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De crónicas y datos

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A veces es mejor no tener expectativas. Las expectativas, dicen por ahí, llevan a grandes decepciones. Ver una película esperando que sea maravillosa nos llevará muy probablemente a que nos quede mal y que al terminar pensemos que sí, ok, estuvo bien, pero no era para tanto.
En la economía también hay sorpresas. Hay años, como 2023, en los que la realidad resulta mejor de lo esperado y hay otros, como 2024, en los que la sorpresa es a la baja. Pero a diferencia de la experiencia que podemos tener al ver una película, la expectativa que se tiene sobre el comportamiento de las economías puede incidir en planes de inversión, en proyectos de empleo, en los productos que se ofrecen y en los que se descontinúan. Los imprevistos siempre existirán y las perspectivas se ajustarán, pero de entrada, los pronósticos tienen un impacto enorme en la propia planeación de la actividad económica.
Hay dos referencias importantes para hablar de las expectativas económicas de este año: la encuesta de expectativas de especialistas del sector privado que realiza Banco de México y la encuesta de Citi. Ambas consideran el punto de vista de diversas casas de análisis, consultorías o instituciones financieras. La primera, en su edición de diciembre del año pasado, muestra que, en promedio, los encuestados estiman que México crecerá este año 1.17 %. La mediana es 1.12 %.
El crecimiento de la producción, esa tasa a la que hacen referencia las expectativas, no refleja absolutamente todo lo que sucede en un país. No pretende hacerlo. Pero nos da un referente de cómo se mueven las economías y lo que los analistas esperan no suena demasiado optimista. ¿Pueden cambiar las cosas? ¿Puede haber sorpresas? Sin duda las habrá. No sabemos si al alza o a la baja… La probabilidad de que sean a la baja es mayor.
Por su parte, la encuesta de Citi publicada los primeros días de este año revela que el promedio de las expectativas de las instituciones financieras encuestadas es 1.1 %. La mediana, 1 %.
Las estimaciones consideran todas las variables relevantes en sus modelos. Es decir, ya están contempladas la presidencia de Trump, el impacto de la reforma al poder judicial, el recorte fiscal y tanto más. Claro que pueden equivocarse, al final del día todos los modelos son representaciones simplificadas de la realidad, pero, de cualquier manera, estimar que la economía mexicana solo producirá 1 % más de lo que produjo en 2024 habla de un crecimiento insuficiente para generar mejores condiciones de vida para todos los mexicanos.
En ciertas conversaciones, estas expectativas levantan las cejas. Por supuesto que hay empresas a las que les irá bien, muy bien a otras. Habrá estados, también, que crecerán y que continuarán con las dinámicas de desarrollo que han construido por años. Pero cuando el país -en su conjunto- no logra crecer a una tasa mayor de manera consistente es evidencia de que algo, o mucho, no va bien.
La encuesta de Banco de México también pregunta a los especialistas su punto de vista sobre el crecimiento en el mediano y el largo plazo. Esto respondieron. En 2026, 1.76 %. Para 2027 estiman un crecimiento del producto de 1.97 % y el promedio para los próximos diez años, empezando a contar en 2025 revela una expectativa anual de 2.02 %.
¿Eso es todo lo que la economía mexicana puede dar en el mediano y en el largo plazo? ¿Con eso bastará para que mejore la calidad de vida? ¿Será suficiente ese ritmo de crecimiento para mantenerse al día en una economía global con cambios tecnológicos y climáticos cada vez más veloces? La respuesta ya la conocemos.
México necesita construir su futuro. Prepararse para negociar con el presidente de Estados Unidos en las próximas semanas, pero también para poder enfrentar los próximos años con una economía más sólida y más competitiva. No bastarán las palabras. Como siempre, los hechos pesarán más.
* Valeria Moy (<a href="https://x.com/ValeriaMoy">@ValeriaMoy</a>) es directora general del IMCO.

