Las violencias a las que se enfrentan las infancias
Hablar de actos violentos contra niñas y niños es un tema que nos debería de ocupar como sociedad, a fin de disminuir las consecuencias que este tipo de actos genera en la salud y bienestar de los menores. De acuerdo a la UNICEF, cada 7 minutos en algún lugar del mundo, un adolescente es asesinado en un acto violento. En Causa en Común realizamos un monitoreo a través de notas de medios, logrando contabilizar durante 2022 al menos 359 asesinatos de niñas, niños y adolescentes en México, es decir, un promedio de 30 casos cada mes. Tan solo durante el primer mes de 2023 se registraron al menos 22 casos, entre ellos el de un menor de 11 años, quien fue asesinado de un disparo en la cabeza por otro menor debido a una riña por un juego en Veracruz; la muerte de un joven de 17 años, quien fue rociado con gasolina y quemado en Yucatán, o el caso de una menor de edad que fue apuñalada en Jalisco.
La lista de actos violentos contra niñas y niños también implica historias de abuso, violación y maltrato. La organización Save the Children estima que, en México, al menos 37 menores sufren violencia física diariamente. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reportó que durante el 2022 se denunciaron 33,352 casos de abuso sexual, 10,962 casos de acoso sexual, 2,780 casos de hostigamiento sexual, 15,651 casos de violación simple y 7,451casos de violación equiparada. En la siguiente gráfica se observa el incremento sustancial de este tipo de delitos, de los cuales, en muchas ocasiones, las víctimas son niñas y niños.
Como señala la UNICEF: “resulta muy difícil para un niño verbalizar un abuso, incluso darse cuenta de que eso que te están haciendo está mal […] cuando deciden contar o denunciar que están sufriendo abusos tienen que pasar por un auténtico calvario de testimonios, pruebas, juicios paralelos y descalificaciones”. 1
Otros delitos que de igual manera atentan contra la integridad de niñas y niños son el tráfico de menores y la corrupción de menores. En el primero se observan cifras que parecieran anómalas, debido a que durante 2021 se registraron solo 29 denuncias, mientras que 13 en 2022, es decir, durante cinco meses las fiscalías no registraron ningún delito de esta índole en el país. Sin embargo, en el caso del delito de corrupción de menores, definido en el artículo 201 del código penal federal como: “que induzca, procure, facilite u obligue a un menor de dieciocho años de edad o a quien no tenga capacidad para comprender el significado del hecho, a realizar actos de exhibicionismo corporal, lascivos o sexuales, prostitución, ebriedad, consumo de narcóticos, prácticas sexuales o a cometer hechos delictuosos” ha tenido un incremento del 28% de 2021 a 2022, pasando de 2,602 a 2,949 denuncias. Lo anterior, puede corroborar la hipótesis de la transferencia de registros de delitos entre diversas categorías que utiliza el SESNSP.
Las desapariciones son otro riesgo al cual se tienen que enfrentar los menores de edad en nuestro país. El caso de la desaparición de la joven Ángela Olguín, afuera de la estación de metro Indios Verdes, es tan solo uno de los 13,088 casos de menores de edad que la Comisión Nacional de Búsqueda tiene registrados como desaparecidos en el país durante los últimos 10 años, lo cual cabe resaltar que son eventos que se encuentra plasmados de alto índice de cifra negra.
De 2013 a 2023 siguen sin ser localizadas 7,402 niñas y 5,674 niños, es decir, es mayor la proporción de vulnerabilidad en el que se encuentran las niñas, tal y como se muestra en el siguiente gráfico. Respecto al rango edad, el periodo que va de los 14 a los 17 años es en donde más riesgo de desaparecer sufren niñas y niños. Estado de México, Tamaulipas y la Ciudad de México son las entidades en donde más menores no han sido localizados.
Frente a este panorama de actos violentos que aquejan la integridad de niñas y niños y en donde las autoridades han decidido ser omisas, resulta indispensable atender la violencia contra niñas, niños y adolescentes como un problema seguridad pública.
Uno de los primeros retos implicará mejorar el registro de incidencia delictiva, a fin de tener cifras más cercanas a la realidad que nos permitan comprender la magnitud de los problemas. De igual forma, se deben fortalecer los sistemas de protección a niñas, niños y adolescentes, ejemplo de ello es el indispensable informe y evaluación de resultados que ha tenido el Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PRONAPINNA) 2021-2024 a más de un año de su implementación.
Otro punto importante a atender es el reforzamiento de las capacidades y presupuestos institucionales de las policías, fiscalías y ministerios públicos, a fin de procurar una correcta atención y protección de la niñez a través de un enfoque de derechos humanos y no re victimización. Por ejemplo, la propuesta de un registro unificado de sospecha de maltrato infantil, el cual ya ha tenido avances en países como España.
Por último, la generación de alianzas estratégicas con organizaciones de la sociedad civil, iniciativa privada y gobiernos resultan fundamentales no solo para promover la creación de programas de prevención y atención a los casos de violencia contra niñas y niños, sino también para atender las causas de violencia generalizada que atraviesa el país.
