La estadística criminal: un campo en disputa
En México, la seguridad pública se discute cada mes en los canales oficiales, a partir de las actualizaciones de estadística delictiva presentadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Con las conferencias de prensa como mediación, el gobierno federal anuncia reducciones históricas, celebra tendencias a la baja y compara periodos cuidadosamente elegidos para mostrar avances. Sin embargo, cuando uno revisa con detalle los datos completos, la historia es menos lineal y mucho más inquietante.
El informe La (supuesta) incidencia delictiva durante 2025: qué dicen y qué ocultan los registros oficiales muestra que la disminución en homicidio doloso —23,374 víctimas en 2025, 22 % menos que en 2024 según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP)— convive con incrementos llamativos en categorías contiguas. Mientras los asesinatos intencionales bajan en el discurso, crecen los registros de “otros delitos contra la vida y la integridad” y, en algunas entidades, los homicidios culposos superan a los dolosos. 1 La pregunta no es menor: ¿estamos ante una reducción real de la violencia letal o ante un reacomodo estadístico? 2
La categoría de “otros delitos contra la vida y la integridad” ha aumentado 114 % desde 2018. Se trata de un cajón de sastre donde se mezclan conductas heterogéneas sin desagregación pública suficiente. 3 Cuando esta bolsa crece al mismo tiempo que el homicidio doloso cae, el diagnóstico exige cautela. Lo mismo ocurre con las desapariciones: en 2025 se registraron 12,961 personas desaparecidas en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), exactamente la misma cifra que en 2024, tras ajustes a la baja realizados en cuestión de días. En entidades como Ciudad de México o Estado de México, las desapariciones superan a los homicidios dolosos. En otras, los descensos en asesinatos coinciden con aumentos significativos en personas desaparecidas. Si parte de la violencia letal se traslada a categorías menos visibles, el resultado es una narrativa optimista construida sobre una base estadística inestable.
Algo similar ocurre con el feminicidio. En 2025 se reportaron 721 víctimas, 15 % menos que el año anterior. Sin embargo, solo el 26 % de las mujeres asesinadas fueron tipificadas como víctimas de feminicidio. Hay estados donde la proporción es dramáticamente menor. La clasificación depende de criterios locales y decisiones ministeriales. Así, la frontera entre homicidio doloso de mujer y feminicidio puede convertirse en una línea políticamente sensible.
La manipulación no siempre implica alterar registros; a veces basta con elegir el comparativo adecuado. En enero de 2026 se presumieron reducciones de hasta 70 % en algunos estados, pero al comparar periodos equivalentes —enero a diciembre contra enero a diciembre— las caídas eran mucho menores e incluso, en el caso de Sinaloa, se convertían en incrementos.
En este contexto surge una novedad relevante: el anuncio de un nuevo sistema de Registro Nacional que promete mejorar la calidad, trazabilidad y apertura de la información delictiva. Voces como Armando Vargas, de México Evalúa, han planteado que este rediseño, cuyos primeros resultados están a la vuelta de la esquina, puede marcar el inicio de una gobernanza más democrática de la seguridad: basada en datos más sólidos, metodologías claras y mayor diálogo entre autoridades, academia y sociedad civil. 4
La idea es potente. Si la política de seguridad ha estado atrapada entre la opacidad y la propaganda, un sistema de información robusto podría convertirse en la columna vertebral de un nuevo paradigma para el diseño de política pública en la materia. Sin datos confiables no hay política pública seria. Sin diagnósticos transparentes no hay rendición de cuentas. Y sin rendición de cuentas, la violencia se reduce a la fatalidad. Todo ello ha marcado la tónica de las administraciones federales de las últimas dos décadas.