2025: un año con bajas expectativas

El sector energético global en 2025 se definirá, en lo esencial, por el desarrollo de los conflictos en Medio Oriente y Ucrania, por la política energética de la nueva administración en Estados Unidos, así como por el factor impredecible: ¿un invierno más crudo en Europa? ¿Un nuevo conflicto geopolítico?
Quizás por primera vez en la historia de la economía moderna, a pesar de dos guerras en lugares clave para la producción y comercio de hidrocarburos, sumado a una demanda creciente, no se espera un incremento en los precios del petróleo y del gas natural el año entrante. La consolidación de Estados Unidos como la potencia petrolera y gasera indispensable permite a Occidente contar con un suministro confiable y suficiente. No se trata de un cambio menor.
En lo que refiere a la transición energética, las tecnologías solar fotovoltaica y eólica mantendrán su auge, con <a href="https://www.eiu.com/n/campaigns/energy-outlook-2025/" target="_blank" rel="noopener">estimaciones</a> de 250 nuevos GW y China como el principal mercado. De igual relevancia en este rubro es el retorno de la energía nuclear en el mundo desarrollado, impulsado por el imperativo de la seguridad energética en un entorno global convulso.
México tiene la fortuna de estar en una región del mundo con abundancia de energía. El reto para el siguiente año recae en lo político, en la habilidad de la presidenta Claudia Sheinbaum para balancear los objetivos de soberanía energética –pilar de la plataforma política de su coalición– y las restricciones presupuestales, técnicas y operativas  que enfrenta el Gobierno Federal.
Cinco aduanas serán claves para los prospectos del sector energético en 2025. Primero, la toma de posesión del expresidente Donald Trump el 20 de enero, con una agenda ambiciosa en términos de desarrollo de infraestructura de hidrocarburos, potencialmente cambiará el panorama de energía a nivel regional con un impulso a proyectos de gas natural.
Segundo, el Plan Nacional de Desarrollo, que deberá presentarse hacia el final de febrero, plasmará en blanco y negro la visión, objetivos y proyectos prioritarios de la administración entrante.
Tercero, la <a href="https://imco.org.mx/iniciativa-de-reforma-energetica/" target="_blank" rel="noopener">legislación secundaria</a> de la reforma energética, que con alta probabilidad se presentará al Congreso de la Unión durante el primer trimestre del año, tendrá que definir la nueva naturaleza de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como empresas públicas, así como aterrizar el concepto de “prevalencia” del actor estatal sobre el resto de los participantes en el sector eléctrico. Con ello se determinará en buena medida las posibilidades de crecimiento –o no– del sector para el periodo 2025-2030.
Cuarto, la legislación secundaria de la reforma a los reguladores de competencia, cuya presentación se espera también en el primer trimestre del año, será fundamental para enviar un mensaje de certidumbre para las inversiones al aclarar cuestiones críticas como si habrá o no cuerpos colegiados en los nuevos reguladores y si, efectivamente, tendrán independencia del ámbito ministerial (de las secretarías de Economía y Energía) y de las empresas estatales (Pemex y la CFE) en sus decisiones.
Quinto, la elección de juzgadores durante el verano, aunque no relacionada directamente con el sector energético, es la aduana que tendrá probablemente el mayor impacto de mediano plazo sobre el mismo –y en términos generales sobre las posibilidades de crecimiento de la economía mexicana–. Si el proceso se percibe deseado y parcial, México perdería atractivo como destino para la industria, al mismo tiempo que estaría abriendo la puerta a querellas comerciales y de inversión.
Ante los pronósticos de un magro crecimiento económico, el acceso a energía abundante y a precios competitivos es una de las principales ventajas comparativas del país para atraer inversiones de alto valor agregado. Primero, sin embargo, habrá que sortear estas cinco aduanas.
* Oscar Ocampo (<a href="https://x.com/OscarOcampo" target="_blank" rel="noopener">@OscarOcampo</a>) es coordinador de energía y medio ambiente.

Panorama energético 2025: cinco aduanas para México

Con la corrupción pasa un fenómeno particular. Sabemos que está ahí, que no se ha acabado, lo vemos cuando destellan en el foco mediático casos particulares como la contratación de empresas fantasma por parte de instituciones municipales y el abuso de un cargo para celebrar eventos privados en lugares públicos -por mencionar algunos-. Sin embargo, a pesar de que es un problema que preocupa a la ciudadanía, la corrupción puede persistir como el elefante en la sala que está presente, pero no hacemos nada para moverlo.
Los datos más recientes del <a href="https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2024/EAP_DvsCorrup24.pdf" target="_blank" rel="noopener">INEGI</a> señalan que, de 2013 a 2023, aumentó la prevalencia de la corrupción de 12.1 % a 14 %. También, por ejemplo, el porcentaje de víctimas de la corrupción por trámites a nivel municipal ha alcanzado su cifra más alta desde 2013: 16.5 %. Otras mediciones, como el <a href="https://www.transparency.org/es/press/cpi2023-corruption-perceptions-index-weakening-justice-systems-leave-corruption-unchecked" target="_blank" rel="noopener">Índice de Percepción de Corrupción</a> de Transparencia Internacional, indican que México es un país altamente corrupto. A pesar de esto, las consecuencias de cometer actos de corrupción alcanzan a muy pocos responsables y los casos muy graves parecen no afectar la popularidad de los encargados de combatir este problema.
Esto sucede porque solemos pensar que la corrupción es de todos y de nadie -”somos corruptos culturalmente”, afirmó una vez algún gobernante-. En el momento de enfrentar la sanción, se diluyen las responsabilidades o se intenta matizar la gravedad: “robé, pero robé poquito” o “no estaba al tanto de…”. Tenemos miles de ejemplos en la vida pública nacional. Y así dejamos pasar colectivamente la deshonrosa impunidad; a todos nos indigna la corrupción, pero no exigimos necesariamente la sanción y su combate efectivo.
En términos generales, no es viable ser un estado o un país competitivo sin enfrentar efectivamente la corrupción. ¿Cómo podríamos atraer la mayor inversión y talento posible en un contexto de ‘mordidas’, extorsión institucionalizada e incentivos de mercado distorsionados por la corrupción?
Por ejemplo, en las compras públicas a nivel federal, se observan riesgos de corrupción considerables. De acuerdo con la edición 2024 del <a href="https://imco.org.mx/riesgos-en-las-compras-publicas-a-nivel-federal/" target="_blank" rel="noopener">Índice de Riesgos de Corrupción (IRC) </a>del IMCO, se mantienen irregularidades como el uso sin justificación de adjudicación directa y la contratación con empresas sancionadas (2 mil 506 millones en contratos solo en 2023) que afectan la competencia y la efectividad de la contratación pública. Además, a nivel federal existe un subreporte en la plataforma Compranet que supone un escenario de opacidad: en 2023 no fue posible conocer el tipo de procedimiento de más de 13 mil contrataciones.
Millones de recursos públicos son gastados a través de malas prácticas que han derivado en hechos de corrupción. En el caso Segalmex, por ejemplo, la primera señal de alerta fueron cientos de millones otorgados sin licitar, así como la adjudicación directa a empresas fantasma. También, en el caso en el que murió una niña por falta de mantenimiento en un elevador del IMSS, había señales de que era una empresa con malas prácticas en contratos públicos.
Para que la corrupción deje de causar los efectos negativos en la economía y en el sistema político es necesario que superemos la paradoja según la cual la corrupción nos indigna muchísimo, pero no lo suficiente para levantarnos de nuestra comodidad -así sea solo para votar- y sancionar a quienes han hecho parte de grandes desfalcos. Solo así podremos salir del eterno retorno de la corrupción sin fin.
* Natalia Campos (@<a href="https://twitter.com/nataliacampos7" target="_blank" rel="noopener">nataliacampos7</a>) es coordinadora de Administración Pública del <a href="https://x.com/imcomx" target="_blank" rel="noopener">@imcomx</a>.

