Reconstruir la seguridad desde las instituciones: lista de deseos para 2026
Hablar de seguridad en México es hablar del dolor que atraviesa al país: de las familias que siguen buscando a sus desaparecidos, de las madres que no encuentran justicia para sus hijas, de las policías que trabajan sin respaldo, sin equipo y sin protección, de comunidades enteras sometidas por criminales que gobiernan más que el propio Estado. Pero también es hablar de algo mucho menos vistoso y mucho más decisivo: instituciones. Por brutal que suene, México no fracasa en seguridad porque “sea un país violento”, sino porque sus instituciones llevan años fallando en lo más básico: formar, supervisar, evaluar, corregir, proteger.
Por eso, Causa en Común presenta una agenda para cerrar este año con algo más que indignación. i Lo que proponemos es simple de decir y difícil de ejecutar: reconstruir las instituciones de seguridad pública y justicia desde sus cimientos, lo indispensable si queremos que 2026 no sea un año más de excusas y tragedias.
La primera prioridad es la reconstrucción institucional del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP). Proponemos que el Secretariado Ejecutivo y el Consejo Nacional recuperen su función técnica: definir criterios claros para distinguir a la seguridad pública de la seguridad nacional, auditar registros en posesión de las instituciones de seguridad y justicia, diseñar indicadores de desempeño y dar seguimiento puntal al uso de recursos federales y al cumplimiento de acuerdos, en ambos casos sancionando los posibles incumplimientos. ii En la práctica eso significa desarrollar un programa nacional de depuración de policías, fiscalías y penales; un registro nacional del personal con seguimiento por género, rango y certificación, y auditorías de la calidad de la información para detectar anomalías y manipulación de la estadística sobre incidencia delictiva. iii
La profesionalización y las condiciones laborales del personal de seguridad y justicia son el segundo eje. En el caso de las policías imprescindible diseñar esquemas de carrera, homologar salarios y prestaciones y garantizar seguridad social y acceso a servicios de salud mental. Proponemos la creación de un Fondo de Aportaciones para la Seguridad Social, protocolos de atención psicológica temprana y políticas que incorporen de forma obligatoria la perspectiva de género en formación, códigos de conducta y procesos disciplinarios. La prevención de la corrupción y la fuga de talento empieza por ofrecer condiciones de trabajo dignas y mecanismos efectivos de supervisión interna.
En la Fiscalía y el Poder Judicial las reformas deben apuntar hacia la prevalencia de su autonomía, la meritocracia y la capacidad técnica de su personal. Recomendamos fiscalías con mandatos transexenales, mecanismos colegiados para designaciones y remociones de sus titulares, la creación de unidades de análisis criminal y de una Ley Nacional de Carrera Judicial que profesionalice el acceso y la promoción de jueces. También proponemos una Ley General de Servicios Forenses y centros regionales de identificación humana para romper cuellos de botella que impiden esclarecer crímenes y entregar justicia y verdad a las víctimas.
Las cárceles son otra pieza del rompecabezas: recuperar el control de los penales, certificar su operación, ampliar su capacidad y dignificar las condiciones de vida en su interior, son todas tareas urgentes. La agenda incluye la creación de planes integrales de reinserción social y la reversión de reformas que facultan al Ejecutivo a otorgar amnistías sin mecanismos que protejan a víctimas y sociedad. iv
En materia de Fuerzas Armadas y su papel en la seguridad pública, planteamos un plan de repliegue y desmilitarización que recupere las competencias civiles perdidas y construya una policía federal civil plenamente capacitada. Donde la presencia militar sea necesaria, esta debe ser extraordinaria, regulada, fiscalizada y subordinada. Además, proponemos transparencia del gasto militar y revisión constitucional para delimitar sus responsabilidades en tiempos de paz. La seguridad democrática exige instituciones civiles fuertes. v
La desmilitarización no implica abandonar la lucha contra la delincuencia común y la organizada. Al respecto, proponemos reducir el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, fortalecer la Unidad de Inteligencia Financiera, invertir en aduanas y resguardo de armas, y colaborar estrechamente con el gobierno de los Estados Unidos para desarticular redes transnacionales. En drogas proponemos transitar hacia la regulación sanitaria y la despenalización gradual del consumo, junto con centros comunitarios de rehabilitación y campañas públicas enfocadas en la prevención y el consumo responsable.
Finalmente, la prevención y la pacificación deben ser políticas de largo plazo: inversión en municipios golpeados por la violencia, programas de desarrollo local, justicia transicional para casos emblemáticos y campañas masivas por la legalidad y la igualdad de género. Nada de esto se logra sin recursos: las propuestas insisten en presupuestos multianuales y en recuperar y ampliar fondos como el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y el Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública (FOFISP).
