Reparación en el Río Sonora: hasta no ver, no creer
El 23 de diciembre de 2025, autoridades federales y estatales presentaron propuestas de acciones para atender las demandas de las miles de personas afectadas por el derrame tóxico de Grupo México en los ríos Sonora y Bacanuchi, bajo la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Estuvieron presentes las personas titulares de las dependencias: Alicia Bárcena, de Semarnat; Rosa Icela Rodríguez, de la Secretaría de Gobernación; Mariana Boy, de Profepa; Alejandro Svarch, de IMSS-Bienestar; Efraín Morales, de Conagua; Marath Baruch, de la STPS (para atender los temas sobre el fin de la huelga de los 600 trabajadores en Cananea), y el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo.
La presidenta informó que se lograron dos acuerdos históricos: uno con los trabajadores mineros y otro con acciones para proteger el medio ambiente, agua y salud tras el derrame tóxico en los ríos Sonora y Bacanuchi. Se consiguió un fondo con aportaciones del 22 % del Gobierno de México, 8 % del gobierno de Sonora y 70 % de Grupo México, aportando 1,500 millones de pesos para desarrollar un Plan integral de Justicia Ambiental y Social. Se espera que todos los trabajos culminen en 2026, y se escuchó y atendió la voz del pueblo para alcanzar dicha resolución.
Esto es una gran noticia para las personas afectadas que han luchado por 11 años por la justicia, y para el país que tenía estas deudas pendientes. Es de celebrarse que autoridades como la Secretaría de Gobernación finalmente pongan atención a estos casos emblemáticos, que haya coordinación interinstitucional y que se exija a la empresa lo correspondiente para reparar los daños que causó.
Sin embargo, los Comités de Cuenca Río Sonora, movimiento que reúne a las personas afectadas en pie de lucha desde 2014, afirman que las propuestas presentadas, la mayoría solicitadas por ellas mismas desde hace más de una década, siguen sin respaldo presupuestal, responsables definidos, calendario, ni una ruta de trabajo. Faltaría también un plan verdaderamente integral, intersecretarial, transexenal y publicado en el Diario Oficial de la Federación; asimismo, a casi doce años del desastre, no existe una estrategia legal clara para que Grupo México repare los daños, ni para cumplir las sentencias judiciales existentes.
Recordemos que con el objetivo de evitar dar cuentas realmente, la mina causante del desastre, Buenavista del Cobre, acordó con el Gobierno de México en 2014 entregar un monto de 2 mil millones de pesos al Fideicomiso Río Sonora (FRS) “para atender con prontitud las afectaciones ocasionadas por el derrame”. Pero sólo se ejerció la mitad y se cerró de manera unilateral en 2017, sin garantizar la remediación efectiva del derrame, la reparación de los daños, ni el acceso a la justicia de las personas afectadas. Por ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación falló a favor de las comunidades, ordenando la reapertura del FRS, cosa que no se ha materializado.
El Fideicomiso fue un proceso al que le faltó transparencia y la participación de las personas afectadas en todos los pasos de los procesos, además de que estuvo lleno de errores, corrupción, negocios hechos a partir y a causa del derrame por parte de la misma empresa y hubo captura corporativa de las autoridades y del Estado, como lo menciona este análisis.
Dentro de los esfuerzos más recientes del gobierno sabemos que la Semarnat demandó penalmente a Grupo México por no cumplir con la reparación de los daños en el Río Sonora y que está la duda sobre qué pasará con esta demanda. Hay que recordar que el otorgamiento de fondos no absuelve de la responsabilidad, como ocurrió con la gigante petrolera BP y el desastre de Deep Water Horizon de 2010 en el Golfo de México, que pagó 25.5 millones de dólares para que México retirara la demanda a la empresa en 2018.
El gobernador Durazo, en la conferencia matutina del 29 de diciembre, confirmó que se comenzará de inmediato con los trabajos y que están todos los proyectos ejecutivos concluidos, tanto de agua, como del hospital, pero esos documentos no se han puesto a disposición de la ciudadanía ni de las personas afectadas.