La paradoja de la corrupción en México

La seguridad pública en México es mucho más que un elemento que refleja la calidad de vida, es un pilar de la competitividad urbana. Así lo confirma el <a href="https://imco.org.mx/indice-de-competitividad-urbana-2024/" target="_blank" rel="noopener">Índice de Competitividad Urbana (ICU) 2024</a> del IMCO, que revela profundas brechas entre las ciudades del país. Estas disparidades no solo se manifiestan en indicadores objetivos como las tasas de homicidios o el robo de vehículos, sino también en algo aún más complejo: la percepción de seguridad de la población que habita estas ciudades.
El subíndice de Derecho del ICU, que aborda desde el ángulo de la calidad del Estado de derecho, ofrece un retrato de las condiciones de seguridad que presentan las ciudades mexicanas. En Piedras Negras, ocho de cada diez encuestados se sienten seguros; en contraste, en Celaya esta cifra se desploma a apenas uno de cada diez. Las tasas de homicidios también muestran un mapa alarmante: en Colima-Villa de Álvarez, Ciudad Obregón y Cuautla, las tasas son de 128, 120 y 94 por cada 100 mil habitantes, respectivamente. La violencia también afecta a ciudades como Chilpancingo, donde las agresiones a periodistas alcanzan 54.5 por millón de habitantes, casi diez veces el promedio de las ciudades (5.8).
Este mosaico de resultados en materia de inseguridad no solo afecta la vida cotidiana, sino que mina las bases del desarrollo económico y social. La relación entre seguridad y competitividad queda clara: una ciudad insegura pierde su atractivo para la inversión y el talento. Incluso zonas metropolitanas con alta competitividad como la Ciudad de México enfrenta este reto, que se ve reflejado en sus tasas de robo de vehículos y agresiones a la prensa. En este caso, los datos reflejan una asignatura pendiente, más allá de la evaluación subjetiva.
<img decoding="async" loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-1478473" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/12/seguridad.jpg" alt="Gráfica con el Índice de Competitividad Urbana del IMCO (seguridad en las ciudades)." width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/12/seguridad.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/12/seguridad-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/12/seguridad-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/12/seguridad-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" />
Sin embargo, también hay luces en el camino. Una ciudad como Mérida, por ejemplo, se alza como modelo de éxito con una tasa de homicidios de apenas 1.5 por cada 100 mil habitantes y niveles de percepción de seguridad envidiables (70% de la población adulta declara sentirse segura). Al igual el caso de la Laguna, la segunda ciudad con la menor tasa de homicidios y una de las diez con mayor percepción de seguridad. Sus casos no son casualidad: detrás de estos números están políticas públicas bien diseñadas, instituciones sólidas y una colaboración efectiva entre gobierno y sociedad. Estas ciudades demuestran que construir entornos urbanos seguros no solo mejora la calidad de vida, sino que impulsa la competitividad, atrae inversiones y fomenta la cohesión social.
La seguridad no es un lujo ni un tema secundario. Es un factor estructural que determina el presente y el futuro de nuestras ciudades. Apostar por ella no solo implica reducir estadísticas o mejorar la percepción, sino transformar espacios urbanos en lugares donde la paz y la prosperidad sean una realidad. En un país marcado por desigualdades, las ciudades más seguras no solo ofrecen una esperanza, sino una hoja de ruta para el resto del territorio. ¿Percepción o realidad? La respuesta es clara: ambas coexisten, las ciudades mexicanas no pueden ser competitivas sin mejorar en ambas dimensiones.
* Ivania Mazari es coordinadora de Evaluación y Análisis del IMCO.