Nada de esto es glamoroso. Nada de esto da aplausos fáciles. Y sin embargo, es exactamente lo que un país roto necesita. Responder “¿qué proponen?” no exige ingenio, exige responsabilidad. Proponemos instituciones que dejen de simular. Proponemos dejar atrás los atajos y ocurrencias. Proponemos lo que a nadie entusiasma, pero lo que a todos nos urge: reglas, profesionalización, datos, controles, auditorías, personal policial protegido, fiscalías capaces, penales seguros y un Estado que por fin haga su trabajo.
Esta es la lista de deseos con la que Causa en Común cierra el año. Una lista para un país que quiere avanzar, que quiere sanar y que quiere instituciones que le respondan. Porque cuando la seguridad deja de ser un campo de batalla político y se convierte en un proyecto común, todos ganamos.
i Nuestro documento completo de propuestas, así como una versión resumida en 20 puntos, puede consultarse aquí.
ii Respecto a la inoperancia e irrelevancia actualmente padecidas por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, véase aquí.
iii Los hallazgos relativos a las anomalías en los registros oficiales de incidencia delictiva, se recopilan aquí. Para el caso específico de las anomalías en los registros de homicidio doloso (eje de la propaganda gubernamental actual), véase aquí.
El perdón otorgado por el presidente de EU al exmandatario hondureño condenado por traficar toneladas de cocaína contrasta con su defensa de la mano dura al narco en la región.
Donald Trump, el presidente de Estados Unidos que asegura combatir los carteles de drogas en América Latina, liberó de la cárcel a alguien condenado por liderar todo un “narcoestado” en la región.
Juan Orlando Hernández, el expresidente de Honduras que cumplía una pena de 45 años de prisión en EE.UU. por narcotráfico, recibió un perdón oficial de Trump el lunes por la noche y quedó en libertad, según varias fuentes.
La Oficina Federal de Prisiones de EE.UU. señala en su sitio web que Hernández dejó el mismo lunes la cárcel de Hazelton en West Virginia, donde cumplía su sentencia emitida el año pasado.
“Mi esposo Juan Orlando Hernández VOLVIÓ a ser un hombre libre, gracias al perdón presidencial otorgado por el Presidente Donald Trump”, escribió la esposa del exmandatario hondureño, Ana García, en su cuenta de la red social X el martes.
Trump había anticipado su decisión el viernes, mientras su controvertida ofensiva militar contra presuntos traficantes de drogas en América Latina suma al menos 83 muertos en ataques a barcos en aguas del Caribe y el Pacífico.
El presidente afirmó el martes que EE.UU. empezará además a realizar “ataques por tierra” que podrían dirigirse a Venezuela o a cualquier país que considere produce o vende drogas ilegales a EE.UU.
Su gobierno sostiene que esas acciones letales son legales, en defensa de estadounidenses que podrían ser envenenados por drogas ilícitas.
Pero algunos expertos advierten que los ataques a civiles pueden constituir ejecuciones extrajudiciales e ilegales, y otros sospechan que el propósito de EE.UU. es presionar al presidente venezolano Nicolás Maduro para que deje el poder.
Varios analistas, e incluso miembros del Partido Republicano de Trump, ven una paradoja entre esas acciones de mano dura y el indulto a alguien que ayudó a meter más de 400 toneladas de cocaína en EE.UU., según los propios fiscales de este país.
“Realmente crea una incoherencia: vemos usar la fuerza letal contra presuntos traficantes de nivel bajo y medio en el mar” y “a un jefe de Estado condenado por posibilitar las mismas rutas (de drogas) ser tratado de forma muy diferente”, señala Rebecca Bill Chavez, presidenta de Diálogo Interamericano, un centro de análisis regional en Washington.
“Esto hace que la misión antinarcóticos, o al menos su narrativa, parezca mucho más selectiva y motivada por razones políticas”, dice a BBC News Mundo quien fuera subsecretaria de Defensa de EE.UU. para el Hemisferio Occidental entre 2013 y 2016.
“En sus narices”
Las pruebas presentadas contra Hernández en una corte federal de Nueva York el año pasado alcanzaron para que el jurado lo declarara culpable por unanimidad.
De hecho, el juicio a JOH (como también se lo denomina por sus iniciales) fue una suerte de radiografía de lo que los fiscales definieron como un “narcoestado” latinoamericano en pleno siglo XXI.
Si bien siendo presidente hondureño entre 2014 y 2022 Hernández se mostraba como aliado de Washington, en privado hablaba de “meter la droga a los gringos en sus narices”, según uno de los testigos del caso.
El mismo testigo, un excontador hondureño que se presentó con nombre ficticio y protegido por el gobierno de EE.UU., relató que vio a Hernández recibir maletines de dinero del narco Geovanny Fuentes Ramírez.
