Mundial con cronómetro, movilidad sin calendario
En el marco del llamado Año Mundialista, la Ciudad de México se encamina a enfrentar retos relevantes en materia de infraestructura urbana y transporte, entre los que destaca la anunciada remodelación de la Línea 3 del Metro. Se trata de una línea que transporta anualmente 173,346,316 personas, según datos obtenidos por solicitud de información con folio 090173726000031 a la Secretaría de Transporte Colectivo (metro). Para la primera fase del proyecto se han asignado 5 mil millones de pesos del presupuesto aprobado para el Metro en 2026, con un inicio de obras previsto pocos meses después de la conclusión del Mundial.
Dicho proyecto no es aislado, surge en el contexto de obras como la construcción de la ciclovía La Gran Tenochtitlan, la Línea 14 del Trolebús entre Ciudad Universitaria y Huipulco, la adecuación de la Terminal Taxqueña del Tren Ligero, la instalación de nueva tubería de drenaje alrededor de Circuito Azteca, renovación de banquetas e iluminación en Acoxpa, entre otras.
Si bien las obras repercuten en la movilidad de toda la Ciudad, lo cierto es que impactan principalmente en las zonas cercanas al Estadio Banorte, lugar en el que se jugarán 5 partidos del Mundial. La concentración simultánea de estas intervenciones han ocasionado severas afectaciones tales como incremento exponencial de tráfico, la obstaculización de vialidades por la maquinaria empleada y los escombros de las obras, la obstrucción del tránsito peatonal y la presencia excesiva de polvo (cuya inhalación puede resultar perjudicial).
Pensemos en un caso en concreto. Liliana vive en una de las casas ubicadas en Circuito Azteca y trabaja en una oficina ubicada en Polanco. Desde que comenzaron las obras, Liliana demora hasta 1 hora más en su trayecto diario. El Tren Ligero que anteriormente tomaba no llega hasta la terminal Tasqueña por lo que debe abordar un RTP que transita por la también intervenida y congestionada Calzada de Tlalpan.
En búsqueda de otras rutas, Liliana ha optado por tomar vagonetas de la Ruta 95; no obstante, debido al cierre de diversas vialidades, las mismas realizan recorridos alternos que agregan hasta 20 minutos en su transporte. Como resultado, Liliana pasa hasta 4 horas diarias movilizándose. Varias veces no ha logrado llegar a tiempo a su trabajo, por lo que le han descontado el día e incluso la han amenazado con despedirla.
Así como Liliana, cientos de personas actualmente se ven afectadas por las obras del mundial, las cuales no tienen una fecha cierta para su conclusión.
La falta de planeación urbana resulta especialmente grave si se considera que las zonas principalmente afectadas son Santa Úrsula y Coapa, áreas de carácter mayoritariamente residencial. Esto implica que miles de personas que viven ahí dependen diariamente del transporte público para salir de la zona, ya sea para trabajar, estudiar o realizar sus actividades cotidianas. Ignorar estas dinámicas convierte al Mundial en un proyecto que se construye sobre el tiempo, el esfuerzo y la paciencia de quienes sostienen la ciudad todos los días.
En este contexto caótico es importante exigir que el nuevo proyecto de la Línea 3 atienda al derecho a la movilidad que tenemos todos los ciudadanos, pero ¿qué implica este derecho?
El derecho a la movilidad implica que las personas podamos elegir libremente la forma de trasladarnos, en y entre los distintos centros de población, a fin de acceder a los diferentes bienes, servicios y oportunidades que otorgan éstos.
En este sentido, todas las personas debemos disponer de un sistema integral de movilidad el cual debe encontrarse en buen estado, en constante mantenimiento y que el servicio sea prestado por personas capacitadas. Debe ser libre de afectaciones a nuestra integridad física, asegurar que nadie quede excluido de los espacios y mecanismos de movilidad, buscar que las personas puedan desplazarse de un lugar a otro del modo más eficiente posible y tiene que permitir el acceso físico y económico a todos los grupos que conforman nuestra sociedad.
A pesar de lo anterior, se prevé que el derecho a la movilidad se vea nuevamente afectado con la remodelación de la Línea 3. La experiencia reciente de la Línea 1, cuya intervención comenzó en 2022, estuvo marcada por retrasos significativos que extendieron las obras por más de tres años y elevaron su costo total a 37 mil millones de pesos.1 Este antecedente subraya la necesidad de una planeación adecuada que evite afectaciones desproporcionadas a la vida cotidiana de la ciudadanía y garantice un uso eficiente de los recursos públicos.
