Narcotráfico y terrorismo como agenda política
La agenda de seguridad pública y nacional de México marcha al compás de la agenda política de Estados Unidos, con o sin la cooperación de los gobiernos mexicanos. Su evolución está marcada por diferentes coyunturas que podrían derivar en que la designación de cárteles como terroristas avance, lo que obligará al gobierno mexicano a tomar definiciones frente a estos grupos criminales; sin embargo, su efecto político podría generar un cisma al interior del partido gobernante.
Un terrible evento que reactivó el debate sobre la designación de los cárteles del narcotráfico como terroristas en Estados Unidos fue la masacre ocurrida el 4 de noviembre de 2019 en Bavispe, Sonora, en la que fallecieron mujeres y menores de edad de la familia LeBaron. Residían en Sonora, pero también contaban con la nacionalidad estadounidense. El análisis y sentencia de este caso en una corte de Nebraska llevó a designar a una organización criminal como terrorista.
Tras este evento, Donald Trump anunció su intención de incluir a estos grupos en la lista de organizaciones terroristas; sin embargo, en un giro extraño que definió la relación con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el mandatario norteamericano escribió en un mensaje subido a su red social el 6 de diciembre del 2019 que, “a petición de un hombre que me agrada y respeto, y que ha trabajado tan bien con nosotros, suspenderemos esta designación”.
Este reconocimiento hizo evidente la confianza que había entre ambos y la colaboración para impulsar sus agendas políticas. Apenas unos días después, el 9 de diciembre de 2019, se anunció la detención del exsecretario de seguridad pública de Felipe Calderón, Genaro García Luna, en el estado de Texas, y es acusado de recibir sobornos multimillonarios para permitir operaciones de narcotráfico del Cártel de Sinaloa.
Otro momento con relación al avance de esta agenda política ocurrió el 21 de septiembre del 2022, cuando el gobernador de Texas, Greg Abbot, publicó un decreto ejecutivo para declarar a los cárteles mexicanos terroristas extranjeros por la crisis del fentanilo. En esa ocasión envió una carta al presidente Biden y la vicepresidenta Kamala Harris, en la que pedía la designación del Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación como organizaciones terroristas extranjeras en virtud de la Sección 219 de la Ley de Inmigración y Ley de Nacionalidad (INA).
Finalmente el 8 de febrero del 2023, los fiscales generales de los estados de Virginia, Alabama, Alaska, Arkansas, Florida, Georgia, Indiana, Iowa, Kentucky, Louisiana, Missouri, Montana, Nebraska, New Hampshire, Ohio, Oklahoma, South Carolina, Tennessee, Texas, Utah y West Virginia, todos gobernados por el Partido Republicano -salvo Kentucky que tiene un gobernador demócrata, pero con mayoría legislativa republicana, lo que explica el posicionamiento del fiscal del ese estado-, envían una carta al presidente Biden y al secretario de Estado, Anthony Blinken, para que tomen las siguientes acciones: reconocer la gravedad de la crisis del fentanilo, clasificarlo como un arma de destrucción masiva para abordar adecuadamente la amenaza que representa, y designar a los carteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras.
La derrota de los demócratas en la pasada elección presidencial y la operación para extraer de territorio mexicano a uno de los líderes del Cártel de Sinaloa, detonando una cruenta lucha interna por el control del tráfico, marcaron el fin del sexenio de López Obrador y dejaron un vacío de poder que no será llenado hasta que asuma la presidencia Donald Trump.
La agenda del crimen organizado y la propuesta de designar como terroristas a los cárteles de las drogas fue claramente un instrumento de campaña electoral que rindió frutos en la pasada elección presidencial en Estados Unidos. Hoy la pregunta es si ésta se traducirá en una acción concreta durante su mandato. No hay que subestimar el hecho de que Donald Trump está intentado adoptar la agenda del terrorismo, como otros presidentes norteamericanos, para alcanzar sus objetivos políticos. A pesar de que en 2019, como sugiere él mismo, fue convencido por el expresidente López Obrador de moderar su estrategia, es probable que esta vez no cambie su postura.
