Delitos y violencias en redes: la paradoja tecnológica
En México, 100.2 millones de personas son usuarias de internet, lo que equivale al 83.1% de la población[i]. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2024, en promedio, las y los mexicanos pasan 4.4 horas al día navegando en internet, siendo las personas de 18 a 24 años quienes concentran un mayor consumo: 5.7 horas al día.
Mientras el principal motivo de uso es comunicarse, el segundo es acceder a redes sociales, tal como lo hace el 90.4% de las y los usuarios mexicanos de internet. Según datos de Statista, la red social favorita en México es Facebook, seguida de WhatsApp, TikTok, Instagram y X.
Si bien el uso de redes sociales ha ampliado y facilitado la comunicación, la interacción y el acceso a la información, generando efectos positivos en diversos ámbitos, también ha abierto nuevos espacios para la comisión de delitos y la reproducción de distintas violencias.
En el último año, el gobierno federal reconoció la existencia del reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos criminales en México a través de redes sociales y videojuegos, un fenómeno en el que el Seminario sobre Violencia y Paz también se ha adentrado, particularmente mediante el análisis del tipo de contenido que emplean las redes criminales en TikTok para atraer a nuevos integrantes.
Por otro lado, la compraventa ilegal de armas de fuego se ha detectado en plataformas como WhatsApp y Facebook. Por medio de grupos, se difunden catálogos con una variedad de armas y hasta equipo táctico. En el contexto mexicano, donde 7 de cada 10 homicidios son cometidos con un arma de fuego y al menos 200,000 armas son traficadas cada año desde Estados Unidos, este delito agrava la crisis de violencia.
Otros delitos, cada vez más recurrentes en entornos digitales, son la extorsión y el fraude. De acuerdo con el primer informe de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, la Policía Cibernética de la Ciudad de México atendió más de 28 mil reportes por incidentes en el ciberespacio, de los cuales el 31.5% correspondió a extorsión y el 22.7% a fraude. A nivel nacional, si bien el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) no desagrega estos delitos por subtipos, en 2025 se registraron 10,450 carpetas de investigación por extorsión y 108,724 por fraude.
Ahora bien, en el caso particular de las mujeres, se observa que el entorno digital reproduce y amplifica las violencias de género. Un ejemplo de ello ocurrió en diciembre de 2025, cuando se viralizó en México la existencia de un grupo en Facebook denominado “La princesa de papá”, en el cual se difundían fotografías y videos de niñas menores de edad, acompañados de comentarios que las cosificaban e hipersexualizaban, así como de confesiones sobre distintos actos de abuso y violencia sexual.
En la misma red social, también se hallan múltiples grupos denominados con términos como “Arrimones” (mismos que he detectado y denunciado personalmente), los cuales se han dedicado a la difusión de fotografías y videos tomados sin consentimiento de mujeres usuarias del transporte público en la Ciudad de México. Este contenido se acompaña de comentarios cosificadores y de confesiones de actos de acoso sexual.
Mientras el primer grupo de estos dos casos logró escalar hasta la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León y ser dado de baja por Meta, en gran medida gracias a su exposición mediática; los segundos, al haber sido reportados únicamente dentro de la propia red social por un grupo reducido de personas, no fueron eliminados de la plataforma.
El mensaje que Facebook envía al usuario cuando las denuncias no son consideradas suficientes para eliminar un grupo, como se muestra en la imagen 1, pone en evidencia las limitaciones de los mecanismos de moderación automatizados de la plataforma. Una revisión mínima, humana, del contenido de este tipo de grupos permitiría identificar con claridad su finalidad. Además, resulta poco razonable exigir a los usuarios con voluntad de incidir que denuncien de manera individual cada fotografía o video, cuando se trata de prácticas reiteradas.