Seguridad, el desafío de nuestras ciudades

El segundo periodo presidencial de Donald Trump dará inicio a una etapa de incertidumbre global por el estilo de gobernar que se anticipa: amenazar, como medio para conseguir sus objetivos. Entre sus primeras propuestas como candidato destacó un arancel del 10 % a las importaciones de productos de México como medio para  imponer su agenda en temas de inseguridad, migración y tráfico de drogas en la frontera sur de Estados Unidos. Ahora, a unos días de ser presidente, elevó el tono a una potencial imposición de aranceles de 25 %. México envía 83.7 % de sus exportaciones a Estados Unidos, por lo que esta medida podría tener consecuencias significativas para la competitividad regional de sectores estratégicos como el automotriz y el manufacturero. Además, el impacto en las cadenas de suministro podría exacerbar las presiones al alza en ambos países sobre los costos de producción y, en última instancia, los precios al consumidor.
La vulnerabilidad de nuestro país en este escenario se puede evaluar desde diferentes ángulos. Uno de ellos es el Trump Risk Index, que publica la unidad de inteligencia de la revista The Economist. Esta métrica evalúa factores clave como el comercio, las remesas y la cooperación en materia de seguridad y evalúa la vulnerabilidad de los 70 principales socios comerciales de Estados Unidos ante los cambios que se podrían implementar bajo la presidencia de Trump. Este índice posiciona a México como el país con mayor exposición.
No obstante, las medidas arancelarias que Estados Unidos podría imponer a México también tendrían efectos negativos para su propia economía, particularmente con presiones al alza en los precios de alimentos y productos electrónicos. Este escenario se podrían revertir algunos de los avances que mostró la inflación, ya que presentó señales de moderación con la disminución de los costos de energía y alimentos en los últimos meses, a pesar que la inflación de servicios no se modera. Por otro lado, los precios de diferentes productos en Estados Unidos podrían enfrentar mayores alzas si China y la Unión Europa deciden responder con medidas de represalias en sectores como el de la agricultura y manufactura.
Por otra parte, los riesgos que tendría la política comercial de Trump añadirían presiones adicionales para las decisiones de política monetaria en México y Estados Unidos. Estas autoridades iniciaron un ciclo de reducción de sus tasas de interés objetivo, en medio de distintos cuestionamientos sobre la convergencia de la inflación de ambos países a sus respectivas metas. De hecho, los retos de persistencia en la inflación de servicios de ambas economías han evitado que el ciclo de ajuste a la baja sea más rápido.
Además de los retos en materia de precios, la función de reacción de los bancos centrales en economías emergentes también suelen incorporar aspectos de estabilidad financiera. Lo anterior ha incrementado el riesgo estructural del país por la implementación de diversos cambios institucionales, al grado que sea un factor a considerar para las autoridades monetarias, dificultando la velocidad de ajuste de su tasa de referencia.
México atraviesa un proceso de reestructuración institucional caracterizado por la eliminación de organismos autónomos y un nuevo modelo para la elección de jueces en el Poder Judicial. Estas medidas generan incertidumbre política y podrían poner en riesgo el cumplimiento de compromisos del T-MEC, un acuerdo clave para el país ya que brinda un marco institucional a la relación más importante para el país en materia comercial, migratoria y de movilidad de sus factores de producción.
En los próximos meses, el Banco de México deberá tomar decisiones sobre su tasa objetivo incorporando los riesgos para la convergencia de la inflación observada a su objetivo, tratando de balancear sus decisiones con la brecha del producto y los riesgos de estabilidad financiera. Quizás lo más novedoso será que la política comercial de Trump podría añadir retos a la función de reacción de la propia Reserva Federal por el impacto que tendría esa política sobre la inflación de Estados Unidos.
Las decisiones del próximo presidente de nuestro vecino del norte tendrán impactos que se trasladen a la estabilidad financiera de ambas economías, por lo que las autoridades monetarias enfrentarán un dilema crucial: reducir las tasas de forma más moderada para controlar los riesgos actuales o hacerlo con mayor velocidad para que exista espacio para amortiguar los problemas futuros. Una estrategia bien calibrada será esencial para proteger las economías, mitigar riesgos y asegurar un entorno financiero más seguro y competitivo en un contexto global cada vez más interconectado.
* Cynthia Pérez es investigadora del IMCO (<a href="https://x.com/imcomx" target="_blank" rel="noopener">@imcomx</a>).

México, entre las amenazas de aranceles y la reducción de tasas

El pasado 1 de octubre, nuestro país inició formalmente el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum. Apenas en el segundo mes de su administración son evidentes las presiones que se han acumulado para el crecimiento económico del país. Algunas, como la necesidad de reducir del déficit fiscal, la desaceleración que caracteriza los cambios de administración federal o el agotamiento del crecimiento de la economía de Estados Unidos, contribuyen a presionar a la baja las expectativas para el PIB de nuestro país. En contraste, es menor el número de factores que podrían impulsar al alza su crecimiento. No obstante, la mayor parte de estos factores está relacionado con el dinamismo que puedan desplegar las metrópolis del país.
Las ciudades se caracterizan por ser el origen de la prosperidad de la población, pues son la unidad de generación de valor para el desarrollo económico y la innovación. Los centros urbanos del país integran mercados de bienes y servicios con los mercados de factores (capital y trabajo) y las cadenas productivas de las industrias. De ahí que sea imprescindible comprender sus desafíos y ventajas competitivas, a fin de potenciar el crecimiento del país.
Entre los factores que pueden impulsar el crecimiento de México en los próximos años se encuentra la posibilidad de capitalizar la inversión que podrían arribar al país como resultado del nearshoring. No obstante, como muestra la evidencia recabada por autoridades y el sector privado, es indispensable mejorar la calidad de la infraestructura, procurar un mercado laboral adecuado para identificar el trabajo más capacitado, y procurar regulación y un Estado de derecho funcionales.
Al evaluar las condiciones que pueden propiciar un mayor interés para atraer flujos de inversión productiva, el <a href="https://imco.org.mx/indices/#:~:text=Los%20%C3%ADndices%20del%20IMCO%20tienen%20como%20objetivo%20aportar,competitividad%20en%20tres%20niveles%3A%20urbano%2C%20estatal%20e%20internacional." target="_blank" rel="noopener">índice de ciudades</a> como el del Instituto Mexicano para la Competitividad nos permite hallar dos conclusiones. Por un lado, México requiere diseñar una política industrial que cree reglas de asignación más equitativas para las industrias y sectores vinculados al comercio exterior, específicamente para las cadenas de proveeduría locales. Por el otro, el desarrollo de políticas públicas que incidan de forma directa, y relativamente inmediata, sobre el bienestar de la población, empieza por los gobiernos municipales que integran las ciudades.
De hecho, el análisis de las cifras para las ciudades muestra que la ejecución más exitosa de políticas públicas a favor de la competitividad, encuentran trayectorias sostenibles cuando se logra un balance entre el Estado de derecho, la salud, la educación, la innovación y el crecimiento económico. Una ciudad que fomenta la prosperidad no puede progresar en aspectos relacionados con la seguridad, sin mejoras en la calidad de vida de sus habitantes, o sin crear condiciones apropiadas para el desarrollo de actividades productivas.
Medir la competitividad de las ciudades es un arma de doble filo. Por una parte, favorece que el diseño de políticas públicas para mejorar estas realidades deba tener un enfoque transversal. Pero es precisamente ahí donde aparece su mayor desafío: es preciso diseñar dichas políticas bajo diferentes perspectivas. De ahí que resulte crítico construir herramientas basadas en datos para monitorear diferentes indicadores de bienestar. Primero, con la finalidad de averiguar si efectivamente tienen un impacto sobre la competitividad. Segundo, porque una vez validada esa contribución es necesario cuantificarla.
En ese sentido, las zonas metropolitanas del país presentan un reto doble: evaluar criterios para incidir de forma multidimensional a favor de la competitividad, al mismo tiempo que se logren ejecutar políticas que incidan directamente sobre el bienestar de la población. La noticia alentadora es que la posibilidad de tomar ventaja de la arquitectura metropolitana para promover un crecimiento sostenido e inclusivo es real. Toca poner manos a la obra.
*Víctor Gómez Ayala (@<a href="https://twitter.com/Victor_Ayala" target="_blank" rel="noopener">Victor_Ayala</a>) Director de Analítica de datos.