Pese a la magnitud del proyecto de la Línea 3, hasta el momento no existe información pública sobre las medidas para mitigar las afectaciones derivadas de las obras. Mediante solicitudes de acceso a la información presentadas en enero de 2026 (folios 90163026000065 y 090173726000031), tanto la Secretaría de Movilidad como el Sistema de Transporte Colectivo Metro señalaron no contar con documentación oficial sobre rutas alternas ni con estudios de impacto ambiental y social relacionados con este proyecto.
La ausencia de información técnica y operativa, a pocos meses del inicio de los trabajos en la línea 3, sugiere el riesgo de reproducir los problemas observados en la remodelación de la Línea 1. En este contexto, el derecho a la movilidad no se garantiza únicamente mediante la asignación presupuestal, sino rindiendo cuentas que permitan a la ciudadanía conocer, anticipar y evaluar las medidas para enfrentar el cierre de una de las principales arterias del transporte público en la capital.
Los problemas de movilidad en la Ciudad de México no inician ni terminan con las obras realizadas para el Mundial. Una correcta planeación urbana dependerá de que las autoridades elaboren y ejecuten una estrategia de movilidad clara, concreta y pública. Es importante recordar que el derecho a la movilidad no implica el mero traslado de un punto a otro, sino que el mismo sea en condiciones de calidad, seguridad, higiene, eficacia, accesibilidad e igualdad.
El subsuelo del país guarda grandes depósitos de hierro, bauxita y oro, pero también se cree que hay abundantes reservas de coltán y de tierras raras, muy demandadas por la industria tecnológica.
Venezuela y el petróleo son casi sinónimos.
Durante más de un siglo, el país sudamericano fue uno de los principales productores de crudo del mundo y a finales de la década pasada se confirmó lo que hasta entonces era una sospecha: posee la principal reserva de este hidrocarburo del planeta.
El suelo venezolano alberga unos 300.000 millones de barriles de crudo, sobre todo extrapesado, superando los 260.000 millones que tiene Arabia Saudita (el mayor productor), según datos del anuario estadístico de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).
“Aquí está la reserva de petróleo más grande de este planeta. Aquí, en Venezuela, tenemos petróleo para más de 100 años”, declaró con insistencia el fallecido presidente Hugo Chávez.
Sin embargo, en las entrañas del suelo venezolano no solo hay crudo, sino también grandes yacimientos de distintos metales y minerales.
Durante años, Chávez y su sucesor, Nicolás Maduro, achacaron sus malas relaciones con Estados Unidos al interés de Washington por apropiarse de esos recursos.
“¿Cuál es la meta del gobierno actual de EE.UU.? Ya lo han dicho: agarrarse todo el petróleo de Venezuela, el oro, las tierras raras, las riquezas de Venezuela”, declaró Maduro en una entrevista difundida el 1 de enero, dos días antes de la inédita operación militar que Donald Trump ordenó ejecutar contra Venezuela y la cual terminó con la captura del gobernante y de su esposa, Cilia Flores.
Las primeras palabras del mandatario estadounidense luego de esos sucesos parecieron confirmar las sospechas.
“Lo que necesitamos (de las autoridades interinas venezolanas) es acceso total. Acceso total al petróleo y a otras cosas en el país que nos permitan reconstruirlo”, dijo Trump.
Para los analistas consultados por BBC Mundo y para el propio gobierno interino venezolano esas “otras cosas” que no especificó el mandatario estaounidense parecen incluir los también vastos yacimientos minerales del país.
Un amplio inventario
“En Venezuela no solamente existe el petróleo como recurso mineral importante, sino que también hay otros, una minoría de los cuales han comenzado a ser explotados”, le dijo a BBC Mundo el geólogo venezolano Gustavo Coronel.
¿Cuáles son esos minerales? “El hierro, la bauxita y el oro”, enumeró el experto, quien fue uno de los directivos fundadores de Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
Por su parte, Emiliano Terán Mantovani, sociólogo de la Universidad Central de Venezuela (UCV) agregó a la lista “los diamantes, el coltán, el níquel, el cobre y el carbón”. Terán Mantovani es un investigador especializado en los impactos en América Latina del llamado “extractivismo” (la explotación y exportación de grandes volúmenes de recursos naturales con escaso procesamiento).
Las autoridades, entretanto, han asegurado que en el país hay al menos 50 minerales y estiman que unos 15 pueden ser explotados comercialmente.
Según el Centro Internacional de Inversión Productiva (CIIP), organismo adscrito a la Vicepresidencia venezolana, el país tiene la octava reserva mundial de hierro, con 14.721 millones de toneladas métricas, y posee más de 321 millones de toneladas de bauxita, que es la materia prima para obtener aluminio metálico, con el cual se fabrican aviones, automóviles y otros productos.