La alerta está encendida y el llamado es claro. La reducción de las violencias y la generación de entornos seguros para las niñas y los niños solo será posible a través de asumir la responsabilidad que nos concierne a todos.
Casi siete años después de la imposición de sanciones por parte de EU la exportación petrolera de Venezuela parece haberse recuperado de forma significativa gracias a la contribución de la llamada flota fantasma. BBC Mundo te cuenta de qué se trata.
Cuando en 2019 el presidente de EE.UU., Donald Trump, impuso sanciones a la industria petrolera de Venezuela para presionar al gobierno de Nicolás Maduro, las exportaciones de crudo venezolano cayeron hasta unos 495.000 barriles diarios. Seis años más tarde, las sanciones siguen en pie, pero las exportaciones petroleras de Venezuela han vuelto a crecer hasta ubicarse en torno al millón de barriles diarios.
Aunque se trata de una cantidad pequeña para un país que en 1998 -antes de la llegada al poder de Hugo Chávez- producía tres millones de barriles diarios, esta recuperación de parte de la exportación de crudo es un indicativo de que las sanciones contra Venezuela no están funcionando como EE.UU. esperaba.
Y es que el gobierno de Maduro ha ido encontrando la manera de ir reactivando la producción y de crear nuevas vías para vender el crudo venezolano esquivando las sanciones.
En esa tarea de comercialización ha jugado un rol central la llamada “flota fantasma”: una serie de tanqueros petroleros que por medio de distintas estratagemas logran ocultar su labor como barcos de transporte de petróleo sancionado por las autoridades estadounidenses.
Una de estas embarcaciones fue interceptada e incautada este miércoles por las fuerzas militares de EE.UU. cuando se encontraba en aguas frente a las costas de Venezuela.
“Acabamos de incautar un petrolero frente a la costa de Venezuela, un petrolero grande, muy grande; de hecho, el más grande que se haya incautado jamás”, dijo Trump al anunciar la operación ante la prensa en la Casa Blanca.
El gobierno de Maduro reaccionó calificando la incautación como “un robo descarado y un acto de piratería” y dijo que acudirá ante instancias internacionales existentes para denunciar lo ocurrido.
Esta acción estadounidense aumenta las tensiones con Caracas que se han ido intensificando desde que en agosto de este año el gobierno de Trump inició un gran despliegue militar en aguas del Caribe con el objetivo oficial de combatir el narcotráfico, pero que muchos analistas creen que tiene como objetivo final forzar un cambio de régimen en Venezuela.
Más allá de su posible objetivo político, la medida tiene un impacto económico pues dificulta aún más las exportaciones petroleras venezolanas al meter presión sobre la flota fantasma.
Pero, ¿qué sabemos sobre cómo operan estas embarcaciones?
Un fenómeno en auge
La utilización de flotas fantasmas es un fenómeno en aumento que ocurre no solamente en el caso venezolano, sino también de otros dos países petroleros sometidos a sanciones por parte de EE.UU. y de potencias occidentales: Rusia e Irán.
La empresa de inteligencia financiera S&P Global estima que uno de cada cinco petroleros en el mundo son usados para vender de contrabando petróleo procedente de países bajo sanciones.
De estos, el 10% transportarían solamente crudo venezolano, un 20% haría lo mismo con el iraní, mientras que 50% se dedica en exclusiva al petróleo ruso. El 20% restante no estaría atado a ningún país en particular y puede transportar petróleo de más de uno de estos países.
Según estimaciones de la firma de análisis marítimo Windward, la flota clandestina cuenta con unas 1.300 embarcaciones.
Las sanciones petroleras buscan desincentivar a países o empresas a adquirir o involucrarse en cualquier operación relacionada con crudo procedente de los países castigados.
Ante ello, los países sancionados optan por ofrecer su petróleo con grandes descuentos para que haya operadores, empresas o países que estén dispuestos a correr el riesgo de comprarlo, aplicando -eso sí- algunos trucos para disimular su origen.
Barcos que engañan
Una de las estrategias más frecuentes que aplican estos tanqueros para evadir las sanciones es cambiar con frecuencia -a veces varias veces en un mes- de nombre o de bandera.
En el caso, por ejemplo, del petrolero incautado este miércoles, se trata de un barco llamado The Skipper, según informó CBS News, socia en EE.UU. de la BBC.
Esa misma cadena dijo que se trata de un barco sancionado por el departamento del Tesoro de EE.UU. desde 2022 debido a su supuesto rol en una red de contrabando de petróleo que ayuda a financiar a la Guardia Revolucionaria de Irán, así como a la milicia chiita libanesa Hezbolá.
CBS indicó que al momento de ser sancionado el petrolero tenía por nombre Adisa (inicialmente se llamaba The Tokyo) y era una de las embarcaciones vinculadas con el magnate petrolero ruso Viktor Artemov, quien también se encuentra bajo sanciones.