Romper con esa inercia no será un resultado sencillo ni inmediato. El lanzamiento de un nuevo registro no garantiza, por sí mismo, un cambio en la lógica política que subordina la estadística a la narrativa. La gobernanza democrática de la seguridad depende de la definición de reglas claras de clasificación, acceso abierto a bases desagregadas, documentación pública de cambios metodológicos y mecanismos permanentes de escrutinio externo. Implica aceptar que los datos pueden incomodar y que reconocer un aumento no es sinónimo de fracaso, sino condición para corregir. Si el nuevo Registro se convierte en un ejercicio técnico aislado, será apenas una capa adicional sobre un sistema armado a base de múltiples fisuras institucionales. 5 Pero si se asume como una oportunidad para transparentar criterios, homologar clasificaciones y someter las cifras al debate público informado, podría marcar un punto de inflexión. Si no, será simplemente otra estadística, presentada en una conferencia matutina.
1 Véase: Causa en Común (2026), La (supuesta) incidencia delictiva durante 2025: qué dicen y qué ocultan los registros oficiales. Disponible aquí.
2 El detalle de los posibles ajustes a los registros de homicidio doloso, se documenta exhaustivamente en: Causa en Común (2025), “La transformación de los asesinatos en propaganda”, Nexos. Disponible aquí.
3 De acuerdo con la definición del SESNSP, esta última categoría abarca, “entre otros”, los registros de víctimas de inducción o ayuda al suicidio, peligro de contagio e inseminación artificial no consentida.15 No sólo no es posible distinguir a qué delito corresponde cada víctima, dado que se mezclan sin distinción en esta categoría, sino que tampoco se especifican cuáles son los “otros” delitos. En consecuencia, la ambigüedad de la categoría de se presta evidentemente para toda suerte de errores, malentendidos y/o abusos.
4 Véase: Armando Vargas (2026), “Rumbo a una nueva gobernanza democrática por la seguridad”, Expansión Política. Disponible aquí.
5 La estadística criminal, después de todo, es producto de las instituciones responsables de la seguridad y procuración de justicia; en concreto: de las fiscalías. Un análisis de Causa en Común muestra el conjunto de debilidades y limitaciones en el desarrollo de estas instituciones: Causa en Común (2025), Una aproximación al estado que guardan las policías y fiscalías y penales estatales. Disponible aquí.
A pesar de las presiones de EE.UU. y de la alternancia de gobiernos mexicanos, México y Cuba nunca han cortado sus relaciones. Pero las amenazas de Trump ponen a prueba de forma inédita esta histórica asociación.
La hitórica relación entre México y Cuba, que ha pasado por diversas pruebas desde la Revolución Cubana de 1959, enfrenta un test sin precedentes este año.
Estados Unidos ha lanzado una agresiva política para aislar al gobierno de Cuba, con una orden directa del presidente Donald Trump promulgada a finales de enero para sancionar a los países que envíen petróleo a La Habana.
“Hay un embargo. No hay petróleo, no hay dinero, no hay nada”, dijo Trump el lunes al asegurar que su gobierno busca un “trato” con su contraparte cubana, sin detallar cuál es el objetivo.
Después de sacudir al gobierno de Venezuela a inicios de año, el objetivo regional de EE.UU. se ha centrado en Cuba, un país que desde hace más de seis décadas se ha sostenido como un antagonista de Washington bajo el gobierno de los hermanos Fidel y Raúl Castro, así como su heredero político, Miguel Díaz-Canel.
Y México ahora se ha colocado en medio de la disputa.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha criticado abiertamente la imposición de sanciones de EE.UU. a los envíos petroleros a Cuba, que califica de “muy injusta”, pero ha tenido que buscar un equilibrio entre su cooperación con La Habana y su relación con Washington.
La mandataria ha optado por incrementar los envíos de ayuda humanitaria como solidaridad con la población cubana, mientras cancela la carga de más buques del combustible para la isla, como venía ocurriendo en los últimos años.
“No es de ahora, es de siempre… Siempre hubo apoyo a Cuba desde su Revolución”, justificó Sheinbuam hace unos días, al recordar que los gobiernos mexicanos desde hace más de seis décadas, de izquierda, centro o derecha, han tenido cooperación con la isla.
Para los expertos, el escenario actual supone una gran prueba para Sheinbaum.