Ciudades: oportunidad para el crecimiento

La reforma constitucional en materia energética contempla dos cambios fundamentales para el sector al transformar a las empresas productivas del Estado en empresas públicas y establecer la prevalencia de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre cualquier empresa privada.
Los conceptos de empresa pública y el de prevalencia son nuevos en términos de la legislación mexicana, así como suficientemente amplios para su interpretación. En otras palabras, pueden ser tan restrictivos o tan laxos como la legislación secundaria decida que sean.
En días recientes se ha comenzado a dilucidar el panorama para el sector energético durante los próximos años. La Estrategia Nacional de Electricidad –presentada el 6 de noviembre–, así como la Estrategia Nacional de Hidrocarburos –presentada el 13 de noviembre– adelantan esbozos de los planes del Gobierno Federal para el sector energético. 
En ambas estrategias, el objetivo de contar con empresas públicas fuertes se apoya en la participación privada para compartir riesgos y fuentes de financiamiento. El cambio en lo esencial no es en sí mismo una mayor o menor apertura a la inversión privada, lo central es la aversión a la competencia. El sector está abierto a la inversión privada en la medida que no le genere competencia a los actores del Estado: Pemex y la CFE.
Para ello, se plantea la creación de figuras como “productores mixtos” de energía eléctrica o de “proyectos mixtos” en el sector de hidrocarburos. Diseñadas correctamente, con planes financiera y operativamente viables, estas figuras pueden fungir como alternativa para captar inversiones en infraestructura crítica para la seguridad energética del país. Asociarse con Pemex o la CFE en contratos de largo plazo puede ser atractivo para inversionistas institucionales o para empresas privadas nacionales y extranjeras, dependiendo del tipo de proyecto.
El elefante en la habitación, sin embargo, está en la certidumbre jurídica. Al momento de escribir estas líneas no existe claridad sobre el futuro de la Comisión Nacional de Competencia Económica (COFECE), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH). Aunado a ello, el país se encuentra a meses de una elección inédita de juzgadores. El éxito de los planes de energía de la administración dependerá en buena medida de su capacidad para ofrecer certidumbre de largo plazo para los inversionistas.
Por ello, la legislación deberá ser clara en los mecanismos para la inversión privada y consistente con las disciplinas de México en los tratados comerciales internacionales. Puede sonar contradictorio con los planes que se han presentado. No lo es. Algunas medidas clave para ello son mantener el mercado, un despacho que incentive los menores costos, dar un trato parejo en el acceso a las redes eléctricas, no ejercer poder de mercado en detrimento de los privados en el transporte y almacenamiento de petrolíferos, no restringir arbitrariamente las importaciones de combustibles y establecer una regulación independiente.
El nuevo diseño de la regulación deberá garantizar la independencia técnica de las decisiones. En este sentido, independientemente de la figura legal que se establezca para la regulación de los sectores económicos, es necesario mantener el espíritu colegiado de los reguladores (aunque sería posible reducir el número de comisionados), implementar separaciones entre ellos y el resto de la administración pública, mantener el personal técnico de los organismos, así como establecer un servicio de carrera específico para el regulador. 
La cuestión central es el Estado de derecho. De ello depende el éxito en cuestión energética del gobierno que inicia.
*Oscar Ocampo (@<a href="https://twitter.com/oscarocampo">OscarOcampo</a>) es coordinador de energía y medio ambiente.