La concesión de Trump hacia Obrador en el 2019 benefició a éste último, pero no pudo ser capitalizada políticamente por él. El avance de su proyecto e incluso la posibilidad de tener un escenario sucesorio favorable, a diferencia del 2020 cuando pierde la reelección con Joe Biden, depende de que logre presentar acciones que pueda capitalizar ante el electorado norteamericano.
El gobierno mexicano se enfrenta a un escenario para el que no está preparado políticamente, principalmente por las diferencias entre el expresidente y su sucesora respecto a la política de seguridad; aún hay dudas sobre si su secretario de Seguridad cuenta con el respaldo del Ejército y, políticamente, el discurso de Trump alimentará aún más la radicalización del sector obradorista.
Finalmente los costos de aplicar la fuerza contra el crimen ya son advertidos dentro del sector obradorista, que señala que se verán debilitadas sus bases si se abre un frente contra las organizaciones criminales que operan en el territorio nacional. Toda decisión política implica un análisis de costo/beneficio: si la presidenta alinea su estrategia con la del gobierno norteamericano se alejará del obradorismo; si decide mantener la unidad, el costo político lo impondrá Trump impulsando aranceles y medidas económicas costosas para la economía mexicana.
Los investigadores anticorrupción califican como “profundamente lamentable” lo que consideran como una falta de cooperación de Yoon Suk Yeol con el proceso legal.
La agencia anticorrupción de Corea del Sur no pudo ejecutar una orden de detención contra Yoon Suk Yeol, suspendido de sus funciones desde el 14 de diciembre.
Los 150 oficiales involucrados en la operación fueron superados en número, primero por la gran cantidad de seguidores de Yoon que se habían congregado afuera de su residencia desde tempranas horas de la mañana, y luego por un muro humano de escoltas de seguridad dentro de la propiedad.
Los agentes de la Oficina para las Investigaciones de Corrupción de Funcionarios de Alto Rango (CIO, por sus siglas en inglés) trataban de ejecutar una orden de arresto emitida a principios de esta semana después de que Yoon ignorara tres citaciones judiciales en las que sería interrogado.
Yoon se encuentra actualmente bajo investigación por abuso de poder e incitación a una insurrección después de que intentara imponer la ley marcial a principios de diciembre.
La medida, que duró unas pocas horas, condujo a una crisis política, en la que Yoon fue destituido por el Parlamento liderado por la oposición y suspendido de su cargo.
Desde tempranas horas de este viernes, decenas de furgonetas policiales se alinearon en la calle frente a la residencia de Yoon en el centro de Seúl, la capital de Corea del Sur, antes de que el equipo de arresto, compuesto por oficiales de policía y miembros de la CIO, comenzara a moverse hacia el edificio alrededor de las 08:00 hora local (23:00 GMT).
La operación comenzó con un equipo de 20 personas, pero rápidamente se multiplicó hasta llegar a unas 150.
Incluso entonces, el número de agentes involucrados no fue suficiente.
Cerca de la mitad de ellos logró ingresar al recinto, pero quedaron atrapados durante horas en un enfrentamiento con los oficiales de seguridad del presidente (cuyo trabajo todavía consiste en proteger a Yoon, a pesar de que este ha sido despojado de sus poderes), además de una unidad militar responsable de la ciudad de Seúl.
“Hemos determinado que el arresto es prácticamente imposible”, informó la CIO, responsable de la investigación por la efímera declaración de ley marcial de Yoon el mes pasado.
“Detengan el robo”
Si la orden de arresto hubiera sido ejecutada, Yoon se habría convertido en el primer presidente en funciones en ser arrestado en la historia de Corea del Sur.
La CIO aseguró que la falta de cooperación de Yoon en el proceso legal es “profundamente lamentable” y añadió que los próximos pasos se decidirán después de una revisión.