“Hoy México intenta un ejercicio de política exterior, no solo de solidaridad, sino estratégico en el cual México está pagando el costo político, diplomático, monetario, para jugar un rol en el presente y en el futuro próximo de Cuba”, afirma el internacionalista Juan Pablo Prado Lallande.
“Hay que pagar un costo, y ese costo es mantener esa ayuda humanitaria para que México tenga su capacidad de negociación, ganada durante décadas, respecto a Cuba y su futuro”, añade en conversación con BBC Mundo.
El acuerdo que sostuvo las relaciones
Desde el triunfo de la Revolución Cubana, el 1 de enero de 1959, las relaciones entre La Habana y Washington se deterioraron rápidamente hasta el punto de quiebre que supuso la fallida invasión de Bahía de Cochinos desde EE.UU. en 1961.
Desde ese momento, Washington sostuvo una política anticomunista activa en la región -en momentos en los que surgía la Guerra Fría con la Unión Soviética- y ejerció su influencia para que los gobiernos de América Latina (y otras zonas del mundo) cortaran los lazos con La Habana.
Pero México, siendo un vecino geográfico clave, no solo reconoció al gobierno revolucionario de Cuba, sino que fue el único país que no rompió relaciones con la isla, incluso ante presiones explícitas como las que hubo en asambleas de la Organización de Estados Americanos en los primeros años de la década de 1960.
Prado Lallande explica que México justificó su decisión en sus principios de política exterior pacifistas de la Doctrina Estrada, pero también se posicionó como país mediador entre Cuba y EE.UU., logrando un acuerdo trilateral y no publicitado que convenía a las partes.
“Por un lado, Estados Unidos ‘le permite’ a México tener una política soberana respecto a Cuba, de apoyo político, diplomático, de cooperación, etcétera. Por otro lado, más interesante es que tras la Revolución Cubana, México y La Habana pactaron que Cuba no iba a promover revoluciones en México, como sí lo hizo en otros países de Centroamérica, Sudamérica, África, a cambio de que México respaldara al gobierno de Fidel Castro en escenarios internacionales y en el ámbito global. Una especie de tit for tat [esto por lo otro]”, señala el analista.
EE.UU., por su parte, se aseguraba de que no hubiese influencia comunista en su frontera directa de México, a la vez que combatía los grupos surgidos en Centro y Sudamérica.
Al gobierno mexicano de la época, encabezado por Adolfo López Mateos, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y de carácter nacionalista, le convenía mostrarse ante los mexicanos como un estado que tomaba sus propias decisiones, más aún frente a EE.UU. con su historial de influencia hegemónica sobre el país.
Pero de manera menos evidente, el acuerdo también le permitía evitar la influencia cubana en los nacientes movimientos revolucionarios e izquierdistas de corte socialista en el territorio mexicano surgidos en la década de 1960, algunos de ellos inspirados en la isla.
De hecho, Fidel Castro y sus hombres organizaron su alzamiento armado en México.
Por otra parte, a nivel cultural, tanto México como Cuba comenzaron a sostener un rico intercambio, principalmente en la música, el cine y la literatura.
“Históricamente ha habido cercanía al nivel societal, mexicana y cubana. Hay afinidades históricas, por cercanía cultural, espacial, un pasado común del colonialismo español”, recuerda Prado Lallande.
“Y hay fuertes conexiones societales entre mexicanos y cubanos, y viceversa, sobre todo de orientación de izquierda, personal o de partidos, sindicatos, organizaciones sociales. Históricamente han visto a Cuba como un referente”.
Cooperación y desencuentros
Los presidentes de México de la segunda mitad del siglo XX mantuvieron buenas relaciones con Fidel Castro y afianzaron algunos acuerdos de intercambio bajo el marco del pacto de la década de 1960, pues a EE.UU. le servía tener un oído en la isla en los mandatarios mexicanos.
De hecho, Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Álvarez, José López Portillo y Miguel de la Madrid fueron colaboradores de la Agencia Central de Inteligencia de EE.UU., la CIA, entre 1960 y 1994, como se supo tiempo después al desclasificarse documentos secretos.