Alexander Ardón, otro hondureño que estaba preso por narcotráfico, testificó que financió campañas de Hernández y que con la ayuda del poder hondureño movió toneladas de cocaína en sociedad con criminales como Joaquín “El Chapo” Guzmán, líder del cartel de Sinaloa condenado a cadena perpetua en EE.UU.
Según Ardón, “El Chapo” entregó US$1 millón a la campaña presidencial del exmandatario en 2013 a través de Tony Hernández, un exdiputado hermano de Juan Orlando que también cumple cadena perpetua en EE.UU. por narcotráfico.
La droga cruzaba Honduras por tierra, aire y mar rumbo a EE.UU., con carreteras pavimentadas por el gobierno en zonas remotas para facilitar su traslado, pistas de aterrizaje y puertos estratégicos controlados por narcos, y fuerzas de seguridad del Estado que en realidad protegían las cargas ilícitas.
En el juicio también hubo indicios de cómo la violencia se disparó en Honduras hasta tener la mayor tasa de homicidios del mundo en la década pasada, según datos de las Naciones Unidas.
Devis Leonel Rivera, un exlíder del grupo criminal hondureño Los Cachiros que también está preso en EE.UU., testificó haber sobornado a Hernández y cometido 78 asesinatos según su propia cuenta.
“Un mensaje horrible”
Hernández se ha declarado inocente desde que fue acusado por EE.UU. y extraditado a Nueva York en 2022 hasta ahora.
En una carta que envió a Trump en octubre, sostuvo que fue víctima de una “persecución política” por parte del anterior gobierno estadounidense de Joe Biden.
“Como usted, fui atacado imprudentemente por fuerzas radicales de izquierda que no podían tolerar el cambio, que conspiraron con narcotraficantes y recurrieron a acusaciones falsas”, señala la misiva del expresidente hondureño divulgada por medios estadounidenses.
Luego del indulto, Trump dijo sentirse “muy bien” por su decisión y se refirió al proceso contra Hernández como “una horrible caza de brujas” del gobierno de Biden.
Hernández “era el presidente, y había algunas drogas siendo vendidas en su país, y como él era el presidente fueron a por él”, afirmó Trump en declaraciones a la prensa el martes.
Sin embargo, exfuncionarios del gobierno de Biden como su consejero de seguridad nacional para América Latina, Juan González, han indicado que buena parte de la investigación fiscal de EE.UU. sobre Hernández ocurrió durante el primer mandato de Trump (2017-2021).
El anuncio del indulto a Hernández levantó cuestionamientos de la oposición demócrata y dentro del propio partido republicano.
“¿Por qué indultaríamos a este tipo y luego perseguimos a Maduro por traficar con drogas en Estados Unidos?”, preguntó el senador republicano Bill Cassidy en X el domingo.
Otro senador republicano, Thom Tillis, sostuvo que el indulto a Hernández “es un mensaje horrible”.
“Es confuso decir, por un lado, que deberíamos potencialmente incluso considerar invadir Venezuela por el tráfico de drogas y, por otro lado, dejar ir a alguien”, declaró Tillis a periodistas el martes.
Trump acusa a Maduro de liderar uno de los grupos latinoamericanos de narcotráfico que ha designado como “terroristas”, el Cartel de los Soles, algo que el mandatario socialista venezolano rechaza y considera un pretexto para intentar derrocarlo.
Washington considera a Maduro un presidente ilegítimo y, durante una reciente conversación telefónica que tuvo con él, Trump le dio a un ultimátum para dejar Venezuela antes del viernes pasado, según medios estadounidenses.
Desde el inicio de los ataques militares contra presuntos traficantes de drogas en el Caribe en septiembre, varios expertos advierten que la droga ilegal más peligrosa que llega a EE.UU. es el fentanilo que nunca se produjo masivamente en Sudamérica.
Christopher Sabatini, investigador principal para América Latina de Chatham House, un influyente centro de análisis británico, cree que para Trump esto “no se trata en realidad de una guerra contra las drogas”.
“Si así fuera, estaría dirigiendo sus fuerzas a otra parte y, obviamente, no estaría indultando a un expresidente condenado por facilitar la entrega de hasta 400 toneladas de cocaína a Estados Unidos”, dice Sabatini a BBC Mundo.
“Se trata de partidismo. Se trata de aliados. Y lo que es más importante”, agrega, “se trata de forzar a otros gobiernos de la región para que le apoyen”.
Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.
Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.
Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.
- El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández sale de una prisión de EE.UU. tras ser indultado por Donald Trump
- Por qué Honduras sigue siendo el país más pobre de Centroamérica pese a una década de crecimiento
- Juan Orlando Hernández: quién es el expresidente de Honduras que salió de prisión tras ser indultado por Trump y por qué la justicia de EE.UU. lo acusó de promover un “narcoestado”