Más fenómenos preocupantes que tienen cabida en las redes sociales son el uso de Grok, la inteligencia artificial de X, para la generación de imágenes sexualizadas de menores de edad; la proliferación de comunidades “incel”[ii] y los actos de violencia asociados a ellas, como el ataque ocurrido en el CCH Sur; así como la misoginia digital y los discursos antifeministas que se reproducen en la manosfera[iii], tal como señala Elisa Mingo, profesora de la Universidad Complutense de Madrid.
Considerando que el mundo vive una era tecnológica, estos casos sugieren una paradoja: aunque las plataformas digitales cuentan con sofisticadas capacidades tecnológicas e inteligencia artificial integrada en sus funciones, esta misma tecnología sigue sin ser suficiente para detectar y contener los delitos y las violencias que proliferan en su interior.
En 2025, un estudio conducido por un exempleado de Meta analizó 47 funciones de Instagram destinadas a la protección de menores de edad ante determinados contenidos violentos. El resultado reveló que solo 8 funcionaban correctamente. ¿Esto responde a las propias limitantes de la tecnología? ¿La inteligencia artificial no es tan inteligente como se cree? ¿O es una omisión deliberada de las empresas tecnológicas?
No existe un solo tipo de delito o violencia en redes sociales, son múltiples y complejas las dinámicas que coexisten. El gobierno federal, la academia y las organizaciones de la sociedad civil deben incorporarlas en sus agendas. Urgen evaluaciones transparentes sobre las medidas de prevención y regulación de contenido de cada plataforma, y urge también que las empresas tecnológicas asuman su responsabilidad.
* Dulce Alicia Torres Hernández es internacionalista y especialista en seguridad pública por la UNAM. Investigadora del Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México.
[i] La población de referencia de la ENDUTIH 2024 son las personas de 6 años y más.
[ii] Se refiere a comunidades en internet formadas principalmente por hombres que se autodefinen como célibes involuntarios y que suelen articular discursos misóginos y de resentimiento.
[iii] Se refiere a contenidos en internet que promueven una masculinidad atravesada por discursos misóginos y antifeministas.
La última medida de este tipo se tomó hace 20 años y en este caso se espera que beneficie a más de 500.000 personas.
El gobierno de España anunció este martes un decreto que llevará a la regularización extraordinaria de personas extranjeras que viven en España.
“Hoy es un día histórico”, dijo la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en la rueda de prensa en la que dio a conocer la medida.
Saiz dijo que la medida era “necesaria para dar respuesta a la realidad que existe en nuestras calles”.
En declaraciones anteriores dijo que el objetivo es “reconocer, dignificar y dar garantías, oportunidades y derechos a personas que ya están en nuestro país”.
También aclaró que el procedimiento será “sencillo y persigue romper barreras burocráticas del pasado”.
No se ejecutaba una medida similar en España desde hacía más de 20 años y, en este caso, se estima que beneficiará a más de 500.000 personas.
Es fruto de un acuerdo con Podemos, partido de izquierda y socio del gobierno del socialista Pedro Sánchez, así como de una “suma de voluntades que ponen en el centro a las personas”, según afirmaron fuentes del Ejecutivo y que recogen medios españoles.
A quién beneficiará
A esta medida podrán acogerse las personas que actualmente se encuentren en España en situación irregular o sean solicitantes de asilo.
Deben acreditar estar en España o ser solicitantes de protección internacional antes del 31 de diciembre de 2025 y que lleven más de cinco meses en el país.
Para acreditar la permanencia en España, habrá que presentar “cualquier documento público, privado o una combinación de ambos”. En este caso, podrán ser documentos como el empadronamiento, contratos de alquiler, informes de citas médicas o certificados de asistencia a recursos sociales.
Pero también se podrá acreditar con los justificantes de envío de remesas, algo que es una demanda de diversas entidades sociales por las dificultades que suelen tener las personas en situación irregular para acceder al padrón o a contratos oficiales de cualquier tipo.
Otro de los requisitos será que la persona no tenga antecedentes penales “ni suponga una amenaza para el orden público”.
