Venezuela, una mirada desde adentro: tensa calma y la esperanza de una justicia transicional
A un mes de la detención de Nicolás Maduro y Cilia Flores, y lejos del ruido polarizado, en Venezuela se impone un clima tenso de señales mixtas. Familias haciendo vigilias frente a las cárceles, esperando la liberación de presos políticos; una Ley de Amnistía con vacíos y omisiones que está siendo impulsada con urgencia por la cúpula chavista y, en paralelo, un Decreto de Estado de Conmoción que limita garantías constitucionales, mientras siguen las detenciones arbitrarias y las desapariciones forzadas.
No hay certeza si se navega hacia una transición democrática o hacia una nueva legitimación del autoritarismo, pero para la población que permanece, la urgencia no es geopolítica ni petrolera: es recuperar espacios de vida y de derecho, y romper, aunque sea un poco, la pedagogía del miedo cultivada durante décadas.
Repasemos hechos: a sólo 10 días de la ausencia de Maduro, una encuesta hecha a más de 1000 venezolanos que viven en el país reveló que más del 90 % estaba agradecido por dicha detención (Meganálisis). Esto no debería ser sorpresa considerando que la inflación interanual en mayo 2025 rondaba el 229 % (Observatorio Venezolano de Finanzas) y que al menos el 89 % de la población vive padeciendo inseguridad alimentaria, enfrenta barreras de acceso a la salud y de servicios básicos garantizados (ENCOVI 2023).
Venezuela vive desde hace más de una década una crisis prolongada acompañada de una profunda violencia política. Sólo desde 2014 la ONG Foro Penal ha documentado 18,582 detenciones políticas en el país. El chavismo ha consolidado una hegemonía de medios que no tolera disidencias ni críticas y la autocensura ha sido la normalidad que rige el orden del día mientras el régimen tiene un extenso aparato de propaganda.
Sistemáticamente los intentos de rebelión y de protesta ciudadana han sido aplastados. No en vano se denuncian al menos 90 centros de torturas en el territorio. El más icónico: El Helicoide. Originalmente, en los años 50, un proyecto de centro comercial que se recorrería sólo en auto, una promesa arquitectónica de la modernidad que incluso figuró en exposiciones del Moma y fue objeto de interés para artistas como Neruda y Dalí.
Ahora el edificio es tristemente célebre por ser una de las cárceles más temidas y ser base operacional del SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional), es imposible olvidar que Maduro en octubre pasado inauguró su adelantada “navidad” con fuegos artificiales que se alzaban detrás de la silueta del edificio. Un gesto macabro considerando que entre sus muros y los de otros centros han pasado venezolanos y extranjeros: periodistas, activistas, políticos de oposición y una gran cantidad de ciudadanos comunes, incluyendo personas de la tercera edad, menores y personas con neurodivergencias.
Estas detenciones arbitrarias suelen ocurrir sin juicios claros, sin acceso a abogados y sin oportunidad inicial de tener contacto con la familia. A la mayoría se les suele imputar lo que el gobierno considera: Delito de Odio. Y los que han logrado salir hablan de torturas y de condiciones que describen inhumanas y parecidas a la idea de “campos de concentración”.
En Venezuela no se necesita ser un alto perfil para ser preso político del chavismo, los casos van desde doctoras que enviaron un audio en WhatsApp criticando las carencias del hospital, algún francés profesor de yoga detenido en la frontera, un joven que denunció en la app del gobierno la falta de un servicio, hasta un policía que hizo una publicación en redes. Es una arquitectura que utiliza estas personas como moneda de cambio para negociar con otros países y como tecnología social para disciplinar. El mensaje es claro: criticar a la revolución tiene un costo muy alto.
Esta realidad es la que cotejaron los venezolanos el pasado 3 de enero. No se trata de romantizar el peligro de una intervención extranjera, sino de valorar bajo un marco de pérdidas, en cuyo caso la gente está dispuesta a aceptar riesgos mayores si representan la posibilidad de una salida.