Estrategias de energía y el Estado de derecho

En el ámbito de las finanzas personales, un consejo que escuchamos comúnmente es: “No gastes el dinero que no tienes”. Salvo que invirtamos en activos o en casos de emergencia, es fundamental mantener un equilibrio entre nuestros ingresos y gastos para evitar caer en un sobreendeudamiento.
Esta máxima financiera, que nos aplica tanto a los individuos como a los hogares en nuestro día a día, vale también –con sus matices– para los gobiernos, que enfrentan restricciones presupuestales a las que deben sujetarse, en mayor o menor medida, en aras de garantizar la sostenibilidad de sus finanzas.
No obstante, en contra de la sabiduría popular y la ortodoxia macroeconómica que ha prevalecido en México desde finales de la década de los 80, en los últimos nueve meses de la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, el sector público federal ejerció recursos significativamente mayores a los disponibles.
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Según la edición más reciente del reporte <a href="https://imco.org.mx/hacienda-en-la-mira-al-tercer-trimestre-de-2024/" target="_blank" rel="noopener">“Hacienda en la Mira”</a> del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), entre los meses de enero y septiembre de 2024, el sector público obtuvo ingresos por 5.62 billones de pesos, mientras que sus gastos ascendieron a 6.71 billones. Esto significa que, por cada 100 pesos de ingresos, ejerció 119 pesos: 19 % más.
Este nivel excesivo de gasto se tradujo en el mayor desequilibrio registrado entre ingresos y gastos para un periodo enero-septiembre desde, por lo menos, 1990. Durante este periodo, el déficit presupuestal fue de 1.08 billones de pesos: monto 55 % mayor, en términos reales, al observado en el mismo lapso de 2023 (667.1 mil millones de pesos).
Para cubrir este déficit, el gobierno recurrió a un mayor endeudamiento, por lo que el saldo de la deuda pública se incrementó en 2.65 billones de pesos, 14 % en términos reales, en tan solo nueve meses: de 15.09 billones de pesos en diciembre de 2023 a 17.74 billones en septiembre de 2024.
Este aumento de la deuda no solo carece de justificación al no destinarse exclusivamente a inversión en infraestructura, sino que ocurre en un contexto de altas tasas de interés y calificaciones crediticias relativamente bajas, las cuales reflejan la ya limitada capacidad del Gobierno mexicano para hacer frente a sus obligaciones financieras. Actualmente, por ejemplo, las agencias Fitch Ratings, Moody’s y Standard &amp; Poor’s sitúan la calificación soberana de México entre uno y dos niveles por encima del grado especulativo.
Ante este panorama, la primera presidenta de México enfrenta el desafío de ajustar el desequilibrio fiscal que heredó de su predecesor, ya sea a través de una reforma fiscal que incremente los ingresos públicos o mediante un recorte al gasto que afecte la provisión de bienes y servicios a la población.
La magnitud del ajuste, que conoceremos a más tardar este 15 de noviembre, cuando la Secretaría de Hacienda entregue el Paquete Económico 2025 al Congreso, enviará una señal clara a los mercados, a las agencias calificadoras y a la ciudadanía sobre el compromiso, o no, de su administración con la disciplina fiscal. Entonces sabremos si el significativo desbalance en las finanzas fue tan solo un desliz de la administración anterior o si marcará la pauta del nuevo gobierno, comprometiendo la sostenibilidad de las finanzas públicas del país.
* Diego Díaz Pérez (<a href="https://x.com/Diego_DiazP" target="_blank" rel="noopener">@Diego_DiazP</a>) coordinador de Finanzas Públicas del IMCO.

Gastar lo que no se tiene

En los últimos meses, hemos visto un creciente interés por China en México. Varios anuncios recientes de inversión proveniente de ese país en México lo han dejado claro: MG Motor, BYD y DFAC (empresas chinas del sector automotriz) anunciaron este año planes de abrir plantas en el país.
Ante este interés, surge una pregunta crucial: ¿hasta qué punto es prudente basar nuestra estrategia de atracción de inversiones en un país cuya presencia genera preocupación constante en nuestro principal socio comercial?
Tratándose de China, Estados Unidos tiene una postura muy clara: desde 2018 ha buscado desvincularse gradualmente de esa economía, debido a preocupaciones sobre seguridad, geopolítica y prácticas comerciales. La estrategia ha funcionado en cierta medida, ya que en cinco años la participación de China en las importaciones estadounidenses pasó de 18 % a 13 %. Las autoridades y empresas estadounidenses han expresado en repetidas ocasiones su inquietud respecto a la participación china en productos fabricados en México que terminan en su mercado, así como el riesgo de una triangulación que permita a China evadir aranceles y restricciones comerciales.
México es, por sí mismo, un destino atractivo para la inversión extranjera en el sector automotriz. Somos un país con vocación y fortaleza en el sector y 32 % de nuestras exportaciones son de productos automotrices. Además, tenemos uno de los mercados globales más grandes, con una población de casi 130 millones de personas.
Sin embargo, la cercanía con Estados Unidos y la facilidad que el T-MEC otorga para exportar hacia ese mercado son factores determinantes para la entrada de inversiones extranjeras. Esa cercanía se refleja en las cifras: 83 % de las exportaciones mexicanas se dirigen a ese país, 41 % de lo que importamos proviene del mismo y 43 % de la Inversión Extranjera Directa total que México ha recibido en los últimos cinco años ha sido estadounidense.
Fomentar una integración más estrecha con China en ciertos sectores es delicado, especialmente cuando, para bien o para mal, las tendencias mundiales se están enfocando en fortalecer la integración regional de las cadenas de suministro en vez de mantener una economía con cadenas de valor dispersas alrededor del mundo.
Un rompimiento total con su economía y sus cadenas de suministro resulta, en la práctica, imposible. La dependencia de insumos y productos chinos, tanto intermedios como finales, es profunda y compleja. Pero para México, la proximidad geográfica y comercial con Estados Unidos hace que cualquier movimiento hacia mayor integración con China deba ser evaluado cuidadosamente, considerando no solo los beneficios económicos inmediatos, sino también las posibles implicaciones en nuestra relación con América del Norte.
No se trata de cortar lazos con China ni de cerrar las puertas a su inversión; las relaciones comerciales con otros países aportan beneficios, como el intercambio de conocimientos, que no se deben perder de vista. Pero hay que ser selectivos. En sectores como el automotriz, el electrónico y el de metales como el acero o el cobre, la participación china tiene un alto potencial para generar fricciones con Estados Unidos. En estos casos, hay que analizar si conviene aumentar esa integración o si es mejor diversificar nuestras alianzas con regiones que generen menos tensiones comerciales.
Al final del día, lo ideal es siempre ser estratégicos en nuestras alianzas económicas. Pero cuando se trata de China, hay que serlo más, buscando aprovechar las oportunidades sin perder de vista la importancia de fortalecer nuestras relaciones más cercanas.
* Ana Bertha Gutiérrez (<a href="https://x.com/AnaBerthaGtz" target="_blank" rel="noopener">@AnaBerthaGtz</a>) es coordinadora de Comercio Exterior y Mercado Laboral.