El plazo para presentar solicitudes arrancará a principios de abril y durará hasta fines de junio.
Sin expulsión
Una de las garantías que tendrá esta medida es que, tras presentarse la solicitud de regularización, quedarán suspendidos todos los procedimientos de retorno, así como las órdenes de expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso que la persona solicitante pueda tener.
La ministra de Seguridad Social y Migraciones dijo que con esto se hará una “integración plena y progresiva en el sistema”. Así, se dará una autorización de residencia provisional que permitirá trabajar de forma legal y acceder a otros derechos fundamentales, como la asistencia sanitaria.
La administración se da un margen de hasta tres meses para resolver las peticiones, aunque con la mera admisión a trámite, en un máximo de 15 días, los inmigrantes solicitantes ya podrán empezar a trabajar “desde el primer día en cualquier sector y en cualquier parte del país”, matizó Saiz.
“Esto beneficia al trabajador, que gana en derechos y a las empresas, que ganan en seguridad jurídica”, añadió.
Después, una vez hecho el trámite y si la resolución para la persona es favorable, el Estado concederá una autorización de residencia por un periodo de un año y, cuando esta finalice, será posible solicitar una autorización ordinaria conforme al reglamento de extranjería.
La ministra aclaró que la medida también busca la integración familiar y que por ello se amparará a hijas e hijos de los solicitantes de esta regularización, en este caso con 5 años de permiso.
Sin pasar por el Congreso
Al ser una medida que se aprobará mediante un Real Decreto, es decir, que nace del Ejecutivo, no tendrá que pasar por el Congreso, donde al gobierno y a sus socios se les hace más complejo conseguir una mayoría al tener a los Partido Popular (PP, derecha) y Vox (ultraderecha) en contra.
Esto retoma una iniciativa legislativa popular que llegó al Congreso respaldada por más de 600.000 firmas y que llegó a superar un primer trámite con el apoyo de todos los grupos parlamentarios menos Vox en abril de 2024.
Desde entonces estaba bloqueada por la falta de acuerdo parlamentario.
También llega tras el impulso de cientos de organizaciones cuya ideología ocupa un amplio espectro político y que van desde entidades religiosas, como la Conferencia Episcopal, así como asociaciones anarquista y colectivos empresariales.
Después de la aprobación del Consejo de Ministros por tramitación urgente, el documento irá a audiencia pública y la posible elaboración de informes de diversos ministerios. Luego pasará al Consejo de Estado y, de vuelta, al Consejo de Ministros.
El Partido Popular (PP) rechazó la medida. “No entendemos las regularizaciones masivas y además vinculadas a la residencia durante 5 meses y no al empleo”, dijo la portavoz del Partido Popular en el Congreso, Ester Muñoz. “Las regularizaciones masivas son ilegales (…) hay que regularizar persona a persona”.
Por su lado, Vox anunció este martes que recurrirá el real decreto ante el Tribunal Supremo. Consideran la medida como una “locura” y una “barbaridad” y que la medida es, para ellos, un atentado a la identidad nacional además de “fomentar el efecto llamada”.
El presidente de la Conferencia Episcopal de España, Luis Argüello, dijo que esto es “una buena noticia” que aportaría al “bien común de muchos inmigrantes” y que “se reconoce así su dignidad”, en declaraciones al diario El País.
Medidas similares de gobiernos anteriores
Si bien esta es la primera regularización de inmigrantes que se hace en España durante los gobiernos de Pedro Sánchez, quien llegó al poder en 2018, no es algo nuevo en el país.
La anterior tuvo lugar en 2005, durante la gestión de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) y está considerada la que a más personas benefició, por encima de 570.000.
Bajo el gobierno de José María Aznar (PP) se hicieron tres regularizaciones, en 1996, 2000 y 2001, de las que se beneficiaron más de 520.000 personas en total.
Las primeras regularizaciones ocurrieron durante el gobierno socialista de Felipe González (1982-1996).
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