Cuando la oficina anticorrupción anunció la suspención de la orden de arresto, los seguidores de Yoon, que llevan días acampando frente a la residencia presidencial, celebraron con cantos y bailes.
“¡Ganamos!”, corearon. Algunos llevaban carteles que decían: “Detengan el robo”, una frase que también fue utilizada por los partidarios de Donald Trump después de que perdiera las elecciones de 2020.
La CIO afirmó que la preocupación por la seguridad del equipo en el terreno fue un factor que influyó en la decisión de cancelar la orden de arresto.
El servicio de seguridad presidencial respondió que responsabilizará al CIO y a la policía por allanamiento, y alegó que el equipo había herido a algunos de los miembros de su personal.
Dudas sobre la jurisdicción del CIO
Este nuevo acontecimiento no es inesperado, dada la actitud desafiante que ha mostrado Yoon durante todo el proceso de investigación.
Los expertos aseguran que, como abogado y exfiscal, Yoon es muy consciente de las lagunas legales disponibles para su defensa.
Los investigadores tienen hasta el 6 de enero para arrestarlo antes de que expire la orden de arresto actual.
Esto significa que podrían intentar ejecutarla nuevamente durante el fin de semana.
Pero esto podría representar un desafío aun mayor, pues es probable que la multitud de seguidores apostados a las afueras de la residencia presidencial aumente.
Sin embargo, la CIO también podría solicitar una nueva orden de arresto y tratar de detenerlo nuevamente en un futuro próximo.
Antes de que el intento fuera frustrado, el equipo de seguridad de Yoon le dijo a la agencia de noticias Yonhap que había estado negociando con los investigadores de la agencia anticorrupción.
La policía ha abierto una causa penal contra el jefe del servicio de seguridad de Yoon y su adjunto, y los ha citado para interrogarlos, según Yonhap.
Adicionalmente, el equipo legal de Yoon también fue visto entrando a la residencia poco después del mediodía, hora local.
Su abogado, Yoon Gab-keun, declaró hace días que emprenderían acciones legales en contra de la orden de arresto, argumentando que los agentes anticorrupción carecían de autoridad para detenerlo.
Park Chan-dae, el líder del principal partido de oposición, el Partido Democrático, ha criticado a Yoon por no cumplir su promesa de asumir la responsabilidad legal y política por su fallido intento de instaurar la ley marcial.
“Fue una completa mentira”, señaló Park, instando a la CIO a ejecutar nuevamente la orden de captura contra Yoon.
La CIO fue creada hace cuatro años en respuesta a las quejas de los surcoreanos por los excesos de la expresidenta Park Geun-hye.
En diciembre de 2016, la mantaria fue destituida del cargo.
El alcance de la jurisdicción de esta agencia ha sido cuestionado por otras agencias, pero su fracaso a la hora de lidiar con Yoon podría ser percibido como vergonzoso.
Semanas de caos
Corea del Sur ha estado sumida en el caos político desde que Yoon intentó instaurar la ley marcial el 3 de diciembre, que creó una gran división en el Parlamento entre aquellos leales a Yoon y un grupo que buscaba destituirlo.
Días y noches de protestas culminaron con un voto en el Parlamento dominado por la oposición para destituir a Yoon el 14 de diciembre.
Dos semanas después, el parlamento votó para destituir a su sustituto, el presidente interino Han Duck-soo.
Fue la primera destitución de un presidente interino en la historia de Corea del Sur.
Los parlamentarios de la oposición argumentaron que Han, cuya labor era sacar al país de su crisis política, se negaba a cumplir con las demandas de completar el proceso de impeachment de Yoon.
El viernes, los fiscales también acusaron de cargos de insurrección al jefe del ejército Park An-su, quien fue nombrado comandante de la ley marcial durante la breve declaración, y al comandante de las fuerzas especiales Kwak Jong-geun, según el medio de noticias Yonhap, con sede en Seúl.
Ambos serán juzgados mientras se encuentran en prisión.
Información adicional de Jake Kwon en Seúl
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