Al referirse a ese tanquero este miércoles, la fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, dijo en la red social X que esa nave era usada para transportar petróleo procedente de Venezuela e Irán, dos países bajo sanciones.
Un elemento interesante sobre The Skipper es que es un barco con 20 años de antigüedad y ese es otro elemento usual entre los tanqueros de las flotas fantasma: muchos son barcos viejos, pues las grandes navieras suelen deshacerse de estos barcos cuando tienen 15 años de servicio y luego de 25 años suelen ser enviados al desguace.
Justamente otro truco aplicado por estos barcos es usurpar la identidad de alguno de esos barcos enviados a desguace, emitiendo los números de registro únicos que la Organización Marítima Internacional le otorgó a esas embarcaciones. Así se convierten en lo que se conoce como barcos zombis, pues lo que hacen es similar a alguien que usa la identidad de una persona muerta.
Un caso de este tipo relacionado con Venezuela ocurrió en abril pasado cuando un barco llamado Varada llegó a aguas de Malasia, tras un viaje que había iniciado dos meses antes en Venezuela.
La embarcación juntaba dos elementos sospechosos: tenía 32 años y la bandera de las Comoras, popular entre barcos que no quieren ser detectados.
Una investigación de la agencia Bloomberg descubrió que se trataba de un barco zombi, pues el verdadero Varada había sido desguazado en 2017 en Bangladesh.
Otras formas habituales de operar de los barcos de flotas fantasmas consiste en “disfrazar” el origen del crudo transfiriéndolo en aguas internacionales a petroleros sin problemas legales con otras banderas, que son los que se encargan de llevar el crudo hasta su destino, presentándolo como procedente de un país no sancionado.
Ese fenómeno se produjo, por ejemplo, en el caso de las exportaciones petroleras venezolanas hacia China durante el primer gobierno de Trump. Según expertos consultados por BBC Mundo hubo un momento en el que en las estadísticas oficiales de comercio de China aparecía como si ese país no estaba adquiriendo crudo venezolano cuando, en realidad, sí lo estaba haciendo.
Esto era posible porque ciertas refinerías compraban el petróleo a estos barcos que habían adquirido la carga en aguas internacionales y que la presentaban como procedente de países no sancionados.
Un último truco usual entre este tipo de tanqueros consiste de desactivar el sistema de identificación automática, a través del cual se transmiten datos como el nombre, la bandera, la posición, la velocidad o el rumbo de la embarcación. La manipulación de estos datos permite ocultar la identidad, ubicación y rumbo de las naves.
Una flota fantasma en aparente crecimiento
La investigación de Bloomberg en abril detectó el caso de cuatro barcos zombis que transportaban crudo venezolano.
La agencia de noticias recurrió al análisis de imágenes satelitales y las comparó con fotos históricas de los cuatro barcos cuyos nombres y números de identificación estaban usando.
Más recientemente, la ONG Transparencia Venezuela emitió un informe basado en la observación de lo que ocurrió en los puertos petroleros de ese país en octubre de este año.
Según ese reporte, hubo 71 tanqueros extranjeros en modo visible en los puertos de la petrolera venezolana Pdvsa, de los cuales 15 están bajo sanciones y nueve se relacionan con flotas fantasmas.
Transparencia encontró que en promedio hubo 24 petroleros que estaban ubicados cerca de tres puertos en el occidente y oriente de Venezuela y que estaban operando en modo furtivo, pues no tenían activas sus señales reglamentarias de posicionamiento.
De igual modo, Transparencia afirma haber detectado seis operaciones de transferencia de carga de un buque a otro, cerca de la bahía de Amuay, en el occidente del país.
De igual modo, hubo una mayoría de barcos con banderas de países considerados como paraísos regulatorios, por tener normas de supervisión laxas, lo que termina facilitando las operaciones de este tipo de embarcaciones.
Así, de los 71 barcos, 29 tenían la bandera de Panamá, seis de las islas Comoras y cinco de Malta.
En su informe, Transparencia indica que 38 de estos petroleros pasaron más de 20 días sin tocar puerto, algo que contrasta con los barcos de la petrolera estadounidense Chevron (autorizada por Washington para operar en Venezuela) que al llegar toman su carga y se marchan en un plazo máximo de seis días.
“La permanencia extendida en las áreas portuarias del país, sin llegar directamente a las terminales petroleras, arroja serias dudas sobre el tipo de operaciones que esos buques realizan”, señaló Transparencia en relación con los barcos que tardaban muchos días sin tocar puerto.
En todo caso, dado que la operación de intercepción e incautación realizada este miércoles se originó en el portaviones Gerald Ford -el más grande del mundo-, que ahora forma parte del masivo despliegue de fuerzas realizado por EE.UU. en aguas del Caribe frente a Venezuela, es probable que la posibilidad del gobierno de Maduro de recurrir a la flota fantasma se vea limitada de una forma importante.
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