Imagina el escenario de una enfermedad autoinmune: el sistema, las instituciones, las reglas que en principio estaban diseñadas para protegerte empiezan a operar en tu contra. En un caso así, un virus que puede ser una amenaza, pero que a la vez podría redirigir a tu sistema inmune a otra batalla y darte un respiro, es el mal menor. Se trata de costo de oportunidad y para la población venezolana era un costo más alto el status quo que le asfixiaba.
Elke Weber, psicóloga e investigadora en Princeton, lo describe como la teoría de “finite pool of worry” o en palabras simples, la capacidad finita que tenemos para preocuparnos por varias amenazas a la vez. No es irracional, es una gestión del riesgo más emocional y enfocada en el escenario inmediato, una respuesta lógica si la vida cotidiana se organiza alrededor de sobrevivir.
Aun así, la normalidad ha sido una sensación agridulce desde el día siguiente. Se fue Maduro que representaba un símbolo condensado de la injusticia, un primer paso que generó sensación de alivio y un hito mayor que cualquier promesa abstracta. Pero, aunque parezca paradójico, la esperanza, el temor y la desconfianza coexisten en la situación actual.
Un escenario en el que el chavismo sigue sin Maduro. Decy, Jorge y Diosdado ajustaron su discurso para tratar de conservar la calma en sus círculos de poder, continuar negociaciones con Estados Unidos y mantener el mito de la revolución (sobre todo para el público internacional) con espectaculares y lonas con la foto de Cilia y Nicolas en gestos cándidos y lemas como “Los queremos de vuelta”,” Free Maduro”, “Free Cilia”.
Pero detrás de las personificaciones moderadas y espectáculos de drones con corazones y símbolos de pulso aludiendo a que sigue viva la “revolución”, se esconden más detenciones arbitrarias y alcabalas de control en la que colectivos armados revisan los mensajes del teléfono. La regla ahora es salir lo mínimo indispensable, evitar transitar en la noche y no llevar tu celular.
A pesar del ambiente intimidatorio, la agenda de los dirigentes de oposición, ONG y población (dentro y fuera de las fronteras) es clara: no puede haber transición democrática, sin liberación de presos políticos. ¿Por qué? Porque no sólo ellos están castigados, el castigo se extiende a las familias en duelo y a los otros en el miedo latente.
La preocupación actual es: ¿habrá verdad, justicia y reparación?
Libertad, verdad y garantías son las llaves psicológicas que: bajan el miedo, hacen creíble la ruptura, restituyen la dignidad y empiezan a desactivar la autocensura.
Ya está ocurriendo. Los estudiantes en distintas universidades hicieron protestas pacíficas pidiendo la liberación de presos políticos, los familiares de presos llevan más de 19 días en vigilia frente a la cárcel de Zona 7 pese a las intimidaciones, las organizaciones gremiales están empezando a alzar voz, algunos dirigentes políticos han salido de la clandestinidad y desde las ONG hay propuestas de Ley de Amnistía y se exige dar transparencia de la ley que está promoviendo Delcy y Jorge Rodríguez.
Hasta ahora han sido excarcelados más de 300 presos, aunque el régimen infla al doble las cifras y no aclara que se trata de excarcelaciones condicionadas. Siguen 687 encerrados y el juego de “libertad de expresión” sigue siendo de alto riesgo para los que están en el país, pero aún sin garantías es un hecho que las reglas cambiaron. Se ha reordenado el costo percibido de hablar, organizarse o exigir. Son muchas las voces en Venezuela que quieren recuperar espacio y reescribir la memoria sobre el ruido invalidador de la propaganda.
* Ida Vanesa Medina Padrón es estratega en LEXIA (@LexiaGlobal), autora de la columna digital “La Teoría del Todo”, en Milenio. Comunicadora Social egresada de la UCAB – Venezuela, con experiencia en documentales audiovisuales, periodismo en medios, marketing y trabajo con asociaciones civiles.
Este blog es un espacio de participación donde los colaboradores de LEXIA expresan sus puntos de vista, análisis e interpretaciones de la realidad social. Estos textos no expresan un punto de vista institucional de LEXIA.
El subsuelo del país guarda grandes depósitos de hierro, bauxita y oro, pero también se cree que hay abundantes reservas de coltán y de tierras raras, muy demandadas por la industria tecnológica.