“Durante el periodo del PRI”, explica Prado Lallande, “hubo ejercicios de colaboración de distintos rubros: técnico, científico, tecnológico, cultural, educativo, para vincular de manera oficial a los dos países”.
El colapso de la Unión Soviética supuso un duro golpe para Cuba, que se quedó sin el apoyo de la potencia antagonista de EE.UU. Pero México fue un apoyo.
En esos años de la década de 1990, el presidente Carlos Salinas de Gortari, un político neoliberal nada afín a la izquierda, mantuvo la cooperación económica en los momentos en que la isla atravesaba la escasez de alimentos e insumos del llamado “periodo especial”.
Castro asistió personalmente a la investidura de Salinas, que enfrentaba acusaciones de fraude electoral, lo que le sirvió al mexicano para legitimar su gobierno.
Y México comenzó a realizar envíos de petróleo a la isla, un reflejo de cómo se beneficiaban ambos gobiernos de la relación política.
Pero con la salida del PRI de la presidencia de México, en el año 2000, las relaciones entre México y Cuba se enfriaron notablemente bajo los gobiernos de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, ambos del derechista Partido Acción Nacional (PAN).
El recordado episodio llamado “Fidel, comes y te vas” dio muestra de ello: Fox invitó a Castro a la Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo de la ONU en México, pero le pidió personalmente al líder cubano que se marchara después de almorzar, discretamente, para evitar conflictos con otro gran invitado, el entonces presidente de EE.UU., George W. Bush.
La conversación fue grabada y difundida por La Habana, lo que causó gran molestia al gobierno mexicano.
“No hubo rompimiento de relaciones, pero sí una crisis”, recuerda Prado Lallande.
Aún y con las relaciones reducidas, en parte por las críticas del gobierno mexicano hacia la falta de democracia y derechos humanos en la isla, tanto Fox como Calderón realizaron visitas a Cuba.
Y el regreso del PRI a la presidencia, con Enrique Peña Nieto (2012-2018), supuso un nuevo entendimiento a tal grado que México condonó una deuda de más de US$350 millones por envíos petroleros a Cuba.
“El objetivo de México era no perder lo ganado. No perder el capital político invertido en Cuba en términos del relacionamiento histórico a favor del respeto mutuo, respeto a soberanías”, explica Prado Lallande.
Y añade: “El país quería presencia política y geoestratégica en el Caribe, que es la tercera frontera de México. Y Cuba es la isla más grande de las Antillas, por lo tanto es un referente obligado en la política exterior de México para cualquier gobierno, de izquierdas o derechas”.
Aunque la relación de México y Cuba siempre se justificó en la política exterior de cooperación plasmada en la Constitución mexicana, la promoción de los derechos humanos o la democracia, que también son principios del estado mexicano, no fue lo primordial durante los gobiernos del PRI.
Prado Lallande considera que eso se explica porque “para el PRI, que no tenía sensibilidad democrática, ese asunto no le generaba problemas, desafíos o contradicciones”.
“El PRI pasó de ser un partido con antecedentes de izquierda a reorientarse, con el pasar del tiempo, política e ideológicamente. Un partido muy adaptativo y pragmático. En su relacionamiento con Cuba no tuvo conflicto en este sentido”.
Sin embargo, los presidentes Carlos Salinas y Ernesto Zedillo sí realizaron los primeros contactos conocidos con los grupos de la disidencia cubana, al igual que Vicente Fox y Felipe Calderón, algo que tensó las relaciones con el presidente Fidel Castro.
El reimpulso en el obradorismo
La llegada del primer gobierno de izquierda en México en 2018, con Andrés Manuel López Obrador, supuso un nuevo reimpulso a la relación con La Habana, que ya estaba bajo el mandato de Miguel Díaz-Canel.
López Obrador no se contenía al expresar su admiración hacia los cubanos “por su arrogancia de sentirse libres” frente a Estados Unidos, y criticaba las políticas de embargo económico de Washington sobre la isla: “¿Que no es ruin esa política medieval?”, cuestionó el presidente mexicano en 2022.