La empresa continúa en silencio. En tiempos del Fideicomiso, la cantidad aportada representaba un porcentaje mínimo de ganancias de la empresa este año, del que tuvo devoluciones y generó otros negocios con la distribución del agua. Ahora Grupo México aporta un monto, necesario desde el año del derrame, y puede salir librada. La propia empresa afirma que está en espera de permisos y licencias en trámite que fueron detenidos durante el gobierno anterior y se encuentra en pláticas con el gobierno actual para poder continuar con inversiones de más de 10,200 millones de dólares. Los dos proyectos son la mina El Arco, en Baja California, un proyecto de extracción de cobre a cielo abierto que requiere grandes volúmenes de agua, un riesgo que ha generado oposición, y el proyecto de El Pilar en Sonora, también de cobre, a 45 km de la mina Buenavista del Cobre, causante del derrame tóxico y que además construyó otra presa de jales mucho mayor, para almacenar 2,040 millones de metros cúbicos de desechos tóxicos, un tamaño equivalente a 816 mil albercas olímpicas, con permisos y sin haber reparado o tomado medidas para evitar un nuevo derrame.
El nuevo Plan Integral y sus propuestas -aunque presentadas como grandes logros, y que en principio y en teoría lo son- por ahora están solo en menciones. No hay documentos que presenten información amplia y detallada; no se sabe cómo, en cada uno de los ocho municipios afectados más allá de Cananea, se va a restaurar la salud de la población y prevenir futuras complicaciones y enfermedades como cánceres y afectaciones al sistema nervioso, cómo se va a obtener agua suficiente y libre de metales, y a mantener un ambiente limpio y sano.
A pesar de llegar a este punto de inflexión relevante, hay algo que en todas estas presentaciones hace falta: el rol de la empresa y el aseguramiento de la no repetición.
La Secretaría de Gobernación, la Semarnat y la Conagua, así como la Secretaría de Hacienda, deben dar pasos firmes para que esto no vuelva a ocurrir y, hasta ahora, no han presentado ninguna acción solicitada por las personas afectadas y por la ciudadanía en torno a la no repetición.
¿Cómo se podría conseguir la no repetición? Entre otras acciones:
- Requeriendo a las empresas llevar a cabo procesos transparentes, participativos, inclusivos, comprobables y eficaces para identificar, abordar, mitigar y comunicar afectaciones (abusos y violaciones) a los derechos humanos y al medio ambiente. Es decir, procesos continuos y permanentes de gestión, conocido como debida diligencia en derechos humanos y ambiental.
- Condicionando los permisos para nuevos proyectos y concesiones a que ese proceso se realice.
- Condicionando la participación para licitaciones y adjudicaciones.
- Condicionando la obtención de calificaciones y participación de las empresas en índices sostenibles, verdes, ambientales y ASG.
- Supervisando, desde las entidades gubernamentales, que se lleve a cabo esta debida diligencia en derechos humanos y ambiental.
- Destinando recursos adecuados en el PEF para que se lleve a cabo dicha supervisión y se actúe en caso de incumplimiento.
Por ello, es necesario que el Gobierno mexicano regule el actuar empresarial en materia de derechos humanos y ambiente para que estas empresas desarrollen mecanismos de debida diligencia de manera obligatoria, lo que tiene, entre otros, los siguientes beneficios importantes para el país:
- Brindan seguridad a las personas trabajadoras y a las comunidades aledañas, así como a la biodiversidad, al agua, al clima y al ambiente.
- Dan seguridad al gobierno, pues evitan gastos públicos en este tipo de abusos y violaciones a los derechos humanos que se repiten una y otra vez en México. Mantienen la soberanía nacional y el control estatal, no otorgándolo al sector privado; evitan demandas multimillonarias al Estado por parte de inversionistas (34 millones de dólares en 2023 con minería, petróleo y gas, siendo los sectores que más demandan) y otros estados; brindan certeza jurídica a las inversiones y a las actividades empresariales nacionales y multinacionales, y se colocan al nivel de países del norte global como la Unión Europea, Corea, Japón, China, lo que atrae el crecimiento económico.