¿China o Estados Unidos?

Si se respetan los derechos humanos de las personas que trabajan y los derechos patrimoniales de quienes invierten en proyectos productivos, se produce un entorno más adecuado para propiciar el ciclo virtuoso entre la competitividad y la generación de bienestar. Es por eso que los análisis de competitividad del IMCO incorporan como elemento clave las variables relacionadas con el Estado de derecho para medir la capacidad que tienen los estados y las ciudades para generar, atraer y retener talento e inversión.
Los homicidios, el robo de vehículos y otros delitos del fuero común son útiles para evaluar esta realidad de forma consistente a través del tiempo y de manera transversal entre las entidades o ciudades del país.
Desafortunadamente, cada vez resulta más evidente que otros aspectos estructurales, como la disponibilidad de infraestructura o la calidad de los servicios públicos, inciden de forma directa sobre la confiabilidad de las mediciones relacionadas con los delitos. Dicho de otra forma, un entorno más inseguro y violento tiende a disminuir la disposición a denunciar ciertos delitos, ya que incrementa los costos de transacción de las personas para hacerlo.
De acuerdo con los datos utilizados en el <a href="https://imco.org.mx/indice-de-competitividad-estatal-2024/" target="_blank" rel="noopener">Índice de Competitividad Estatal 2024</a> del IMCO, en promedio para las 32 entidades del país, 89 % de los delitos no se denuncian, siendo Guerrero el estado peor evaluado (96 %) y Baja California el mejor librado (81 %). Sin embargo, prácticamente nueve de cada diez delitos no se denuncian en el país, lo cual nos invita a reflexionar sobre los retos de los datos para entender la realidad que atraviesan las entidades del país en materia de violencia.
Dado que la cifra negra es enorme, ¿qué alternativas tenemos para evaluar la calidad del Estado de derecho para garantizar la seguridad de las personas y las empresas del país? ¿Es posible valerse de otros recursos para valorar de forma comparada el desempeño de las autoridades en diferentes entidades? Al respecto, existe una amplia discusión en la literatura sobre los sesgos asociados a los indicadores blandos basados en percepción.
Tal como ocurre con las variables que miden aspectos macroeconómicos, para las cifras que aproximan el fenómeno de la violencia también contamos con indicadores blandos y duros. Los primeros se enfocan en aspectos de percepción, miden de forma subjetiva el juicio que hacen las personas sobre la situación que viven en su entorno. Los segundos, con una perspectiva objetiva, contabilizan la evidencia que dejan los delitos, ya sea a través de reportes, denuncias, carpetas de averiguación o aspectos materiales que evidencian su ocurrencia, como un cadáver en una morgue en el caso de un homicidio.
Tomando como referencia los datos del ICE 2024, sí es posible establecer una correlación negativa entre la percepción de seguridad y la incidencia de homicidios en las entidades del país: si un mayor porcentaje de la población adulta de un estado declara sentirse segura, las cifras de homicidios también son relativamente bajas con respecto a otros estados.
Tal es el caso de entidades como Baja California Sur y Yucatán. En Baja California Sur, 65 % de la población declara sentirse segura y la tasa de homicidios es apenas de 3 por cada 100 mil habitantes. En Yucatán, mientras la tasa de homicidio es 1.7, 62 % declara sentirse seguro. En el extremo opuesto encontramos entidades como Colima y Morelos. En Colima, la tasa de homicidios de 106.9, que es la más alta del país, coincide con una percepción de seguridad de apenas 18 %. Asimismo, en Morelos solo 12 % declara sentirse seguro en un estado donde la tasa de homicidios es de 66.3 por cada 100 mil habitantes.
Estas cifras confirman que los indicadores de percepción de seguridad nos ayudan a comprender la forma en que evoluciona la violencia en el país y también la calidad de su estado de derecho. Esto implica que, pese a la crisis de seguridad que se vive en distintas zonas del país, estos indicadores son útiles para evaluar la competitividad de los estados y las ciudades y, por ende, para evaluar el diseño de políticas públicas que permitan modificar esta realidad a fin de incrementar el bienestar de las personas que los habitan.
* Víctor Gómez Ayala (@<a href="https://twitter.com/Victor_Ayala" target="_blank" rel="noopener">Victor_Ayala</a>) es Director de Analítica de datos.