Durante su mandato, López Obrador reactivó los envíos de petróleo a Cuba, pero también estableció acuerdos que iban desde la llegada de médicos cubanos para atender clínicas remotas en México a la compra de vacunas durante la pandemia de covid-19 o la impresión de libros de texto para Cuba en imprentas mexicanas.
Prado Lallande considera que a partir de entonces se hizo notoria la diferencia entre la cooperación “horizontal” que hubo en los gobiernos del PRI con Cuba, con intercambios de ambas partes, a la asistencia “vertical” que inició con el gobierno de López Obrador y continuó con la presidenta Claudia Sheinbaum desde 2024.
“A raíz del deterioro cubano, político, social, y a la luz de la fortaleza del presidente López Obrador y su visión de gobierno asistencialista, México le tendió un brazo a Cuba no necesariamente en términos de cooperación, sino sobre todo una relación asistencialista, paternalista”, apunta el experto.
La empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) comenzó a vender petróleo a Cuba “en términos muy generosos”, asegura Pardo Lallande.
Aunque no ha sido pública la información de ventas directas a la isla, el actual director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, señaló a inicios de febrero que el monto vendido era de US$496 millones con un contrato abierto desde 2023.
Matizó las críticas de la oposición asegurando que era menos del 0,1% de la producción mexicana.
Y según los reportes más recientes disponibles de Pemex, de enero a septiembre de 2025 México envió 17.200 barriles de crudo al día, lo que representa un 3,3% de las ventas que hace el país al exterior.
Ante las preguntas de periodistas, Padilla evitó responder cuánto se envía a la isla en términos de asistencia directa, pero dijo que “es mucho más por contrato que por ayuda humanitaria”.
A partir de la amenaza arancelaria de Trump, sin embargo, México se ha colocado en un escenario sin precedentes en el que se ha visto obligado a dejar de cooperar con Cuba libremente.
Sheinbaum criticó la decisión de EE.UU., que calificó de “muy injusta” porque afecta directamente a la población al limitarse la producción de energía eléctrica y paralizar en general las actividades en la isla.
“Puede uno estar de acuerdo o no con el régimen del gobierno de Cuba, pero no debe afectarse a los pueblos nunca. Entonces, nosotros vamos a seguir apoyando y seguimos haciendo todas las acciones diplomáticas necesarias para poder recuperar el envío de petróleo, porque no se puede ahorcar a un pueblo así, de esa manera. Es muy injusto, muy injusto”, sostuvo la mandataria.
México envió ya dos buques cargados con alimentos y artículos de higiene personal para la isla, pero no ha enviado más petróleo mientras su gobierno sostiene conversaciones con el de EE.UU. sobre el tipo de sanciones que pretende imponer si se hace.
“Por lo pronto no vamos a enviar combustible”, precisó Sheinbaum.
El antiguo pacto que perduró durante décadas ha quedado de lado: “El flujo de cooperación hacia Cuba nunca se había detenido por fuerzas externas. Es un cambio muy importante, de fondo, que México se haya visto obligado a parar. Y, frente a ello, recurre al plan b que es ofrecer ayuda humanitaria”, dice Prado Lallande.
Aunque México ya no tiene un intercambio directo con una Cuba que no le puede ofrecer algo a cambio, la lógica de mantener el apoyo a la isla sigue siendo clave, considera el experto.
“Hay que pagar un costo, y ese costo es mantener esa ayuda humanitaria para que México retenga su capacidad de negociación, ganada durante décadas, respecto a Cuba y su futuro”, explica.
“Es un ejercicio estratégico de política exterior. Independientemente del color del partido político que gobierne México, Cuba es un objetivo de Estado por el peso político de la isla, su cercanía geográfica, su peso en las relaciones internacionales, y en la política respecto a Estados Unido”, continúa.
“La línea roja -que México no está dispuesto a cruzar- sería no hacer política exterior hacia Cuba”.
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