- Dan certeza a las empresas pues tienen seguridad para responderle a sus inversionistas. Tienen más claridad, calidad y mejora en sus procesos y en sus costos -lo que atrae la inversión-, evitan costos al tener que reparar y remediar los daños, se pueden comparar con su propio sector y aliar con este y otros actores en su cadena de suministro para fortalecerse y evitar daños. Siguen innovando en la materia, enfocan recursos sustentables para avanzar en la conducta empresarial responsable e invertir en aquello vinculado a su actividad, retoman vínculos con la sociedad y aseguran su licencia social para operar, garantizando así la sostenibilidad de sus actividades económicas, es decir, planean en el largo plazo.
Para evitar que vuelvan a ocurrir u ocurran este tipo de casos, la prevención debe ser el enfoque de las actividades empresariales que realizan tanto el gobierno como las empresas privadas, sin dejar de lado que primero debe existir la reparación de los daños que le cuestan al erario miles de millones de pesos en gestiones legales y administrativas.
La no repetición se construye con justicia, reparación y prevención de daños futuros. El camino más sencillo es la debida diligencia, para la que algunas industrias del sector empresarial en México están dispuestas y lo ven necesario, así como los inversionistas institucionales que han exigido a los gobiernos regular la debida diligencia en derechos humanos y ambiente desde hace varios años.
Es necesario que el gobierno, desde la Secretaría de Economía, Gobernación, Semarnat, Conagua, IMSS-Bienestar, Trabajo y Previsión Social, y Hacienda, entre otras, den el paso adelante y no se queden estancadas. No tienen que pagar el precio de aceptar el mismo modelo de hacer negocios que no es compatible con el México humanista y que aspira a colocarse al nivel de otras economías, ser competitivo, responder a su ciudadanía y cuidar sus bienes naturales.
* Ivette González es directora de Vinculación Estratégica e Incidencia en PODER.
Pretti, enfermero de 37 años, murió el sábado en Mineápolis tras recibir varios disparos de un agente federal de migración de Estados Unidos.
Alex Jeffrey Pretti, de 37 años, murió el sábado en Mineápolis tras recibir varios disparos de un agente federal de migración de Estados Unidos.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) afirmó que Pretti fue abatido tras acercarse a agentes de la Patrulla Fronteriza portando una pistola semiautomática de 9 milímetros, sin especificar si la blandió.
Videos grabados por testigos y difundidos poco después muestran a Pretti con un teléfono en la mano mientras varios agentes tratan de reducirlo hasta que uno de ellos comienza a disparar contra él.
En las imágenes, que dejan muchas interrogantes sobre lo sucedido en los menos de 30 segundos que duró el forcejeo, no se aprecia que el manifestante agarrara un arma.
El DHS compartió una fotografía de la pistola que supuestamente portaba la víctima.
Familiares de Alex Pretti confirmaron que poseía un arma de fuego y que tenía el permiso correspondiente para portar un arma oculta en Minesota, aunque aseguraron que nunca lo habían visto llevarla consigo.
En un comunicado difundido horas después de la muerte de Pretti, su familia calificó de “mentiras repugnantes” las explicaciones de las autoridades.
El tiroteo ocurrió en un contexto de creciente tensión en la ciudad por la intensa campaña de redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), que ha provocado fuertes protestas de un sector de la ciudadanía.
Estas se intensificaron después de que el pasado 7 de enero un agente del ICE matara a tiros a la ciudadana estadounidense Renée Nicole Good en Mineápolis.
Alex Pretti, también ciudadano estadounidense, es la segunda persona que muere a manos de agentes de migración en Mineápolis.
La familia supo de su muerte por una llamada de un periodista de Associated Press (AP), según reportó la agencia estadounidense.
Esta indicó que, tras ver los videos del tiroteo que comenzaron a propagarse en redes sociales, los parientes de Pretti intentaron obtener información de las autoridades sin éxito, hasta que el médico forense del condado de Hennepin les confirmó que había un cuerpo que coincidía con el nombre y la descripción de su hijo.
Enfermero y amante de la naturaleza
Pretti trabajaba como enfermero de cuidados intensivos en un hospital del Departamento de Asuntos de Veteranos.
En declaraciones a The New York Times, un compañero del hospital lo definió como un amigo de buen corazón con sentido del humor y apasionado de su trabajo.