Venezuela y el petróleo son casi sinónimos.
Durante más de un siglo, el país sudamericano fue uno de los principales productores de crudo del mundo y a finales de la década pasada se confirmó lo que hasta entonces era una sospecha: posee la principal reserva de este hidrocarburo del planeta.
El suelo venezolano alberga unos 300.000 millones de barriles de crudo, sobre todo extrapesado, superando los 260.000 millones que tiene Arabia Saudita (el mayor productor), según datos del anuario estadístico de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).
“Aquí está la reserva de petróleo más grande de este planeta. Aquí, en Venezuela, tenemos petróleo para más de 100 años”, declaró con insistencia el fallecido presidente Hugo Chávez.
Sin embargo, en las entrañas del suelo venezolano no solo hay crudo, sino también grandes yacimientos de distintos metales y minerales.
Durante años, Chávez y su sucesor, Nicolás Maduro, achacaron sus malas relaciones con Estados Unidos al interés de Washington por apropiarse de esos recursos.
“¿Cuál es la meta del gobierno actual de EE.UU.? Ya lo han dicho: agarrarse todo el petróleo de Venezuela, el oro, las tierras raras, las riquezas de Venezuela”, declaró Maduro en una entrevista difundida el 1 de enero, dos días antes de la inédita operación militar que Donald Trump ordenó ejecutar contra Venezuela y la cual terminó con la captura del gobernante y de su esposa, Cilia Flores.
Las primeras palabras del mandatario estadounidense luego de esos sucesos parecieron confirmar las sospechas.
“Lo que necesitamos (de las autoridades interinas venezolanas) es acceso total. Acceso total al petróleo y a otras cosas en el país que nos permitan reconstruirlo”, dijo Trump.
Para los analistas consultados por BBC Mundo y para el propio gobierno interino venezolano esas “otras cosas” que no especificó el mandatario estaounidense parecen incluir los también vastos yacimientos minerales del país.
Un amplio inventario
“En Venezuela no solamente existe el petróleo como recurso mineral importante, sino que también hay otros, una minoría de los cuales han comenzado a ser explotados”, le dijo a BBC Mundo el geólogo venezolano Gustavo Coronel.
¿Cuáles son esos minerales? “El hierro, la bauxita y el oro”, enumeró el experto, quien fue uno de los directivos fundadores de Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
Por su parte, Emiliano Terán Mantovani, sociólogo de la Universidad Central de Venezuela (UCV) agregó a la lista “los diamantes, el coltán, el níquel, el cobre y el carbón”. Terán Mantovani es un investigador especializado en los impactos en América Latina del llamado “extractivismo” (la explotación y exportación de grandes volúmenes de recursos naturales con escaso procesamiento).
Las autoridades, entretanto, han asegurado que en el país hay al menos 50 minerales y estiman que unos 15 pueden ser explotados comercialmente.
Según el Centro Internacional de Inversión Productiva (CIIP), organismo adscrito a la Vicepresidencia venezolana, el país tiene la octava reserva mundial de hierro, con 14.721 millones de toneladas métricas, y posee más de 321 millones de toneladas de bauxita, que es la materia prima para obtener aluminio metálico, con el cual se fabrican aviones, automóviles y otros productos.
En lo que se refiere al oro, el CIIP asegura que el país alberga entre 2.200 y 8.000 toneladas, lo que convertiría a Venezuela en la segunda reserva mundial de este metal precioso. No obstante, los expertos consultados por BBC Mundo advirtieron que esos datos no han sido verificados independientemente.
“Nadie sabe, ni siquiera el gobierno, a cuánto ascienden las reservas probadas de oro, porque la explotación ha sido muy desorganizada y no se han realizado más estudios”, afirmó Coronel.
La mayoría de los yacimientos de estos minerales se ubican al sureste del país, en particular en la región de Guayana, conformada por los estados Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro, y algunos de ellos son explotados desde hace varias décadas.
Sin embargo, en otras partes del país como en la península de La Guajira, en el occidental estado Zulia, fronterizo con Colombia, hay depósitos de carbón; mientras que los de cobre están esparcidos por el centro-norte y el nororiente.
