>Estigmatización: Asociar a las personas trans con estereotipos negativos o prejuicios infundados, como considerar que su identidad de género es una enfermedad o un trastorno.</li>
<li>Violencia: Incluir actos de violencia física, verbal o emocional dirigidos a personas transgénero debido a su identidad de género. Esto puede incluir agresiones, acoso o abuso verbal.</li>
<li>Exclusión social: Excluir o marginar a personas transgénero de la sociedad, la familia o la comunidad debido a su identidad de género.</li>
<li>Malgenerización o falta de respeto en el uso de pronombres y nombres.</li>
</ul>
La aceptación y el apoyo a la identidad de género de cada persona son fundamentales para garantizar que todas las personas vivan una vida plena y libre de discriminación. La educación, la sensibilización y la promoción de los derechos humanos son pasos esenciales para abordar y superar la transfobia en la sociedad. Por ello es imperante que se reconozcan socialmente los derechos de las personas trans y se elimine la discriminación a la que históricamente han sido expuestas.
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