Alex Pretti nació en Illinois y creció en Green Bay, Wisconsin, donde practicó fútbol americano, béisbol y atletismo en la escuela secundaria Preble High School, según indicaron sus familiares a AP.
Durante su adolescencia en Wisconsin fue boy scout y cantó en el coro Green Bay Boy.
Estudió en la Universidad de Minnesota, donde se graduó en 2011 con una licenciatura en biología, sociedad y medio ambiente.
Comenzó a trabajar como científico investigador antes de volver a la universidad para formarse como enfermero titulado.
Pretti vivía solo en un condominio de cuatro apartamentos situado a unos 3,2 kilómetros del lugar donde fue abatido.
Sus vecinos lo describieron como tranquilo y solidario.
“Es una persona maravillosa. Tiene un gran corazón”, indicó a AP una vecina que vive en la misma urbanización.
Como enfermero trabajaba largas jornadas y en su tiempo libre le gustaba disfrutar de la naturaleza, además de practicar ciclismo.
Estaba muy unido a su perro Joule, que murió hace un año.
Días antes de este sábado, contó a sus padres que le dio una propina de US$100 a un trabajador latino que reparó la puerta de su garaje, según relata AP.
“Amaba este país, pero odiaba lo que cierta gente le estaba haciendo”, declaró su madre, Susan Pretti, a la agencia.
Indignado con Trump y el ICE
Según los testimonios de sus allegados, Pretti se sentía indignado con las políticas migratorias del gobierno de Trump, así como con las operaciones del ICE en Mineápolis y en todo el país, por lo que se implicó en las protestas tras la muerte de Renée Good.
Su padre, Michael Pretti, afirmó que su hijo “se preocupaba mucho por la gente y estaba muy molesto con lo que estaba pasando en Mineápolis y en todo Estados Unidos con ICE, como millones de personas más”.
“Pensaba que era terrible, ya sabes, secuestrar niños, simplemente agarrar a la gente de la calle. Se preocupaba por esas personas y sabía que estaba mal, así que participó en protestas”, agregó.
Michael Pretti aseguró que él y su esposa habían hablado con su hijo semanas antes sobre los riesgos de manifestarse.
“Le dijimos que protestara, pero que no se involucrara, que no hiciera nada estúpido. Y él dijo que lo sabía”, lamentó..
Pretti tenía armas de fuego y ocasionalmente llevaba un rifle a un campo de tiro, según relataron a AP sus vecinos, a quienes les sorprendía la idea de que portara una pistola por la calle.
“Nunca me pareció el tipo de persona que llevara un arma”, declaró una vecina.
La agencia también citó a su exesposa, Rachel N. Canoun, quien aseguró que no le sorprendía que Pretti participara en protestas.
Ella lo describió como alguien que sentía profundamente las injusticias, aunque nunca lo conoció como alguien que confrontara físicamente a otras personas.
Su exesposa confirmó que la víctima había obtenido su permiso para portar un arma oculta unos tres años antes.
El comunicado de su familia
Horas después de la muerte de Pretti, la familia emitió un comunicado. Lo reproducimos de forma íntegra:
Estamos desconsolados, pero también muy enojados.
Alex era una persona de buen corazón que quería mucho a su familia y amigos, y también a los veteranos estadounidenses a quienes cuidaba como enfermero de la UCI en el hospital de veteranos de Mineápolis. Alex quería marcar la diferencia en este mundo. Lamentablemente, no estará con nosotros para ver el impacto que tuvo. No uso la palabra “héroe” a la ligera. Sin embargo, su último pensamiento y acto fue proteger a una mujer.
Las mentiras repugnantes que la administración ha dicho sobre nuestro hijo son reprobables y asquerosas. Alex claramente no tenía un arma cuando fue atacado por los matones cobardes y asesinos de ICE de Trump. Tenía su teléfono en la mano derecha y la mano izquierda vacía levantada por encima de la cabeza, intentando proteger a la mujer que ICE acababa de empujar al suelo, mientras le rociaban gas pimienta.
Por favor, difundan la verdad sobre nuestro hijo. Era un buen hombre. Gracias.
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