El misterio de las tierras raras
En los últimos años, las autoridades venezolanas han asegurado que en el país hay depósitos de las llamadas tierras raras —esos 17 elementos químicos tan demandados actualmente para fabricar baterías, pantallas, imanes y otros equipos tecnológicos—, una afirmación que los expertos respaldan.
“En el año 1971 se hizo un levantamiento aeromagnético y se detectó la presencia de tierras raras en el cerro Impacto, ubicado entre los estados Bolívar y Amazonas”, aseguró Coronel.
El torio —un elemento altamente radioactivo y muy apreciado en la industria nuclear— fue identificado junto con el niobio y el tantalio, se lee en un informe del Servicio Geológico de EE. UU. (USGS, por sus siglas en inglés) fechado en 1990.
No obstante, el organismo estadounidense no incluye al país sudamericano entre aquellos que poseen depósitos de tierras raras por falta de datos. ¿La razón? Décadas después de los primeros hallazgos, todavía se desconoce qué tan importantes son estos yacimientos.
“Esos minerales están en una zona de difícil acceso, con abundante vegetación y están cubiertos por una enorme cantidad de sedimentos, por lo cual se requiere de excavaciones y perforaciones que afectarían seriamente el medio ambiente”, explicó Coronel.
Por su parte, las autoridades han asegurado que los depósitos de estos elementos, así como de coltán —un mineral crítico, también muy demandado por la industria tecnológica civil y militar—, son grandes.
“Las reservas (de coltán) en Venezuela pudieran, en una evaluación muy preliminar, aproximarse a los US$100.000 millones”, aseveró Chávez durante un discurso en el Parlamento en 2010.
No obstante, no fue sino ocho años después cuando se conoció la primera exportación del llamado “oro azul”.
En 2018, el entonces ministro de Desarrollo Minero, Víctor Cano, anunció que cinco toneladas de coltán, por un valor de US$330.000, fueron vendidas a Italia.
Desde entonces, no se ha informado de nuevos envíos de este mineral al exterior, al menos de manera formal, pero reportes de organizaciones ambientalistas y de medios locales apuntan a un creciente contrabando del mineral.
El plan B
Aunque la tradición minera venezolana se remonta a tiempos de la colonia, nunca fue un motor de la economía venezolana, pese a su potencial.
No obstante, esto cambió a partir de la segunda mitad de la década pasada.
“Debido a la caída de la producción petrolera, Maduro decretó en 2016 el Arco Minero del Orinoco para explotar los minerales de la zona, en particular el oro, que ha tomado protagonismo debido a que sus elevados precios internacionales”, recordó Terán.
El Arco Minero es una vasta zona de más de 110.000 kilómetros cuadrados, equivalente al 12% del territorio venezolano, ubicada al norte de los estados Amazonas, Bolívar y el sur de Delta Amacuro, cerca de la Faja Petrolífera del Orinoco, donde están el grueso de las reservas de crudo venezolanas.
El Arco fue dividido en cuatro bloques dependiendo de la preponderancia de yacimientos minerales que contienen.
“Se esperaba que unas 150 empresas participaran en la explotación del Arco, pero la falta de seguridad jurídica, la agudización de la crisis política y las sanciones internacionales lo frustraron”, explicó el experto.
El sector minero también fue objeto de expropiaciones durante el gobierno de Chávez y algunas de esas disputas siguen en tribunales internacionales.
“A partir de allí, el gobierno recurrió a la pequeña minería para recabar el oro, actividad que no siempre respeta el medioambiente ni a las comunidades indígenas”, agregó Terán.
Y como si lo anterior no fuera suficiente, el experto denunció que “el crimen organizado se expandió en la zona gracias a su asociación a sectores militares que se han enriquecido con el negocio minero”.
Las autoridades, por su parte, han reconocido que en la zona se han producido hechos irregulares. “Se llevan el oro, el coltán, los diamantes”, admitió Maduro el 5 de enero de 2018. No obstante, los funcionarios aseguran que estos son casos aislados y aseguran que sus responsables son perseguidos.