En lo que se refiere al oro, el CIIP asegura que el país alberga entre 2.200 y 8.000 toneladas, lo que convertiría a Venezuela en la segunda reserva mundial de este metal precioso. No obstante, los expertos consultados por BBC Mundo advirtieron que esos datos no han sido verificados independientemente.
“Nadie sabe, ni siquiera el gobierno, a cuánto ascienden las reservas probadas de oro, porque la explotación ha sido muy desorganizada y no se han realizado más estudios”, afirmó Coronel.
La mayoría de los yacimientos de estos minerales se ubican al sureste del país, en particular en la región de Guayana, conformada por los estados Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro, y algunos de ellos son explotados desde hace varias décadas.
Sin embargo, en otras partes del país como en la península de La Guajira, en el occidental estado Zulia, fronterizo con Colombia, hay depósitos de carbón; mientras que los de cobre están esparcidos por el centro-norte y el nororiente.
El misterio de las tierras raras
En los últimos años, las autoridades venezolanas han asegurado que en el país hay depósitos de las llamadas tierras raras —esos 17 elementos químicos tan demandados actualmente para fabricar baterías, pantallas, imanes y otros equipos tecnológicos—, una afirmación que los expertos respaldan.
“En el año 1971 se hizo un levantamiento aeromagnético y se detectó la presencia de tierras raras en el cerro Impacto, ubicado entre los estados Bolívar y Amazonas”, aseguró Coronel.
El torio —un elemento altamente radioactivo y muy apreciado en la industria nuclear— fue identificado junto con el niobio y el tantalio, se lee en un informe del Servicio Geológico de EE. UU. (USGS, por sus siglas en inglés) fechado en 1990.
No obstante, el organismo estadounidense no incluye al país sudamericano entre aquellos que poseen depósitos de tierras raras por falta de datos. ¿La razón? Décadas después de los primeros hallazgos, todavía se desconoce qué tan importantes son estos yacimientos.
“Esos minerales están en una zona de difícil acceso, con abundante vegetación y están cubiertos por una enorme cantidad de sedimentos, por lo cual se requiere de excavaciones y perforaciones que afectarían seriamente el medio ambiente”, explicó Coronel.
Por su parte, las autoridades han asegurado que los depósitos de estos elementos, así como de coltán —un mineral crítico, también muy demandado por la industria tecnológica civil y militar—, son grandes.
“Las reservas (de coltán) en Venezuela pudieran, en una evaluación muy preliminar, aproximarse a los US$100.000 millones”, aseveró Chávez durante un discurso en el Parlamento en 2010.
No obstante, no fue sino ocho años después cuando se conoció la primera exportación del llamado “oro azul”.
En 2018, el entonces ministro de Desarrollo Minero, Víctor Cano, anunció que cinco toneladas de coltán, por un valor de US$330.000, fueron vendidas a Italia.
Desde entonces, no se ha informado de nuevos envíos de este mineral al exterior, al menos de manera formal, pero reportes de organizaciones ambientalistas y de medios locales apuntan a un creciente contrabando del mineral.
El plan B
Aunque la tradición minera venezolana se remonta a tiempos de la colonia, nunca fue un motor de la economía venezolana, pese a su potencial.
No obstante, esto cambió a partir de la segunda mitad de la década pasada.
“Debido a la caída de la producción petrolera, Maduro decretó en 2016 el Arco Minero del Orinoco para explotar los minerales de la zona, en particular el oro, que ha tomado protagonismo debido a que sus elevados precios internacionales”, recordó Terán.
El Arco Minero es una vasta zona de más de 110.000 kilómetros cuadrados, equivalente al 12% del territorio venezolano, ubicada al norte de los estados Amazonas, Bolívar y el sur de Delta Amacuro, cerca de la Faja Petrolífera del Orinoco, donde están el grueso de las reservas de crudo venezolanas.
El Arco fue dividido en cuatro bloques dependiendo de la preponderancia de yacimientos minerales que contienen.
“Se esperaba que unas 150 empresas participaran en la explotación del Arco, pero la falta de seguridad jurídica, la agudización de la crisis política y las sanciones internacionales lo frustraron”, explicó el experto.
El sector minero también fue objeto de expropiaciones durante el gobierno de Chávez y algunas de esas disputas siguen en tribunales internacionales.
“A partir de allí, el gobierno recurrió a la pequeña minería para recabar el oro, actividad que no siempre respeta el medioambiente ni a las comunidades indígenas”, agregó Terán.
Y como si lo anterior no fuera suficiente, el experto denunció que “el crimen organizado se expandió en la zona gracias a su asociación a sectores militares que se han enriquecido con el negocio minero”.