La importancia del Estado de derecho para la competitividad

Por lo menos desde el inicio del siglo XXI, la reinvención sexenal del país incluye la energía. Cada titular entrante del ejecutivo federal ha intentado –con distintos niveles de éxito– realizar cambios mayúsculos al andamiaje legal e institucional para plasmar su visión económica y política en el sector energético.
Durante las administraciones de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto se promovió una visión descentralizadora para el sector. Los cambios que plasma la iniciativa de la reforma energética aprobada en la Cámara de Diputados y próxima a votarse en el Senado de la República –con altas probabilidades de alcanzar las dos terceras partes necesarias para pasar– apuntan hacia la centralización del sector. En esencia, se busca transitar de la figura de empresas productivas del Estado a empresas públicas y la “prevalencia” de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre cualquier competidor.
El problema fundamental de tirios y troyanos es actuar mirando el retrovisor. Hace poco más de una década el mundo de la energía sufrió dos cambios tectónicos: el auge de los yacimientos de hidrocarburos no convencionales y el despunte de las energías solar fotovoltaica y eólica. Es en ese contexto que surgen las reformas de 2013-14 que abrieron el sector a la inversión privada.
En la actualidad la evolución tecnológica se encamina hacia la reducción de emisiones en la producción de hidrocarburos con proyectos de captura de carbono, el hidrógeno gana impulso como fuente alternativa de energía, la industria de los vehículos eléctricos busca un camino hacia la rentabilidad, el desarrollo del almacenamiento eléctrico continúa su avance, entre otras tendencias hacia la descarbonización del sector.
México necesita una legislación que permita la adaptabilidad a esta realidad emergente. A diferencia de la fallida reforma de 2022 que legislaba en el rango constitucional –e incluso de la reforma de 2013–, la propuesta actual tiene la virtud de plasmar principios y generalidades en la constitución y dejar los específicos para la legislación secundaria. Esto abre un área de oportunidad para legislar con una visión de futuro y dar mayor facilidad de modificarla si el panorama cambia, como probablemente sucederá.
Estas tendencias forman, a su vez, parte integral del compromiso de reducir emisiones de la administración que empieza. De ahí que la pregunta central a la que la legislación secundaria deberá dar respuesta es ¿cómo cumplir con el mandato de fortalecer a las empresas estatales para brindar servicios públicos de primera, sin que esto vaya en detrimento de la agenda medioambiental y de cambio climático del gobierno?
En primer lugar, es posible garantizar 54 % de la capacidad instalada a la CFE, mientras que el criterio de despacho eléctrico obedezca a criterios técnicos y de eficiencia, de tal suerte que promueva menores costos. De esta forma se atendería la consideración de soberanía y seguridad energética al mismo tiempo que se promovería la inyección de energías renovables al sistema y se fomentaría un ambiente propicio para la inversión pública y privada.
Aunado a ello, para fortalecer las finanzas y la operación de la CFE, la legislación secundaria tendría que prohibir que la empresa otorgue subsidios y condonaciones con sus propios recursos. Si por cuestiones de política pública -o de política electoral- se deciden otorgar subsidios, estos deberán correr por cuenta de la Secretaría de Hacienda, no de la CFE.
Una ley secundaria en estas líneas facilitaría la revisión del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) en 2026. En el fondo, el T-MEC reconoce la soberanía energética, pero con Estado de derecho.
* Oscar Ocampo (<a href="https://x.com/OscarOcampo" target="_blank" rel="noopener">@OscarOcampo</a>) coordinador de energía y medio ambiente.

Soberanía, seguridad y transición energética no son antónimos

Desde hace poco más de una semana México tiene, por primera vez en su historia, una presidenta. En términos de representación femenina, es una gran noticia y envía un mensaje muy fuerte a las niñas y mujeres mexicanas. Además, se da en un país en el que 12 de los 32 estados tiene una gobernadora y sienta las bases para que más mujeres exploren la posibilidad de participar en la economía y en puestos de poder.
Sin embargo, esa señal optimista es solo una de muchas piezas que se deben acomodar para aprovechar al máximo el talento de mujeres que hay en México. Una cosa es la participación de las mujeres en la economía y otra cosa muy diferente es su participación en los puestos de alta jerarquía. Este es un reto persistente en general, pero sobre todo en el sector privado.
En general, casi la mitad de las mujeres en edad de trabajar tiene o busca empleo y, de acuerdo con el <a href="https://imco.org.mx/mujeres-en-las-empresas-2024/" target="_blank" rel="noopener">nuevo estudio del IMCO y Kiik</a> sobre las mujeres en las empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores y la Bolsa Institucional de Valores, representan casi 43 % de la plantilla laboral.
Las cosas cambian cuando analizamos los datos sobre personas que trabajan en puestos de alta jerarquía. Solo 3 % de las personas en puestos de dirección general son mujeres. En las direcciones de finanzas representan solo 11 % del total y en los puestos de dirección jurídica, 23 %. En los altos mandos de esas empresas, la representación de las mujeres se queda baja respecto a la representación en los puestos de trabajo con menor jerarquía y, por ende, con menor poder de decisión.
¿Cuál es la razón detrás de esta baja representación? No es porque las mujeres no quieran ni porque los hombres den mejores resultados. <a href="https://imco.org.mx/en-mexico-las-mujeres-gobiernan-diferente/" target="_blank" rel="noopener">Otro estudio del IMCO</a>, que habla acerca del desempeño de las gobernadoras en México, nos dice que no hay prácticamente ninguna diferencia en el desempeño de los estados cuando son gobernados por mujeres en comparación con los gobernados por hombres.
La razón es más compleja y nos habla de una serie de barreras de diversos tipos que pueden afectar las diferentes etapas de las carreras de las mujeres: las barreras iniciales a la entrada, las que les impiden permanecer en la fuerza laboral ya que están ahí, y las que les impiden ascender en su carrera profesional.
Una buena proporción de las mujeres parece superar las barreras a la entrada -así se logra que cuatro de cada diez personas que trabajan en la economía sean mujeres-. Pero las otras barreras no son tan fáciles de atender. La dificultad  generada por carencias como la falta de apoyo en el cuidado infantil y de adultos mayores (actividades que realizan principalmente las mujeres), la remuneración más baja que la de los hombres o el ambiente laboral inseguro o discriminatorio dificultan la permanencia (y el crecimiento) en un empleo.
Para las mujeres que están en condiciones de superar esas últimas barreras, el mensaje que envía la toma de posesión de Claudia Sheinbaum es muy poderoso. Pero para otras, para las que están en situaciones menos privilegiadas, tal vez ese mensaje es menos significativo.
La llegada de la primera presidenta parece haber fortalecido la conversación y las acciones en materia de igualdad de género. No es trivial que el primer paquete de iniciativas de reforma enviado al Poder Legislativo desde la toma de posesión hable precisamente de temas de género.
Hoy la posibilidad de que una mujer llegue a las esferas más altas del poder se vuelve cada vez más tangible para muchas mujeres. Ahora toca hacer lo posible, a nivel público y privado, para que se vuelva tangible para todas.
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