Pese los obstáculos, la explotación de oro ha aumentado de manera constante en los últimos años, llegando a cifras sin precedentes de entre 40 y 50 toneladas al año, lo cual representa entre US$2.700 y US$3.300 millones, según fuentes nacionales e internacionales.
Sin embargo, solo una pequeña porción de esos fondos ha terminado en las arcas públicas.
“Al Banco Central de Venezuela (BCV) apenas estaría ingresando 8% del oro explotado por concepto de regalías y 6% por autorizar las exportaciones, mientras las organizaciones criminales se estarían quedando con alrededor de 20% y las alianzas estratégicas vinculadas a la élite política con 66%”, denunció la organización Transparencia Venezuela en un informe publicado en 2024.
Las autoridades han sido muy opacas en cuanto a la producción de oro y no informan cuánto ingresa al BCV por este concepto. Este mes, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, afirmó que el oro “mantiene el servicio exterior” (embajadas y consulados) y financia “a los deportistas venezolanos” que asisten a competencias internacionales, al tiempo que reveló que en 2025 se extrajeron 9,5 toneladas del metal.
Las minas están en la mira
Más allá de la petición de Trump de “acceso total”, otros funcionarios estadounidenses han dejado en claro el interés de Washington por los otros recursos naturales venezolanos.
“Tienen hierro y todos los minerales críticos, tienen una gran historia minera que se ha oxidado, pero el presidente Trump va a arreglarlo y recuperarlo”, anunció el secretario de Comercio de EE.UU., Howard Lutnick, horas después de la captura de Maduro y Flores.
A lo anterior hay que sumarle que la bauxita, el níquel, el cobre y el carbón —que también posee Venezuela— fueron incorporados en noviembre de 2025 a la lista de minerales críticos fundamentales para la economía de EE. UU. que elabora el USGS, el Servicio Geológico de ese país.
“Los minerales críticos sustentan industrias por valor de billones de dólares, y la dependencia de las importaciones pone en riesgo sectores clave”, advirtió Ned Mamula, director del USGS.
Los expertos dieron por hecho que el interés de Washington no se limitará al petróleo, pues la administración estadounidense ha dejado en claro que quiere diversificar su cadena de materias primas.
“El oro es parte del interés de EE.UU. en esta nueva situación. No es desconocido que el presidente Trump tiene una especial predilección por el oro como lo prueba la decoración de su oficina en la Casa Blanca”, apuntó Coronel.
No obstante, el geólogo expresó preocupación por cómo puedan explotarse algunos minerales.
“Un gobierno democrático seguramente dejaría intacta la zona del cerro Impacto, ya que existe el riesgo de un desastre ecológico. Pero temo que ahora algunos países que necesitan desesperadamente esos minerales podrían presionar para abrir la zona a la exploración, y uno de ellos es, obviamente, EE. UU.”, dijo.
Terán también expresó inquietud por las apetencias de Washington.
“No está de más decir que aquí no hay ningún miramiento ambiental ni preocupación por la democracia o los derechos humanos; lo que estamos viendo son señales de unos acuerdos bastante subordinados que ponen en peligro la idea de soberanía que tuvimos”, advirtió.
Sin embargo, firmas especializadas como GlobalData Energy han expresado dudas sobre la capacidad de Venezuela para convertirse en un suministrador confiable de minerales para EE. UU. a corto plazo.
¿Por qué? Por la carencia de infraestructura moderna en el país, de estudios confiables sobre sus reservas y, sobre todo, de un marco jurídico estable, se lee en un informe publicado recientemente.
Este último aspecto ya está siendo atendido por las autoridades venezolanas, las cuales se han mostrado dispuestas a abrir los yacimientos minerales a la inversión privada.
“Esas inmensas reservas de petróleo (de Venezuela) tienen que ser sacadas para convertirlas en escuelas, en hospitales, (…) debajo de la tierra no le sirven a nadie”, declaró el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez —hermano de la presidenta encargada—, al defender la veloz reforma a la Ley de Hidrocarburos, la cual revierte parte del modelo estatizador impuesto por el chavismo en las últimas dos décadas.
Entre los 29 textos que el oficialismo prevé modificar también figura que el regula la minería.
Mapa por Caroline Souza, del Equipo de periodismo visual de BBC Mundo
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