Las autoridades, por su parte, han reconocido que en la zona se han producido hechos irregulares. “Se llevan el oro, el coltán, los diamantes”, admitió Maduro el 5 de enero de 2018. No obstante, los funcionarios aseguran que estos son casos aislados y aseguran que sus responsables son perseguidos.
Pese los obstáculos, la explotación de oro ha aumentado de manera constante en los últimos años, llegando a cifras sin precedentes de entre 40 y 50 toneladas al año, lo cual representa entre US$2.700 y US$3.300 millones, según fuentes nacionales e internacionales.
Sin embargo, solo una pequeña porción de esos fondos ha terminado en las arcas públicas.
“Al Banco Central de Venezuela (BCV) apenas estaría ingresando 8% del oro explotado por concepto de regalías y 6% por autorizar las exportaciones, mientras las organizaciones criminales se estarían quedando con alrededor de 20% y las alianzas estratégicas vinculadas a la élite política con 66%”, denunció la organización Transparencia Venezuela en un informe publicado en 2024.
Las autoridades han sido muy opacas en cuanto a la producción de oro y no informan cuánto ingresa al BCV por este concepto. Este mes, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, afirmó que el oro “mantiene el servicio exterior” (embajadas y consulados) y financia “a los deportistas venezolanos” que asisten a competencias internacionales, al tiempo que reveló que en 2025 se extrajeron 9,5 toneladas del metal.
Las minas están en la mira
Más allá de la petición de Trump de “acceso total”, otros funcionarios estadounidenses han dejado en claro el interés de Washington por los otros recursos naturales venezolanos.
“Tienen hierro y todos los minerales críticos, tienen una gran historia minera que se ha oxidado, pero el presidente Trump va a arreglarlo y recuperarlo”, anunció el secretario de Comercio de EE.UU., Howard Lutnick, horas después de la captura de Maduro y Flores.
A lo anterior hay que sumarle que la bauxita, el níquel, el cobre y el carbón —que también posee Venezuela— fueron incorporados en noviembre de 2025 a la lista de minerales críticos fundamentales para la economía de EE. UU. que elabora el USGS, el Servicio Geológico de ese país.
“Los minerales críticos sustentan industrias por valor de billones de dólares, y la dependencia de las importaciones pone en riesgo sectores clave”, advirtió Ned Mamula, director del USGS.
Los expertos dieron por hecho que el interés de Washington no se limitará al petróleo, pues la administración estadounidense ha dejado en claro que quiere diversificar su cadena de materias primas.
“El oro es parte del interés de EE.UU. en esta nueva situación. No es desconocido que el presidente Trump tiene una especial predilección por el oro como lo prueba la decoración de su oficina en la Casa Blanca”, apuntó Coronel.
No obstante, el geólogo expresó preocupación por cómo puedan explotarse algunos minerales.
“Un gobierno democrático seguramente dejaría intacta la zona del cerro Impacto, ya que existe el riesgo de un desastre ecológico. Pero temo que ahora algunos países que necesitan desesperadamente esos minerales podrían presionar para abrir la zona a la exploración, y uno de ellos es, obviamente, EE. UU.”, dijo.
Terán también expresó inquietud por las apetencias de Washington.
“No está de más decir que aquí no hay ningún miramiento ambiental ni preocupación por la democracia o los derechos humanos; lo que estamos viendo son señales de unos acuerdos bastante subordinados que ponen en peligro la idea de soberanía que tuvimos”, advirtió.
Sin embargo, firmas especializadas como GlobalData Energy han expresado dudas sobre la capacidad de Venezuela para convertirse en un suministrador confiable de minerales para EE. UU. a corto plazo.
¿Por qué? Por la carencia de infraestructura moderna en el país, de estudios confiables sobre sus reservas y, sobre todo, de un marco jurídico estable, se lee en un informe publicado recientemente.
Este último aspecto ya está siendo atendido por las autoridades venezolanas, las cuales se han mostrado dispuestas a abrir los yacimientos minerales a la inversión privada.
“Esas inmensas reservas de petróleo (de Venezuela) tienen que ser sacadas para convertirlas en escuelas, en hospitales, (…) debajo de la tierra no le sirven a nadie”, declaró el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez —hermano de la presidenta encargada—, al defender la veloz reforma a la Ley de Hidrocarburos, la cual revierte parte del modelo estatizador impuesto por el chavismo en las últimas dos décadas.
Entre los 29 textos que el oficialismo prevé modificar también figura que el regula la minería.
Mapa por Caroline Souza, del Equipo de periodismo visual de BBC Mundo
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